La Jornada
Acosado por el escándalo del
uso indebido de datos de 87 millones de usuarios de Facebook por parte
del despacho de manipulación electoral Cambridge Analytica (CA), el
fundador y principal accionista de esa red social, Mark Zuckerberg,
reconoció ayer, en el testimonio que rindió en una audiencia del
Congreso de Estados Unidos, que es inevitable
alguna regulaciónde tales redes.
Como se recordará, CA se valió de una aplicación en Facebook, This is your digital life
(Esta es tu vida digital) a fin de conseguir la autorización de 270 mil
usuarios para hurgar en sus perfiles, incluida la lista de contactos;
con esa información, el programa recabó además datos de los segundos,
hasta totalizar 87 millones de perfiles; el tratamiento de los datos
resultantes permitió a la firma elaborar, para cada uno de ellos, la
descripción de sus actitudes y preferencias políticas a fin de colocar
en sus pantallas, en forma individualizada, propaganda electoral
específica para influir en su intención de voto.
Es sabido desde hace lustros que las grandes plataformas de Internet,
como Yahoo, Google y el propio Facebook se valen de los datos que sus
usuarios les confían para enviarles publicidad comercial personalizada
en función de sus compras y recorridos por Internet, sus sitios
favoritos y el tipo de información que buscan y consultan. En rigor,
pues, el modelo de negocio aplicado por CA en Facebook por medio de This is your digital life
no es nuevo. Los aspectos escandalosos e inadmisibles de este episodio
son, por una parte, que la consultora se haya infiltrado mediante los
contactos de los usuarios que dieron su consentimiento para el uso de
sus datos y, por la otra, que haya ofrecido esa información a estrategas
de campañas electorales con el propósito de influir, de manera furtiva,
en la voluntad ciudadana.
La circunstancia hace impostergable que los gobiernos de todos
los países se pongan de acuerdo para establecer estrictas legislaciones
de protección a la privacidad de los internautas en general y, en
particular, de los suscriptores de redes sociales, y que fijen sanciones
efectivas a las empresas propietarias de esas redes, como es el caso de
Facebook.
Resulta fundamental establecer, en este punto, una diferencia clara
entre el necesario control de los consorcios internéticos y el respeto a
las libertades de expresión y de acceso a la información en la red
mundial. En otros términos, la normativa referida no debe orientarse a
supervisar a los internautas sino a las empresas. Es claro que estas
últimas no van a autorregularse ni a moderar su afán de dividendos por
encima de cualquier consideración ética sobre el respeto a la
privacidad, como lo dejó en claro el propio Zuckerberg en su
comparecencia de ayer.
En el caso de nuestro país, se debe diseñar, debatir y aprobar
modificaciones legales que otorguen facultades amplias en este sentido
al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Inai) y que éste asuma la
responsabilidad que le corresponde.
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