Reforma de la Ley General de Salud no previó medidas que aseguren el servicio, destaca
Instancias del organismo internacional piden a autoridades garantizar ese derecho de la mujer
Jóvenes se toman la foto con una mujer vestida de monja en manifestación en favor del abortoFoto Marco Peláez
El ejercicio del derecho de objeción de conciencia agregado a la Ley General de Salud, mediante el cual personal médico podría negarse a practicar interrupciones legales del embarazo con el argumento de que va en contra de sus convicciones éticas o religiosas, bajo ninguna circunstancia debe representar un obstáculo para el acceso oportuno, aceptable, asequible y de calidad a la atención de la salud, destacaron diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En un pronunciamiento conjunto, lamentaron que esa modificación aprobada por el Congreso de la Unión el 22 de marzo pasado, no haya previsto las garantías adecuadas para que estos servicios médicos nunca sean negados.
Las oficinas en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicaron que el tema debió considerar que si un médico acude a la objeción de conciencia, se debería garantizar que la persona que lo requiera sea atendida por otro especialista; además de que se debe contratar a personal no objetor en todas las instalaciones de salud.
Preocupa que la reforma no haya considerado que la objeción de conciencia debe ser siempre una decisión individual del personal directamente involucrado en la realización de los procedimientos médicos y que la misma tiene que ejercerse de forma justificada y anticipada, sin eximir a las instituciones públicas de sus obligaciones como garantes de los derechos humanos de los pacientes.
Lucha contra la discriminación
Esto, agregaron, adquiere relevancia en el contexto de las obligaciones que el Estado mexicano tiene para eliminar la discriminación hacia las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes; además de garantizar su derecho a la salud, en especial el relacionado con la sexual y reproductiva, como determinan acuerdos internacionales y el reciente amparo que concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación para permitir el aborto a una víctima de violencia sexual.
Los organismos de la ONU instaron a las autoridades a que, en caso de que las modificaciones se promulguen, se garantice el derecho a la salud, incluida la interrupción legal y segura del embarazo en términos de la ley, en el contexto de los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos.
Organizaciones civiles especializadas en el tema consideraron que, aunque es un recurso válido en lo individual, no debe servir de pretexto para que hospitales completos se nieguen a cumplir la obligación legal del Estado de realizar dichas intervenciones, sobre todo a víctimas de agresión sexual.
Marta Juárez, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, afirmó que abrir la posibilidad de negarse a practicar interrupciones legales del embarazo es un factor que podría entorpecer más el acceso a la salud reproductiva de las mujeres, el cual de por sí no pueden ejercer muchas personas, aunque legalmente tengan derecho a ello.
Hay pequeños avances en esta materia, pero somos testigos de cómo llegan a la Cámara de Diputados iniciativas contrarias a los derechos de las mujeres. La objeción de conciencia puede ser un obstáculo muy concreto, y lamentablemente no tenemos un bloque político dispuesto a defender las causas de ellas, deploró.
Extraña pronta aprobación
Para la activista, es extraño que la inclusión de dicho concepto haya sido aprobada tan rápido y sólo un día después de que el candidato presidencial priísta, José Antonio Meade, se reunió con grupos que se oponen al aborto.
María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, señaló que la objeción de conciencia ha sido mal utilizada por colectivos antiabortistas para negar su derecho a abortar a las mujeres que lo pidan.
A nadie se le puede obligar a actuar contra su conciencia, pero en los países donde la ley contempla la interrupción legal del embarazo, todos los hospitales públicos tienen la obligación de contar con personal no objetor en todos los turnos para atender a las usuarias que lo soliciten, concluyó.
Emir Olivares Alonso y Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 6 de abril de 2018, p. 35
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