Al concluir en esta ciudad el X Encuentro de organizaciones que acompañan a familiares de personas desaparecidas, las 12 asociaciones advirtieron en un pronunciamiento que las medidas que actualmente discuten legisladores para dar mayores facultades a las fuerzas armadas en el país amenazan la convivencia democrática de los mexicanos.
“En momentos en donde la inseguridad pública sigue lastimando a la población, la investigación de los delitos es deliberadamente omisa y la impunidad sustituye todo acto de justicia, y por ello las organizaciones aquí presentes rechazamos cualquier iniciativa de ley que permita otorgar a las fuerzas armadas mayores facultades a las establecidas plenamente en la Carta Magna”, resaltaron.
“Otorgar un poder supraconstitucional a las fuerzas armadas bajo la justificación de legalizar su actuación en funciones de seguridad publica representa una seria amenaza a la vida democrática del país y a la paz pública, y es un evidente retroceso al reconocimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que han sido conquistados después de muchos años de lucha y a costa de miles de vidas humanas, como es el caso de las y los desaparecidos”, señalaron.
Las ONG también señalaron que cada organización no gubernamental convocada puede aportar testimonios sobre la relación directa que hay entre la presencia de las fuerzas armadas en el país y su inoperancia para reducir los niveles de inseguridad, así como las graves violaciones a los derechos humanos en la que han estado involucrados militares, quienes gozan de un alto grado de impunidad.
Al concluir sus actividades, luego de dos días de reuniones de trabajo, se pronunciaron sobre cuatro temas en particular: el rechazo a prolongar la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y la renovación operativa del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
También hicieron un llamado urgente a la protección de los activistas y exhortaron a los nuevos gobernadores a atender la grave crisis de derechos humanos en sus respectivas entidades, con particular atención en los casos de personas desaparecidas.
Igual denunciaron que actualmente los activistas que dan acompañamiento a víctimas y familiares en estados como Baja California, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz están en condición de vulnerabilidad y son objeto de campañas de desprestigio, amenazas y agresiones directas.
Además pidieron a los gobernadores de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, quienes recientemente entraron en funciones, que apliquen políticas públicas que incluyan la búsqueda inmediata de personas desaparecidas con una perspectiva humanitaria, integral, transparente y de acceso a la justicia.
El pronunciamiento lo respaldan la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Guerrero); Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad (Baja California, Sinaloa y Sonora); Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas (Veracruz) y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Nuevo León).
Asimismo, Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (Tamaulipas); Consejo Federal Ejecutivo del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (Ciudad de México); Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Latinoamérica); Grupo Vida (Coahuila); Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana (Chihuahua), y Zacatecanos por la Paz.