Aunque el gobierno federal emitió normas y procedimientos para evaluar las condiciones de los edificios utilizados por sus dependencias, éstos no fueron cumplidos plenamente o al menos no se dieron a conocer con oportunidad. Este opaco manejo de la información causa incertidumbre en los servidores públicos que trabajaban en los inmuebles afectados, ya que pueden continuar en instalaciones precarias o ser trasladados a otras cuya seguridad no se ha certificado.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La falta de información sobre 38 edificios federales afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 provocó inseguridad en los más de 23 mil trabajadores que laboraban en ellos y sospechas entre los legisladores, que formaron una comisión para indagar cómo se está enfrentando ese problema.
De acuerdo con el reporte “Acciones implementadas ante los sismos del 7 y 19 de septiembre”, elaborado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), fechado el 24 de octubre, son 38 edificios de 25 dependencias del gobierno federal los que fueron reportados con “posibles daños”, sin que se especifique cuáles fueron éstos. Sin embargo, 23 mil 381 servidores públicos fueron reubicados.
De esos edificios, 19 son propiedad federal, 16 son arrendados y tres más se encuentran en la modalidad de arrendamiento financiero, indica el documento.
Las dependencias más afectadas fueron la Secretaría de Educación Pública (SEP), con siete inmuebles reportados; la Procuraduría General de la República (PGR), con cuatro; la Secretaría de Salud, con seis, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con dos.
El problema es que desde hace cinco meses no se ha actualizado la información. Se desconoce el procedimiento de revisión de esos inmuebles, el tipo de daños que sufrieron, el número de trabajadores reubicados e incluso dónde están los edificios a los que fueron llevados.
Se desconocen también los dictámenes de seguridad estructural de los edificios dañados y de los nuevos que se arrendaron, documentos con los que se justificaría la renta de un inmueble.
Este semanario recurrió a la Ley de Transparencia para conocer el procedimiento y las recomendaciones que la titular del Indaabin, Soraya Pérez Munguía, emitió desde el 27 de septiembre y en los cuales se indicó el protocolo que debían seguir los responsables inmobiliarios para revisar los edificios dañados.
Uno de éstos fue el comunicado complementario al oficio circular P/01/2017, del 11 de octubre pasado, en el que la titular del órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó a los responsables inmobiliarios dirigir a las delegaciones y al Instituto de Seguridad de las Construcciones de la capital las Constancias de Seguridad Estructural derivados de Dictámenes de Seguridad Estructural.
En entrevista con Proceso, Cynthia Murrieta, titular de Protección Civil de la Delegación Cuauhtémoc –una de las demarcaciones donde se detectaron más inmuebles federales afectados–, dijo que a esa dependencia no se le entregaron dictámenes específicos sobre inmuebles federales y que desconoce el procedimiento que fue seguido.
Por su parte, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que según el Indaaabin es uno de los responsables en dar seguimiento a los inmuebles federales con daños, hasta el cierre de esta edición no respondió las consultas de esta reportera.
Lagunas y contradicciones
La incertidumbre de la situación y el destino de las oficinas públicas también alcanzó a la Cámara de Diputados, específicamente a la Comisión Especial de Seguimiento a los Trabajos de Reconstrucción tras los Sismos que han Afectado a Diversas Entidades de la República Mexicana.
El presidente de dicho grupo legislativo, Fernando Rubio Quiroz (PRD), y la diputada comisionada por Morena, Maricela Contreras Julián, coincidieron en que existe “opacidad” y “ocultamiento” de información sobre el procedimiento que se aplicó en los inmuebles federales mencionados, pues a la fecha la comisión desconoce datos “imprescindibles” que deberían ser públicos.
“Solamente sabemos que dispersaron a los trabajadores, pero no sabemos cuál es problema estructural de los edificios”, dice Contreras Julián en entrevista.
Rubio Quiroz precisa que los datos que no tiene la comisión son los referidos a la carencia de dictámenes de seguridad estructural, el procedimiento para el aseguramiento de los inmuebles federales y el arrendamiento de nuevas oficinas tras el sismo, la distribución de los trabajadores, las direcciones de las nuevas oficinas y la seguridad de los inmuebles de reubicación.
“En realidad todo el tema de la reconstrucción ha estado bañado (sic) en la penumbra, y en este caso parece ser que el gobierno no quiere decir qué es lo que está haciendo. Tendríamos que tener esa información precisa para poder garantizar la seguridad de los trabajadores, de la ciudadanía que acude a esos edificios a hacer sus trámites, y sobre todo clarificar los recursos, las acciones y los programas”, mencionó el diputado perredista.
En los documentos obtenidos vía transparencia, Proceso comprobó que después del sismo el Indaabin emitió un protocolo de actuación en inmuebles federales, así como tres circulares para el uso y arrendamiento de estos espacios. Ahí se establece que es obligatorio que los responsables de los inmuebles federales presenten dictámenes de seguridad estructural, los cuales debían colocarse en algún “lugar visible del inmueble” que presentara daños. Paralelamente se debía entregar un proyecto de restructuración al Indaabin si los edificios presentaban daños.
Entre otros parámetros, en la circular P/001/2017, del 27 de septiembre, se estipula que, antes de cualquier reubicación, era necesario demostrar que el inmueble original ya no podía utilizarse. Además había que indicar, mediante un dictamen de seguridad, cuántos servidores públicos tenían que reubicarse, la estructura orgánica de la oficina y la dirección a donde se trasladarían.
En un recorrido de este semanario por siete inmuebles dañados y otros en los que se reubicó a trabajadores de gobierno (dos de la SCT, uno de la SEP, uno de la Secretaría de Salud y tres de la PGR), sólo en el edificio de Telecomunicaciones, ubicado en el Eje Central número 567, era visible la cédula postsísmica.
Según se indicó en el Reporte de Inspección Postsísmica, elaborado el 21 de septiembre de 2017 por los ingenieros José Arturo Zárate y Carlos Cruz, del Colegio de Ingenieros de México y de la firma Dirac, respectivamente, el inmueble no presentó daños en su estructura, a pesar de que se registró una “inclinación” y grietas en el asfalto del estacionamiento derivadas de la filtración del agua. Además, se sugirió una revisión integral a los pilotes de cimentación. En este edificio seguían las actividades hasta el jueves 22.
También se comprobó que en el edificio ocupado por la PGR en Reforma 211, el cual aparece como inhabilitado desde septiembre pasado en un comunicado de la dependencia del 1 de octubre, en realidad el personal continúa laborando, aunque no entra por la puerta principal, sino por Río Guadiana.
Otro de los inmuebles de la PGR, un edificio de 16 pisos en Avenida Insurgentes 235, que también sería desocupado por los daños que resintió, sigue ocupado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalina (Seduvi). En el dictamen de seguridad estructural que ostenta, el director responsable de obra, Charbel Gómez, asegura que el inmueble “no presenta daño alguno”.
Se buscó a Humberto Nava, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la PGR, pero hasta el cierre de esta edición no se había concretado la entrevista. También se solicitó la versión de José Cirilo Rayas, secretario general del Sindicato Independiente de la SCT, quien no acudió a la fecha y hora pactadas para el encuentro. Tampoco se obtuvo respuesta del secretario general de la Sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Felipe Antúnez Luna.
Efectos colaterales
La opacidad de las autoridades también afectó a los trabajadores de las 25 dependencias, entre ellas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Los empleados primero padecieron la inseguridad de los inmuebles y posteriormente la de su reubicación.
Trabajadores de la SCT y del IMSS, que pidieron no publicar sus nombres por temor a represalias, narraron que fueron obligados a realizar sus actividades en inmuebles visiblemente dañados o cuya seguridad no estaba plenamente certificada, como el edifico anexo a la SCT y ubicado en el Centro SCOP, donde un empleado afirma que él y sus compañeros laboraron seis meses a pesar de que el edificio tiene daños visibles, incluido un hundimiento.
El diputado Rubio Quiroz señaló que, en efecto, él conoce denuncias de trabajadores federales por esta causa, así como los videos y fotografías sobre el tema que los afectados han dado a conocer en las redes sociales.
El 1 de octubre pasado, el portal de noticias Sin Embargo informó que personal de la PGR tuvo que trabajar en el inmueble ocupado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, en Fray Servando Teresa de Mier 81, colonia Obrera, pese a sus evidentes daños.
Los trabajadores consultados señalaron que han visto vulnerados sus derechos, pues tras la reubicación trabajan en espacios muy reducidos y con recursos materiales insuficientes.
En una visita a la sede de la SEP en Avenida Universidad 1200, el complejo de 10 pisos que el gobierno federal renta por 34 millones de pesos mensuales desde finales de 2016, se comprobó que, a seis meses de que se inició la reubicación, los empleados utilizan mesas improvisadas,en oficinas divididas por canceles de plástico y entre trabajos de remodelación.
Además, los trabajadores mencionaron que, ante el caos de la reubicación, se pidió a los funcionarios que laboren desde su casa e incluso se alternen en periodos de tres meses, pero algunos continúan en riesgo al trabajar en las instalaciones afectadas.
Este reportaje se publicó el 1 de abril de 2018 en la edición 2161 de la revista Proceso.