“Una cuestión de poder”, dice especialista
En
la Facultad de Educación de la Complutense de Madrid se respiran aires
de exámenes y de tabaco. Es febrero y las pruebas están en pleno apogeo.
Las estudiantes, apelotonadas en torno a las puertas del aula y
desperdigadas por los pasillos, memorizan a última hora lo que no han
aprendido aún. Justo en la entrada tres jóvenes toman el sol de la tarde
sentadas sobre el muro que rodean las escaleras del edificio. Mientras
fuman hablan de lo exhaustas que están sin haber empezado aún los test.
El profesor Juan Antonio García Fraile, retirado de la docencia de
máster por acoso a otras compañeras, les había dado clase en su carrera
hasta diciembre. En el tablón de anuncios de la facultad así se
indicaba. Seis alumnas latinoamericanas de pasantía en el país le
denunciaron durante sus clases y por ello la Complutense le suspendió de
empleo y sueldo durante 14 meses, como informó Cadena Ser. Una de las
chicas de la entrada cuenta que se enteraron gracias a los medios de
comunicación y a las concentraciones que hubo a las puertas de la
facultad contra el profesor.
Estos hechos que pueden parecer aislados no lo son cuando, en mayor o
menor medida, se replican en el resto de centros de educación superior.
Una investigación de Pikara Magazine, iniciada en enero del presente
año, desvela que en las universidades públicas de España se han
presentado al menos 236 denuncias, quejas y/o avisos por acoso a
estudiantes, a compañeras de trabajo y a personal de administración,
entre otros colectivos.
Los datos desvelan que, tras contactar con las 50 universidades
públicas del Estado, bien por correo electrónico o bien utilizando los
portales de transparencia, más de la mitad (27 en concreto) han
registrado uno o más casos de acoso. De ellos, 97 serían por acoso
sexual, de discriminación y agresiones sexuales, mientras que 60 por
acoso laboral. De los 79 restantes se desconoce explícitamente qué tipo
de acoso se había ejercido porque las universidades no lo han indicado,
pese a haber sido solicitado.
En concreto, 65 quejas (cinco de ellas se convirtieron en denuncias)
llegaron a la Universidad de Granada, según datos aportados por su
Unidad de Igualdad, organismo obligatorio en cada universidad encargado
de velar por la igualdad en estas instituciones académicas. Esta es la
universidad que más avisos ha recibido. La Unidad solo ha aportado la
cifra final y los datos desagregados en porcentajes, pero su director,
Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal quien también será el perito
forense de Juana Rivas, asegura que el acoso mayoritario se da a la hora
de lanzar mensajes discriminatorios hacia las mujeres, minorías étnicas
o personas con diversidad funcional (66.1 por ciento), aunque también
se producen casos de acoso sexual (6.2), acoso laboral (10.8) y mobbing
(16.9).
Del resto, 18 denuncias corresponden a la Universidad Complutense de
Madrid, tres más de las que ya desveló eldiario.es tras un año de
vigencia de su protocolo contra el acoso sexual.
Desde la Unidad de Igualdad de esta institución aseguran que algunos
de los casos ya se han cerrado y otros se continúan investigando, pero
afirman que no pueden aportar más información al respecto.
ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN
Al otro lado de la entrada de la facultad, otras tres chicas hablan
entre ellas sujetando carpetas repletas de apuntes y con las mochilas
tiradas por el suelo. Tras mencionar el nombre del profesor García
Fraile se inicia una conversación atropellada.
Todas coinciden en que no se lo esperaban. Una de ellas, mientras se
lía un cigarro, alude a que las denuncias podrían ser falsas e incluso
bromea con la idea de que no le importaría tomar un café con él, “pero
sólo en la facultad”. Otra, pelo corto y teñido de rosa, abre los ojos a
modo de sorpresa mientras relata que en el pasado ella recibió ánimos y
admiración del docente suspendido por un encierro feminista en el cual
la joven participaba.
A su lado, su amiga de tez pálida, más alta que el resto, pelo largo y
rojizo manifiesta que a ellas seguramente no les hubiera pasado nada
porque siempre iban en grupo a sus tutorías y que de carácter son “muy
echadas pa´lante”.
Ir en grupo a las tutorías, no cerrar la puerta del despacho y
esperarse las unas a las otras al salir son mecanismos de defensa y
protección que las jóvenes han interiorizado, según cuenta la presidenta
de la Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC),
Sonia Núñez, donde se registró un caso finalmente desestimado tras pasar
a vía judicial. “Son medidas preventivas y paliativas”, indica, “pero
esto es un problema sistémico”.
Los datos recopilados por este medio sobre las universidades públicas
de España, obtenidos a través de las Unidades de Igualdad de cada
universidad y, en algunos casos, tras no obtener respuesta de éstas,
recurrir a los portales de transparencia, desvelan que 14 denuncias se
pusieron en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) por acoso sexual,
diez en la Pompeu Fabra, ocho en la Autónoma de Barcelona (UAB) y cuatro
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), entre
otras.
Estos casos son tan solo la punta del iceberg porque un 24 por ciento
de las estudiantes han manifestado sufrir acoso sexual en el ámbito
universitario, según el estudio “Las violencias sexuales en las
universidades: cuando lo que no se denuncia no existe”, de 2014. Sin
embargo, tal y como apunta el estudio, muy pocas veces la persona
afectada denuncia, ya sea por la vergüenza, por el estigma, el miedo a
no ser creída, por el temor a sentirse aislada o a que la respuesta
policial o legal no sirva de nada.
“No denunciamos por miedo a represalias”, declara una alumna, testigo
de una supuesta agresión física por parte de un profesor a dos
compañeras. Para no entorpecer el proceso de investigación que se está
llevando a cabo en este momento y para protección de la joven, que así
lo ha solicitado, no se aportan detalles que permitan identificarla.
“Tiene cierta posición de decisión de nuestra tarea, nos puede afectar
muy directamente en la nota o en cualquier decisión que podamos tomar y
mucho más si sabe quiénes somos las personas que hemos denunciado”,
añade.
A las oficinas de Igualdad —creadas para supervisar la igualdad entre
mujeres y hombres en la universidad— llegan todo tipo de avisos: frases
hirientes, vejaciones, humillaciones, denigraciones a las mujeres
durante las explicaciones, espionajes en los lavabos, palabras fuera de
contexto en una tutoría, propuestas de sexo indebidas … A veces se
transforman en consultas sobre cómo actuar ante estas circunstancias;
otras, en quejas.
Corría el año 2016 cuando en la universidad catalana Pompeu Fabra una
alumna decidió denunciar a un profesor por “abuso verbal continuado y
agresión sexual”. Así consta en la información remitida por la
Secretaría General tras hacer solicitud de información pública. Ante
este caso, la institución activó el protocolo contra el acoso sexual,
una herramienta creada para saber cómo intervenir en estas situaciones, y
sancionó al profesor con una “amonestación por falta leve”. El
secretario general de esta universidad, Pere Torra, no ha contestado qué
consecuencias ha conllevado esta amonestación por falta leve y desde su
departamento se acogen a que el reglamento de régimen disciplinario
catalán no concreta en qué debe consistir y dependen de cada caso
concreto”.
UNA CUESTIÓN DE PODER
“El profesor que acosa no acosa una vez en su vida y ya está, sino
que es un comportamiento repetido, el de ir de caza, por eso les
llamamos depredadores”, detalla la directora de la Unidad de Igualdad de
la Universidad de las Islas Baleares y coordinadora del informe “El
acoso sexual en las universidades”, Esperanza Bosch Fiol. El acoso
sexual no tiene que ver con el sexo sino con el poder, concreta. Y allí
donde el acoso se hace más evidente, cuenta, es donde los roles de poder
están más acentuados como, por ejemplo, entre un profesor y una alumna.
El narrado no es el único caso que ha sucedido en esta institución
catalana. El año pasado, varias estudiantes denunciaron a un profesor
por “conductas intimidatorias”. Ante esto, la Pompeu Fabra informa que
ha convocado a “la Comisión Permanente contra la Violencia Machista para
decidir la apertura de un expediente informativo y, si procede, un
posterior expediente disciplinario”.
Los datos recabados también indican que la universidad activó el
protocolo en tres ocasiones. Aunque, cuestionada inicialmente, la Unidad
de Igualdad sólo concretó un caso “de estudiantes por acoso sexual”.
Ante la diferencia de cifras, contrastada por este medio a través de un
requerimiento de información pública, aseguran que se debe a que o bien
el protocolo no estaba vigente o bien porque el caso se produjo cuando
ya habían contestado a Pikara Magazine, en enero de este año. Pero,
según consta en la respuesta oficial, para esos tres casos el protocolo
ya estaba vigente y la recopilación se dio hasta febrero de 2018.
Bosch Fiol incide en que “el acoso sexual tiene que ver con ‘yo acoso
porque yo mando’ y ‘voy de caza porque yo puedo hacerlo’, y así lo
percibe la víctima que se siente indefensa y asustada”. Y es a ella a la
que le quedan las secuelas: baja autoestima, sentimiento de asco,
problemas de concentración e, incluso, valorar el pensar si es mejor o
no abandonar los estudios. “De esos casos hemos tenido”, incide.
En la Universidad de la Laguna, en Tenerife, cuya Unidad de Igualdad
no quiso aportar la información en un primer momento y se vio obligada a
hacerlo después de realizar una petición de información pública, se
halló tras las pruebas periciales que dos profesores distintos habían
realizado “hechos compatibles con acoso sexual” sobre dos alumnas que
habían denunciado los hechos. En uno de los casos se adoptaron medidas
de alejamiento, mientras que el otro ha sido trasladado al Ministerio
Fiscal para “depurar eventuales responsabilidades penales”.
COMENTARIOS DENIGRANTES
“A principios de curso, en la Facultad de Ciencias, un profesor al
entrar a clase vio en la pizarra escrito un llamamiento a la asamblea
feminista. El comentario que hizo fue ‘ya vais a dejar que ellas os
manden’. Lo dijo en mitad de una clase, a todo el mundo, con total
impunidad”. Rememora, con voz indignada al otro lado del teléfono, una
joven de la Universidad del País Vasco perteneciente al colectivo
feminista Madamak, quien no quiere dar su nombre por miedo a
represalias, lo que les sucedió a ella y a sus compañeras en clase hace
unos meses. “Sí que hay muchos comentarios de profesores, que o nos
cuentan o que lo vemos nosotras mismas, fuera de lugar, como decir que
las mujeres son unas putas o cosas de ese estilo”, incide otra alumna de
la Facultad de Bellas Artes de la misma universidad sobre las
denigraciones misóginas.
Pero el acoso no se queda aquí sino que se expande y va más allá:
también se produce de alumnos contra compañeras de clase. “Los
acosadores son mayoritariamente varones, que pueden ser tanto superiores
jerárquicos, como compañeros”, detalla el estudio de 2014 liderado por
Bosch Fiol “El acoso sexual en el ámbito universitario” dentro del
departamento de Estudios de Género de la Universidad de las Islas
Baleares. Y no solo se queda en una categoría profesional sino que
alcanza cualquier estrato social, ámbito ocupacional y edad. Un
estudiante de Bellas Artes de la UPV contactaba con sus compañeras para
hacerles fotos desnudas y, supuestamente, acosarlas después, tanto
dentro como fuera de la universidad. Este caso está judicializado.
“Oí cómo algunas amigas habían tenido malos rollos con este chico y
nos dimos cuenta de que, a todas o a casi todas, nos había hablado por
algún lado y había historias muy raras”, explica una de las chicas al
otro lado del teléfono. Pertenece al colectivo universitario “Mujeres de
Vitruvio”, nacido para reivindicar la figura de las mujeres dentro del
arte. Tras percatarse de lo sucedido ella y sus amigas decidieron avisar
al resto de compañeras escribiendo una en el cuarto de baño de la
facultad para contactarse entre ellas: “Como no sabíamos muy bien qué
hacer pintamos en los baños de nuestra facultad si a alguna chica más
les había pasado y se empezó a hablar del tema y llegaron más chicas que
habían sufrido agresiones de este chico…”. Con el tiempo, cuando llegó
la primera denuncia, muchas más le sucedieron. Contra el estudiante se
organizó una manifestación y la universidad acabó expulsándole, como
confirma la directora de la Unidad de Igualdad, Leire Imaz.
En otras universidades como la Autónoma de Barcelona, donde se han
dado 23 casos de acoso, 15 laborales y ocho acosos sexuales, la mitad
fueron entre estudiantes; mientras que en la de Alcalá, en Madrid, se
han contabilizado tres.
EL ACOSO DE EMPRESARIOS HACIA BECARIAS
Este abuso de poder extiende sus redes también hasta las becarias. En
el curso 2016-2017, un empresario acosó sexualmente a una estudiante de
la Universidad de Girona durante sus prácticas en el extranjero, según
datos obtenidos por solicitud de información pública. En la Universidad
Miguel Hernández de Elche un grupo de estudiantes dio a conocer su
“incomodidad con el tutor profesional de la empresa que acabó con el
despido de éste”, tal y como cuenta la responsable de la Unidad de
Igualdad, María José Alarcón García. En este caso, debido a que la
persona no pertenece a la institución pública, el protocolo contra el
acoso no se activó.
Incluso terceras personas no pertenecientes a la universidad acosan
en las instalaciones: una persona desconocida por la Universidad de
Girona espió en los lavabos de la facultad a las estudiantes durante el
curso pasado. “Se hizo denuncia a los Mossos d’Esquadra y estos
estuvieron haciendo vigilancia durante una semana. Al no estar
localizada la persona, no se pudo dar una resolución”, indican desde la
Unidad de Igualdad.
“Hay una tendencia a tratar a las personas que cometen violencia de
género como personas enfermas, como si tuvieran un trastorno que los
justificara”, detalla Leire Imaz, directora de Igualdad de la UPV. Si
esto fuese así, asegura, tendríamos que hablar de millones de personas,
principalmente hombres, que están trastornadas. “No avalo esta
interpretación, habrá algún componente de este tipo en algunos casos,
pero estamos hablando de un problema ideológico y político-estructural
que tiene que ver con el dominio del hombre hacia la mujer y eso lleva
así miles de años”, reclama.
SIN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA UNIVERSITARIA DE CASTILLA LA MANCHA
En enero salió a la luz cómo en un grupo de WhatsApp planeaban hacer
una “manada” con una joven de la Universidad de Castilla La Mancha
(UCLM). Entre las palabras que vertieron por la aplicación,
supuestamente, querían “reventarle la vagina a pollazos”.
Ocho días más tarde, la Universidad no había tomado ninguna medida ni
disciplinaria ni de prevención, según confirma la vicerrectora Ana
Carretero a este medio a través de conversación telefónica. En esta
institución nunca se ha activado el protocolo por acoso sexual, tampoco
se hizo en este caso, según la información obtenida a través del portal
de transparencia. Pero sí se utilizó para dos casos de acoso laboral,
que finalmente fueron desestimados.
“La alumna podía haber optado por el protocolo que tenía la
universidad, pero no optó por ello y optó por presentar la denuncia a la
Policía Nacional”, justifica Carretero, quien asegura haberle ofrecido
atención psicológica a la joven, que la rechazó. Ante estos hechos que
han tenido eco mediático, desde varias unidades de igualdad coinciden en
que la universidad manchega podría haber abierto un expediente a los
universitarios del grupo como medida preventiva. La vicerrectora aseguró
que una vez estén identificadas estas personas, la universidad valorará
si se establecen medidas disciplinarias, “en el supuesto de que haya
estudiantes de la UCLM implicados en ese tipo de afirmaciones y
amenazas”.
Cuando se acude a otra vía de reclamación que no es la universitaria
no se inician, por lo general, los protocolos de actuación. Y si el caso
se judicializa, como pasó en la Universidad de Salamanca, donde un
joven denunció por acoso laboral, éste se cierra.
Pero en la Pompeu Fabra, aunque el protocolo no se activó tras una
agresión sexual de un estudiante a una compañera producida en 2016, sí
se tomaron medidas cautelares cambiando de grupo de clase. Aunque en la
información obtenida no especifican si se cambió a la persona
denunciante o a la denunciada.
PROTOCOLOS DISUASORIOS
Las investigadoras consultadas coinciden en que los protocolos de
actuación son muy disuasorios, por la burocracia y porque no hay,
aparentemente, un sistema sancionador claro. “Para seguir con el proceso
hasta el final, hay que reconocer que la mujer o la víctima es muy
valiente porque es una carrera de obstáculos”, reconoce Bosch Fiol. Este
procedimiento, que marca las pautas a seguir en caso de acoso, se
utiliza para casos de acoso sexual y/o laboral, según cada universidad.
En total, de los datos conseguidos se sabe que se ha activado al
menos en 188 ocasiones pero no funciona en todos los centros. Tres
universidades tienen aún su protocolo de actuación en caso de acoso en
fase de revisión: la de Almería, la de Oviedo y la de Cantabria. Además,
la Internacional Menéndez Pelayo no cuenta ni con protocolo ni Unidad
de Igualdad. En ninguna de ellas se han registrado casos de acoso.
A ojos de Bosch Fiol, la comunidad estudiantil se considera a sí
misma “una población de paso”. De modo que si se produce acoso por
parte de un profesor a una alumna, ésta prefiere dejar de verlo, acabar
con la asignatura y olvidar lo sucedido antes que seguir con el proceso
de denuncia hasta el final. E incluso considera que existe una gran
resistencia institucional en reconocer que la universidad no es un
espacio libre de acoso. “Hay mucha resistencia a creer que, entre el
profesorado, por ejemplo, puede haber acosadores”, apunta la experta.
“Hay un cierto silencio cómplice”.
PROTOCOLOS DIFERENTES SEGÚN LA UNIVERSIDAD
Los protocolos de actuación contra el acoso de índole sexual,
establecidos en el ámbito estatal con la Ley de Igualdad 2007, son una
herramienta que permite velar por la comunidad universitaria y se suele
activar tras una denuncia. Pero su funcionamiento dista mucho entre
centros. No en todas las universidades se activa el protocolo de la
misma manera, algunas tienen vías informales y vías formales, para otras
es suficiente con que una tercera persona denuncie un acoso que haya
podido presenciar y otras requieren que la denuncia la presente la
persona afectada.
Además, el órgano competente (que varía según cada caso, a veces hay
un Defensor del estudiante y otras, Unidades de Igualdad) se encarga de
admitirlas a trámite según lo considere oportuno. Como pasó en la
Universidad de Vigo, donde un alumno denunció a un profesor por supuesto
acoso sexual y el Comité la desestimó porque consideró que “la conducta
denunciada no se podía encuadrar en el ámbito de aplicación del
protocolo”.
“NO POR EL HECHO DE QUE TENGAS CIFRAS BAJAS EL ACOSO NO EXISTE”
En total, diez universidades aseguran no haber activado nunca el
protocolo de actuación contra el acoso sexual y/o laboral pese a contar
con él, como en la de Valencia, la Politécnica de Cartagena o la
Politécnica de Madrid. Pero que no se haya activado en ninguna ocasión
no quiere decir que esto sea un indicativo de éxito y mucho menos que no
exista acoso en esa universidad. “No hay que negarlo. No por el hecho
de que tengas cifras bajas no existe, seguramente eso es señal de que no
se está denunciando o no se están tratando”, explica Imaz, de la
Universidad del País Vasco.
Algo parecido reclama Bosch Fiol, experta en el tema: “O lo estamos
haciendo mal porque no damos las garantías suficientes a las chicas que
necesitan denunciar o es tan invisible porque es tan frecuente que no
tenemos las herramientas para sacarlo a la luz”. A su juicio ambas cosas
son “hacerle el juego al patriarcado”.
Si existieran indicadores claros sobre cuál es el colectivo más
consciente de que sufre o es testigo del acoso demostraría que es el de
las trabajadoras del Personal De Administración y Servicios (PAS) y
Personal Docente e Investigador (PDI). Así lo cree Bosch Fiol, quien
considera que están más sensibilizadas que el propio alumnado. Y, según
el género, ellas más que ellos. “Las mujeres somos más estrictas a la
hora de valorar el acoso sexual y los hombres más laxos”, añade.
Con respecto a la opacidad en los datos, cerca de la mitad de las
unidades de igualdad no contestó al correo electrónico inicial de Pikara
Magazine hasta que no se envió la solicitud de información. Eso sucedió
con la del País Vasco y con la de La Laguna, las cuales aludieron en un
primer momento a la confidencialidad.
Sin embargo, tras la petición de información pública se sabe que se
han producido 23 y 10 denuncias, respectivamente, tanto por acoso de
índole sexual como laboral. De la de Sevilla, donde no se obtuvo ninguna
respuesta por parte de la Unidad de Igualdad, sí se logró contestación a
la solicitud de información, conociendo que de los nueve casos que hay
registrados dos corresponden a acoso sexual y el resto a laboral.
“NO DISPONEMOS DE INFORMACIÓN ALGUNA”
En la Universidad de León, el Defensor de la Comunidad Universitaria,
P. Pardo, al que hemos sido remitidas, asegura que desde la entrada en
vigor el protocolo, a finales del pasado año, no ha habido ninguna
denuncia, queja o similar sobre acoso. Y asegura que en su oficina “no
disponen de información alguna” sobre las denuncias por acoso sexual
presentadas que menciona el informe del Plan de Igualdad de dicha
universidad en 2010.
En la de Vigo, varias docentes denunciaron a un trabajador, S. P.,
ante la universidad y ante los juzgados por supuestamente lanzar
mensajes misóginos a través de cuentas de correo electrónico
comunitarias. En este caso, el propio rector y a su vez presidente de la
Comisión de Igualdad, Salustiano Mato de la Iglesia, le remitió un
escrito indicando que sus mensajes “atentan incuestionablemente contra
la dignidad de las mujeres y agreden a las trabajadoras y alumnas”. La
directora de la Unidad de Igualdad, Anabel G. Penín, que no mencionó
dicho caso, ha respondido que “no llegó a activarse el Protocolo pues no
se dieron los requisitos legales exigidos”.
En la Pompeu Fabra, como ya se ha mencionado anteriormente, tan solo
mencionó un caso de activación del protocolo cuando la respuesta a la
solicitud de transparencia habla de tres.
LA RESISTENCIA DE APORTAR DATOS
De nueve de las 50 universidades públicas consultadas no se ha
obtenido respuesta de ocho: la de A Coruña, Burgos, Huelva, Cádiz,
Córdoba, Jaén, Internacional de Andalucía, Pablo de Olavide y Barcelona.
En esta última varios estudiantes denunciaron a un catedrático por
acoso sexual producido en el curso 2007-2008, como recogió eldiario.es
Ante esa resistencia a la hora de aportar información, desde la
Universidad de Valencia consideran que esconder los casos de acoso no
favorece a la sensibilización. “Tenemos que parecernos a las
universidades americanas”, alude Pau Serrano, una de las técnicas. “En
su ranking de excelencia entienden que deben ser transparentes en los
casos de agresiones o violencia, eso demuestra que están trabajando en
erradicarlas”.
En lo mismo coincide la directora de la Unidad de Igualdad del País
Vasco, Leire Imaz: “Creo que es importante que los datos estén y se
hagan públicos, eso puede animar a la gente a denunciar los casos”,
declara. “Si una alumna sabe que se han denunciado 20, y de esas 14 son
estudiantes, ella pensará que también puede y que tiene un sitio de
confianza al que ir. Es importante saber que la universidad no está
exenta de violencia de género, todo lo contrario”.
Con respecto al posible temor de las universidades de que su
reputación se vea perjudicada si los datos salen a la luz, Imaz declara
que habría que darle la vuelta: “La cifra alta es la que avala más la
reputación de esa universidad”.
* Este artículo fue retomado del portal Píkara Magazine
CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer
Por: Yuly Jara*
Cimacnoticias | Bilbao, Esp .-
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