Luis Hernández Navarro
La Jornada
El sexenio de Enrique Peña Nieto
se caracterizó por la violación generalizada de los derechos humanos.
Una cascada de agresiones del Estado contra individuos, organizaciones
sociales y pueblos originarios se sucedieron imparables. El memorial de
agravios de ese periodo tiene el tamaño del directorio telefónico. Va
desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa
hasta la masacre de Nochixtlán, pasando por el asesinato de periodistas y
maestros opositores a la reforma educativa, la militarización de las
evaluaciones magisteriales y la ejecución extrajudicial de presuntos
delincuentes.
Muy lejos de constituirse en un valladar para frenar esas
violaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encabezada
por Raúl González Pérez, dio paso libre a las agresiones de
funcionarios y agentes estatales. No en todos los casos, pero sí en
momentos claves, el presidente del organismo asumió una actitud omisa y
complaciente hacia el poder, desde que tomó posesión del cargo en
noviembre de 2014.
No hay sorpresa en ello. Así lo han hecho, a lo largo de sus 27 años
de vida, la mayoría de quienes han encabezado la institución. González
Pérez fue parte del grupo más cercano del cuestionado José Luis
Soberanes, a quien la picardía popular bautizó como José Luis Sumisiones,
por su obsecuencia hacia los poderosos cuando estuvo al frente de la
CNDH. De la misma manera, fue tal la docilidad de Raúl Plascencia,
antecesor del actual ómbudsman, que el Senado le negó repetir un segundo periodo.
La lista de las violaciones a los derechos humanos en las que el ómbudsman González Pérez ha sido omiso, cuando no abiertamente cómplice del poder, es kilométrica.
A pesar de la gravedad y simbolismo del caso Ayotzinapa, la CNDH
presentó su recomendación del caso (la 15VG/2018), faltando escasas 72
horas para que Enrique Peña Nieto dejara la Presidencia. Lo hizo en un
acto al que no se invitó a los familiares de los estudiantes
desaparecidos. Según expresaron los padres de las víctimas, el informe
del organismo fue producto del
cálculo político más que una respuesta a la exigencia de verdad.
En los hechos, la posición de la CNDH avaló la famosa
verdad histórica, de acuerdo con la cual los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan. Las barbaridades del informe son de tal magnitud, que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tuvo que enmendarle la plana.
“Lamentablemente –dijo el cuerpo de peritos independientes– el EAAF
discrepa profundamente con una parte importante de las formulaciones del
ámbito forense contenidas en la Recomendación 15VG/2018”. Según los
expertos, la CNDH incurre en graves omisiones, especulaciones, sesgos y
simplemente errores al considerar y citar el informe realizado por el
EAAF. Asimismo, discrepa con una parte importante de las conclusiones de
la citada recomendación de la CNDH en varios puntos.
La CNDH tuvo, también, un vergonzoso silencio sobre las violaciones a
los derechos humanos cometidas en contra del magisterio democrático
opuesto a la reforma educativa del Pacto por México. Los profesores
Claudio Castillo, David Gemayel Ruiz y el estudiante Antonio Vivar Díaz
fueron brutalmente asesinados por la policía sin que el ómbudsman
dijera apenas nada. La evaluación se militarizó, se cesó
arbitrariamente a más de mil maestros, centenares fueron golpeados por
la fuerza pública y decenas encarcelados sin que el organismo se diera
por enterado.
En cambio, el ómbudsman avaló, sin el menor pudor, el montaje organizado por Aurelio Nuño y el cacicazgo en Chiapas (https://bit.ly/2y1WrRr). La CNDH, dijo,
condena enérgicamente los actos de intimidación cometidos por presuntos maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), contra profesores que se presentaron a cumplir con la evaluación docente obligatoria.
El colmo fue su informe sobre la masacre de Nochixtlán (https://bit.ly/2JSaZZt).
Infamia sobre infamia, la institución que debería defender los derechos
humanos de las víctimas, ayudar a esclarecer las salvajes agresiones
contra la población civil perpetradas por policías durante el operativo
del 19 de junio de 2016 (ocho muertos y 100 heridos de bala) y señalar a
los responsables, responsabilizó a los damnificados y exculpó a las
autoridades responsables, en la recomendación 7VG/2017.
Irónicamente, en lugar de sancionar moralmente a Raúl González Pérez
por sus graves omisiones en la defensa de los derechos humanos, una
peculiar coalición de intelectuales liberales y ONG de la derecha
empresarial pretenden investirlo ahora como prócer patrio. En contra de
todas las evidencias de su oportunismo político al frente de la CNDH,
aseguran que el enterrador del caso Colosio realizó su función de manera
objetiva y profesional.
Carente de figuras políticas de relieve, la oposición de derecha
quiere hacer de Raúl González Pérez su prohombre en su lucha contra la
Cuarta Transformación. No durará mucho. Inflado artificialmente, se
ponchará tan pronto se contraste su imagen artificial con la realidad de
su obra.
No se trata de tirar al niño con el agua sucia de la bañera. En el
México de hoy se necesita un organismo autónomo que defienda realmente
los derechos humanos. Pero no uno que actúe a conveniencia del poder,
como lo ha hecho la actual CNDH y su presidente.
Twitter: @lhan55
No hay comentarios.:
Publicar un comentario