Un miembro de la Guardia Nacional de EU verifica a
su colega dentro de un Skybox de la Patrulla Fronteriza cerca del Puente
Internacional Hidalgo, Texas. Foto: AP
EL PASO, TX (apro).- En los ocho años que fungió como alcalde de esta
ciudad fronteriza, John Cook presenció en dos ocasiones el despliegue
de la Guardia Nacional en la línea que divide a Ciudad Juárez de El
Paso.
La primera ocasión fue en 2006, cuando el entonces presidente George
Bush envió seis mil tropas a la frontera. La segunda fue en 2010 cuando
el presidente Barak Obama envió mil 200 tropas. En ambos periodos,
cientos de soldados se apostaron a lo largo de la franja fronteriza para
apoyar a la Patrulla Fronteriza y a las agencias locales de seguridad
nacional en tareas de vigilancia y monitoreo de la frontera.
“Los militares se desplegaron en posiciones remotas con sus
binoculares y equipos de monitoreo. Difícilmente los veías”, recuerda el
exalcalde y actual director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes
Fronterizos México-Estados Unidos. “Aún así hubo la percepción de que la
frontera se estaba militarizando”.
En ese entonces, Cook se sentía tranquilo porque las reglas de
involucramiento de la Guardia Nacional fueron claras: su trabajo era
ayudar en labores de inteligencia y monitoreo; no podían arrestar,
decomisar drogas o portar armas de largo alcance. Pero a diferencia de
entonces, dice Cook, las reglas ahora no parecen estar suficientemente
claras.
“El presidente Trump no sabe lo que quiere y eso es un gran
problema”, dice Cook tras agregar que el presidente podría modificar las
reglas y solicitar un mayor involucramiento de la Guardia Nacional.
“Desde una perspectiva política no entiendo lo que está haciendo,
porque en lugar de decir ‘desde que he sido presidente ha habido menos
inmigración ilegal y estamos deportando a más gente, en lugar de eso,
decide militarizar la frontera y mandar un mensaje negativo para toda la
región”.
El pasado 4 de abril, el presidente Trump anunció su decisión de
desplegar tropas de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera con
México para apoyar las labores de la Patrulla Fronteriza.
A través de un comunicado, la Casa Blanca informó que el despliegue
de la Guardia Nacional se mantendrá hasta que el Congreso tome las
acciones “para cerrar los vacíos legales que debilitan los esfuerzos
para proteger la frontera, incluyendo la práctica de arrestar y liberar
(migrantes)”. El comunicado no especificó cuántos militares serían
desplegados, pero en una entrevista con reporteros el jueves, Trump dijo
que serían entre dos mil y cuatro mil y aseguró que muchos de ellos
podrían permanecer ahí hasta que el muro sea construido.
Al dar a conocer la decisión, la Casa Blanca aseguró que diariamente
unas mil personas violan la soberanía nacional al cruzar ilegalmente la
frontera. “Con las leyes y recursos actuales no podemos detener el cruce
de extranjeros ilegales tampoco deportar a todos los que atrapamos. De
los más de 75 mil arrestados en el año 2017, solo dos mil 605 fueron
removidos”, indicó.
Kristjen M. Nielsen, encargada del Departamento de Seguridad Nacional
dijo que el despliegue de tropas tiene como objetivo cerrar brechas en
materia de seguridad nacional y detener las actividades ilegales que
constituyen una amenaza para el país.
“Seguimos viendo niveles inaceptables de drogas ilegales, actividades
pandilleriles peligrosas, grupos criminales transnacionales y un flujo
de inmigrantes ilegales a través de nuestra frontera”, dijo Nielsen.
“Esperamos que el despliegue empiece inmediatamente”.
Tracy Norris, general adjunto del Departamento Militar de Texas,
declaró en conferencia de prensa que en su estado el despliegue de los
efectivos de la Guardia nacional será en las próximas 72 horas.
Por su parte, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, anunció en su
cuenta de Twitter que dicho despliegue en su entidad será en la próxima
semana.
Militarización política
Pero el momento y las razones del despliegue militar a lo largo de la frontera levantaron suspicacias entre analistas políticos.
“Mi primer pensamiento es por qué enviar la Guardia Nacional cuando
cada documento que se cita para justificarlo habla sobre niños, familias
y solicitantes de asilo”, dice Adam Isacson, analista de la Oficina de
Washington para Latinoamérica (WOLA) una organización que promueve los
derechos humanos en la región.
“La decisión es 100 por ciento política y obedece al deseo de Trump
de motivar a sus bases”, agrega. “Hay que recordar que el 21 de marzo
pasado Trump firmó un presupuesto que no le dio lo que él quería para
seguridad fronteriza. Quería dinero para construir las primeras 60
millas de muro de concreto y solo obtuvo (aprobación para) 33 millas de
valla. Quería 500 nuevos agentes fronterizos y no obtuvo ninguno. El
necesitaba algo para complacer a su base de extrema derecha”.
En el mismo sentido, Elaine Kamark, analista del Brookings
Institution argumenta que la militarización de la frontera suena
sospechosamente como una estrategia para energizar la base de Trump
antes de las elecciones intermedias, y enfatiza que, desde la última
gran recesión, el cruce de inmigrantes indocumentados y el número de
arrestos ha decrecido de manera constante.
Además de ello, agregó Kamark, el número de inmigrantes mexicanos ha
decrecido como proporción del total de población indocumentada en
Estados Unidos, lo que significa que la militarización de la frontera no
ayudará a resolver el problema de los extranjeros que llegan con visas y
se quedan ilegalmente. Para ella, la última jugada de Trump no es más
que una ocasión para extraerle todo el jugo político al tema migratorio.
Ambos analistas coinciden en que el impacto que tendrá el despliegue
de la Guardia Nacional en la frontera dependerá del alcance de su
involucramiento en acciones tales como arrestos, decomisos y uso de
fuerza.
“El presidente Bush lanzó la operación Jump Start y cuando el
presidente Obama lanzó la suya (Phalanx), el impacto fue mínimo porque
el personal militar se limitó a vigilar. Ellos fueron como ojos y oídos
extra para la Patrulla Fronteriza, pero no hicieron arrestos o
decomisos. Su función se limitó a apoyar a la Patrulla Fronteriza”.
No está claro qué tan extenso será el involucramiento de la Guardia
Nacional en este nuevo despliegue de tropas, pero podría existir la
posibilidad de que el presidente Trump amplíe su campo de acción.
“Veo difícil que eso suceda, pero el presidente podría asegurarse de
que los militares pudieran arrestar personas o decomisar drogas en la
frontera”, dice Isacson. “Sin embargo, tendría que quedar claro que es
una situación inusual y de emergencia…No creo que suceda”.
Costos vs beneficios
Un reporte de la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) estimó los
costos del despliegue de la Guardia Nacional durante las
administraciones de Bush y Obama en mil 35 millones de dólares. El
reporte elaborado en 2012 se basa principalmente en entrevistas con
funcionarios del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado.
En la operación Jump Start, entre junio de 2006 y julio de 2008, las
Guardia Nacional participó con apoyo de aviación, ingeniería e
inteligencia. En la operación Phalanx, entre julio de 2010 y septiembre
de 2011, la misión de la GN se limitó al análisis criminal e
inteligencia. En ambas ocasiones, las tropas actuaron bajo el título 10
que les impide participar directamente en labores de aplicación de la
ley, o bajo el título 32 que podría permitirles participar en ello bajo
circunstancias específicas. En ambos casos las tropas estuvieron
limitadas en su accionar y básicamente brindaron apoyo logístico y de
inteligencia.
El reporte de GAO indica que el despliegue militar en ambos periodos
contribuyó al número de detención de personas y decomisos de drogas a lo
largo de la frontera, así como a detener la actividad ilegal en la
región. Adicionalmente, citó el reporte, el personal militar tuvo
oportunidades de entrenamiento en un área geográfica similar a las áreas
de combate en el exterior.
La GAO señaló que, en el periodo de Bush, la Guardia Nacional en la
frontera ayudó en 11.7% de las detenciones de personas intentando cruzar
la frontera, mientras que en la administración de Obama apoyó en el
5.9% de las detenciones de inmigrantes.
Sin embargo, los funcionarios entrevistados por GAO indicaron que el
despliegue de tropas militares en la frontera supuso varios desafíos y
preocupaciones que deberían atenderse.
Citó como ejemplo, la ausencia de una estrategia integral para
asegurar la frontera sur y por ende las dificultades para identificar el
papel que el Departamento de Defensa tendría en ello. Asimismo, señaló
la preocupación por el impacto que tendría la militarización de la
frontera en momentos en que Estados Unidos y México trabajaban juntos
para resolver problemas fronterizos y de criminalidad.
La GAO no emitió recomendación alguna sobre el uso futuro de la Guardia Nacional en la frontera.
Preparativos y oposición
Mientras el país debate la conveniencia de movilizar a la Guardia
Nacional a la frontera, la Patrulla Fronteriza se prepara para
recibirlos.
Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de Agentes Fronterizos
declaró a la prensa que la presencia militar contribuirá a incrementar
la detención de inmigrantes indocumentados, así como los decomisos de
contrabando y drogas a lo largo de la frontera. “La Guardia Fronteriza
estará en tareas de vigilancia, monitoreando cámaras y sensores,
mientras que nuestros agentes estarán en el campo recibiendo esa
información, lo que les permitirá hacer las capturas”, dijo Judd a la
prensa.
Respecto a la posibilidad de que los militares porten armas, Judd
dijo que aún no está claro ese tema, pero enfatizó que la última vez que
hubo presencia militar en la frontera, los agentes de la Patrulla
Fronteriza estaban encargados de la seguridad. “Lo único que sabemos
ahora es que van a estar en tareas de vigilancia”, dijo.
Organizaciones pro-inimigrantes y de defensa de los derechos humanos,
así como funcionarios locales han levantado la voz en contra de la
presencia de la Guardia Nacional.
“Enviar a nuestros militares a la frontera es irresponsable y
contrario al rol constitucional que tiene el Ejército”, dijo Astrid
Domínguez, directora del Border Rights Center de la Unión Americana de
Libertades Civiles (ACLU) en Texas. “Es innecesario porque no hay una
crisis de seguridad en la frontera y porque más de 15 millones de
residentes fronterizos ya han sido afectados por las crueles estrategias
de deportación de esta administración”.
La Diócesis de El Paso emitió un comunicado en el que calificó la
decisión del presidente Trump como irresponsable y peligrosamente
ineficiente.
“Como una comunidad fronteriza sabemos de las consecuencias de la
militarización. Nuestros hermanos y hermanas indocumentadas se ven
atrapados entre esas fallidas leyes; nuestros jóvenes soñadores
continúan viviendo en la incertidumbre y ansiedad, mientras que quienes
buscan asilo viven aterrorizados, encarcelados y separados de sus
familias”.
El actual alcalde republicano de El Paso, Dee Margo, se sumó a las
condenas y dijo que esta ciudad no necesita la guardia nacional.
“Somos una de las ciudades más seguras del país y ya tenemos una
valla fronteriza”, dijo Margo. “Lo que quisiera ver es un mejor
entendimiento de lo que sucede aquí en la frontera…Vengan para acá y
entiendan lo que pasa en la frontera. Tenemos problemas, pero somos la
ciudad más segura en Estados Unidos,” dijo.
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