Esperan una discusión pública del tema
Integrantes
del colectivo "Nos Hacen Falta" realizó una manifestación en la
explanada del Monumento a la Revolución para exigir la presentación de
cerca de 30 mil personas desaparecidas a 10 años de iniciada la llamada
"Guerra contra el narcotráfico". CIMACFoto: César Martínez López
El Proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional que se
discutirá en la Cámara de Diputados propone la militarización del país,
por lo que organizaciones civiles exigieron a los legisladores que la
iniciativa se analice antes de ser aprobada.
En un pronunciamiento público organizaciones civiles como el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos
para Todas y Todos”, urgieron a una discusión pública sobre esta
propuesta legislativa.
La Ley Reglamentaria para regular la restricción o suspensión de
derechos y garantías se aprobó en el Senado, y será debatida en la
Cámara de Diputados, por lo que a decir de los grupos de activistas es
necesario que la norma incluya controles y contrapesos para evitar un
uso arbitrario del poder.
Según estas agrupaciones es grave el saldo que dejó el despliegue de las
fuerzas armadas para hacer frente al narcotráfico, una estrategia
implementada a partir de 2006 por el entonces titular del Ejecutivo,
Felipe Calderón.
En estos 10 años, la sociedad civil calcula que se han acumulado más de
200 mil homicidios, más de 28 mil personas desaparecidas, los casos de
feminicidio aumentan con expresiones de violencia cada vez más atroces y
hay cientos de miles de personas desplazadas de sus hogares.
En el pronunciamiento, también firmado por Equis Justicia para las
Mujeres, el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) y el Instituto
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, las agrupaciones consideran
que la ruta que emprendió Felipe Calderón y que continuó el gobierno de
Peña Nieto, es equivocada.
“El endurecimiento de las medidas no ha logrado ni logrará disminuir la
violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con
instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina
de funcionar correctamente”, dijo.
A esto se suma que el sistema de juicios orales que entró en pleno vigor
este año, está en continua lucha con el legado inquisitivo que dependía
de prácticas como la tortura, incluso las Policías e instituciones de
justicia son más débiles hoy que hace 10 años, refirió.
La dependencia del Ejército y las fuerzas armadas para realizar
funciones de seguridad pública, que constitucionalmente corresponden
exclusivamente a las autoridades civiles, también es mayor.
Para las agrupaciones preocupan las iniciativas legislativas encaminadas
a normalizar la presencia e intervención militar en el país, porque así
pretende regular lo que en cualquier democracia sería una excepción: el
involucramiento del Ejército en tareas de seguridad pública -desde
patrullaje, detenciones y hasta la investigación del delito-.
Ante ello, estas organizaciones critican las propuestas legislativas de
Seguridad Interior del senador Roberto Gil Zuarth (PAN) y por el
diputado César Camacho (PRI), que avalarían la presencia del Ejército en
las calles.
Cualquier propuesta de regulación del Ejército, coinciden activistas,
debe retomar las recomendaciones que ha hecho la Oficina del Alto
Comisionado de los Derechos Humanos en México (ACNUDH) e ir orientada a
regresar a los soldados a sus cuarteles, de forma paulatina y
responsable. Requiere estar acompañada por una Ley que regule el uso de
la fuerza y establezca mecanismos institucionales para fiscalizarla.
Por ahora el proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 29 de la
Constitución Política mexicana no contempla contrapesos serios ni
tiempos máximos en la suspensión de garantías. La iniciativa además
incluye definiciones laxas para justificar la declaratoria de estado de
excepción.
También consideran grave que el proyecto asuma que las fuerzas armadas y
el Ejecutivo se autovigilarán y limitarán en el uso de la fuerza,
aunque la sociedad civil no puede negar la situación de inseguridad en
algunas entidades, aseguran que la presencia militar y el estado de
excepción no son un buen camino para lograr la paz.
16/AGM/AMS
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