4/11/2018

Prensa México Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes de abril 2018




REFORMA
Cuestionan ilícitos y ética del 'Bronco'
Jaime Rodríguez, “El Bronco”, tendría que estar sentenciado y en la cárcel y no en la boleta electoral, aseguró el jurista Diego Valadés, mientras que la presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora, cuestionó la falta de ética del aspirante independiente. Ésas fueron algunas de las reacciones al fallo del Trife para inscribir a “El Bronco” en la boleta presidencial, ratificada ayer por el INE. Y, aunque el Instituto Electoral acató la sentencia del Tribunal, el consejero Ciro Murayama expresó que, en las firmas que presentó ante las autoridades electorales, hubo irregularidades que no se podían subsanar.

EL UNIVERSAL
Jóvenes se desencantan de la política en México 
No creen en los partidos ni en los discursos y promesas de los candidatos. Ven en ellos corrupción e intereses propios y no se sienten representados.
EL UNIVERSAL buscó y consultó a 30 jóvenes destacados en los estados para conocer su opinión sobre la política, las elecciones, los candidatos y sus necesidades.
Exigen ser escuchados por los candidatos, pues aseguran que a estas alturas de la elección no han presentado proyectos para ellos, a pesar de que representan 40% de la Lista Nominal; es decir, el próximo Presidente lo elegirán los jóvenes de 18 a 34 años, con sus más de 36 millones de votos. Además, 4 millones 827 mil 39 millennials podrán votar el 1 de julio por primera vez.
Entre sus preocupaciones está la inseguridad, que consideran una gran limitante para su generación. Argumentan que por un lado les dicen que sean libres e independientes y por otro viven con miedo de salir a la calle y ser víctimas de la violencia, y con razón, pues en el sexenio han desaparecido más de 8 mil jóvenes de entre 18 y 35 años.
Quieren más oportunidades de empleo y trabajos mejor pagados, así como más presupuesto para la educación, el deporte y la ciencia.   


MILENIO
Jaime Rodríguez Calderón, ex priista y gobernador con licencia de Nuevo León, niega ser un delincuente y destaca que el Instituto Nacional Electoral mintió, pero que el Tribunal hizo justicia.En entrevista con Azucena Uresti para MILENIO Televisión, un día después de que se subió a la boleta para la elección presidencial como candidato independiente, asegura que va a sorprender y a ganar.El Bronco recurre a una expresión campirana: “Arranco viéndole la cola a los caballos, pero al final ellos me la verán a mí”; también atribuye las críticas a que le tienen miedo.—A 11 días de campañas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decide que sí estará en la boleta. ¿Cómo está ingeniero?—Venciendo adversidades. La verdad es que los del INE fueron muy injustos conmigo, pero qué bueno que el Tribunal rescató esta posibilidad.—¿Cómo se siente con la resolución del Tribunal?—Comprometido. El TEPJF pudo fijar la ley y la justicia. El INE cometió conmigo y otros independientes una injusticia, pues seguimos las reglas; con esta resolución el Tribunal nos da la posibilidad que el INE nunca nos debió haber negado.

EXCELSIOR
'Se necesita perfil ético, no sólo político'
 Janine Otálora, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) , aseguró que la autoridad no puede permitir acciones de cualquier candidato que cuestionen su ética y compromiso con la democracia.“No todo se vale; el fin no puede ni debe justificar los medios”, dijo al emitir un voto particular contra otorgarle el pase a la boleta a Jaime Rodríguez, y de darle diez días a Armando Ríos Piter para que se revisen todos sus apoyos.La magistrada destacó que, por primera vez, México tiene candidaturas independientes a la Presidencia.“A ese cargo, se presupone, aspiran quienes tienen el perfil no sólo político, sino ético, para aspirarlo, alcanzarlo y desempeñarlo”, sostuvo.En tanto, entrevistado por Yuriria Sierra para Imagen Televisión, El Bronco rechazó que su entrada a la contienda electoral sea para declinar a favor de otro candidato.“En una elección no todo se vale”La magistrada Otálora Malássis afirma que los candidatos deben llegar libres de cuestionamientos a su ética.La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malássis, aseguró que las autoridades electorales no pueden permitir acciones de cualquier candidato que cuestionen su ética y compromiso con la democracia, pues en una elección o captación de apoyo “no todo se vale, el fin no puede, ni debe justificar los medios”, al emitir un voto particular en el caso de Armando Ríos Piter a quien, dijo el INE, se le encontraron 811 mil 699 firmas con simulaciones, 88 mil 183 fotocopias y seis mil 265 credenciales no válidas.La magistrada votó en contra de otorgarle el pase a la boleta a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y de darle 10 días a Armando Ríos Piter para que revise todos sus apoyos y acredite que cumple los requisitos.

SINEMBARGO

Con tres votos en contra y cuatro a favor, el Tribunal Electoral –sujeto al Poder Judicial– revocó el dictamen del INE –órgano autónomo– y le pidió registrar bajo “supuestos” a Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a la Presidencia, pese a sus múltiples irregularidades, así como darle 10 días al otro candidato independiente, Armando Ríos Piter, para revisar sus firmas catalogadas como inválidas.No es la primera vez que ambas instituciones electorales no coinciden y el Tribunal da revés a determinaciones del órgano electoral: en noviembre pasado validó la elección del priista Miguel Riquelme como Gobernador de Coahuila, pese a los señalamientos de rebase de gasto de campaña, y en diciembre dio luz verde al reparto de tarjetas o monederos electrónicos cuestionados desde las elecciones de 2012. Especialistas consultados por SinEmbargo lo atribuyen a los fines políticos de los magistrados que integran el TEPJF.Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– Las diferentes determinaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) –órgano autónomo– y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –sujeto al Poder Judicial– dejan un ambiente de desconfianza y cuestionada credibilidad hacia las instituciones electorales a 12 semanas de las elecciones, coincidieron especialistas. Algunas de las últimas sentencias “cuestionables” o “inadecuadas” del Tribunal –como los resultados en Coahuila, la validez del reparto de tarjetas de apoyo, o el registro de dos candidatos independientes aún bajo investigación– han echado para atrás las resoluciones previas del órgano electoral por afinaciones políticas o falta de diálogo, expusieron los expertos. José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), politólogo y doctor en historia, dijo en entrevista que “en el INE hay una bancada del PRI que está formada por cuatro de los 11 consejeros electorales y no son mayoría. En cambio en el Tribunal Electoral también hay una bancada del PRI de cuatro de siete magistrados que sí son mayoría favorable al PRI; de ahí los puntos de vista divergentes que corresponden más a criterios políticos”, por lo que es necesario rediseñar la institución. Crespo aseguró que “quizás es válido” argumentar que el INE no le dio el derecho de una audiencia al candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón para revisar las firmas, pero, consideró, debió determinar que las recibiera el órgano electoral en los próximos días para brindarle la reposición, mas no darle el registro para la boleta presidencial “porque no queda claro que haya tenido el número de firmas que exige la Ley”. 
La liberación de los precios de las gasolinas en México, iniciado de forma paulatina el año pasado, aunado a la debilidad del peso frente al dólar y las alzas inesperadas de los precios de algunos productos agrícolas, llevó a la inflación a marcar su mayor nivel desde 2001. Entre enero y marzo de este año, la gasolina magna fue el producto que encabezó la lista de los incrementos de precios al consumidor, mientras que productos agrícolas, como el jitomate y la cebolla, e incluso las mercancías integradas en la inflación subyacente han mostrado descensos. En 2017 nació un nuevo enemigo para la inflación, que desde el primer mes la llevó a niveles no vistos en casi cinco años, y en adelante podría entorpecer la desaceleración de los precios y continuar con el golpeteo a los bolsillos de los mexicanos: el gasolinazo.La liberación de los precios de las gasolinas en México, iniciado de forma paulatina el año pasado, aunado a la debilidad del peso frente al dólar y las alzas inesperadas de los precios de algunos productos agrícolas, llevó a la inflación a marcar su mayor nivel desde 2001. Este 2018, la inflación acumuló tres meses de retrocesos en su comparación anual, hasta un 5.04 por ciento, aún lejano del objetivo de 3.0 por ciento del Banco de México (Banxico).El mes pasado, la inflación subyacente (compuesta por los precios de los energéticos, tarifas autorizadas por el Gobierno y los productos del campo) pasó de un 8.03 por ciento previo a 5.23 por ciento. En su interior hubo importantes descensos en gas doméstico LP, nopales, papa y cebolla, entre otros. En el otro extremo, la gasolina Magna presionó (por su penetración en las actividades diarias de los mexicanos) al alza la inflación, con un crecimiento de 1.39 por ciento.En sus expectativas para el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), HR Ratings pronosticó una desaceleración a 4.07 por ciento para el cierre de 2018, en línea con el pronóstico de 4.07 por ciento arrojado por el grupo de expertos consultados por el banco central.El grupo financiero advierte que los riesgos más evidentes para la inflación son la volatilidad del tipo de cambio avivada por la incertidumbre en torno al cierre de la renegociación del TLCAN y las elecciones presidenciales. Sin embargo, los incrementos de los precios internacionales de las gasolinas, referencia para los precios en el mercado mexicano, serán una amenaza constante para el indicador vigilado muy de cerca por Banxico.

Durante los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la violencia contra las mujeres cobró más de 8 mil 900 vidas, siendo 2017 el año más dramático, con 3 mil 256 mujeres asesinadas, lo que representa un incremento de 52% respeto de dos años anteriores, alertó María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).Durante la presentación del informe “Implementación del tipo penal del feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017”, Estrada Mendoza resaltó que, pese a la obligatoriedad de las entidades federativas de incorporar estándares internacionales en sus legislaciones, menos de la cuarta parte de las muertes violentas de mujeres son investigadas como feminicidio, lo que perpetúa la impunidad.Ante familiares de 14 víctimas de feminicidio y de tentativa de este delito, representadas por el OCNF, la defensora dio a conocer un panorama desolador sobre la falta de acceso a la justicia, la criminalización de las víctimas, la ausencia de investigación de contextos y de la relación víctima-victimario, y del desdén institucional hacia las agresiones contra mujeres que en ocasiones terminan en feminicidios.La investigación de la organización se fundamentó en solicitudes de información a la entidades federativas, la revisión de estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Nacional (SNSP), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) así como de los 24 informes para determinar la pertinencia o no de las Alertas de Violencia de Género, de las legislaciones en los estados y sus Códigos Penales, además del análisis de 14 casos defendidos.María de la Luz Estrada destacó que, de acuerdo con datos del SNSP, entre 2014 y 2017, de las 8 mil 904 mujeres asesinadas en el país, sólo 2 mil 188, es decir, 24.57% de los casos, fueron investigados como feminicidios, reportándose entidades con crecimientos preocupantes de homicidios de mujeres como Baja California Sur, con 658%, y Querétaro con 112%, entre 2015 y 2017.

ARISTEGUI NOTICIAS
Cualquiera puede venir a hacer negocios a México sin tener control: Jaime Martínez Veloz
"Vinieron como piratas, hicieron un negocio, no le avisaron a nadie, cobraron, defraudaron, se fueron y nadie hace nada", afirmó.
Un estudio de la organización civil Impunidad Cero advierte que la Secretaría de la Función Pública (SFP) sanciona en promedio solo el 13% de las denuncias que recibe por malos manejos de funcionarios. En cinco años, entre 2012 y 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió un total de 45 mil 108 sanciones contra funcionarios públicos por malas prácticas o irregularidades administrativas. Sin embargo, tan solo el 28% acabaron en sanciones firmes (13 mil 010). Y peor aún: menos del 1 % resultaron en la destitución de funcionarios (404); apenas un 1.7 % terminó en una sanción económica (779).Estas son algunas de las principales cifras que documenta el informe ‘Responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción’, en el que la organización civil Impunidad Cero analiza los retos que enfrenta México en materia de combate a la corrupción, en un contexto marcado por las próximas elecciones presidenciales.El informe elaborado por el investigador Luis Darío Ángeles subraya que a pesar de que la SFP, que es la dependencia encargada de investigar a funcionarios, emite todos los años miles de sanciones, la impunidad registra niveles muy elevados.
Por ejemplo, apunta el documento, la SFP sanciona en promedio solo el 13.4 % de las quejas o denuncias que recibe. “Esto implica, en principio, que en las denuncias existe una impunidad en la Administración Pública Federal del 86.6 %”. Y de las sanciones a funcionarios emitidas por la SFP, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anula el 41.8 %, “lo que quiere decir que la cantidad de casos que no se sancionan aumenta del 86.6 % a un 92.2 %”.Y a esto hay que añadir otros dos datos: uno, que casi la mitad de las sanciones impuestas por la secretería a servidores y funcionarios públicos (40%) se quedan únicamente en sanciones menores que se resuelven con una amonestación pública o privada.Y dos, de acuerdo con una información del diario El Siglo de Torreón que recoge el informe de Impunidad Cero, desde la creación de la SFP en 2002 hasta septiembre de 2017, se han impuesto 16 mil multas económicas por 34 mil 855 millones de pesos en sanciones a funcionarios, de las cuales solo fueron recuperadas 158 millones de pesos; ni siquiera el 0.5% del monto total de las sanciones.

Del total de los ataques que se cometen en contra de las compañías en México, un 23 por ciento son perpetrados por grupos criminales. La tendencia y las pérdidas económicas van en aumento. Los tentáculos del crimen organizado se extienden con rapidez. El ambiente de violencia que impera en el país desde hace años le ha generado pérdidas millonarias a las empresas mexicanas y, temerosas de sufrir represalias, deciden abandonar los territorios en donde alguna vez operaron.A finales de marzo pasado, Cola-Cola Femsa anunció el cierre de su planta en Ciudad Altamirano, ubicada en el violento estado sureño de Guerrero, a causa del “hostigamiento de grupos delincuenciales”.Desde enero de 2018 la mayor embotelladora de Coca-Cola denunció que había sufrido constantes amenazas y agresiones por parte del crimen organizado, así como afectaciones a las instalaciones de la empresa en la región.La organización, que tomó la medida para salvaguardar la integridad de más de 160 trabajadores, lamentó que la ausencia de un estado de derecho y la prevalencia de la impunidad la obligaran a detener sus labores en un territorio en el que tuvo presencia por más de cuatro décadas.Cola-Cola Femsa es sólo la punta del iceberg de lo que sucede en México. “El crimen organizado sin duda afecta a las empresas. Ese fue un caso público, pero, debe de haber miles de compañías que dejan de operar precisamente porque los grupos delincuenciales no las dejan. Es un tema muy complicado que tiene un impacto importante en empresas de cualquier tamaño”, dice Alberto Jaquez, socio de Servicios Forenses en PricewaterhouseCoopers México (PwC México).

CONTRALINEA
El fracaso de los cuerpos policiacos y fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, reaviva el debate en torno a la creación de la Guardia Nacional entre expertos en seguridad nacional y miembros del partido Movimiento de Regeneración Nacional. A más de 100 años de su creación y frente a la debacle de las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada, se alzan voces a favor y en contra de reactivar la Guardia Nacional para restablecer la gobernabilidad y el estado de derecho en el país. Alfonso Durazo Montaño, propuesto por el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, considera que el objetivo de darle vida a la Guardia Nacional es con el propósito de garantizar una mejor coordinación y optimizar todos los recursos con que cuenta el Estado para mejorar las condiciones de seguridad en el país.Explica que la Guardia Nacional tendría como directores operativos a expertos en materia de seguridad como policías, soldados y marinos, pero en el ámbito político y administrativo contaría con expertos en administración pública. Agrega que es muy difícil que alguien sin conocimiento amplio de la administración pública pueda tener la capacidad de construir soluciones de fondo a los problemas de seguridad.La Guardia Nacional no es una policía única y la Secretaría de Seguridad Pública sería cabeza de sector de este organismo, señala el exsecretario particular de Luis Donaldo Colosio y de Vicente Fox.“Parte del problema del país es centrarnos en ver a la seguridad como un asunto exclusivo de policías y ladrones, eso ya no es así desde hace décadas, es una visión sumamente rebasada”, subraya.Para el capitán de fragata Diplomado del Estado Mayor de la Armada de México, Alán Ruiz Moreno, el riesgo que implica la creación de la Guardia Nacional en los 32 estados de la República, es que “podrían convertirse en ejércitos privados de los gobernadores para proteger sus intereses políticos y no para combatir al crimen organizado”.

LA JORNADA 





Si se otorga el registro al político neoleonés que también se dé a Marichuy 
El PRIAN se desgarra vestiduras cuando la dupla nombró a esos magistrados
Hay que revisar con detalle el dictamen en favor de Jaime Rodríguez 
Asegura que no va a subestimar a ningún rival
Respeto que aparezca en la boleta electoral 
Insta a creer en las instituciones de justicia

Fotoportada
Luis Alberto López (de playera), ex chofer del empresario Manuel Barreiro, abandona el Centro de Justicia Penal de Querétaro acompañado de su abogado Patricio Kegel (izquierda), tras su comparecencia en el caso de la compra de la nave industrial del panista Ricardo Anaya, en 54 millones de pesos, operación en la que fungió como prestanombres Foto Roberto García Ortiz 
PGR se desiste de cargos contra el chofer de Barreiro debido a su colaboración 
Sirvió de prestanombres en la compra de la nave industrial del panista 
El inmueble de $54 millones ya es parte del patrimonio de Querétaro
La transa por encima de cualquier otra consideración. Esos cuatro magistrados ya engrosan los archivos de la ignominia. 
ONG: México ya no tendrá que hacer el trabajo sucio a EU 
Gracias por no discriminarnos y por tanta ayuda, dicen centroamericanos
Blanche Petrich
Su defensa arguyó que en prisiones mexicanas se violan derechos humanos
La cancillería y la PGR preparan apelación
Recibe al gobernador de Utah; éste señala su apoyo a la comunidad migrante
Lo traslada la Profepa al Zoológico de Chapultepe
Deja en veremos su respuesta ante el cateo a las oficinas de su abogado 
Temen que cese a su procurador Sessions, a Rosenstein o a Mueller 
Cancela su partipación en la Cumbre de las Américas; argumenta que prepara la respuesta contra Siria 
Fotocontraportada
Exige el Senado de EU a Zuckerberg garantizar la privacidad de los datos de sus usuarios 
El CEO asume de nuevo su responsabilidad por no evitar el manipuleo de Cambridge Analytica 
Se disculpa por las noticias falsas, el lenguaje de odio y la injerencia rusa en la red social 
Admite que trabajan con el equipo del fiscal especial sobre la mano de Moscú en las elecciones 
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