Mujeres Cautivas
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
El
próximo 30 de julio es el Día Internacional Contra la Trata de
Personas. Es muy preocupante, porque no se quiere reconocer en nuestro
país, el papel que juega la demanda para fomentar la trata de personas.
Según el Informe de la UNODC 2018, a nivel mundial, los países están
detectando y reportando más víctimas de trata. En 2016, el número de
víctimas reportadas a nivel global alcanzó su nivel más alto, cuando se
detectaron más de 24 mil. El aumento en el número de víctimas detectadas
ha sido más pronunciado en las Américas y en partes de Asia. Estos
aumentos pueden ser el resultado de una mayor capacidad nacional para
detectar, registrar y reportar datos, o el resultado de un aumento de la
ocurrencia de la trata.
El Informe muestra que 72 por ciento de las víctimas detectadas en
2018 en todo el mundo son mujeres. El 49 por ciento de los casos son
mujeres adultas y 23 por ciento son niñas, lo que representa un
incremento en relación con el informe anterior, de 2016.
La mayoría de las víctimas detectadas a nivel mundial son objeto de
trata con fines de explotación sexual, aunque este patrón no es uniforme
en todas las regiones. La trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual prevalece en las regiones donde se detectan la
mayoría de las víctimas: América, Europa y Asia Oriental.
En América Central y el Caribe más niñas son objeto de trata con
fines de explotación sexual, mientras que en las otras subregiones del
continente es más común la detección de trata de mujeres adultas con
estos fines.
Los países andinos informan de porcentajes particularmente elevados
de trata de menores de edad. En Bolivia y Perú se detectaron más niñas y
niños víctimas que adultos. En el Ecuador, los niños y niñas
representan poco menos de la mitad de las víctimas de la trata
detectadas en ese país.
Los países del Cono Sur, incluidos Argentina, Chile y Uruguay,
reportan una gran proporción de mujeres entre las víctimas detectadas
(más del 60 por ciento). Lo mismo ocurre en Colombia y Venezuela, donde
las mujeres representan la gran mayoría de las víctimas detectadas.
La mayoría de las víctimas detectadas en Sudamérica fueron captadas
con fines de explotación sexual. En 2016, estas víctimas representaban
58 por ciento del total de Sudamérica. Los datos de ocho países que
presentan esta información en la subregión muestran que la abrumadora
mayoría (96 por ciento) de estas víctimas fueron mujeres, y que hubo más
adultas que niñas.
Respecto del perfil de los tratantes, la mayoría son hombres. El 63
por ciento de las personas condenadas por este delito en América del sur
son hombres y 37 por ciento mujeres.
En cuanto a México, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
detectó algunas fallas en la actuación de la extinta Procuraduría
General de la República –hoy Fiscalía General de la República (FGR)– y
de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la pasada administración
federal, para combatir la trata de personas.
En el primer informe parcial sobre la fiscalización superior de la
Cuenta Pública 2018, entregado a la Cámara de Diputados, la ASF señaló
que en ese año la PGR sólo consignó ante un juez 3.0 por ciento de las
averiguaciones previas y 1.0 por ciento de las carpetas de
investigación.
En el documento indicó que, en materia de procuración de justicia, de
244 averiguaciones previas recibidas por la PGR por el delito de trata,
74 por ciento (181) estaban en trámite, 23 por ciento (56) fue
improcedente y 3.0 por ciento (siete) se consignó.
En cuanto a las carpetas de investigación, de las 288 que se
abrieron, 67 por ciento (192) estaba pendiente, 32 por ciento (93) fue
improcedente y 1.0 por ciento (tres) se vinculó a proceso y se
sentenció.
“Lo anterior quiere decir que sólo uno de cada 36 asuntos fue
vinculado a proceso por la PGR y sentenciado por los órganos
jurisdiccionales, lo cual evidencia la persistencia de un entorno de
impunidad en la comisión de dicho delito”, expuso la ASF.
“En concordancia con lo anterior, desde la perspectiva de la ASF, el
Estado mexicano no ha garantizado la protección de los derechos humanos
de quienes han sido víctimas del delito de trata de personas, en
cumplimiento a los compromisos derivados del marco constitucional y de
los tratados internacionales en la materia”, agregó.
El órgano fiscalizador también apuntó que “a seis años de la
publicación de la nueva ley en la materia, la Segob no implementó el
Sistema Nacional de Información en Materia de Trata de Personas”.
Asimismo, dijo que, en cuestión de prevención de este ilícito, la
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en materia de Trata de Personas realizó 653 mil 115 acciones de
difusión, mientras que los gobiernos estatales y entidades que integran a
la Comisión llevaron a cabo un millón 25 mil 819, “lo que evidenció una
limitada coordinación para la prevención del delito”.
La Segob, además, “no ejerció el fondo federal previsto para la
atención de víctimas de trata, mientras que, en el ámbito estatal, los
gobiernos locales no dispusieron de recursos para dichos fines”,
finalizó la ASF.
En medio de esta realidad, los grupos que reivindican la prostitución
como trabajo y quienes insisten en que es más grave el problema del
trabajo forzado, flaco favor le hacen a las poblaciones más vulnerables,
sobre todo cuando los resultados en México de la Prevención, Protección
y Asistencia y la Persecución de los delitos en materia de trata de
personas dan tan pobres resultados.
Ni siquiera se toma en cuenta que, al ser un negocio ilícito de la
delincuencia organizada, que se mueve por la ley de la oferta y la
demanda, la explotación sexual en todas sus modalidades, es la modalidad
de explotación que produce los daños más graves en las víctimas, tanto
los daños físicos, como los psicológicos y en ocasiones hasta
psiquiátricos.
La Ley General establece la obligación de diseñar y poner en práctica
una política de estado contra los delitos en materia de trata de
personas, lo que implica financiamiento, compromiso e inversión en las
zonas detectadas como lugares de origen, de tránsito y de destino,
significa cero impunidad y servicios de protección y asistencia que con
la situación actual en el país y la falta de financiamiento a las
organizaciones de la sociedad civil especializadas, es más difícil
contar con estos servicios para las víctimas.
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y
Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: @CATWLAC
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Ciudad de México
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