Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El análisis de los discursos del presidente Calderón en torno a su estrategia de combate a la inseguridad evidencia que la misma sigue limitada estrictamente al aspecto de seguridad; que para afirmar que hay una línea de prevención simplemente alude a los proyectos que en el ámbito social realiza desde el inicio su gobierno, y que incluye o desaparece temas de acuerdo con sus audiencias. En sus intervenciones desde el inicio de los operativos conjuntos y a lo largo de las masacres y reuniones más significativas, también se detectan unos sorpresivos descubrimientos presidenciales.
El 11 de diciembre de 2006, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció que el enfoque de la Operación Conjunta Michoacán era: “…el establecimiento de acciones estratégicas para enfrentar con efectividad al narcotráfico y la delincuencia organizada”.
Dos días más tarde, en Huehuetoca, Estado de México, Calderón definió los tres ejes rectores de esta estrategia:
1) mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno y más presencia del Estado en las zonas de mayor inseguridad;
2) mayor y mejor asignación de recursos a las instancias encargadas de la inseguridad; y
3) modernización del sistema de seguridad, a través de instituciones más eficientes y de reformas legales. Las tres políticas, centradas en el combate frontal.
Fue hasta después del “granadazo” del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, que habló de la necesidad de incorporar la prevención como uno de los ejes de la estrategia. El 19 de septiembre, en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, señaló: “…nuestra estrategia tiene que ir más allá de la ejecución de operativos, de la desarticulación de bandas criminales o de secuestradores, o de la profesionalización de nuestros cuerpos policiacos. También debe, necesariamente, incluir políticas públicas de carácter preventivo. Las últimas estadísticas confirman la grave problemática a la que se enfrentan nuestros jóvenes a causa de la droga, de las adicciones y de la incapacidad del Estado, en sus diversos órdenes, de proporcionarles oportunidades de desarrollo, bienestar, formación y trabajo”.
Pero no parece haberse hecho mucho, pues el 2 de febrero de 2010, al referirse a la matanza de 18 jóvenes en Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde Tokio, Japón, expresó: “La problemática de Ciudad Juárez rebasa con mucho la mera acción policiaca, o incluso la del crimen organizado. Es una problemática compleja, de carácter no sólo criminal sino social, y reclama, por lo mismo, una estrategia mucho más amplia e integral”.
Y el 11 de febrero, al reunirse con los familiares de las víctimas, enfatizó: “…el problema es complejo y no puede reducirse a la parte policiaca, aunque también, evidentemente, en la parte operativa-policiaca tenemos que hacer rectificaciones, y rectificaciones de fondo”. Nunca se volvió a hablar de estas “rectificaciones de fondo” en los operativos, pero entonces delineó una estrategia en cuatro grandes rubros:
1) un factor institucional;
2) un factor operacional del día a día;
3) un factor social, “dicho así en sentido muy amplio, pero que es educativo, de salud, etcétera”; y
4) un factor de participación ciudadana. Así, en los primeros dos rubros abarcó los tres que hasta el momento habían sido los ejes rectores; en otro, incorporó definitivamente en sus discursos el factor social; y, por única ocasión, el de participación ciudadana.
Al hablar del componente social, planteó: “…tradicionalmente creímos que las condiciones de pobreza estaban básicamente en el campo, y es cierto, hay mucha pobreza en el campo, pero hay una gran pobreza en las zonas urbanas, y por más que se diga que hay zonas de más progreso y de más ingreso per cápita, como Juárez, hay una gran pobreza, que es donde viven esos muchachos y donde germinan la vocación o las oportunidades criminales”. De modo que, en febrero de 2010, descubrió que hay pobreza urbana y que hay que combatirla.
Ese mismo año, el 15 de junio, en mensaje en cadena nacional tras la matanza de otros 18 jóvenes en un centro de rehabilitación en Ciudad Juárez, Calderón dedicó una parte importante de su alocución a explicar la evolución del narcotráfico y el crimen organizado en el territorio nacional. Esa intervención también sirvió para lanzar su nueva estrategia de comunicación del combate a la inseguridad, y unas semanas después inició los llamados Diálogos por la Seguridad.
El 22 de agosto de 2010, se descubrió la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, por lo que el 27 de agosto, durante su mensaje final del ciclo, sentenció: “La delincuencia se ha convertido no sólo en la principal amenaza para la paz, la seguridad y la libertad de los mexicanos, sino también en el mayor riesgo para nuestro desarrollo y para la estabilidad democrática del país”.
Ante la insistencia de los académicos sobre la falta de sistemas efectivos de evaluación de las políticas públicas, incluyó específicamente este tema en lo que denominó “las vertientes sobre la cuales fueron construyéndose las principales discusiones de este diálogo:
1) fortalecer el entramado institucional;
2) prevención del delito;
3) la necesidad de contar con sistemas efectivos de información, de evaluación y de control de la política de seguridad y justicia; y
4) corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno”.
De esa forma, reconoció un nivel mayor de peligrosidad de la delincuencia organizada al que le había adjudicado hasta ese momento, y, como lo hizo en Ciudad Juárez en respuesta a las demandas de sus interlocutores, abrió un espacio en su estrategia, aunque sólo fuera en el discurso.
Al día siguiente del incendio en el casino Royale en Monterrey, elevó a otro peldaño el nivel de peligrosidad del crimen organizado al expresar: “Estamos enfrentando a verdaderos terroristas que han rebasado todos los límites…”.
En su discurso con motivo del V Informe de Gobierno, Calderón mencionó lo que después aclaró ante los universitarios que era la base doctrinaria de su estrategia, las tres fases del fenómeno del crimen organizado: la inicial, en la que las bandas operan prácticamente como pandillas, que sí pueden ser controladas por los cuerpos de seguridad; la intermedia, en la que el crimen organizado “corrompe al Estado y crea complicidades dentro de éste, lo cual le permite actuar de manera exitosa y expandir su negocio”; y la final, en la que “el crimen organizado termina apoderándose del Estado o de algunos de sus órganos de coacción, y éstos se ponen al servicio de la delincuencia. En su fase más extrema, nos dicen, el crimen organizado y el Estado son prácticamente lo mismo”. Y contundente afirmó: “Ese es, precisamente, el riesgo que corríamos y que evitamos en México”.
En esta intervención limitó su “estrategia integral, o más precisamente los tres componentes que integran nuestra estrategia de seguridad”, a enfrentar y someter a los criminales; construir una nueva institucionalidad en la materia; y reconstruir el tejido social. Y al anunciar la creación de la Procuraduría Social para la Atención de Víctimas de la Violencia, reconoció: “Hay un tema que los Diálogos con la Sociedad nos han permitido valorar en toda su magnitud. Me refiero a las víctimas de la violencia criminal, a las víctimas inocentes…”. De suerte que, en su penúltimo informe de gobierno, los que eran “daños colaterales” pasaron a ser “víctimas inocentes”.
Finalmente, en el diálogo con la UNAM, insistió en que hay una importante base doctrinaria en su estrategia, pero se limitó a exponer, citando autores, lo relativo al carácter expansivo del crimen organizado, y olvidó que lo que hay que sustentar con “base doctrinaria” no es la justificación para combatir el crimen organizado, sino la estrategia misma: la incorporación de las fuerzas armadas; la política de combate a la criminalidad mediante la elevación de las sanciones; la criminalización del consumo de drogas; y la política de prevención y reconstrucción del tejido social. Para soportar todo ello, no hubo base doctrinaria, al menos no explícita.
Después dejó clara su concepción de la política de prevención: “Categóricamente se afirma: la prevención se ha desatendido. Y la verdad, no es así (…) Parece ignorarse que el gasto en educación, salud y empleo, entre otros, es por sí mismo una inversión en prevención”.
Nuevamente encontró espacio para sus interlocutores: les pidió que organizaran el debate “sobre el enfoque prohibicionista al consumo de drogas”, y la propuesta de la UNAM de hacer un diagnóstico amplio y participativo la redujo a la realización de “diagnósticos estatales porque, insisto, sí hay un diagnóstico general”.
De manera que, luego de cinco años en el poder y tras múltiples masacres, la estrategia de Calderón sigue donde mismo, aunque el discurso se modifique de acuerdo con las circunstancias, sus interlocutores, sus descubrimientos y sus confusiones.
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