Magdalena Gómez
El pasado 6 de diciembre se
inició en la Ciudad de México, la tercera Caravana por la Justicia en
la Sierra Tarahumara, integrada por representantes de las comunidades de
Bacajípare, Bosques de San Elías Repechique, Choréachi (Pino Gordo),
Coloradas de la Virgen, El Mochomo, Huitosachi, Mala Noche y Mogótavo,
así como las organizaciones que les aportan acompañamiento y defensa
jurídica: Alianza Sierra Madre AC, Tierra Nativa AC y la Consultoría
Técnica Comunitaria AC, integradas en la Red en Defensa del Territorio
Indígena en la Sierra Tarahumara. Esta vez presentaron un informe en el
espacio institucional de derechos humanos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, y al día siguiente ante una comisión del Senado.
Con ese texto abordaron la situación de los derechos territoriales en
esa importante región del país y señalaron su interés en visibilizarla,
cuestión más que necesaria, pues los pueblos indígenas del norte han
padecido los efectos de una suerte de centro y sur centrismo.
Poco
se conocen las condiciones extremas de aislamiento, exclusión de
políticas sociales, los impactos de la violencia y la presencia del
narcotráfico en la región y el despojo de sus territorios y bienes
naturales. Todo ello permeado por un marco de racismo que viven los
pueblos rarámuri, ódami o tepehuán pima y warijío. Escaso ha sido el
interés del Estado en todos sus niveles como lo son también los medios
nacionales que dan cuenta de su situación.
El informe explica la
vía agraria del despojo. La reforma agraria en la sierra Tarahumara (y
muchos otros territorios indígenas del país) constituyó ejidos
sobreponiendo superficies originales indígenas y tituló a terceros, muy
frecuentemente no indígenas, en dichos territorios. A lo que se suma la
depredación de los bosques mediante concesiones de aprovechamiento
forestal también a
terceros.
Una constante es la falta de
consulta previa, libre, informada, con la finalidad de llegar a un
acuerdo y con pertinencia cultural. La posesión ancestral resulta negada
ante la indebida adjudicación de títulos de propiedad a particulares y
los permisos de explotación forestal y turística a inversionistas
privados y empresas de capital extranjero. Ahí encontramos el corazón de
los litigios de las comunidades participantes en esta caravana: desde
hace nueve años se busca anular títulos de propiedad en el caso de
Mogótavo, o resoluciones presidenciales (caso de Choréachi);
otorgamiento por Semarnat de permisos de aprovechamiento forestal a
personas o núcleos agrarios extraños sin consultar a Choréachi y
Coloradas de la Virgen; además, en los casos de Mogótavo y Choréachi,
han demandado el reconocimiento de su territorio ancestral. A la fecha
no han sido resueltos.
Por esta vía la
comunidad de Mogótavo está demandando también la nulidad del Fideicomiso
Barrancas del Cobre, que para fines de explotación turística fue creado
sin consulta a dicha comunidad ni a las demás circunvecinas. Las
abogadas y abogados que los acompañan han realizado una defensa jurídica
ejemplar por la fuerza de sus argumentos y la voluntad de persistir
ante los obstáculos, como la falta de reconocimiento de legitimación
para solicitar justicia, las violaciones al debido proceso en perjuicio
de las comunidades por no asegurarles los medios para comprender y
hacerse comprender en su propia lengua, el retardo injustificado en la
mayoría de los juicios promovidos, las cargas probatorias contrarias al
ejercicio del derecho de autoadscripción reconocido a los pueblos
indígenas.
En síntesis, estamos ante el fenómeno de la
injusticiabilidad, pues aun cuando se obtienen sentencias favorables a
la protección de los derechos de los pueblos indígenas, como ocurre en
los casos de Huitosachi, o de la comunidad de Bosques de San Elías
Repechique, el Poder Judicial no se está haciendo cargo de garantizar su
estricto cumplimiento, quedando la ejecución dependiente de la lucha de
fuerzas entre las partes, como si no se tratara de un proceso de
ejecución de una sentencia irrevocable, señalaron.
La
criminalización también está presente. Han asesinado a líderes de las
comunidades sin que los crímenes sean esclarecidos, las organizaciones
realizan su defensa en un clima de amenazas, hostigamientos,
allanamientos de oficinas, auditorías a una de las organizaciones para
sustentar difamaciones. Este informe constituye un espejo sobre la
realidad a la que se enfrentan los pueblos indígenas al reclamar sus
derechos, también ofrece evidencias sobre la distancia aún enorme con el
principio de convencionalidad derivado del artículo primero
constitucional, sería un material imprescindible para que el Poder
Judicial propiciara revisiones internas y el Poder Ejecutivo, federal y
estatal, se aboquen a cumplir sus obligaciones de fondo. Como bien
señaló el rarámuri Luis Pérez:
nos dicen nómadas y creo que en el caminar por la justicia también somos nómadas.
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