Omar Ortega, diputado del PRD e integrante de la Comisión Jurisdiccional de San Lázaro, detalló que ambos partidos operaron “para dejar impunes a diversos funcionarios contra los que hay solicitudes de declaración de procedencia (desafuero) por irregularidades en el servicio público.
Luego acusó “a priistas, pvemistas y adláteres de violentar los derechos constitucionales de la ciudadanía en materia de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita; en primer lugar, al dilatar durante años el desahogo de las solicitudes, a grado tal de dejarlas prescribir incluso por muerte de los denunciados.”
En estos casos podría ser válida la declaración de “improcedencia”, pero de ningún modo “desechando” las solicitudes; en primer término porque contrario a lo que alegan PRI y PVEM, es facultad de cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, denunciar ante la Cámara de Diputados conductas irregulares de los funcionarios previstas en la misma ley.
Omar Ortega, respaldado por el vicecoordinador de su partido, Jesús Zambrano, y su coordinador, Francisco Martínez Neri, calificó de “exceso” la actitud de los priistas y sus aliados al imponer su mayoría; además, “incurrieron en una escandalosa arbitrariedad al aplicar criterios distintos para casos similares, pues en los que ya dejó de existir el fuero reconocieron el derecho de particulares a presentar las solicitudes, pero no así en los casos donde los denunciados aún tienen fuero.
Omar Ortega explicó que no es requisito sine qua non la intervención del MP, pues también se prevé que la Sección Instructora deba practicar todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del o los delitos y la probable responsabilidad del imputado, de modo análogo a como procede –dice la ley– en los casos de juicio político.
Las únicas denuncias que no producen efecto alguno son las anónimas, pero esto no se aplica en los casos, por ejemplo, de Peña Nieto, Ávila Villegas y Gómez González, pues en ellos hay promotores claramente identificados.
Pero suponiendo sin conceder que las solicitudes fueran improcedentes, añadió, el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece claramente que es la Sección Instructora –y no la Comisión Jurisdiccional– la que podría considerar improcedentes las denuncias, pero sólo para hacérselo saber al pleno de diputados que, en última instancia, resolverá si se continúa o desecha el procedimiento, además sin perjuicio de reanudarlo si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen.
“El procedimiento en la Comisión Jurisdiccional fue una más de las triquiñuelas legaloides que dichos partidos y el gobierno federal ponen en práctica en estos días para cubrirse la espalda y garantizar impunidad a sus militantes y funcionarios a pesar del cúmulo de evidencias sobre sus actos de corrupción, ejercicio indebido de atribuciones, enriquecimiento ilícito y muchas otras irregularidades.
“Se trata de otra burla más en contra de la ciudadanía perpetrada nuevamente desde los órganos del Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Diputados donde, mientras por un lado se dice que se ataca la corrupción, se defienden los derechos humanos, se protege a las víctimas y se hace buen uso de los datos personales, por el otro se realizan malabares para victimizar a los mexicanos mientras se garantiza impunidad a los agresores”, denunció Ortega.
Ortega Álvarez señaló que la Cámara de Diputados, como institución, no debe prestarse más a este tipo de triquiñuelas, pues caro le ha salido al país, tanto política como económicamente, su complicidad, por acción u omisión, en casos como los de Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y Humberto Moreira.
A su vez, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, calificó la imposición del PRI y sus aliados como “una afrenta a la nación”, con el fin de dejar en la impunidad las conductas indebidas de los funcionarios.