Sandra de los Santos Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Ciudad de México.- Su vida cambió el 26 de mayo de 2016. Su padre, Guadalupe Cruz Hernández recibió tres balazos por parte de un grupo paramilitar en su propia casa, murió. Su madre, María López Santis resultó herida en una pierna; y su hermano, David Cruz López, de 26 años, recibió dos balas, una en cada pierna.
Araceli Cruz López tiene 24 años de edad. Es de las pocas mujeres que habla español en el plantón de familias desplazadas del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, que se ha instalado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aprendió a hablarlo porque antes de que su familia fuera agredida, trabajaba en un restaurante en la Ciudad de México.
Hace cinco años Araceli decidió migrar de Chenalhó, un municipio de la región Altos de Chiapas. No es el lugar más visitado por el turismo nacional e internacional atraído por las campañas del “indigenismo folclórico”. En cambio, sí es un sitio que de manera recurrente está en las noticias. Ahí se dio la matanza de Acteal en 1997, donde fueron asesinadas 45 personas, entre ellas, mujeres embarazadas y niños.
A Chenalhó también fue llevado por la fuerza el entonces presidente de la mesa directiva del congreso del estado, Eduardo Ramírez. Una parte de la población lo obligó a vestirse con el traje tradicional de las mujeres y bailar en la plaza del municipio como una forma de humillación pública –para la mayoría de la población de las comunidades indígenas lo femenino sigue siendo relacionado como algo vergonzoso-.
Argentina Casanova*Cimacnoticias | Campeche, Cam.- Hace
casi 20 años que algunas compañeras empezaron a registrar los casos de
asesinatos de mujeres, denominados en un principio como homicidios por
razón de género. Esta actividad tenía el propósito de visibilizar algo
que en ese momento no se ponía sobre la mesa. Hoy es urgente cambiar las
dinámicas y tener claro que el registro tenía un propósito muy claro
que alcanzó: la creación del tipo penal del feminicidio y la
identificación de sus circunstancias.
Las que iniciaron los registros de los casos hicieron algo más, se
agruparon, se integraron en un Observatorio que definió líneas de
intervención, entre ellas el acompañamiento con el litigio y la
representación jurídica de las familias y las propias sobrevivientes en
la búsqueda de justicia.
Identificar casos tenía el propósito de conocerlos y buscar el
acercamiento, no era una numeralia indiferente en una caja de texto,
tenía el claro propósito de generar condiciones, empujar legislaciones e
incluso en contra de ser tildadas de locas porque se proponía el tipo
penal de feminicidio.
A casi 20 años de ese camino que defensoras y periodistas iniciaron
en cada entidad de la república, dedicando muchos años de trabajo en
silencio y en una callada actividad sin más propósito que tener el dato
para cuando se exigiera la legislación, acciones de las instituciones
para atender la violencia, o poder contactar a las familias para la
defensa legal hoy los medios y las redes se inundan de una numeralia.
Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.- De
2014 a 2017 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
documentó en 22 estados de México un total de 8 mil 904 mujeres
asesinadas pero únicamente un 24 por ciento de los casos (2 mil 188)
fueron investigados como feminicidio.
Ayer el Observatorio Ciudadano del Feminicidio formado por 40
organizaciones civiles presentó en conferencia de prensa su último
informe “Implementación del tipo penal de feminicidio en México:
desafíos para acreditar las razones de género”.
La tipificación del feminicidio se inició en 2010, las primeras
entidades en incluir este delito en sus Códigos Penales fueron Guerrero y
la Ciudad de México; más tarde, en 2012, el feminicidio quedó asentado
en el Código Penal Federal y describe siete razones de género para
acreditarlo: Sin embargo, indica el OCNF en su reporte, aunque algunos estados
retomaron este tipo penal, otras hicieron sus propias versiones con
circunstancias subjetivas imposibles de acreditar.
Esto sucede en 13 entidades del país:
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua,
Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco,
Tlaxcala, Yucatán y Durango, donde se pide demostrar “la intencionalidad
del agresor” particularmente los motivos de “odio o aversión hacia las
mujeres”, lo cual es innecesario ya que el delito de feminicidio siempre
se realiza de forma dolosa, recuerda el OCNF.
Lucía Lagunes Huerta Cimacnoticias | Ciudad de México.- Tras
advertir que existen en la Cámara de diputados al menos 18 iniciativas
para reformar la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre
de Violencia (LGAMVLV), una de sus creadoras, Marcela Lagarde y de los
Ríos, dijo que antes de hacer cualquier reforma debe contarse con una
evaluación de su aplicación, tanto nacional como por entidad federativa.
Al participar el día de hoy en el “Foro Internacional sobre Derechos
Humanos de las Mujeres”, Lagarde advirtió que existe una “enorme
tentación de meterle la mano" a la LGAMVLV.
La ex legisladora explicó que cualquier cambio que se pretenda hacer a
dicha Ley así como a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, debe ser producto de un diagnóstico y una evaluación nacional y
por entidad federativa de ambas, por lo que conminó a las próximas
legisladoras a realizar esta evaluación como primer acción de su
mandato.
Aseguró que ya se está avanzando en este diagnóstico desde las
organizaciones porque los equipos que se han ido formando de
investigación para la declaratoria de Alerta de Violencia de Género
(AVG) en las entidades así como el trabajo que se ha hecho en los 11
años de existencia de la LGAMVLV, da luces de lo que está ocurriendo.
María Elena Lazo de Mendizábal
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