Expertas le piden información y Estado contesta “vagamente”
cedawara a la 9ª evaluación de México ante el Comité de expertas de la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), éstas requirieron al
Estado mexicano información complementaria a la que ya había presentado,
sobre aborto, impartición de justicia en casos de feminicidio, acceso a
la justicia para las mujeres y los resultados de la Alerta de Violencia
de Género, entre otros.
Todas ellas son dudas surgidas del informe que cada 4 años entrega el Estado mexicano -el último lo entregó en diciembre de 2016- y fueron solicitadas luego de una sesión de trabajo que mantuvieron en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza.
El Estado mexicano respondió a todas ellas en marzo de este año a través de un informe.
En el caso de los resultados de la AVG (de las 13 que decretó) dijo
que “no existe un mecanismo para evaluar su impacto”; y sin desglosar la
información de las víctimas, victimarios, las condiciones y entidades
donde ocurrieron los casos de feminicidio – tal como lo pidieron las
expertas de CEDAW– dijo que en 4 años (2013 a 2016) se abrieron 2 mil
157 carpetas de investigación o averiguaciones previas por feminicidio
de las cuales, 335 derivaron en sentencia.
El Estado no detalló las barreras que impiden a la AVG tener
resultados como se requirió. Esto, dijo, se debe a que “no existe aún un
mecanismo para evaluar su impacto.”
Respecto al bajo número de sentencias por feminicidio, argumentó que
“el proceso de procuración e impartición de justicia en México es largo”
y los casos que tienen una sentencia es porque “ya han recorrido un
largo camino”; y aceptó que “todavía se tiene un registro incompleto
sobre el número de casos de feminicidio”.
Las medidas que se han tomado para erradicar la mala investigación de
los asesinatos de mujeres específicamente en los estados de Chiapas,
Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, el Estado de México,
Veracruz y Quintana Roo, así como en la Ciudad de México y Ciudad
Juárez, quedaron sin respuesta.
ABORTO POR NOM 046
En el tema de aborto y el por qué no se aplicaba la Norma Oficial
Mexicana 046 (NOM-046) en los casos de violación, el Estado respondió
que durante 2017, únicamente 89 mujeres interrumpieron un embarazo
producto de una violación en cumplimiento con dicha Norma, pues apenas
en ese año la Secretaría de Salud (Ss) comenzó a elaborar el “Informe
sobre casos de Interrupciones Voluntarias del Embarazo al amparo de la
NOM-046-SSA2-2005.”
También informó al Comité de CEDAW que en 5 años, 2013 a 2017, se
registraron 452 mil 402 egresos hospitalarios por aborto y que de 2013 a
2016, unas 37 mujeres han sido sentenciadas por practicar un aborto.
Agregó que en la Ciudad de México, la única entidad donde se puede
interrumpir legalmente un embarazo de forma voluntaria (ILE) dentro de
las primeras 12 semanas de gestación, se han practicado 192 mil 551
abortos desde abril de 2007 hasta el 15 de marzo de 2018.
Respecto a las estrategias que ha llevado a cabo para que las mujeres
conozcan su derecho a interrumpir un embarazo por violación y las
sanciones que existen para el personal de salud que incumpla la NOM,
afirmó que ha difundido a la población qué hacer en caso de una
violación sexual y que capacita al personal de los servicios de
urgencias médicas a través de talleres. En caso de que incumplan en su
aplicación, esto “da origen a sanción penal, civil o administrativa”,
pero no detalló cuántas personas han sido penalizadas por ello.
SIN EXPLICACIÓN LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Las expertas de la ONU también solicitaron información de la objeción
de conciencia. En este rubro, el Estado únicamente refirió a CEDAW que
el “Poder Legislativo aprobó altos estándares en materia de salud sexual
y reproductiva, no obstante las discusiones son parte del ejercicio de
pluralidad democráticas que impera en nuestro país”, dijo.
Esta reforma a la Ley General de Salud fue aprobada por el Senado el pasado 22 de marzo lo que provocó que feministas y senadoras demandaran en una carta pública, a Enrique Peña Nieto, vetar la reforma.
Eliminar los obstáculos para que las mexicanas accedan a métodos
anticonceptivos y al aborto, son demandas añejas de CEDAW, quien desde
2012 exigió al Estado mexicano armonizar las legislaciones estatales
relacionadas al aborto y asegurarse que cada una implementara la NOM
046.
ACCESO A LA JUSTICIA
Sobre el tema de acceso a la justicia, la organización Equis Justicia
para las Mujeres informó al Comité de expertas sobre la “situación de
acceso a la justicia de las mujeres en México”, por lo que se valieron
de este reporte para cuestionar por primera vez al Estado mexicano sobre
la actuación del Poder Judicial.
La información proporcionada por el Estado es que tanto la Suprema
Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura Federal
publicaron 100 por ciento de sus sentencias, pero no informó cómo se
están dando en todo el país.
CEDAW también requirió de manera adicional conocer los mecanismos
para identificar las prácticas discriminatorias que aplica el personal
juzgador en los casos de violaciones a los DH de las mujeres. De forma
vaga, acusó la organización Equis Justicia para las Mujeres, el Estado
dijo que ha “ampliado significativamente” la capacitación a las
autoridades del Poder Judicial.
MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD NO ES TEMA PARA EL ESTADO
La situación de las mujeres privadas de la libertad fue otro de los
temas debido al desmedido aumento del enjuiciamiento de mujeres por
delitos relacionados con las drogas, que según las expertas de la ONU,
en 2015 creció un 75 por ciento.
El Estado reportó la construcción del Centro de Rehabilitación y
Reintegración Social número 16 en Morelos, pero sobre el aumento de
encarcelamiento de mujeres por delitos relacionados con drogas, no dio
ninguna respuesta.
Equis Justicia criticó que el Estado respondió a CEDAW “información
ambigua, pocos sustentada”, pero sobre todo, que desdibuja la realidad
en materia de acceso a la justicia para las mujeres, transparencia
judicial y la situación de vive la población femenina privada de la
libertad.
El veredicto si el Estado mexicano ha avanzado o no a favor de los DH
de las mujeres quedará en manos de las 23 expertas que conforman el
Comité de CEDAW en la evaluación que se llevará acabo del 2 al 20 de
julio; y las recomendaciones que de ahí emanen son de carácter
obligatorio pues el Estado suscribió este instrumento internacional en
1981.
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México
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