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8/24/2019

Semenya: ¿qué es una mujer?



Nuevamente la atleta sudafricana Caster Semenya está en el centro del debate en el mundo del atletismo. Esta vez por manifestar su desacuerdo ante los cambios en las reglas de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, siglas en inglés), las cuales establecen un nuevo nivel máximo de testosterona en la sangre para poder participar en las competencias femeninas en algunas pruebas de pista. Para ello, las deportistas con diferencias en el desarrollo sexual –como Caster Semenya y otras– tendrían que someterse a tratamientos con el fin de adecuarse a las actuales disposiciones. Con esto se establece un ajuste a la sorprendente definición de lo que es una mujer en las actividades deportivas.
Según la IAAF, la nueva regulación tiene la finalidad de facilitar la participación de atletas con diferencias en el desarrollo sexual en las contiendas femeninas preservando la equidad y el significado de competencia. El cambio, que entró en vigor el pasado 8 de mayo, redujo el límite máximo permitido de testosterona en la sangre de 10 a 5 nanomoles por litro (nmol/l). Ante esta nueva cifra, las competidoras con hiperandrogenismo (que tienen altos niveles de hormonas consideradas masculinas, en particular la testosterona) no tendrán más remedio que someterse a tratamientos farmacológicos y demostrar, durante los seis meses previos a cada competencia, que se encuentran dentro del nuevo nivel permitido.
Para Semenya (dos veces campeona olímpica y campeona mundial en tres ocasiones en la prueba de los 800 metros), se trata de un caso de discriminación con el fin de apartarla de las competencias de alto nivel. Además, ella y otras atletas en la misma condición consideran que los tratamientos médicos a los que tendrían que someterse podrían ocasionar daños a su salud. La deportista recurrió entonces al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el cual, no obstante, falló recientemente en contra de la sudafricana.
De acuerdo con la justificación de la IAAF, la mayoría de las mujeres, incluyendo las atletas femeninas de élite, tienen niveles de testosterona entre 0.12 y 1.7 nmol/l. En los hombres, luego de la pubertad, la concentración de esta hormona en la sangre es de entre 7.4 y 29.4 nmol/l. Inspirada en algunas publicaciones científicas (en especial los trabajos de David Handelsman y su equipo en 2018), la asociación internacional sostiene que a mayores niveles de testosterona se desarrolla una mayor masa y fuerza musculares, así como un aumento de la hemoglobina (proteína grande o macromolécula que transporta oxígeno a todo el organismo). Los hombres tendrían así una muy amplia ventaja en la mayor parte de las competencias, y esto es lo que sostiene, a juicio del organismo citado, la clasificación de las justas deportivas en masculinas y femeninas.
Ya me había referido en otras ocasiones aquí a Caster Semenya y su relación con la determinación del sexo en el deporte. Pero los cambios recientes en la reglamentación para las competencias internacionales auspiciadas por la IAAF muestran algunas novedades, además de que, como sostiene la corredora sudafricana, es una forma de apartarla definitivamente de estas competencias, pues se mantenía como ganadora en el rango previo de los 10 nmol/l de testosterona.
El episodio reciente muestra una evolución en el lenguaje, que aunque sutil en apariencia, encierra gran profundidad. Aparece un cambio en la forma de referirse a las personas con una condición particular en el desarrollo sexual. En 2006 fue sustituido el término intersexualidad empleado para referirse a quienes poseen simultáneamente atributos biológicos masculinos y femeninos, y se les consideraba portadores de anomalías o patologías. Luego, esto fue sustituido por la idea y denominación de desorden en el desarrollo sexual. Ahora, como lo muestran los documentos oficiales de la IAAF, se trata de diferencias en este desarrollo, lo cual parece más adecuado.
Lo más importante es que a pesar de los cambios recientes en las reglas de la IAAF, se mantiene la clasificación de lo femenino –o lo que significa ser mujer– basada en un criterio puramente endocrinológico (la cantidad de una hormona en la sangre). Pero, ojo, no se trata sólo de una reducción a lo biológico, pues aun dentro de este universo se desechan otros criterios aceptados como determinantes del sexo en los humanos, como la presencia de cromosomas sexuales o genes específicos para los sexos, los cuales aquí no importan. También se desdeñan el sexo que cada persona dice tener y la aceptación de la condición de mujer por los sistemas legales más avanzados en distintos países (incluido México).
Se trata de una manera muy particular de entender las diferencias sexuales dentro de una actividad humana, a partir de una sustancia que tiene impacto en el desempeño de las personas dentro de esa actividad. Así, en nuestras sociedades, el deporte es un territorio único en la determinación del sexo que merece atención.

8/06/2019

Por encima de la ley ¿nadie?



En menos de 48 horas quedó claro el propósito de acabar con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Pero esta determinación viene de tiempo atrás, como puede constatarse en artículos periodísticos en los que se han desvirtuado su conformación y su papel como organismo autónomo. Ya se había adelantado el ansia por su desaparición en el proyecto para una nueva ley en esta materia –cuya auténtica maternidad ha sido infructuosamente negada– presentado por la senadora Ana Lilia Rivera en febrero. Además, en la comparecencia más reciente de la doctora Elena Álvarez-Buylla en el Senado, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) estalló contra el foro con argumentos contrarios a la verdad (ver este mismo espacio, La Jornada, 4/6/19). En unas cuantas horas, la dirección del consejo lanzó primero una amenaza, que concretó luego con la aparente complicidad de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para asfixiar presupuestariamente al organismo asesor, en lo que quedará registrado como uno de los episodios más perversos en la construcción de la política de ciencia de la Cuarta Transformación (4T).
Pero hay un pequeño detalle: la determinación de cortar el presupuesto a esta institución con la finalidad de destruirlo –así venga acompañada de una ratificación en la conferencia matutina de un Presidente engañado– es contraria a la legislación vigente. La Ley de Ciencia y Tecnología establece en su artículo 38: El Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo. Estamos así, frente a la nación entera, ante la violación artera de la ley como un acto de venganza contra una voz independiente. Por encima de la ley, ¿nadie?
Frente a una disposición tan clara como la citada, no tienen cabida los argumentos que desconocen la obligación del consejo para dar recursos económicos al foro, o cambiar dicha obligatoriedad poniéndolo a concursar por fondos pulverizados para proyectos específicos decididos unilateralmente por la dirección del Conacyt, como lo hizo ya para dañar a la Academia Mexicana de Ciencias.
El foro no es una asociación civil de carácter privado, como lo quiere presentar el Conacyt –y aparentemente la SFP– en su forma mentirosa de hacer política. Es un organismo creado para garantizar la participación por medio de las academias, que son las organizaciones naturales de la comunidad científica; las principales instituciones de educación superior e investigación, y las organizaciones empresariales (de acuerdo con un modelo de triple hélice), con el fin de establecer el diálogo indispensable entre el gobierno y estos sectores, para impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país. El foro surge y está integrado indisolublemente al cuerpo de la Ley de Ciencia y Tecnología, nació con ella y no por una reunión entre amigos.
Para entender los posibles significados de este atropello habría que proponer respuestas a varias interrogantes: ¿cuál es el propósito? Es claro que se trata de eliminar una voz crítica e independiente que resulta más que incómoda para la dirección del Conacyt (ojo, no para la 4T. No es lo mismo). ¿Para qué? Para concentrar todas las atribuciones posibles, definir al margen de la comunidad científica la política de ciencia y ser la única instancia de interlocución con el Presidente. Y todo esto, ¿con qué fin? Para imponer la política de un pequeño grupo que busca introducir restricciones a la libertad de investigación en diferentes campos del conocimiento como la biotecnología, en particular en áreas como ingeniería genética, organismos genéticamente modificados, edición y biología sintética, que son objeto de atención –como deberían serlo en nuestro país– de las comunidades científicas del mundo entero. La lucha para eliminar al Foro Consultivo es nada en comparación con la madre de todas sus batallas contra los transgénicos, que es lo que da sentido al grupo que encabeza Elena Álvarez-Buylla.
La gran pregunta es aquí cómo algunos miembros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de Morena cierran filas para lo que creen es defender la nueva política de ciencia de la 4T, cuando se trata del proyecto de un grupo muy pequeño dentro de la comunidad científica, que no es de izquierda y mucho menos revolucionario, pues como he dicho aquí, es conservador y retardatario, pues, salvo los beneficios sociales de la ciencia con los que nadie puede estar en desacuerdo, no tiene nada qué ver con el ideario de AMLO, pues está fundado en una extraña mezcla de lysenkismo y el Laudato si’ del papa Francisco. ¿De dónde sacan que esta es la gran transformación que requiere México?

7/30/2019

Bajo la mirada del mundo



La Jornada 

Algunas de las publicaciones científicas más prestigiadas del planeta se han ocupado recientemente de lo que ocurre con la ciencia en México. El 8 de junio, la revista médica británica The Lancet publicó un texto en el que presenta un panorama lamentable en el sector salud y la ciencia mexicanos derivado de las políticas emprendidas durante los primeros meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). También la influyente revista Science se refiere en su número más reciente al mismo tema. Lo anterior muestra que el debate que se da en México en este sector ya rebasó las fronteras de nuestro país y es materia de atención en el mundo entero.
David Agren describe en The Lancet el panorama provocado por los ajustes en el sector salud –mal concebidos y ejecutados con prisa, de acuerdo con los especialistas consultados por la publicación– que produjo la reducción de 30 por ciento de los procedimientos quirúrgicos en algunos hospitales, lo que luego fue subsanado por la inconformidad pública de varios especialistas. Agren hace un recorrido que va del desabasto de medicamentos hasta la renuncia de Germán Martínez a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, pasando por la afectación de los programas de prevención del VIH por la cancelación de apoyos a organizaciones civiles, las críticas del Presidente al Seguro Popular y la promesa de AMLO de que México contará con servicios sanitarios equivalentes a los de los países nórdicos o Canadá.
El autor se refiere también a los efectos de la política de austeridad en la investigación científica, destacando el penoso episodio en el que los investigadores requerían del permiso presidencial para poder salir del país, así como a los recortes a la Academia Nacional de Medicina de México que ponen en riesgo el cumplimiento de sus funciones, a pesar de que por ley juega un papel consultivo del gobierno federal en materia de salud.
Por otra parte, Lizzie Wade, corresponsal en América Latina de Science, da cuenta también de las afectaciones a la ciencia mexicana provocadas por los recortes. En un breve reportaje recoge los testimonios de varias investigadoras e investigadores como Marcia Hiriart, quien señala que la situación actual para la ciencia puede ser fatal; Edna Suárez Díaz, quien impulsó la iniciativa que reunió 7 mil firmas y contribuyó a frenar el desatino de la autorización presidencial para los viajes de los científicos; José Luis Morán, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, quien describió el ambiente de pesimismo que han provocado las políticas actuales, y Fernando Rosales Ortega, del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, quien dijo que hay investigadores que buscan participar en la transformación del país pero necesitan recursos para realizar su trabajo.
Wade también registra comentarios de la controvertida –así la llama– directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuyo enfoque, dice, es cuestionado por muchos investigadores. María Elena Álvarez-Buylla defiende ahí las medidas de austeridad pues, según ella, no pretenden obstaculizar el trabajo de los científicos, sino enfrentar las ineficiencias en el sistema y los privilegios.
En ese mismo número el editorial de Science, uno de los espacios más codiciados y leídos en esa publicación, quedó a cargo de Antonio Lazcano Araujo, miembro de El Colegio Nacional, quien forma parte del grupo de científicos que lideró la carta dirigida al Presidente que recabó más de 11 mil firmas, la cual, de acuerdo con el autor, fue para protestar por el desmantelamiento de la ciencia por parte del gobierno mexicano.
Lazcano sostiene que el combate a la pobreza y la corrupción no tiene por qué estar reñido con la inversión en ciencia y tecnología. Destaca los recortes en el presupuesto al Conacyt y el reforzamiento de las medidas de austeridad del memorándum presiden-cial del 3 de mayo y sus efectos adversos sobre la educación y la investigación científica. Su texto también incluye severas críticas a la actual directora general del Conacyt, a quien entre otros temas acusa de atentar contra la libertad de investigación.
No sólo publicaciones especializadas como las citadas se han ocupado de este tema. La prensa internacional también lo ha hecho, como en la nota distribuida por la agencia Ap que aborda de forma parcial el mismo problema y fue difundida el 17 de julio por el Wha-shington Post. De este modo, el estado actual de la ciencia en México y el debate que se desarrollaba a escala local se han convertido en temas de interés mundial y ha quedado ahora bajo la mirada y escrutinio internacionales. Y esto es apenas el principio, pues parecería obligatoria una respuesta del gobierno de México en el mismo plano, aunque se corre el riesgo de subrayar lo que ya es evidente: el divorcio entre la comunidad científica y las autoridades, algo que no es aceptable en ningún lugar del mundo.

7/23/2019

Científicos agraviados



Se celebran los 50 años de la llegada de los primeros seres humanos a la Luna, auténtica proeza que, si bien se dio en el contexto político y propagandístico de la guerra fría, permite entender algunas características de la ciencia y sus relaciones con el poder. También es innegable que ha traído enormes beneficios al conocimiento científico y tecnológico de hoy. No me referiré a este suceso por ahora, aunque estoy seguro de que nadie lo lamentará, pues la cobertura que se le ha dado en La Jornada y en otros medios locales e internacionales ha sido tan amplia, que deja poco espacio para aportar novedades. En cambio, en las semanas recientes se han producido en nuestro país algunos hechos inéditos, como las expresiones de comunidades enteras de investigadores de los centros científicos más prestigiados de México y de científicos de diversas instituciones que se sienten agraviados por las políticas del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador en el arranque de la Cuarta Transformación.
En un hecho inusitado, los investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) se manifestaron el pasado 2 de julio frente a las puertas del Palacio Nacional para insistir en la importancia que tiene la ciencia en el desarrollo de nuestro país. Desplegaron pancartas con ejemplos de las contribuciones que han realizado en beneficio de la sociedad y entregaron una carta en la que dan a conocer las aportaciones de ese centro, uno de los más importantes de México y América Latina, misiva que constituye un catálogo de los efectos nocivos que han tenido los recortes presupuestales y las políticas de austeridad para la ciencia de nuestro país.
La carta está dirigida al Presidente de la República, a los secretarios de Educación y Hacienda, así como a la Cámara de Diputados, y está firmada por casi la totalidad de los investigadores y técnicos de esa institución, más de 2 mil 500 firmas. Su texto se refiere a las medidas adoptadas por el gobierno que ponen en riesgo a esa institución, entre ellas los efectos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos sobre los salarios, pues 19 de los conceptos contenidos en esta normatividad tienen impacto negativo sobre las percepciones de trabajadores e investigadores de ese centro; la cancelación del seguro de gastos médicos, especialmente para quienes trabajan con materiales peligrosos, y la prohibición para transferir recursos a asociaciones civiles, las cuales son una fuente de financiamiento alterna al igualar fondos asignados por el Cinvestav. Desde luego no se quedan sólo en las quejas, sino que proponen un conjunto de medidas para solucionar los problemas señalados.
En el mismo sentido se expresó también un grupo de investigadores recientemente formado, ProCiencia, mediante un comunicado entregado también en Palacio Nacional el 18 de julio. Ese día, las doctoras Gabriela Dutrenit, Lorenza González Mariscal, Marcia Hiriart, Brenda Valderrama y los doctores Mauricio Flores, Antonio Lazcano y Francisco Pérez, entre otros destacados integrantes de la comunidad científica, entregaron una carta dirigida al Presidente y otras autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo en representación de más de 11 mil investigadores y profesores de diversas instituciones. Su texto se refiere a los efectos deletéreos de las actuales políticas públicas sobre las instituciones científicas como el Cinvestav los institutos nacionales de salud y las instituciones de educación superior. Además, pone énfasis en otro tema, su inconformidad por las denostaciones que continuamente se lanzan desde las más altas esferas del actual gobierno a los investigadores, señalándolos como privilegiados e integrantes de élites o castas.
Si a estas acciones se suman las realizadas meses atrás por los científicos y técnicos de los centros públicos de investigación, también mediante una carta –fechada el 15 de mayo– con más de 3 mil firmas, y el comunicado del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del 14 de ese mes, estamos ante un fenómeno que nunca se había expresado en el sistema de ciencia y tecnología en la historia de nuestro país, cuyos significados no pueden entenderse de manera simplista.
Si se examinan estos hechos con honestidad intelectual, no caben las explicaciones acerca de que los científicos no son capaces de ver lo bien que están las cosas, y que todo es consecuencia de malos entendidos o información distorsionada. Tampoco puede decirse que se trata de la acción de mafias o parte de una guerra sucia contra el del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o su directora. Se trata de una realidad que expresa los daños tangibles que están produciendo las políticas del actual gobierno a las instituciones y la protesta legítima de los científicos mexicanos ante ellas.
Todavía se está a tiempo para corregir. La manera de hacerlo es entender y atender las propuestas que hacen los investigadores.

7/16/2019

Consulta o simulación


Javier Flores

La Jornada
El viernes 12 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), que había sido aprobado dos semanas antes en la Cámara de Diputados. Así, se cuenta ya con el documento formal en el que se define lo que es hoy y lo que será en lo que resta del sexenio la Cuarta Transformación, y también cuáles son las ideas que guiarán el desarrollo de las diferentes áreas del quehacer nacional, entre ellas la ciencia, la tecnología y la innovación, a las que me referiré aquí.

Es la primera vez en la que el PND se somete a la consideración de los legisladores. Fue aprobado por mayoría de votos (305), todos de Morena y sus aliados, y el total rechazo de los partidos de oposición (139), cuyas objeciones pueden consultarse en el diario de los debates de la Cámara baja del 27 de junio. También es muy relevante que la redacción final del documento corrió a cargo del propio Presidente de la República, según nos enteramos en la conferencia de prensa matutina del miércoles 10 de julio, pues sus contenidos originales formaron parte de las diferencias entre el titular del Poder Ejecutivo con el ahora ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa. Esto es parte del contexto accidentado en el que surge el plan sexenal.

La única diferencia entre lo entregado a los diputados el 30 de abril y lo publicado en el DOF es que se conserva sólo la primera parte –que es la más conceptual– eliminando la segunda, considerada por algunos como anexos. De este modo, terminan teniendo razón quienes señalaban críticamente que se dedicaban solamente cinco líneas a la ciencia en el PND. De-saparecen así definiciones (qué se va a entender por innovación, por ejemplo), indicadores de los avances, metas, relaciones con los objetivos de desarrollo sostenible y los ejes transversales. A propósito de estos ejes, no existe en el documento original ni en el publicado en el DOF, ninguna evidencia de que la ciencia es considerada un eje transversal del Plan de Desarrollo como se ha dicho, por lo que esta noción, si bien es deseable, puede quedar almacenada en el archivo de los buenos deseos.

Nos quedamos así con un documento puramente conceptual, el cual será difícil conectar en algunos casos con acciones concretas, aunque el ejercicio no deja de ser interesante. Por ejemplo, se propone crear a escala global una propuesta posneoliberal. Como he mostrado aquí, es difícil hablar de una ciencia neoliberal en México (La Jornada, 25/9/18), en todo caso, hay una ciencia rezagada desde mucho tiempo antes del neoliberalismo, que en los últimos 30 años se ha desarrollado en un entorno económico neoliberal. Significaría que la política de ciencia deberá dar un giro, para crear un modelo original fortalecido que sea ejemplo a escala mundial. Ojalá que así sea, pero no se ve, al menos en el arranque, que se vaya en esa dirección, simplemente a juzgar por los recursos asignados a esta tarea (menores que en la última década de la "oscuridad neoliberal") que ahora estarán además condicionados a demostrar resultados a muy corto plazo.

La intervención social es un punto clave en el PND: "La participación de la sociedad resulta indispensable: construiremos la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie", lo cual incluye desde los "potentados" hasta los desvalidos pasando por los intelectuales y los pueblos originarios. Esto es compatible con lo expresado en las cinco líneas dedicadas a la ciencia en el documento que señala que habrá un Plan Nacional de Innovación, coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas, lo cual suena muy bien, porque pone el énfasis en la consulta.

Pero… un momento. Si la participación es un elemento clave en el PND, ¿por qué el documento que se discutió en San Lázaro y se publicó en el Diario Oficial, no tiene cambios respecto de la propuesta original? Si se realizaron decenas de reuniones y consultas organizadas por el Conacyt, el Foro Consultivo y por los propios legisladores. Surgieron cientos de propuestas y no se le cambió una sola coma. Incluso la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados hizo propuestas muy pertinentes; pero todas ellas, independientemente de su origen, fueron desechadas. ¿Dónde quedó la participación de la sociedad? No hay más remedio que concluir que las consultas fueron una simulación, una auténtica pérdida de tiempo. ¿Así se va a elaborar y aprobar la nueva ley de ciencia y tecnología?

No puede negarse que el PND tiene cosas positivas para el país, pero hay en el tema de la participación una falta de congruencia, que no es responsabilidad del redactor o redactores, sino de quienes la aprobaron desestimando la participación social. En una de las frases más afortunadas del texto, al referirse al combate a la corrupción, se subraya el empeño por acabarla: "no sólo la corrupción monetaria, sino la que conllevan la simulación y la mentira".

7/09/2019

Ingeniería genética y medio ambiente



El domingo pasado, La Jornada publicó una nota de Arturo Sánchez Jiménez que da cuenta de cómo un grupo de investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha creado un método con el que se busca eliminar la contaminación por plásticos. Se trata de una gran noticia, que merece –y obtuvo– la primera plana. No es común que la prensa en nuestro país otorgue un sitio tan destacado a un proyecto científico o tecnológico. Pero no es para menos, pues el trabajo realizado por las doctoras Amelia Farrés Sarabia González y Carolina Peña Montes muestra que en nuestro país la ciencia está continuamente produciendo nuevos conocimientos y buscando soluciones a los grandes problemas nacionales y mundiales.
El trabajo realizado por estas investigadoras y su grupo de colaboradores en el departamento de alimentos y biotecnología de la Facultad de Química en la máxima casa de estudios, consiste en la producción de enzimas –moléculas que en este caso son capaces de romper los enlaces de los polímeros sintéticos de los que están formados los plásticos– empleando para ello técnicas de ingeniería genética. La enzima referida es la cutinasa, que producen de manera natural diversos microorganismos, entre ellos algunos hongos, lo que les confiere la capacidad de romper la fuerte pared externa vegetal o cutícula para infectar a la planta.
Los hongos producen cutinasa en muy pequeñas cantidades y su obtención implica un costo elevado para su empleo en aplicaciones biotecnológicas, por lo que en diversos laboratorios del mundo (México incluido), se han caracterizado los genes que comandan la producción de la enzima, entre ellos los conocidos como ancut 1 a 4. El conocimiento sobre estos genes permite su aislamiento y su inserción, por medio de vehículos o vectores, en el genoma de otros organismos como bacterias y algunas levaduras, lo que posibilita la producción a escalas mayores (como ocurrió con la insulina empleada en el tratamiento de la diabetes, que originalmente se obtenía del páncreas de animales y en la actualidad la producen colonias de la bacteria E. coli a gran escala). En el caso que nos ocupa se utilizaron los genes del hongo Aspergillus nidulans y se introdujeron en la levadura Pichia pastoris que es ampliamente utilizada como hospedero para la producción de proteínas, por ejemplo, la eritropoyetina e insulina humanas.
Desde luego, el grupo de las investigadoras citadas no es el único en el mundo que realiza estos estudios, por lo que puede considerarse que se trata de un esfuerzo global, pero su trabajo representa una promesa con sólidas bases para enfrentar esta contaminación al haber logrado, de acuerdo con la nota originalmente difundida por la UNAM, un nuevo método capaz de degradar el plástico en un lapso de semanas, cuando normalmente tardaría aproximadamente cinco siglos. Las biotecnólogas mexicanas y su equipo han sometido para su protección su estudio al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y se encuentra en trámite la patente para su desarrollo: “Cutinasas recombinantes de Aspergillus nidulans para biodegradación de poliésteres” (solicitud MX/a/2016/006869), por lo que hay aspectos que por ahora comprensiblemente no son de acceso público.
Las implicaciones que tienen iniciativas como la que se comenta son varias. Por una parte, como ocurre en la mayoría de los proyectos científicos, se trata de una investigación cuyos resultados no pueden verse en el corto plazo. Las autoras vienen trabajando desde hace aproximadamente 20 años en el suyo, lo que muestra claramente que para el logro de resultados prácticos la investigación requiere en ocasiones de tiempos que rebasan la comprensión de los políticos, cuya unidad de medida en nuestro país son los sexenios. Esta cortedad de miras lleva a los funcionarios a condicionar los recursos a la obtención de frutos en plazos muy cortos. En este sentido, el editorial de La Jornada, publicado también el domingo, acierta al hacer un llamado para que el gobierno estimule y fortalezca la investigación mediante planes y programas de apoyo.
Por otro lado, hay aquí una lección muy importante, y es que la solución de los problemas ambientales depende en buena medida de la investigación en ciencia y tecnología, y no de un idílico retorno al pasado, como algunos funcionarios del actual gobierno sostienen.
Finalmente, se muestra la potencialidad que tienen los proyectos que incluyen la modificación genética de organismos para enfrentar los actuales retos ambientales, en este caso, a través de las técnicas de ingeniería genética, lo que viene a sumarse a otras metodogías como la edición de genes para incrementar la captura de dióxido de carbono en plantas y enfrentar con ello el cambio climático, a las que ya me he referido aquí (19/6/11). Se trata de enfoques y técnicas que (al igual que el conjunto de la biotecnología) desafortunadamente han sido y son satanizadas por algunos de nuestros actuales gobernantes.

7/02/2019

Innovación: verdades a medias



El viernes pasado acudió a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, quien hizo una amplia exposición de las condiciones en las que encontró a esta dependencia y describió algunas acciones que ya ha iniciado y las que llevará a cabo en adelante. En la parte diagnóstica, afirmó que en el sexenio pasado se realizó una transferencia de los recursos de este consejo al sector privado por más de 35 mil millones de pesos, a lo que me referiré al final. Además, ofreció una explicación según la cual, la justificación del gobierno anterior para canalizar a las empresas estos recursos, fue una política orientada a fomentar la innovación que fracasó. Para ello recurrió a los datos del Índice Global de Innovación (IGI) que desde hace varios años elaboran la Universidad Cornell, la Escuela de Negocios Instead y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Su planteamiento fue el siguiente: entre 2013 y 2018 se transfirieron recursos a las empresas con la justificación de incentivar la innovación. Pero, si bien el gasto de México ganó siete lugares a escala mundial, al pasar de la posición 63 a la 56, la eficiencia bajó, pues pasó del sitio 56 al 72. El aumento del gasto y la eficiencia baja –dijo– sugiere que hay una fuga de recursos o algo más activo que una fuga. En síntesis, se transfirió mucho dinero a la iniciativa privada y ni siquiera se logró aumentar la eficiencia de la innovación. Interesante, si no fuera por que los datos presentados en algunos casos son falsos y sus interpretaciones completamente erróneas.
Efectivamente, México avanzó siete posiciones al pasar del lugar 63 al 56 en el IGI, lo cual es una muy buena noticia, pues este dato es el resultado final dentro del ranking global que compara a 126 países. No es el gasto en ciencia, tecnología e innovación (CTI), como lo presentó la titular del Conacyt. La posición en el ranking es el resultado de dos conjuntos de elementos. Estos incluyen, por una parte, las entradas o insumos para la innovación (instituciones, capital humano, recursos para la investigación, infraestructura y la sofisticación de los negocios y el mercado) y por otra parte las salidas o productos (que incluyen la creación, impacto y difusión del conocimiento y los productos creativos como activos intangibles y la creatividad en línea). Cada apartado incluye una diversidad de temas, por lo que la posición final en el ranking es resultado del análisis de aproximadamente 80 indicadores.
El resultado final no depende sólo del gasto o las políticas en CTI, pues califica aspectos como la seguridad y la estabilidad política, el acceso a tecnologías de información y comunicación, o la escala de los mercados y el grado de competencia, entre otros aspectos. Así, la calificación depende del medioambiente que rodea a la innovación en cada nación en particular. Por otra parte la eficiencia es el resultado de la relación entre los insumos descritos y las salidas o productos, que da como resultado un índice que es un elemento más que se considera para establecer la posición final en el ranking, y puede subir o bajar dependiendo de factores internos o por movimiento de otras naciones. Es cierto que entre 2013 y 2018 la eficiencia bajó en nuestro país. Pero para evaluar adecuadamente estos datos sería más justo comparar a México con economías semejantes.
En ese periodo la posición de México en el ranking pasó del lugar siete al tres en América Latina y el Caribe, colocándose sólo por debajo de Chile y Costa Rica, y por arriba de Argentina, Brasil, Colombia y el resto de las naciones de la región. Si además se nos compara con las 40 naciones incluidas en el estudio con un nivel de ingreso semejante (medio alto), México pasó del lugar 20 al 12, lo cual difícilmente puede considerarse un fracaso. En términos de la eficiencia en ese periodo a escala regional, salvo Chile, todos los países experimentaron una caída, como Costa Rica que perdió 32 posiciones o Argentina 71 lugares, mientras México bajó en este parámetro sólo 16 puntos.
En resumen, la forma en la que la directora del Conacyt analiza los datos del Índice Global de Innovación es preocupante y obliga a verificar en adelante toda la información numérica que sale de su oficina.
Finalmente, quiero dejar claro, como lo he hecho antes aquí, mi desacuerdo con el subsidio a empresas privadas con recursos públicos y a tratarlas como si fueran minusválidas. Su participación no sólo es deseable sino necesaria para el desarrollo científico de nuestro país, actuando por su propia cuenta o en colaboración con el gobierno en proyectos de interés y beneficio mutuos. Si hay irregularidades en las asignaciones realizadas por gobiernos anteriores, deben ser demostradas y sancionadas en términos de la ley y punto.

6/25/2019

Educación y ciencia, hay prisa en la 4T



La educación está en el centro de la Cuarta Transformación (4T), afirmó el doctor Luciano Concheiro al inaugurar, el pasado viernes 21 de junio, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la LV Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). Fue un acto muy rico en definiciones, pues en medio de los reclamos de respeto a la autodeterminación de las instituciones autónomas, el subsecretario de educación superior de la Secretaría de Educación Pública expresó que hay pleno respeto por parte de su persona (y entendemos con ello que del gobierno) a la autonomía de las universidades.
Para mí, Luciano Concheiro es el tipo ideal de funcionario del gobierno actual. Lo digo porque desde muy joven ha estado presente con valentía en las luchas por la transformación del país (en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hay una gama muy amplia de funcionarios, que va desde los antiguos comunistas, como Concheiro, hasta los nacionalistas revolucionarios, pasando por evangélicos y quienes no reconocen izquierda o derecha, sino una lucha por la vida o la muerte, una especie de provida ambientalista). El subsecretario de educación superior es, sin dudarlo, una persona de izquierda, con una sólida formación científica, con plenos conocimientos para abordar de frente, con autoridad, credibilidad (un atributo muy raro en los políticos) y frescura los temas que atañen a la educación superior de nuestro país; aunque no siempre pueda uno estar de acuerdo con él.
En Pachuca hizo una larga exposición ante rectores y dirigentes de las universidades afiliadas a la Anuies en la que planteó sus ideas y líneas de trabajo para la educación superior, y aprovechó para aclarar algunos temas controversiales en los que se ha visto envuelto en las semanas recientes. Por ejemplo, reiteró que sí hay en las instituciones de educación superior una hiperélite pero, atemperando su dicho, reconoció que ésta es muy pequeña y poco significativa económicamente; dijo además que la idea no es quitarle a los que tienen, sino avanzar en conjunto con mayor justicia. En el tema de las becas y los estímulos, aclaró que no serán cancelados, aunque quienes hayan seguido sus aclaraciones previas en Twitter saben que su idea es orientar estos mecanismos para favorecer el trabajo colectivo y su impacto en la sociedad; es decir, condicionarlos al cumplimiento de los estilos y programas gubernamentales.
Como sea, uno de los propósitos de su intervención fue dejar en claro su postura como universitario y su reconocimiento y respeto a la autonomía. Se entenderá entonces que los programas de gobierno en esta materia tendrán que pasar por el escrutinio de las instancias y mecanismos de autogobierno de las instituciones autónomas, aunque sugirió –y esto es algo en lo que hay que poner atención– que las iniciativas para la gran transformación educativa que se persigue pueden provenir de diferentes lugares, también de adentro, es decir, de las propias comunidades en concordancia con la 4T.
En la parte medular de su mensaje explicó que la política para la educación superior estará basada en el artículo tercero recientemente aprobado. Es importante notar que salvo algunos puntos como la gratuidad y el ingreso de aspirantes –dijo que habrá un crecimiento gradual de la matrícula con los jóvenes que cumplan con los requisitos académicos determinados por las instituciones–, los contenidos específicos de las políticas derivadas del mandato constitucional nunca estuvieron claras en su exposición.
Lo que sí fue muy clara es la prisa que tiene el gobierno de la República Mexicana por contar lo antes posible las leyes secundarias tanto en educación superior como en ciencia, tecnología e innovación (CTI). Aunque el plazo fijado en la reforma constitucional llega en teoría a diciembre de 2020, Concheiro afirmó que estarán listas este mismo año, para lo cual se organizarán, junto con la Anuies foros –no grandes, sino sólo con algunos académicos y especialistas– a alta velocidad: comienzan este jueves 27 y concluirán el 10 de julio –¡14 días!–, una especie de democracia fast track, aunque claro, se convocará también a la participación virtual.
Concheiro se convirtió también ese día en una especie de vocero de la política de CTI, pues dijo que el conocimiento científico tiene que llegar a todos los rincones del país incluidos los más pobres, lo cual es correcto, e informó que trabajan en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para tener listas cuanto antes las leyes mencionadas.
Y este es el punto al que quería llegar, pues ojalá que la asociación entre la SEP y el Conacyt resulte beneficiosa, para evitar que la política de CTI sea sólo la expresión de las filias o las fobias de algunas personas en particular (como ya ha ocurrido con algunas iniciativas recientes) y no la expresión de una genuina consulta entre la comunidad.

6/11/2019

Edición genética y cambio climático

La Jornada:
Javier Flores

La semana pasada se dieron a conocer los nombres de las ganadoras del Premio Princesa de Asturias 2019 en la categoría de investigación científica y técnica, el cual será entregado en octubre a las doctoras Sandra Myrna Díaz, del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad de Córdoba, Argentina, y a Joanna Chory, del Instituto Médico Howard Hughes en Maryland, Estados Unidos. El comité de premiación eligió a estas investigadoras pues, aunque trabajan de manera independiente, tienen en común enfrentar con sus indagaciones el reto que representa para la humanidad el calentamiento global. Díaz creando métodos para la cuantificación de los efectos de la biodiversidad de plantas y su aprovechamiento humano, y Chory estudiando la genética de plantas sometidas a estrés. En este artículo me voy a referir al trabajo de la segunda, pues aborda un tema novedoso y de gran actualidad, la modificación genética de plantas para enfrentar el cambio climático, además de que aporta algunas lecciones para las actuales políticas de ciencia en nuestro país.

Es importante destacar primero la relevancia que tiene este reconocimiento y los aspectos que consideró el jurado al otorgarlo a Chory este año. El Premio Princesa de Asturias (antes Príncipe de Asturias) es considerado elNobel Iberoamericano, y en la categoría de ciencia y técnica ha sido entregado a algunas de las mentes más brillantes de la región y del mundo, como Luc Montagnier y Robert Gallo (2000), Craig Venter y Francis Collins (2001), y Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna (2015), para citar sólo algunos ejemplos del talento mundial. También lo han recibido científicos mexicanos de la talla de Emilio Rosenblueth (1985), Marcos Moshinsky (1988), Guido Münch (1989), Pablo Rudomín (1987), Francisco Bolívar Zapata (1991), Ricardo Miledi (1999) y Arturo Álvarez-Buylla Roces (2011).
Joanne Chory forma parte del grupo que lidera la Iniciativa de Aprovechamiento de Plantas, del Instituto Salk, en la Jolla, California, donde, de acuerdo con el comité de premiación, estudia el desarrollo de plantas capaces de absorber hasta 20 veces más dióxido de carbono del aire:Se trata de un proyecto de investigación que lucha contra el calentamiento global y, por tanto, el cambio climático, a través de la optimización de la capacidad natural de las plantas para capturar y almacenar el dióxido de carbono y adaptarse a distintas condiciones climáticas, utilizando para ello las técnicas de edición genética más innovadoras, como la Crispr, anotó el jurado.
Con ello, el comité que examinó las candidaturas y la propia Fundación Princesa de Asturias, que encabeza el rey de España, ante la mirada de la comunidad científica internacional, otorgan un importante aval a las técnicas de modificación genética como una estrategia válida para enfrentar el calentamiento global… Ante la noticia, algunos funcionarios del actual gobierno de México se mueven incómodos en sus sillones.
El proyecto en el que participa Joanna Chory consiste en aumentar la capacidad natural que tienen las plantas para captar bióxido de carbono (CO2). Su punto de partida es el convencimiento de que el cambio climático representa uno de los problemas más serios que enfrenta la humanidad y ha puesto su experiencia de más de 30 años como científica en tratar de resolverlo. En condiciones normales las plantas toman el CO2 de la atmósfera y mediante la fotosíntesis lo transforman en azúcares. Gracias a los avances en la genética en las tres décadas pasadas ha sido posible conocer las funciones de gran número de genes en plantas, trasladar las propiedades de unas a otras (transgénicos), o modificar genes mediante herramientas como la edición genética (con el complejo conocido como Crispr-cas9, por ejemplo).
El aumento de CO2 atmosférico producto de la actividad humana es el origen del calentamiento del planeta. Normalmente las plantas lo capturan en las raíces gracias a la presencia de suberina, molécula grande (polímero) a la que se conoce también como corcho. La idea es que es posible aumentar, mediante la modificación genética, el tamaño y la profundidad de las raíces, contando así con una superficie rica en suberina, lo que se traduce en mayor captación de CO2 en la tierra y su eliminación del ambiente. Todo lo anterior ha ocurrido hasta ahora a escala experimental en una planta modelo, la Arabidopsis thaliana, pero se estima que en unos 10 años pudiera concretarse en diversos cultivos a gran escala.
El premio a Joanna Chory es más que merecido, pues muestra el valor que tiene la investigación genética para enfrentar el calentamiento global. Mientras tanto, en México algunos funcionarios del gobierno que actúan de manera sectaria (en el sentido de secta) han satanizado la investigación en transgénicos y el empleo de la edición genética a las que consideran una amenaza al medio ambiente, e intentan por todos los medios impedir el desarrollo de la investigación científica en este campo.

5/28/2019

Dos realidades



La semana pasada investigadores de los Centros Públicos de Investigación (CPIs) entregaron en Palacio Nacional una carta firmada por más de 3 mil personas –entre científicos, técnicos, estudiantes y trabajadores– en la que exponen la situación de precariedad por la que atraviesan los 27 centros adscritos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entre otras causas por los efectos de las medidas de austeridad aplicadas por el gobierno y las disposiciones de ahorro adicionales contenidas en el memorándum presidencial del 3 de mayo. La respuesta no se hizo esperar, pues la titular de ese organismo, María Elena Álvarez-Buylla Roces, fijó en un noticiero radiofónico su postura frente a los reclamos de los firmantes. Lo ocurrido nos proporciona una imagen que merece ser examinada, pues revela los mundos que habitan la mayoría de los científicos y los actuales encargados de la administración pública de la ciencia, en el contexto del arranque de la Cuarta Transformación (4T).
Los CPIs surgidos desde hace 25 años cubren prácticamente todo el territorio nacional y son un claro ejemplo de la evolución que ha tenido la descentralización de la ciencia en nuestro país. Abarcan casi todos los campos del conocimiento tanto en las ciencias exactas y naturales, como en las sociales y las humanidades y cuentan entre sus integrantes con investigadores del más alto nivel. En la carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Hacienda; Carlos Urzúa, y a la titular del Conacyt, la comunidad de estos centros expresa su preocupación por el decremento de 30 y hasta 50 por ciento en partidas relacionadas con el gasto operativo de esas dependencias.
Los firmantes señalan que los daños a los CPIs asociados a los recortes implicarían la suspensión e incluso la cancelación de actividades sustantivas de investigación, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos, difusión y divulgación de la ciencia. También expresan su preocupación por la suerte del personal técnico y operativo y sus familias por la cancelación de plazas para el personal eventual y operativo, entre los que se encuentran profesionales altamente calificados. Se solidarizan con otras instituciones que están corriendo la misma suerte, como el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Tecnológico Nacional de México, El Colegio de México y los Institutos Nacionales de Salud. Solicitan que se exima a los CPIs y a todas las instituciones dedicadas a la ciencia y la tecnología de los ajustes citados y que se defina una nueva normatividad para estas instituciones (en la actualidad los científicos son considerados indebidamente servidores públicos).
Me detengo con cierto detalle en los contenidos de la carta, pues constituye una parte de la imagen a la que me referí al principio. La otra es la respuesta a la misma. No se si la doctora Álvarez-Buylla, además de su participación en el noticiero de Carmen Aristegui haya entregado una repuesta formal, pero en ese espacio señaló, refiriéndose a la carta, que hablar sólo de recortes es impreciso y promueve la desinformación. Pidió que no se transmitan noticias falsas, verdades a medias y se manipule para generar entre estudiantes e investigadores preocupaciones innecesarias. En ese marco, insistió en que hay que remitirse a los hechos. Su argumento principal es que las disposiciones derivadas de la política de austeridad no afectan el uso de los recursos que son asignados a proyectos específicos aprobados por el Conacyt. Dijo que la ciencia pública casi desapareció en 2017 y 2018, y en los meses que lleva su gestión se cuenta con recursos por 800 millones de pesos para los protocolos de investigación aprobados. Considera que este es un hecho más contundente que los rumores.
Yo no encuentro que en la carta de los integrantes de los CPIs haya rumores, noticias falsas o se promueva la desinformación. De cualquier forma los proyectos de investigación aprobados por el Conacyt (que no son todos los que se desarrollan en cada institución, ni sus montos alcanzan para todo) no los realizan científicos aislados, sino que ocurren en instituciones que son las que hoy sufren daños en sus presupuestos y consecuentemente se ven afectados todos los proyectos. Lo dicho por la directora del Conacyt tiene por momentos un tono de regaño (está grabado y los interesados pueden consultarla en Youtube), lo cual parece inapropiado frente a 3 mil integrantes de la comunidad científica de los CPIs, entre los que se encuentran varios Premios Nacionales de Ciencia y participantes en proezas científicas como la primera fotografía de la sombra de un agujero negro. Como quiera que sea, hoy algunos de estos centros tienen serios problemas para afrontar sus gastos e incluso para pagar la luz.
Lo anterior sugiere que los investigadores y las autoridades del Conacyt habitan en mundos paralelos.

5/21/2019

Otra vuelta de tuerca

La Jornada: 
Javier flores

En agosto de 2018 el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo ante representantes de las comunidades científica y empresarial del país que durante su gobierno se apoyaría a la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI), a las que consideró fundamentales para enfrentar los problemas del país.Lo que corresponde a nosotros, que vamos a tener la responsabilidad de encabezar el gobierno... es garantizar que la aportación del presupuesto en ciencia y tecnología aumente, y en el peor de los casos que no se reduzca. Pero hoy, ante los efectos adversos de la política de austeridad republicana sobre gran número de instituciones científicas, y el nuevo apretón que se da con el memorándum presidencial del 3 de mayo, uno se pregunta: ¿cómo fortalecer entonces el papel de la ciencia en la solución de los problemas nacionales reduciendo sus recursos?

Y no es que se ponga en duda la congruencia del Presidente de la República, pues ha demostrado tenerla en diversos temas. Pero la aplicación general de una política de austeridad orientada a evitar el derroche, los salarios exorbitantes de los servidores públicos, los automóviles de lujo, aviones y helicópteros puede corresponder a las prácticas de buen número de dependencias del gobierno, pero definitivamente no es el caso de las instituciones científicas, donde los bajos salarios de los investigadores (cuyo estatus legal es erróneamente el de servidores públicos) sólo alcanza un nivel digno con la integración de bonos, estímulos, seguros y otros beneficios que ahora se eliminan por las disposiciones mencionadas con la consecuente reducción de sus ingresos.

Y no sólo eso. En el memorándum del 3 de mayo se establecen medidas de observancia obligatoria para toda la administración pública federal con reducciones en partidas que dañan y pueden impedir el desarrollo de los trabajos científicos. Por ejemplo, el punto nueve establece que todo viaje al extranjero debe ser autorizado por el Presidente de la República, lo cual es absurdo, pues cada investigador realiza anualmente por lo menos un viaje para asistir a eventos internacionales, lo que permite, entre otras cosas, establecer convenios de colaboración y que México pueda estar al tanto en tiempo real de los avances en todos los campos del conocimiento y conocer los riesgos y oportunidades asociados a ellos. El Presidente tendrá además numerosas solicitudes en su escritorio que no podrá atender.
Para comprender lo absurdo de la aplicación general de tales medidas, se establece también la reducción en 30 por ciento en la partida que se refiere aEstudios e investigaciones, que si se aplica al pie de la letra implicaría la cancelación de proyectos científicos en las instituciones en la proporción señalada. La divulgación científica también se verá afectada por la reducción en 30 por ciento de las partidas correspondientes a comunicación y de 50 por ciento para exposiciones.
Si las medidas iniciales de austeridad estaban pensadas para garantizar la atención a los programas sociales, la justificación explícita de la recientevuelta de tuerca, representada por el memorándum del 3 de mayo, es que los recursos que se obtengan se usarán para fortalecer a Pemex.
La nueva disposición surgió luego del anuncio de la construcción de una nueva refinería, en la que participará el Instituto Mexicano del Petróleo, los recursos obtenidos con las medidas de ahorro pretenden garantizar el éxito del proyecto. Resulta paradójico que si una proporción de los recursos para Pemex llegarán a este instituto de investigación (con lo que teóricamente se incrementaría el gasto gubernamental en ciencia y tecnología de 2019 acercándose al cumplimiento del compromiso del Presidente), al mismo tiempo se esté reduciendo el presupuesto a los centros públicos de investigación (CPI), los institutos nacionales de salud o al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, entre muchos otros, con lo que el reporte del gasto en este sector al concluir el año mostrará seguramente un nuevo decremento.
Pero el punto al que quería llegar es que el efecto colateral de las medidas de austeridad que han puesto en jaque a las instituciones científicas del país, han provocado la expresión de un fenómeno que muestra que se está llegando a un límite, como lo han advertido la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y 3 mil investigadores y técnicos de los 27 centros públicos de investigación. En sendos comunicados se dirigen respetuosamente al Presidente, la Secretaría de Hacienda, legisladores y otras autoridades señalando su acuerdo con la austeridad y el manejo eficiente y transparente de los recursos, pero se señalan los daños que provocan las medidas de ajuste y se solicita que se establezca un régimen específico para el sector de CTI y se eliminen los impactos negativos del memorándum del 3 de mayo… Es un llamado que no se puede ignorar.

5/14/2019

Dos Bocas, el reto tecnológico



A lo largo de la historia los motores principales para el avance de la ciencia han sido los problemas que las comunidades humanas enfrentan y deben resolver. Lo anterior es válido en el orden práctico para garantizar la supervivencia y/o la producción de bienes; pero lo es también cuando se trata de hacer frente a los retos que plantea la creación de nuevos conocimientos aparentemente alejados de una aplicación. México enfrenta hoy una dificultad muy seria, pues es un país productor de petróleo que depende del exterior para satisfacer la demanda interna de combustibles, lo que representa un riesgo para la soberanía nacional en materia energética, como lo ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Por ello su gobierno anunció desde el 9 de diciembre de 2018, un Plan Nacional de Refinación que consiste en la rehabilitación de las seis plantas existentes y la creación de una nueva en Dos Bocas, Tabasco.
Pero la construcción de la nueva planta dio el pasado jueves un giro inesperado que modifica sustancialmente el proyecto original. Al inicio se decidió que la obra quedara a cargo de firmas extranjeras poseedoras del know-how (saber hacer), pero los costos y tiempos planteados por éstas rebasaron las condiciones propuestas por el gobierno de México. Así se llega a una determinación audaz, inspirada en la gesta cardenista que rescató a la industria petrolera luego de la expropiación: serán principalmente técnicos y especialistas mexicanos, coordinados por la Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes realizarán la obra, cuyo costo total es del orden de los 8 mil millones de dólares (aproximadamente 160 mil millones de pesos).
Por lo pronto, AMLO destacó la participación del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en la obra, y la titular de la Sener y responsable del plan de Dos Bocas, Rocío Nahle García, definió el papel de este instituto en la administración, coordinación y gerencia del proyecto junto con el área respectiva de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la secretaría que encabeza. Nahle adelantó también la presencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Mexicano de Ingeniería y las Comisiones Federal de Electricidad y Nacional del Agua. El Presidente convocó además a los trabajadores petroleros activos o jubilados a participar en la obra que generará, según dijo, 100 mil empleos.
En la conferencia de prensa matutina en la que se anunció este viraje, el Presidente explicó cómo gobiernos anteriores trataron de destruir al IMP, organismo que se ha distinguido a lo largo de su historia por su creatividad en el desarrollo de tecnologías e innovaciones para la industria petrolera. Su participación en Dos Bocas puede significar el renacimiento de esta institución, tema al que ya me he referido aquí (La Jornada, 15/1/19). Para que no haya duda del papel protagónico de este instituto, la residencia de la obra estará en sus instalaciones en Villahermosa, Tabasco.
La construcción de la nueva refinería es un proyecto complejo, pues implica procesar 340 mil barriles diarios de crudo pesado tipo maya de 22º API (medida que indica la densidad del petróleo en relación con el agua, los crudos ligeros tienen más de 31º API). Para la obtención de los productos finales como las gasolinas regular o premium, y otros productos útiles (como diésel, azufre y coque, entre otros) el crudo debe pasar por 17 plantas individuales interconectadas mediante múltiples procesos que deben cumplir con estrictas normas tanto nacionales como extranjeras de tipo general y en disciplinas como mecánica, de tuberías, eléctrica, instrumentación y de seguridad para garantizar que la calidad del producto final se ajuste a los requerimientos internacionales. Como puede verse, se trata de un reto formidable.
Que el gobierno de México se haga cargo de una obra de estas proporciones es, en mi opinión, una gran noticia, pues como señalé al inicio, encarar este desafío puede ser un detonador en nuestro país del avance científico y tecnológico en éste y otros campos del conocimiento. Se alinea además con los objetivos expresados en el Plan Nacional de Desarrollo, que propone en su capítulo económico vincular la innovación con la actividad de las empresas y en este caso se trata, ni más ni menos, de la más importante empresa del Estado mexicano.
Se han planteado diversas objeciones a este proyecto, dentro de las cuales son muy atendibles las que abordan el tema ambiental señalando que en lugar de continuar por el camino de los combustibles fósiles debería optarse por el de las energías limpias. Es cierto, pero no debe verse como algo excluyente, pues es innegable que hay que resolver hoy el problema de la producción de gasolinas. Pero debemos avanzar también hacia otras fuentes energéticas, y aquí la solución no la vamos a encontrar con un retorno al pasado, sino con más investigación en ciencia y tecnología.

A la memoria de Germinal Cocho Gil

5/07/2019

El Conacyt al margen del PND



El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha propuesto realizar una Cuarta Transformación (4T) que sería del mismo nivel de tres etapas claves de la historia de México: la Independencia, la Reforma y la Revolución. ¿Cuál es el papel que se asigna a la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) para alcanzar este propósito? ¿Cuáles son los objetivos y las estrategias propuestas en estas áreas en un mundo marcado por los avances incesantes en los diferentes campos del conocimiento? El Plan Nacional de Desarrollo (PND) enviado el martes a la Cámara de Diputados puede ayudarnos a encontrar algunas respuestas a estas interrogantes.
Lo primero que llama la atención es que el apartado de ciencia y tecnología se asocia con la economía y no con la política social o la educación, ¿por qué? La respuesta es que el PND, tal y como fue presentado, pone el énfasis, no en el desarrollo científico y tecnológico per se, sino ligado a la innovación. Esto constituye una definición de primer orden sobre cómo se entiende la política de ciencia en la 4T.
En la actualidad la innovación se puede entender de muy diferentes maneras pero en el PND se define como la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos y prácticas que puedan incrementar la productividad y la competitividad. Y se añade: El gobierno de México impulsará el Sistema Nacional de Innovación para promover esta actividad en todos los niveles, se dotará a las personas de herramientas y habilidades que propicien soluciones creativas a problemas y que impulsen la investigación y el desarrollo de tecnología (p. 151).
De acuerdo con el Plan, el gobierno promoverá la confluencia de los sectores académico, científico, productivo y social para que el avance científico y tecnológico conduzca al desarrollo de nuevas capacidades en los trabajadores y las empresas (todas y en especial las micro, medianas y pequeñas empresas) y que la innovación responda a las necesidades de la sociedad (p. 152).
Se ha dicho que el contenido de ciencia del PND expresa un desprecio del actual gobierno y del Presidente hacia esta actividad pues se reduce a cinco renglones; mi lectura del mismo no coincide con esta apreciación, pues el programa para CTI está inmerso en la política económica del Plan (pp. 150-156). El gran peso que se asigna a la innovación como columna vertebral y articuladora de la investigación científica y tecnológica, obedece en buena medida a la notoria ausencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la elaboración de la propuesta.
Una consecuencia de lo anterior es que se rompe el equilibrio entre los tres componentes de la ecuación (C-T-I), con predominio de la innovación en detrimento de la investigación científica y tecnológica, cuyas consecuencias pueden ser graves en el corto y mediano plazos. Pero al parecer no hay mucho espacio hacia donde moverse, pues a juzgar por el PND, así viene la 4T.
Paradójicamente, la responsabilidad de coordinar (no elaborar) el Plan Nacional para la Innovación se le asigna al Conacyt. Se trata de un programa en cuya elaboración participarán universidades, pueblos, científicos y empresas (p. 58), tal y como ya lo había adelantado AMLO el primero de diciembre al dar lectura a su programa de 100 puntos. Digo que es paradójico, pues el Consejo que dirige la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces ha expresado en diversas ocasiones su aversión por la participación de las empresas en el desarrollo científico del país. De hecho una de las primeras acciones tomadas por la dirección a su cargo fue la cancelación, sin una evaluación correcta, del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), dirigido en más de 70 por ciento a las pequeñas y medianas empresas. Estas entidades (e incluso empresas más grandes), como hemos visto, están en el centro de la la política de innovación en el PND.
A menos que los legisladores hicieran una corrección muy de fondo al documento en estos días las consecuencias para la investigación científica, aunque son difíciles de prever no auguran nada bueno, y sin duda también serán muy importantes para el futuro del Conacyt en este sexenio.
En síntesis, los planteamientos sobre CTI en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (que es la hoja de ruta de la 4T) representan un duro golpe al Conacyt, pues las aportaciones de este organismo en la elaboración del Plan no fueron tomadas

3/26/2019

Sobre la política de ciencia de la 4T



En una de sus conferencias de prensa matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó cómo decidió nombrar a la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces como directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Ante una pregunta que llamó mucho la atención, pues la formularon los niños reporteros de Radio Aventureros, el primer mandatario reconoció que él no la conocía, pero vio su currículum y advirtió que era una buena científica y que había obtenido el Premio Nacional de Ciencias en 2017. Fue una decisión basada en méritos. En el medio científico su nombramiento fue bien recibido, precisamente por tratarse de una investigadora, pues se interpretó como una ventaja, si se considera que en algunos periodos previos este nombramiento recayó en administradores y políticos sin un conocimiento pleno de los problemas que enfrentan los investigadores y la ciencia de nuestro país. No obstante, la nueva directora, lejos de observar al sistema nacional de ciencia y tecnología como un fenómeno que puede estudiarse y guiarse para impulsar el avance de la ciencia –como se esperaría en un enfoque científico–, introdujo un criterio esencialmente político, al trasladar al Conacyt un proyecto personal, su guerra contra los organismos genéticamente modificados (OGM), con la pretensión de convertirla en la columna vertebral de la política de ciencia y tecnología del gobierno de AMLO. Al respecto ha surgido y se ha alimentado una confusión con relación a los OGM: una cosa es la siembra de semillas y el cultivo de plantas transgénicas a cielo abierto en el territorio nacional –tema que corresponde a la agricultura y está sujeto a diversas regulaciones– y otra muy distinta la creación de variedades genéticas mediante la investigación científica, bajo condiciones controladas, para indagar sus potenciales beneficios y riesgos. Así, cada vez que AMLO reitera su oposición a la siembra de semillas transgénicas, en el actual Conacyt no disimulan su alegría y lo difunden profusamente en las redes sociales. Pero, ojo, el Presidente no se está refiriendo a la investigación científica. La iniciativa de decreto para crear una nueva ley de humanidades, ciencias y tecnologías presentada ante el pleno del Senado por la legisladora de Morena Ana Lilia Rivera Rivera, fue el primer intento por convertir el activismo contra los OMG en la política de ciencia de la 4T. Aunque la directora del consejo lo ha negado reiteradamente, cada día se acumulan más pruebas de su participación en la creación del citado proyecto de ley. Tengo frente a mí un documento elaborado por uno de sus directores adjuntos, Raymundo Espinoza Hernández, con la colaboración de dos de sus directores de área, José Antonio Ruiz Martínez y Rosenda Cruz Vixtha, en el que están contenidas las ideas principales de la reforma y tiene párrafos completos de la misma, lo que muestra que la iniciativa fue elaborada en el área jurídica del Conacyt. No quiero decir con esto que la doctora Álvarez-Buylla mienta, pues queda la posibilidad (aunque remota) de que estos funcionarios hayan actuado a sus espaldas, lo que sería algo muy grave y, de ser así, seguramente acarreará consecuencias en esa área.
Pero el punto al que quiero llegar es que esa política puede ser interpretada erróneamente por los militantes y legisladores de Morena como la línea del gobierno de AMLO, por lo que estarían de algún modo obligados a cobijarla y respaldarla. No es así, pues de manera muy hábil el Presidente puso importantes candados en este tema. Uno de ellos es que la política para este sector debe ser el resultado de la consulta a los científicos, empresarios y al pueblo –así lo dijo el primero de diciembre. Y en este caso la iniciativa creada de forma unilateral no resistió el primer contacto con los investigadores, que la han repudiado, entre otras cosas, porque se pretende ejercer un control absoluto sobre la investigación científica (e incluso prohibir o cancelar proyectos), y no sólo en el caso de los OGM, sino en todas las áreas del conocimiento.
La participación amplia de la comunidad científica justifica preguntarse cuánto tiempo más durará en pie la escenografía montada sobre la existencia de una guerra sucia contra el Conacyt o su directora general, o de la participación de mafias que critican los nombramientos y otras políticas en el consejo.
Una consideración final. Así como es erróneo considerar la iniciativa citada como equivalente a la política de la 4T (la cual todavía está en construcción), también lo es etiquetar la oposición a la investigación en transgénicos y en otras áreas de la tecnología como de izquierda y revolucionaria. Por el contrario, es profundamente conservadora y reaccionaria, pues se opone al avance del conocimiento y la tecnología y, en algunos extremos, se propone abiertamente el retorno al pasado, sustentándose en una extraña combinación de neolysenkismo y el Laudato si del papa Francisco.

3/12/2019

La ley que nació muerta



Independientemente del grado de participación que haya tenido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en su génesis (lo que tendrá mayor claridad en los próximos días), la iniciativa de decreto para crear una nueva ley de humanidades, ciencias y tecnologías fue resultado de un cálculo político fallido. Surgida a espaldas de la comunidad científica, ha provocado una reacción de rechazo que no se había visto en décadas en este sector. Como sintetizó el doctor Daniel Ortuño Sahagún, profesor del departamento de biología molecular y genómica de la Universidad de Guadalajara, durante su participación el miércoles pasado en la Cámara de Diputados: “Un primer logro de la propuesta de nueva ley –que francamente espero sea el último– es haber unido a la comunidad académica para manifestarnos mayoritariamente en contra de ella”.
Como respuesta a los reclamos de investigadores, luego de la presentación de la senadora Ana Lilia Rivera de la mencionada iniciativa, tuvo lugar el pasado 6 de marzo la primera jornada del Conversatorio para el Análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, acto organizado en conjunto por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, presidida por Marivel Solís Barrera, y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, encabezado por Julia Tagüena Parga. La reunión, en la que se registraron más de 600 académicos y científicos, es en sí misma una buena señal, pues ilustra la característica de la política de ciencia de la Cuarta Transformación que ya había sido planteada el primero de diciembre por el presidente López Obrador: la consulta con los científicos.
Un hecho significativo en la ceremonia inaugural, ocurrió cuando la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Beatriz Paredes Rangel, destacó la propuesta presentada por la comisión homóloga de los diputados para incorporar en el artículo tercero constitucional las bases de una política de Estado para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, considerarlas áreas prioritarias para el desarrollo nacional con visión de largo plazo y como un derecho para gozar de los beneficios del conocimiento científico y sus aplicaciones. De concretarse, cambiaría sustancialmente la perspectiva desde la que habría que observar a la ley reglamentaria (de ciencia y tecnología), como advirtió luego Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien coordinó la primera mesa de trabajo del conversatorio.
Es imposible en este espacio dar cuenta de la riqueza de las participaciones en el acto citado, por lo que me voy a referir aquí sólo a algunas de ellas en los temas que considero estuvieron en el ánimo de la mayoría de los participantes.
Un punto central fue el planteado por Julia Tagüeña, Guillermo Cejudo (investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas) y por el propio Pedro Salazar, quienes señalaron que antes de aterrizar en una nueva ley de ciencia y tecnología era preciso contar con una definición de políticas; es decir, saber primero hacia dónde se quiere ir, o los problemas que se pretenden resolver, por lo que el marco normativo debería ser visto no como un fin en sí mismo, sino como el mejor receptáculo posible luego de la definición de esas políticas. Dicho en otras palabras, aunque menos elegantes, no habría que poner la carreta delante de los bueyes.
Otro de los puntos nodales en la primera jornada fue el planteado por Juan Pedro Laclette, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, al señalar que si se pretende modificar la ley, se debería partir de la vigente y no de la iniciativa de la senadora Rivera. En el mismo sentido, en la sesión vespertina dedicada al análisis de los centros públicos de investigación (CPI), Martín Aluja Schuneman, Premio Nacional de Ciencias 2013, dijo que la iniciativa presentada por Rivera debería ser archivada y aspectos como las modificaciones en los CPI operarse sobre la base de la ley actual.
Un tema que estuvo presente en varias intervenciones fue, desde luego, el de la libertad de investigación. Al respecto, Antonio Lazcano Araujo, miembro de El Colegio Nacional, señaló que el desarrollo de la ciencia requiere de la garantía de la libertad intelectual absoluta, por lo que no debe haber restricciones o imposición sobre el sentido que debe tomar la investigación. Pedro Salazar recomendó evitar recetar conceptos abiertos y ambiguos que operan como condicionantes, como los de riesgo, prevención, precaución y previsión, los cuales requieren de una definición precisa para no convertirse en espada de Damocles sobre las investigaciones.
Una conclusión preliminar para el primer día de actividades de este conversatorio (que tendrá su segunda jornada y conclusión mañana) es que la iniciativa de decreto para crear una nueva ley de humanidades, ciencias y tecnologías, nació muerta.

2/19/2019

Ciencia: confinamiento presidencial



La semana pasada el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) estuvo nuevamente en el ojo de un huracán. Digo nuevamente, porque incluso antes de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumiera la Presidencia de la República se había producido ya un escándalo por la exigencia a la administración saliente de ese Consejo –que todavía estaba en funciones– de detener diversos programas, lo que significó la ruptura de la aparente armonía en la transición entre los dos gobiernos. Creo que deberíamos preguntarnos sobre las causas de estas reiteraciones.
Pero pasando a los hechos de la semana previa, fue muy desafortunada la interpretación del presidente López Obrador sobre lo que ocurre actualmente en los campos de la ciencia y la tecnología. Al ser interrogado en la conferencia de prensa del jueves 14 de febrero sobre las irregularidades en las contrataciones de algunos funcionarios en el Conacyt, respondió que hay toda una campaña: “Están muy molestos algunos del Conacyt (sic), los machuchones, porque hay mafias en todo, hasta en la ciencia; mafia –aunque parezca increíble– en la cultura, en la intelectualidad. Cotos de poder. Eran intocables, y también con sueldos elevadísimos, y tampoco con tanto nivel académico. Entonces se sienten desplazados”.
Hay investigadores con muy alto nivel entre los cuales hay varios premios nacionales de ciencia (algo que le gusta mucho presumir a AMLO), que han expresado críticas por el descuido en las contrataciones de personal en el Conacyt (irregularidades que al parecer aún no concluyen), o por los términos de la nueva ley que se pretende imponer en el Senado, a la que me referí aquí la semana pasada. Expresar sus puntos de vista es algo a lo que tienen derecho y no pueden ser catalogados por esa razón de manera ofensiva como integrantes de una mafia.
Lo que me hizo pensar la declaración del primer mandatario es que está atrapado, y que recibe información de un solo origen, una versión parcial de lo que ocurre realmente en el medio científico. Este confinamiento del Presidente es el que se trata de mantener a toda costa con la nueva Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, presentada hace algunos días, en la cual se eliminan los órganos de consulta al Poder Ejecutivo y la asesoría al Presidente queda sólo en manos del director o, en este caso, la directora del Conacyt.
Así, la versión que predomina en la Presidencia acerca de lo que ocurre en este Consejo, es la de una victimización. Se trata de una campaña en contra de Elena Álvarez-Buylla, se dice, lo que constituye un desplazamiento de la realidad que evita examinar si hay cosas que se están haciendo mal. Por ejemplo, en el caso de las personas que han sido contratadas de forma supuestamente irregular, si ese fuera un problema inventado por unos mafiosos, ¿por qué no continúan en sus puestos?, ¿por qué no hacer valer los argumentos que respaldaron esas contrataciones y defenderlas?
En su oportunidad, el Coordinador General de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, reafirmó el tema de las mafias en la ciencia y nos presentó un nuevo capítulo de la historia sobre transferencias indebidas de recursos desde el Conacyt al sector privado, sin presentar aún datos sólidos, pero sí ubicando la trama en la marquesina de la corrupción, al señalar que involucra más dinero que la estafa maestra. Bueno, si eso es así –lo cual hay que demostrar, no sólo insinuar– ya debería haber denuncias penales y personas detenidas. Aunque debemos reconocer que en este caso hay un buen manejo del suspenso. Una cosa que tenemos que agradecer al vocero de la Presidencia es que reveló en esa misma ocasión que hay un respaldo del Ejecutivo a la propuesta de ley presentada por la senadora Ana Lilia Rivera.
En mi opinión, el tema central es precisamente la modificación de la Ley de Ciencia y Tecnología, pues lo que realmente está en juego es el diseño de la política de ciencia del primer gobierno de Morena, del sexenio de AMLO, o de la Cuarta Transformación, como se quiera ver.
En esta semana tan convulsa para el Conacyt, la buena noticia surgió en el Poder Legislativo. Ante la inquietud generada por la iniciativa de ley a la que nos hemos venido refiriendo, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, dio su palabra de que jamás se realizaría ningún cambio en la legislación sin antes escuchar a los profesionales de la investigación, considerando además que ciencia, tecnología e innovación son instrumentos principales para el desarrollo de la nación. En el mismo sentido se expresó la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Beatriz Paredes Rangel, quien adelantó que se realizará una consulta amplia, pues no se trata de temas unipersonales, donde una sola voluntad exprese su voz, y se pronunció por un diálogo con todos los actores, que nos permita que sean decisiones democráticas.