CIUDAD DE MEXICO (apro).- Los diputados del PAN, el PRI y sus aliados (PVEM, Panal y PES) aprobaron, en su última sesión ordinaria del año, inmunidad a los consejeros independientes de Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras determinar que no sean considerados “funcionarios públicos”.
Con 349 votos a favor y 64 en contra (de Morena y MC), los cuatro consejeros independientes de la CFE y los cinco de Pemex no serán considerados funcionarios federales. Lo anterior implicaría, por ejemplo, que si alguno de ellos decide traficar con información privilegiada, a la cual tienen acceso, podrían no ser sancionados.
La coordinadora de Morena y experta en el sector energético, Rocío Nahle, pidió modificar los artículos 16 de la Ley de Pemex, y 14 y 15 de la Ley de CFE, con el fin de que los consejeros independientes sean considerados servidores públicos y sujetos a las leyes respectivas.
Incluso, acusó a exfuncionarios federales relacionados con dicho sector como quienes promovieron dicha inmunidad para los actuales consejeros de las ahora llamadas “empresas productivas del Estado”.
Para fundamentar su dicho, Nahle se refirió a un estudio realizado por la UNAM en el que se establece cómo desde expresidentes del país hasta exsecretarios de Estado han pasado a ser parte de “centros de pensamiento” con gran influencia.
Entre los vinculados a centros de pensamiento y fundaciones extranjeras destacan “Ernesto Zedillo en Yale Center y Columbia, así como en el Club Madrid; Pedro Aspe en Carnegie; Jaime Serra Puche en la Comisión Trilateral del Foro Económico Mundial, donde actualmente es vicepresidente Herminio Blanco, aparte de José Ángel Gurría y Luis Téllez”.
Se trata de “personajes políticos de primer nivel, y son los que ahora, a través de las fracciones parlamentarias de PRI, PAN, del Verde y de los demás, están impulsando dar esta protección a quienes van a tomar decisiones trascendentales en nuestra petrolera nacional”, alertó Nahle.
Antes, siempre con base en el documento de la UNAM, la legisladora de Morena mencionó a exfuncionarios que hoy forman parte de consultorías del sector energético: “Pedro Aspe, en Protego; Jaime Serra Puche, en SAI; Herminio Blanco, en Soluciones Estratégicas; Jaime Zabludovsky, en Soluciones Estratégicas; Luis Téllez, bueno, él tiene varias, entre ellas la de Trilateral; Adrián Lajous, Petrometría; Jesús Reyes Heroles, en Energy Intelligence Group; Luis Videgaray, en Protego, y Raúl Livas, en Intellego”.
Además, está el propio Felipe Calderón, quien a mediados del año que termina fue incorporado al Consejo de Administración de Avangrid, filial de la firma española Iberdrola. También destaca el caso de la exsecretaria de Energía en el sexenio pasado, Georgina Kessel, quien se desempeña como consejera en la propia Iberdrola.
Rocío Nahle explicó que con ello se respaldaba la idea de que luego de ser funcionarios de primer nivel, pasaban a formar parte del sector privado, como consultores. Y todos con información privilegiada del sector.
Por ejemplo, recordó que Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari y quien luego se dedicó a asesorar a gobiernos de entidades de la República para financiarles sus deudas, fundó la empresa Protego, hoy Evercore.
Aspe ahora forma parte de uno de los fondos más importantes a escala mundial y que hoy se encuentra en México, Black Rock, “la cual ya se llevó licitaciones en la Ronda Uno”.
Y qué tienen que ver estos funcionarios, se preguntó la legisladora de Morena, para enseguida aclarar “que ellos proponen a los consejeros independientes y por eso no quieren que sean funcionarios públicos, que no rindan cuentas, porque es una mezcla de intereses donde nace la corrupción, donde tienen a este país sumido en la desgracia económica”.
También la UNAM, añadió, “señala la participación en organizaciones internacionales y vuelven los mismos personajes, por ejemplo Guillermo Ortiz Martínez, quien estuvo en el BPI; Santiago Levy, que es vicepresidente del BID; Agustín Carstens, que está en el Fondo Internacional, y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, en el BID, y así continuamos con una larga lista de estos exfuncionarios que hoy aquí han operado para que sus representantes en la petrolera y en la CFE, pues tengan una impunidad absoluta. Esto, esto lo vamos a cambiar en el 2018, por nosotros, por México y por los mexicanos”.
Pese a todo, su propuesta de modificación fue desechada.
La diputada priista y presidenta de la Comisión de Energía, Georgina Trujillo Zentella, al fundamentar el dictamen que otorga la inmunidad a los “consejeros independientes”, explicó que los cambios a las leyes de Pemex y CFE eran para “armonizarlas” con la nueva regulación en materia de combate a la corrupción.
“Como todos saben, el Consejo de Administración de las empresas productivas del Estado es el órgano más importante para determinar políticas, lineamientos y definir también una visión estratégica de estas empresas, tanto en CFE como en Petróleos Mexicanos, por lo que existen una serie de consejeros independientes que pretenden, con su incorporación al Consejo, darles justamente mayor certeza y mejor calidad a las decisiones que se adopten en el Consejo…
“Hay que recordar que nuestras empresas productivas del Estado cuentan con un régimen especial en materia de responsabilidades administrativas, que si bien fue respetado en la recientemente aprobada Ley General de Responsabilidades Administrativas, tenemos que adecuar ese régimen interno de las empresas productivas del Estado a los alcances que tiene esta nueva legislación en materia de transparencia y de anticorrupción. Es decir, tenemos que adecuar las leyes de Petróleos Mexicanos y de CFE a este nuevo paradigma constitucional y legal que conllevó la reforma en materia de transparencia y de anticorrupción”, justificó la priista.
Luego mencionó los requisitos para ser considerados como consejeros independientes, entre los que se encuentran: no haber sido servidor público en los dos años anteriores al nombramiento.
“Por otra parte, estamos señalando también que los consejeros independientes están impedidos de desempeñar durante el cargo que tengan en el Consejo, cualquier otro cargo público o privado cuando implique un conflicto de interés”.
Finalmente, acotó la legisladora priista Georgina Trujillo, “estamos exigiéndoles a los consejeros independientes que manifiesten por escrito, y bajo protesta de decir verdad, que las demás actividades que realizan les dejan el tiempo suficiente para cumplir a cabalidad con su responsabilidad como consejeros independientes”.
A su vez, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano (MC), argumentó por qué su partido votaba en contra. “Porque se ha quedado corto, porque quisiéramos que los consejeros independientes, no sólo ellos, fueran motivo de escrutinio y de sometimiento a requisitos, sino también los consejeros designados por el Ejecutivo, ya que éstos también pueden ser o caer en los supuestos que marca la ley.
“De igual manera sentimos que estos consejeros independientes deben ser catalogados como servidores públicos”, sostuvo el diputado de MC, para subrayar que “nuestra diferencia es en el fondo del asunto y estriba en reconocerles o no la naturaleza pública de sus labores”.
Rocío Nahle, de Morena, insistió: “Estos consejeros independientes deben ser servidores públicos. Reciben un salario, tienen oficinas en Pemex, tienen asesores, tienen vehículos y paradójicamente no tienen el carácter de servidores públicos”.
Sin embargo, sus propuestas y las de MC no fueron tomadas en cuenta, y finalmente PRI, PVEM, Panal, PES, PAN y algunos diputados del PRD dejaron pasar la posibilidad de obligar a los consejeros independientes a ser tratados y sujetos como “servidores públicos”.