El TEPJF y El Bronco: golpe a la democracia

La Jornada

En una votación dividida (cuatro votos contra tres) el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió colocar a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, como candidato presidencial en la boleta electoral para julio próximo, a pesar del cúmulo de irregularidades detectadas en buena parte de las firmas que recolectó el gobernador de Nuevo León con licencia, las cuales ya le habían valido el rechazo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Haciendo caso omiso de las miles de falsificaciones (casi 60 por ciento del total), el alto número de fotocopias que el aspirante presidencial independiente presentó en sustitución de los documentos originales y los alrededor de 20 millones de pesos de financiamiento bajo sospecha o sin documentación, el magistrado Felipe Fuentes Barrera elaboró un proyecto de resolución, según el cual la verificación de tal papelería era cuestionable, porque no existe constancia de cómo sucedió realmente ese procedimiento.

El planteamiento recibió el apoyo de Indalfer Infante, Mónica Soto Fregoso y José Luis Vargas y, en consecuencia, el TEPJF ordenó al INE registrar a El Bronco candidato presidencial. La propia magistrada presidenta del TEPJF, Janine Otálora, puso en perspectiva las implicaciones de tal aberración: “¿En qué situación –se preguntó– quedan aquellos aspirantes a diputados o senadores cuya negativa, cuya determinación del INE de que no cumplieron con el porcentaje requerido fue confirmada? ¿Estaríamos ante una situación de dos maneras de juzgar?”

Asimismo, la funcionaria señaló la relevancia de garantizar la legitimidad de los apoyos otorgados a quienes aspiran a una candidatura independiente, la cual es esencial para dar certeza al respaldo ciudadano requerido y garantiza que esté libre de sospecha y manipulación y para garantizar a los interesados y a los ciudadanos que la incorporación de una candidatura tuvo apoyo real e incontrovertible de un elector. En suma, el impresentable dictamen significa un otorgamiento de impunidad a un aspirante que violó las reglas con las que habría debido recoger los apoyos ciudadanos y, peor aún, un premio a la trampa, la marrullería y el desaseo.

Cierto, el hecho de que el INE haya otorgado registro como candidata independiente a Margarita Zavala adoleció de manchas semejantes –así hubieran sido menos voluminosas–, por lo que esa institución no puede llamarse a sorpresa por la determinación del tribunal electoral con respecto de El Bronco. Y el contraste es inevitable: María de Jesús Patricio, Marichuy, la indígena que buscó recopilar las alrededor de 800 mil firmas requeridas para registrarse como aspirante independiente a la Presidencia, quedó finalmente fuera de la boleta, porque no logró el objetivo, y ahora resulta obligado preguntarse si la razón de ese desenlace fue que, a diferencia de los otros independientes ahora con registro, ella y su equipo sí se atuvieron a las reglas.

Finalmente, el fallo del TEPJF que otorga a Rodríguez Calderón la posibilidad de contender por la Presidencia es prueba de desaseo por parte de ese órgano judicial y, en consecuencia, un pésimo augurio sobre la probidad, la ecuanimidad y la confiabilidad de las autoridades responsables de los procedimientos comiciales y de su calificación, todo ello en vísperas de una elección presidencial crucial para la vida política, económica y social del país. Una vez más, el tribunal electoral le ha fallado a la sociedad.