Por José Gil Olmos
(apro).- El general Salvador Cienfuegos lanzó el pasado jueves 8 un discurso que fue interpretado como de hartazgo del Ejército ante las constantes críticas por su papel irregular en la guerra contra el narcotráfico.
Pero ante las reacciones inmediatas de apoyo de empresarios,
políticos, Iglesia y organizaciones sociales de que la milicia no
regrese a sus cuarteles, el mensaje real pareciera ser más de
reafirmación que de retiro.
Nadie que conoce el comportamiento de los altos mandos del Ejército
sabe que un discurso como el que pronunció el secretario de la Defensa
Nacional no es ajeno al conocimiento del jefe máximo de las fuerzas
armadas, el presidente de la República.
Seguramente el general Cienfuegos acordó con el presidente Enrique
Peña Nieto el contenido del mensaje que emitió esa mañana en un desayuno
con la prensa. Esos discursos, por el calibre del contenido, no se
pronuncian sino es bajo acuerdos previos.
La ocasión elegida era oportuna porque no se festejaba algo en
especial, sino era una reunión con los medios de comunicación
institucionales que raudos reprodujeron el discurso militar bajo el
tenor de que era un reclamo al secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong –el mejor posicionado como candidato presidencial del PRI
hasta el momento—, debido a que no ha respondido a la petición de
regular el trabajo de los militares en cuestiones de seguridad pública.
Es verdad que las fuerzas armadas han quedado en una posición de
desventaja al sacarlas de los cuarteles para combatir al crimen
organizado y recuperar territorio controlado por algunos grupos
criminales, como es el caso de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.
Según informes internos de la Secretaría de la Defensa, mencionados
por el columnista Raymundo Riva Palacio, hasta el 1 de agosto pasado en
los últimos nueve años han muerto 468 efectivos en la lucha contra el
narco, la mayor parte en Tamaulipas, con 113, seguido de Michoacán con
53 y Sinaloa con 50.
La mayor parte de los muertos son militares de base: 60% soldados,
20% cabos y 12% sargentos. Los ataques a las fuerzas militares en la
última década han sido 3 mil 813.
Observados estos números y las críticas a los abusos en casos como
Tlatlaya, Tanhuato y Ayotzinapa, es imposible desestimar los golpes que
han sufrido las fuerzas militares en labores de seguridad pública para
las que no fueron preparadas.
No obstante, puesto en ese mismo contexto, también es imposible no
ver el otro mensaje implícito del discurso del general Cienfuegos: la
reafirmación a su tarea de luchar contra un enemigo que supera a todas
las policías del país.
En ese discurso el general ratificó la subordinación de 200 mil
soldados a la voluntad de Peña Nieto. Pero sobre todo recriminó que la
Secretaría de Gobernación no haya emitido un reglamento que regularice
su actuación en labores de seguridad pública.
“Nosotros no pedimos estar aquí… no nos sentimos a gusto, los que
estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes…
Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay
quién las deba hacer o no están capacitados”, reprochó el alto mando del
Ejército.
Contrario a la posibilidad de que por fin regresen a sus cuarteles,
diversos sectores de la sociedad pidieron que los militares siguieran en
las calles combatiendo a los delincuentes.
Fue así que al cumplirse una década de la declaración de guerra
contra los cárteles del narcotráfico, el mensaje del general Salvador
Cienfuegos fue muy bien acogido por los grupos de poder, cerrando así la
posibilidad de cambiar la estrategia militar, a pesar de que ésta sólo
ha traído más corrupción, rompimiento del tejidos social, mayor
violencia y miles de muertes y desapariciones forzadas de mexicanos
inocentes.
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