Debe hacerse un reglamento, argumentan
La
“Corporación Humanas” -centro regional de Derechos Humanos (DH) y
justicia de género- junto con organizaciones de mujeres y feministas,
exigieron a la Contraloría General de la República (CGR) Chilena, a
cargo de Jorge Bermúdez, ordenar al Ministerio de Salud (Minsal)
eliminar el nuevo Protocolo sobre la objeción de conciencia, ya que
viola el “legítimo derecho de las mujeres a decidir”.
En entrevista con Cimacnoticias, la abogada de “Corporación Humanas”,
Camila Maturana Kesten, comentó que hace unos días, se entregó un
requerimiento ante la CGR para exigir al Minsal declare como ilegal la
resolución 432 del “Protocolo para la manifestación de objeción de
conciencia según lo dispuesto en el artículo 119 del Código Sanitario”,
debido a que su aplicación obstaculiza el derecho legal de las mujeres a
recibir prestaciones de salud en la interrupción del embarazo y “a
decidir sobre su cuerpo”.
El requerimiento surgió por parte de las organizaciones feministas y
de mujeres con el propósito de resguardar los Derechos Humanos de las
mujeres y niñas protegidos por la Ley que permite el aborto por 3
causales.
En el documento, las organizaciones argumentaron que a diferencia de
otros requerimientos presentados por políticos de oposición, éste se
enfoca en denunciar cómo existe una “vulneración a los derechos
fundamentales de las mujeres” pues “no se respeta” lo estipulado en los
estándares internacionales de Derechos Humanos adoptados “en el marco de
la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de
Estados Americanos (OEA)”.
La abogada, Camila Maturana Kesten consideró que este nuevo Protocolo
es un retroceso a la Ley 21.030, aprobada en 2017, durante el gobierno
Michelle Bachelet, que permite interrumpir el embarazo en 3 causales:
cuando la vida de la mujer esté en riesgo, inviabilidad del feto y
producto de una violación.
La abogada explicó que este nuevo Protocolo se aprobó a la llega del
presidente Sebastián Piñera, quien emitió otro Protocolo (3432) que
permite a instituciones públicas, privadas con o sin convenio con el
Minsal, argumentar la objeción de conciencia sin que argumenten las
razones, solamente con base en creencias religiosas o valores. Basta con
solicitar el permiso.
Camila Maturana añadió “el trabajo del Minsal no es velar por los
intereses de los establecimientos de salud” como lo hace este nuevo
protocolo, sino asegurar los derechos de las personas, en este caso de
las mujeres y niñas –estipulado en el art. 119, inciso 1 del Código
Penal-.
Con estas nuevas modificaciones, las organizaciones manifestaron en
su requerimiento su preocupación porque al trabajo del movimiento de
mujeres, feminista y de Derechos Humanos por establecer la Ley 21.030 se
le imponga “principios morales o religiosos que sobrepasan los DH de
las mujeres y las niñas”.
Anteriormente, el primer Protocolo -aprobado hace dos meses y ahora
derogado- especificaba en su resolución No. 61 que en caso de objeción
de conciencia tanto recintos públicos como privados tenían que presentar
los argumentos por los cuales se declaraban objetores de conciencia y
las instituciones de salud privada demostrar no estar adscritas al
Sistema Nacional de Salud.
Además, el anterior Protocolo establecía que las instituciones
privadas con convenios no podían acceder a la objeción de conciencia
debido a que reciben fondos estatales para prestar servicios de salud
pública a las mujeres y niñas en lugares donde no hay cobertura de
sistema público.
De acuerdo con la abogada un tercio de los profesionales de la salud se han declarado objetores de conciencia.
Expresó que pretenden hacer presión para que el Contralor General,
Jorge Bermúdez Soto pronuncie su facultad “de toma de razón” (revisión
que hace CGR de la legalidad de un acto administrativo).
Es por ello que las organizaciones exigieron que se haga un reglamento sobre la objeción de conciencia.
“El protocolo en vez de ser una resolución hubiera sido un
reglamento, el cual tendría que haber sido revisado por la CGR.
Probablemente así sí se hubiera declarado ilegal el nuevo Protocolo
porque la Ley 21.030 menciona que el protocolo o los protocolos dictados
por el Misal deben asegurar la atención médica de las mujeres por las 3
causales”, comentó Camila Maturana.
Las organizaciones exigen se derogue el nuevo Protocolo por “graves
ilegalidades en éste, ya que no resguarda los Derechos Humanos de las
mujeres y las niñas”.
De aprobarse su petición, dijo Camila Maturana, las organizaciones
buscarán hacer vigente el anterior Protocolo junto a su resolución.
Imagen retomada de la campaña Aborto Chile
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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