(12
de diciembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Subcomité de
Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, anunció que llevará a
cabo una segunda visita a México del 12 al 21 de diciembre.
Lo anterior,
será con motivo de evaluar el tratamiento de personas privadas de su
libertad, así como las medidas que se han adoptado para protegerlas de
la tortura y los malos tratos. El SPT también analizará el avance en la
implementación de las recomendaciones hechas al país en su visita previa
en 2008.
Entre los
lugares que la delegación del SPT visitará se encuentran: prisiones,
estaciones de policía, cuarteles, instituciones psiquiátricas, centros
correccionales para jóvenes así como instalaciones de detención para
migrantes tanto a nivel federal como estatal.
Los expertos
se reunirán con autoridades del Estado, funcionarios de Naciones Unidas
y representantes de la sociedad civil. También mantendrán un diálogo
con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la entidad nacional
encargada de monitorear los lugares de privación de la libertad en
México.
“Las
personas detenidas tienen el mismo derecho a no ser torturadas ni
maltratadas que las personas que están en libertad. El riesgo de
maltrato es mucho mayor para las personas en detención, ya que una vez
que son privadas de su libertad se vuelven muy vulnerables.
El Protocolo
Facultativo (Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes) es una manera
práctica de defender los derechos de las personas detenidas y asegurar
que éstos sean respetados”, dijo Felipe Villavicencio, quien encabezará
la delegación del SPT.
Además se
añadió “permitiéndonos el acceso a lugares de detención por segunda vez,
México está mostrando su compromiso para mejorar las condiciones para
las personas privadas de su libertad”.
Al final de
la visita, el SPT presentará sus observaciones preliminares
confidenciales al Gobierno de México. Para el SPT, la clave para
prevenir la tortura y los malos tratos reside en forjar relaciones
constructivas con el Estado en cuestión y sus principios rectores son la
cooperación y la confidencialidad.
En marzo del
2015, el relator especial de la ONU para la Tortura, Juan Méndez,
presentó un informe de las condiciones en las que se encuentra México y
aseguró que “se trata de una práctica generalizada en México”, lo cual
le valió respuestas negativas por parte de funcionarios mexicanos,
quienes descalificaron el reporte.
Después de
la acción, un año después, el gobierno mexicano notificó al relator que
este año no podría llevar a cabo una nueva visita de seguimiento,
argumentando que “se tenían programadas otras visitas programadas con
antelación”.
Cabe señalar
que la ONU también indicó que es común que en México se practiquen
torturas para obtener información y confesiones bajo coacción, “que en
general son aplicadas en el período entre que las víctimas son detenidas
arbitrariamente y hasta que son puestas a disposición de agentes del
Ministerio Público”.
Señalando que “las tácticas más frecuentes incluyen palizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abuso sexual”.
En años
anteriores, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las
Naciones Unidas, tras una visita al país a 24 centros de detención en el
Distrito Federal y los estados de México, emitió en un informe, en el
cual identifica numerosas fallas estructurales en el sistema penal
mexicano que alientan la tortura, pero el gobierno mexicano mantuvo
dicha información bajo reserva y fue hasta que la Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y
Todos” promovió un recurso al respecto ante el Instituto Federal de
Acceso a la Información (IFAI).
En dicho
documento, el Subcomité de la ONU “deplora las irracionalmente amplias
facultades del ministerio público”, declarando que “el que los detenidos
se queden bajo custodia del Ministerio Público, a pesar de ser éste una
parte acusadora en el proceso, provoca que los agentes ministeriales
cometan tortura para arrancar confesiones que luego pasan a ser
pruebas”.
Además,
aseguran que ellos “constataron la falsificación de certificados médicos
por peritos ministeriales con el fin de encubrir lesiones presentes a
la llegada de los detenidos; incluso algunos médicos le confirmaron al
organismo que ha habido órdenes para que falsifiquen los datos. Es común
que los abusos ocurran en el momento de la detención al traslado”, dio a
conocer precisó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos
Humanos.
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