Linaloe R. Flores
[Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros
legales, el navegante de los portales de acceso a la información se
parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda
jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia
nacional permite que la información sea negada con uno de estos
argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o
confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene
más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el
acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión
vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas,
los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas
dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de
Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras
instituciones no quieren revelar.]
#DatosCerrados | Cuando la desaparición de los 43, el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a generar una Clave Única de Identidad con datos biométricos. A unos meses del fin de su gestión no la ha presentado y la Auditoría Superior de la Federación apunta que será muy complicado hacer realidad tal promesa. Hace falta una depuración profunda de las bases de datos del Registro Nacional de Población (Renapo en el que se basa la CURP) y el registro civil. En este momento hay un sobreregistro de 46.4 por ciento. En otras palabras, casi la mitad de la población tiene doble CURP.
Gasto en ello sí hubo. La Secretaría de Gobernación (Segob) –bajo la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong- invirtió más de mil millones de pesos. El contrato más grande fue de 870 millones de pesos con el consorcio que forman las empresas SixSigma Networks México S.A. de C.V, Sm4rt Security Services, Metro Net S.A.P.I de C,V, y Masnegocio.Com. para operar el Renapo. ¿Lo hicieron con eficiencia y ética? No puede saberse porque la dependencia clasificó la parte técnica del convenio hasta 2022.
Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– La prometió en el Pacto
por México. Luego, agobiado por la crisis de seguridad originada en la
tragedia de Iguala, la volvió a ofrecer en el quinto compromiso del
decálogo que presentó para reasumir el Estado de Derecho en 2014. Pero a
unos meses que concluya su gestión, el Presidente Enrique Peña Nieto no
tiene lista la Clave Única de Identidad (CUI) que llevaría los datos
biométricos de los ciudadanos mexicanos.
Gasto sí hubo. La Secretaría de Gobernación (Segob) –bajo la gestión
de Miguel Ángel Osorio Chong- pagó 870 millones de pesos en un contrato
abierto con vigencia hasta 2019 para “la continuidad de los servicios de
cómputo” de la Dirección General del Registro Nacional de Población e
Identificación Personal –la instancia a cargo de la clave- con el
consorcio que forman las empresas SixSigma Networks México S.A. de C.V,
Sm4rt Security Services, Metro Net S.A.P.I de C,V y Masnegocio.Com.
¿Qué hicieron? Los ciudadanos no pueden conocer si esa inversión fue
efectiva. La dependencia reservó los anexos del contrato (la parte
técnica) del 3 de abril de 2017 al mismo día de 2022. Para entonces,
habrán pasado ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la
Normal Rural Superior Raúl Isidro Burgos que estremeció al Gobierno de
Enrique Peña Nieto con el despunte en reprobación hasta 80 por ciento.
Quien gane las elecciones presidenciales de 2018 cumplirá cuatro años en
el Gobierno cuando ese contrato pueda conocerse.
Las bases de datos de la identidad de los mexicanos tienen fallas
históricas. En 1997, el Gobierno de Ernesto Zedillo intentó remendarlas
con la expedición de la Clave Única del Registro de Población (CURP).
Sería un solo documento que llevaría todos los datos de los ciudadanos.
Pero no lo logró. 21 años después, cuando la Administración peñanietista
inició sus trabajos, la Secretaría de Gobernación reconoció en su plan
sectorial 2013-2018 que había un excedente de 60 millones de CURP, la
mitad de la población.
Poner en orden esas bases era prioritario si es que se quería emitir
una Clave Única de Identidad, según observó la ASF en 2015 (Informe de
la cuenta pública). Pero a unos meses de la conclusión del Gobierno, en
el panorama del registro de los ciudadanos, según datos de la misma
Segob, reinan las discordancias. Hay un sobreregistro de 46.4 por ciento
en el Registro Nacional de Población respecto a la población estimada
por el Consejo Nacional de Población (Conapo) en 121 millones 493 mil
personas.
En otras palabras, casi la mitad de la población tiene doble CURP,
como ocurría al principio del Gobierno. Pero además, 12.7 por ciento de
los integrantes del Registro de Menores de Edad también está duplicado y
los integrantes del Catálogo de Extranjeros Residentes en la República
Mexicana tienen en promedio 9.5 registros cada uno, según datos de la
Segob.
En la revisión de la cuenta pública de 2015, la ASF determinó que la
Segob carecía de información sistematizada, confiable y oportuna para
expedir la clave única de identidad, lo que limitaba el derecho de los
ciudadanos mexicanos a tener acceso fácil a los trámites y servicios que
brinda el Estado. Además, inhibía los derechos esenciales a la salud,
educación y protección. Después, al analizar las observaciones el año
siguiente, el órgano de la Cámara de Diputados expuso que la dependencia
no acreditó avances significativos en la consolidación del Sistema
Nacional de Identificación Personal (SNIP).
En conjunto, en la gestión del Renapo se han invertido poco más de
mil 80 millones de pesos, de acuerdo con una búsqueda de contratos de la
Unidad de Datos de Sin Embargo en el Portal de Obligaciones y
Transparencia. El dinero se distribuyó en varios servicios informáticos
de la Dirección General del Registro Nacional de Población e
Identificación Personal, la instancia a cargo.
Los contratos para la operación del Registro fueron todos – mil 79
millones de pesos- para SixSigma Networks México. Se trata de la misma
empresa que en 2006 fue señalada de montar en Intranet una página de
georeferencia para identificar personas por nombre, apellido, dirección y
hasta preferencia electoral.
Hubo un contrato más. Este fue para organizar el evento que tuvo como
título “Hacia la Clave Única de Identidad tu Acta de Nacimiento en
donde te Encuentres”. Costó 1 millón 256 mil pesos con la empresa
Servicio Audio Representaciones y Artistas S.A. de C.V. Era febrero de
2015 y el Presidente Enrique Peña Nieto había dicho en un comunicado:
“México carece en pleno siglo XXI de un registro confiable de su
población con el cual ayudar a tener certeza en actos jurídicos,
eficacia en la prestación de servicios públicos y privados, y en materia
de seguridad pública”.
Ya en el evento, el entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, anunció que el derecho a la identidad sería elevado a
rango constitucional. Mencionó que entre las disposiciones se incluirá
la gratuidad del trámite de la primera acta de nacimiento. Luego dijo:
“La Clave Única de Registro de Población es incierta… La CUI hace
depuración del Registro Civil. Se busca un sistema más accesible y
moderno”.
A unos meses de que concluya el Gobierno, la CUI no es una realidad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario