(Proceso).- Frente a las grandes liquidaciones y seguros para retiro de la alta burocracia, los trabajadores de base y confianza al servicio del Estado enfrentan numerosos problemas para cobrar lo que les corresponde: la complejidad de juicios que pueden tardar décadas; el retraso en el pago de liquidaciones e indemnizaciones por despido e inclusive la disminución de sus fondos de ahorro, atribuidos a movimientos del mercado.
Entre despidos de personal y las jubilaciones anticipadas impulsadas por la Secretaría de Hacienda como una medida de austeridad, de acuerdo con el presupuesto anual se tenía prevista la terminación de 15 mil 825 plazas laborales en 2016. El presupuesto de 2017 prevé la eliminación de 18 programas que implicarán más recortes de personal.
La eliminación de programas y plazas fue aprobada en dictámenes por la Comisión de Presupuesto que, paradójicamente, preside Alfredo del Mazo Maza, quien al renunciar como director de Banobras obtuvo una liquidación de 451 mil pesos netos, según información obtenida por Proceso mediante solicitudes de información.
“Eso es el doble del máximo que puede obtener un trabajador como prima de jubilación. La diferencia es que a los políticos se les asignan esas liquidaciones por meses o unos cuantos años de trabajo, mientras que el trabajador cobrará su prima por 30 años de servicio, toda una vida”, dice Heberto Barrios, integrante de la Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores (CNJPAM).
No existe una cifra definitiva sobre los despidos de personal en el sector público. El abogado laboralista Manuel Fuentes Muñiz, quien representa a varios sindicatos de burócratas, estima que la reducción de personal alcanza a 30% de los empleados federales, en muchos casos despedidos sin ningún tipo de indemnización.
Doctor en derecho, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, Fuentes Muñiz explica que existe otro rango de trabajadores que, si bien pueden tener antigüedades variables de hasta cinco o 10 años, tienen contratos eventuales, por lo que se les recorta el contrato o se espera la fecha de terminación y no se les liquida.
Entre las liquidaciones más abultadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Muñiz destaca el hecho de que dos de éstas tengan que ver precisamente con funcionarios de la seguridad social:
José Antonio González Anaya, como director del IMSS, obtuvo al renunciar en febrero último 831 mil pesos de liquidación, mientras que Alejandro Canek Vázquez Góngora consiguió 562 mil pesos por el mismo concepto, luego de trabajar menos de tres meses en el Fonacot.
En ambos casos recibieron su liquidación pocos días después de su renuncia, mientras que un trabajador común del sector público podría tardar meses en cobrar su prima de jubilación, según la CNJPAM.
El reclamo de derechos laborales, como la liquidación, lleva hasta 20 años, según Manuel Fuentes. Pone como ejemplo lo ocurrido el pasado miércoles 7, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, contra un arresto administrativo dictado como medida de apremio para cumplir un laudo laboral.
El caso data de 2002, cuando un extrabajador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal fue despedido y demandó una liquidación al gobierno capitalino.
“Esto muestra que la justicia laboral burocrática carece de justicia para los trabajadores que pretenden reclamar una liquidación; tienen que recorrer caminos largos para poder lograr un pago de esa naturaleza y, además, presionar a las entidades donde hacen su reclamación para que se incluya en los presupuestos de los años siguientes. Siempre es un proceso muy difícil para los trabajadores.”
El sector más desigual
Al menos 15 mil trabajadores petroleros quedaron en la calle entre 2015 y 2016, según la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP).
El sector energético, comprendido por trabajadores de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, es de los más afectados, en especial porque a partir de las reformas estructurales se ampliaron las operaciones de empresas privadas.
El pasado 30 de noviembre, en sesión del Senado, la legisladora de Morena Layda Sansores habló de los despidos masivos en Pemex que han impactado zonas petroleras como Ciudad del Carmen, Campeche. Sobre éste ni ningún otro tema el senador priista y dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps jamás había dicho ni media palabra en el Senado desde que ocupó su escaño hace más de cuatro años.
Ese día, ante los reclamos de Sansores, gritó desde su asiento que ningún trabajador estaba despedido, y ante las réplicas de la senadora y de Manuel Bartlett, volvió a su silencio habitual.
El secretario de organización de la UNTYPP, Moisés Flores Salmerón, admite que en muchos casos se trata de procesos jubilatorios, pero “el problema es que no les están pagando su jubilación, sino que les están deteniendo ese proceso porque dicen que no hay dinero”.
Afirma también que a quienes se está liquidando se les realizan cálculos sobre la base de salarios ordinarios, sin considerar prestaciones y compensaciones que deberían asimilarse al salario.
Lo anterior no sucede con directores generales, como Emilio Lozoya Austin, que según la información disponible es el que más ha cobrado por liquidación, para cuyo cálculo –lo mismo que en otros 12 casos en otras dependencias– se le integraron compensaciones mensuales garantizadas y otros ingresos por concepto de prestaciones.
Con la compensación mensual garantizada, el titular de una dependencia federal ve quintuplicado su salario base. Eliminando compensaciones a los trabajadores comunes, como denuncia la UNTYPP, su liquidación se reduce alrededor de 50%.
El régimen de ahorro de los secretarios de Estado y cargos directivos en entidades federales les permite ahorrar cada año 492 mil pesos, la mitad por aportación del gobierno.
Empero, un trabajador de nivel medio o inferior, sea de base o de confianza, no tiene esa posibilidad. Sólo cuenta con su fondo depositado en alguna afore, empresas cuyos manejos en fechas recientes han provocado movilizaciones de protesta de distintos grupos de trabajadores, jubilados y pensionados.
Es el caso de los jubilados del IMSS, que a lo largo de 2016 se movilizaron contra Afore XXI en reclamo de sus ahorros. La SCJN amparó a la administradora, propiedad de Grupo Banorte, contra el reclamo.
De acuerdo con Barrios, de la CNJPAM, el problema es que con todas las afores enfrentan un problema de minusvalía, es decir, reducción de sus ahorros sin responsabilidad para éstas, sin transparentar en qué invierten los fondos, pero que en cualquier caso cobran sus comisiones.
“Es el sistema mexicano político y social, basado en esta desigualdad. Esto es parte de los favores que se dan; no aportan nada pero crean grandes problemas. Son funcionarios consentidos y eso causa indignación: 1 millón 800 mil pesos a Emilio Lozoya al salir de Pemex, 1 millón 200 mil a Ochoa Reza por salir de la CFE; los dos por cuando mucho tres años. Pero un trabajador promedio, con su afore, puede aspirar cuando mucho a 200 mil pesos por toda una vida… y a ver si se lo quieren pagar”.