(14
de diciembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En Monterrey,
defensores de los derechos humanos de once estados de la República se
manifestaron la mañana del lunes, “en contra de la permanencia de las
fuerzas armadas en las labores de la seguridad pública”.
Durante el
décimo encuentro de organizaciones que acompañan a personas
desaparecidas, y encabezados por Consuelo Morales, directora de
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, externaron que rechazan
cualquier iniciativa de ley que permita otorgar a las fuerzas armadas
mayores facultades a las establecidas plenamente en la constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Otorgar el
poder supraconstitucional a las Fuerzas Armadas, bajo la justificación
de legalizar su actuación en funciones de seguridad pública, representa
una seria amenaza a la vida democrática del país, a la paz pública y un
evidente retroceso al reconocimiento de tratados internacionales en
materia de Derechos Humanos que han sido conquistados después de muchos
años de lucha y a costa de miles de vidas humanas, como es el caso de
las y los desaparecidos”, declaró Raymundo Ramos, presidente del Comité
de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Además, se
argumentó que “la estadía de militares y marinos en las calles del país,
no sólo no ha ayudado a disminuir los niveles de inseguridad, además
han sido relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, que
quedan impunes”.
Agregaron
que quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos y
acompañamiento de víctimas, “han sufrido claras amenazas y agresiones
por parte de miembros de las fuerzas armadas, principalmente en los
estados de Baja California, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y
Veracruz”.
Sobre las
declaraciones recientes del Secretario dela Defensa Nacional, el
General, Salvador Cienfuegos, en las que señala que “los militares no
estudiaron para perseguir delincuentes y que su función se está
desnaturalizando”.
Consuelo
Morales calificó como “una perversidad que los militares ejerzan las
funciones de seguridad pública, porque están formados para otros fines
de defensa de seguridad nacional.
Y los
metieron hacer tareas de seguridad pública, los pusieron un conflicto
grave y al final de cuentas, con la adrenalina y todo, pues van a hacer
lo que saben hacer, van a disparar y si matan, pues nosotros los
defensores de Derechos Humanos, decimos por qué mataron. Los ponemos en
un conflicto”.
Además
retomando el tema de la defensa de derechos humanos, los activistas,
aseguraron que “los riesgos se han acrecentado desde que militares y
marinos atienden la seguridad ciudadana y detallaron algunos ejemplos de
experiencias propias.
Definitivamente
esa retórica y esa demagogia con la que dicen nuestros gobernantes, que
hay un impulso, y el propio ejército, de respeto a los Derechos
Humanos, pues es evidente y palpable que no, de todos aquellos que
estamos sufriendo el acoso, la amenaza y el hostigamiento, dejan en
entredicho esa supuesta defensa”, mencionó Miguel Ángel García, asesor
legal y coordinador de enlace de la Asociación Esperanza Contra la
Desaparición Forzada y la Impunidad en el noreste del país.
Durante la
reunión, también descalificaron la reducción del 40 por ciento en el
presupuesto de atención a las víctimas del delito y de violaciones
graves a derechos humanos en el presupuesto de egresos 2017 de Nuevo
León.
Asegurando
que “en general, la reducción de este rubro en todo el país es
reprobable, mientras cada vez se destinan más recursos para seguridad.
Dicen que no hay recursos para atender a las víctimas, a sus familiares,
pero por el lado contrario, todo lo que tenga que ver con seguridad
pública y particularmente con las fuerzas armadas del país, ahí no hay
un límite, hay al contrario, van a aumentar los presupuestos”,
puntualizó Raymundo Ramos.
Los puntos que reiteraron al finalizar, fueron cuatro:
El rechazo a
prolongar la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad
pública; la renovación operativa del Mecanismo de Protección a Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; el llamado urgente a la
protección de las y los defensores de derechos humanos; además de hacer
un exhorto a los nuevos gobernadores para atender la grave crisis de
derechos humanos en sus respectivas entidades, con particular atención a
personas desaparecidas.
“En momentos
en donde la inseguridad pública sigue lastimando a la población, la
investigación de los delitos es deliberadamente omisa y la impunidad
sustituye todo acto de justicia, las organizaciones aquí presentes
rechazamos cualquier iniciativa de ley que permita otorgar a las fuerzas
armadas mayores facultades a las establecidas plenamente en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Otorgar un
poder supraconstitucional a las fuerzas armadas bajo la justificación de
legalizar su actuación en funciones de seguridad publica representa una
seria amenaza a la vida democrática del país, a la paz pública y un
evidente retroceso al reconocimiento de tratados internacionales en
materia de derechos humanos que han sido conquistados después de muchos
años de lucha y a costa de miles de vidas humanas, como es el caso de
las y los desaparecidos”, se añadió.
Dicho sea de
paso, aseguraron que como organizaciones, pueden aportar testimonios
contundentes que la presencia de las fuerzas armadas del país no
solamente no han disminuido los niveles de inseguridad que padecemos
todos, sino que se han relacionado a graves violaciones a los derechos
humanos, en donde la constante es la impunidad.
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