Javier Flores
La Jornada
Se celebran los 50 años
de la llegada de los primeros seres humanos a la Luna, auténtica proeza
que, si bien se dio en el contexto político y propagandístico de la guerra fría,
permite entender algunas características de la ciencia y sus relaciones
con el poder. También es innegable que ha traído enormes beneficios al
conocimiento científico y tecnológico de hoy. No me referiré a este
suceso por ahora, aunque estoy seguro de que nadie lo lamentará, pues la
cobertura que se le ha dado en La Jornada y en otros medios
locales e internacionales ha sido tan amplia, que deja poco espacio para
aportar novedades. En cambio, en las semanas recientes se han producido
en nuestro país algunos hechos inéditos, como las expresiones de
comunidades enteras de investigadores de los centros científicos más
prestigiados de México y de científicos de diversas instituciones que se
sienten agraviados por las políticas del gobierno que encabeza el
presidente Andrés Manuel López Obrador en el arranque de la Cuarta
Transformación.
En un hecho inusitado, los investigadores del Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados (Cinvestav) se manifestaron el pasado 2 de
julio frente a las puertas del Palacio Nacional para insistir en la
importancia que tiene la ciencia en el desarrollo de nuestro país.
Desplegaron pancartas con ejemplos de las contribuciones que han
realizado en beneficio de la sociedad y entregaron una carta en la que
dan a conocer las aportaciones de ese centro, uno de los más importantes
de México y América Latina, misiva que constituye un catálogo de los
efectos nocivos que han tenido los recortes presupuestales y las
políticas de austeridad para la ciencia de nuestro país.
La carta está dirigida al Presidente de la República, a los
secretarios de Educación y Hacienda, así como a la Cámara de Diputados, y
está firmada por casi la totalidad de los investigadores y técnicos de
esa institución, más de 2 mil 500 firmas. Su texto se refiere a las
medidas adoptadas por el gobierno que ponen en riesgo a esa institución,
entre ellas los efectos de la Ley Federal de Remuneraciones de los
Servidores Públicos sobre los salarios, pues 19 de los conceptos
contenidos en esta normatividad tienen impacto negativo sobre las
percepciones de trabajadores e investigadores de ese centro; la
cancelación del seguro de gastos médicos, especialmente para quienes
trabajan con materiales peligrosos, y la prohibición para transferir
recursos a asociaciones civiles, las cuales son una fuente de
financiamiento alterna al igualar fondos asignados por el Cinvestav.
Desde luego no se quedan sólo en las quejas, sino que proponen un
conjunto de medidas para solucionar los problemas señalados.
En el mismo sentido se expresó también un grupo de investigadores
recientemente formado, ProCiencia, mediante un comunicado entregado
también en Palacio Nacional el 18 de julio. Ese día, las doctoras
Gabriela Dutrenit, Lorenza González Mariscal, Marcia Hiriart, Brenda
Valderrama y los doctores Mauricio Flores, Antonio Lazcano y Francisco
Pérez, entre otros destacados integrantes de la comunidad científica,
entregaron una carta dirigida al Presidente y otras autoridades de los
poderes Ejecutivo y Legislativo en representación de más de 11 mil
investigadores y profesores de diversas instituciones. Su texto se
refiere a los efectos deletéreos de las actuales políticas públicas
sobre las instituciones científicas como el Cinvestav los institutos
nacionales de salud y las instituciones de educación superior. Además,
pone énfasis en otro tema, su inconformidad por las denostaciones que
continuamente se lanzan desde las más altas esferas del actual gobierno a
los investigadores, señalándolos como privilegiados e integrantes de
éliteso
castas.
Si a estas acciones se suman las realizadas meses atrás por los
científicos y técnicos de los centros públicos de investigación, también
mediante una carta –fechada el 15 de mayo– con más de 3 mil firmas, y
el comunicado del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del 14 de ese
mes, estamos ante un fenómeno que nunca se había expresado en el
sistema de ciencia y tecnología en la historia de nuestro país, cuyos
significados no pueden entenderse de manera simplista.
Si se examinan estos hechos con honestidad intelectual, no caben las
explicaciones acerca de que los científicos no son capaces de ver lo
bien que están las cosas, y que todo es consecuencia de malos entendidos
o información distorsionada. Tampoco puede decirse que se trata de la
acción de
mafiaso parte de una
guerra suciacontra el del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o su directora. Se trata de una realidad que expresa los daños tangibles que están produciendo las políticas del actual gobierno a las instituciones y la protesta legítima de los científicos mexicanos ante ellas.
Todavía se está a tiempo para corregir. La manera de hacerlo es entender y atender las propuestas que hacen los investigadores.
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