Alberto Aziz Nassif
La impunidad es otra cara de la corrupción. Se trata de males endémicos que poco a poco han ido carcomiendo las instituciones del Estado mexicano. Estamos ante un fenómeno complejo que tiene diversas expresiones y ha evolucionado históricamente de manera distinta, pero ha sido una constante en México.
En estos días se ha dado un debate, o mejor dicho, se ha dado un reclamo del Presidente al Poder Judicial sobre la impunidad en el país. Durante los años del régimen de partido de Estado o partido hegemónico, la corrupción se llegó a entender como el lubricante que hacía funcionar el sistema o, en caso extremo, como el sistema mismo. Oscuridad, discrecionalidad y abusos de poder fueron problemáticas que desgastaron de forma terrible el régimen priísta. Los arreglos al margen de la legalidad o los huecos de la ley permitían que hubiera un país legal y otro país real; en el primero se formalizaban las acciones, pero en el segundo se tenía el pulso de lo que acontecía a la hora de la verdad. Había múltiples formas de vinculación entre lo legal y lo real, pero eran dos mundos, en donde la fuerza de lo real imponía sus condiciones a lo legal.
Casi todo pasaba por la formalidad legal, pero se podía acceder a ello de varias formas, no todas eran legales o incluso legítimas. Los arreglos entre lo legal y lo real obedecían a la cercanía con el poder, es decir, la conveniencia política o económica en el manejo de los expedientes, el potente mundo de las influencias. Una cosa era la legalidad y otra eran el arreglo y las influencias. El Poder Ejecutivo tenía preeminencia sobre los otros dos, Legislativo y Judicial, y dominio sobre los otros órdenes de gobierno.
Cuando se pensaba en tener un sistema democrático en México, una de las idea fuerza era que la alternancia acotaría las oportunidades de la corrupción y de la impunidad. La teoría indicaba que en una democracia la separación de poderes llevaría a una vigilancia real entre poderes; se podría reducir de manera importante la discrecionalidad y la falta de rendición de cuentas y la impartición de justicia sería independiente de la política.
Después de varias experiencias de alternancia y de tener un sistema de democracia electoral, con separación de poderes, con autonomía en los diversos órdenes de gobierno, la impunidad y la corrupción siguen tan campantes. Diariamente vemos que los delitos quedan sin castigo, que se hace un uso privado y patrimonial de los recursos públicos, que la delincuencia tiene como incentivo no ser molestada por la autoridad, que de los delitos que se comenten más del 98 por ciento quedan impunes, que muchos de los delincuentes salen libres por una deficiente impartición de justicia, que hay acciones y expedientes del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la República que no se apegan a la legalidad, que las cárceles están llenas de pobres que están recluidos por delitos menores.
El mundo de la impartición de justicia se ejemplifica en el documental Presunto culpable y en el hartazgo ciudadano. El caso que derramó el vaso y generó los reclamos entre Ejecutivo y jueces fue el de Néstor Moreno Díaz, “presunto culpable” de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De la misma forma, con el caso del Casino Royale de Monterrey se destapó la cloaca que rodea a esos negocios. No hay sorpresa. Ahora con la estrategia de combate al crimen organizado se ha visibilizado la debilidad institucional al extremo. Felipe Calderón les reclama a los jueces que dejaron ir a Néstor Moreno, pero la respuesta del Poder Judicial es que se actuó conforme a las reglas del derecho.
Lo cierto es que ahora está prófugo. Todos los días suceden casos de impunidad y corrupción. Por ejemplo, la semana pasada fue detenida la estudiante de la Universidad de Guadalajara Rocío Moreno, en un proceso completamente irregular, en donde hubo complicidad entre el gobierno del estado de Jalisco y un invasor de tierras con influencias. Se trata de un viejo litigio de tierras que afecta a la comunidad de Mezcala, ubicada en la ribera del lago de Chapala. El contubernio entre autoridades dio por resultado el uso mafioso de la legalidad. Ahora Rocío salió bajo fianza, pero tendrá que enfrentar un juicio por un delito falso. Esta es una de las peores expresiones de impunidad. Esperemos que el Poder Judicial logre impartir justicia y ponga un alto al uso mafioso de la legalidad.
En una democracia la autonomía entre poderes es completamente necesaria, la distancia entre el espacio político y el campo de la justicia es una condición sin la cual no se puede haber impartición de justicia. Mucho camino hace falta para tener mejor diseño de instrumentos legales, que propicien buenas prácticas, reduzcan la impunidad y se impida el uso mafioso del derecho.
Investigador del CIESAS
La impunidad es otra cara de la corrupción. Se trata de males endémicos que poco a poco han ido carcomiendo las instituciones del Estado mexicano. Estamos ante un fenómeno complejo que tiene diversas expresiones y ha evolucionado históricamente de manera distinta, pero ha sido una constante en México.
En estos días se ha dado un debate, o mejor dicho, se ha dado un reclamo del Presidente al Poder Judicial sobre la impunidad en el país. Durante los años del régimen de partido de Estado o partido hegemónico, la corrupción se llegó a entender como el lubricante que hacía funcionar el sistema o, en caso extremo, como el sistema mismo. Oscuridad, discrecionalidad y abusos de poder fueron problemáticas que desgastaron de forma terrible el régimen priísta. Los arreglos al margen de la legalidad o los huecos de la ley permitían que hubiera un país legal y otro país real; en el primero se formalizaban las acciones, pero en el segundo se tenía el pulso de lo que acontecía a la hora de la verdad. Había múltiples formas de vinculación entre lo legal y lo real, pero eran dos mundos, en donde la fuerza de lo real imponía sus condiciones a lo legal.
Casi todo pasaba por la formalidad legal, pero se podía acceder a ello de varias formas, no todas eran legales o incluso legítimas. Los arreglos entre lo legal y lo real obedecían a la cercanía con el poder, es decir, la conveniencia política o económica en el manejo de los expedientes, el potente mundo de las influencias. Una cosa era la legalidad y otra eran el arreglo y las influencias. El Poder Ejecutivo tenía preeminencia sobre los otros dos, Legislativo y Judicial, y dominio sobre los otros órdenes de gobierno.
Cuando se pensaba en tener un sistema democrático en México, una de las idea fuerza era que la alternancia acotaría las oportunidades de la corrupción y de la impunidad. La teoría indicaba que en una democracia la separación de poderes llevaría a una vigilancia real entre poderes; se podría reducir de manera importante la discrecionalidad y la falta de rendición de cuentas y la impartición de justicia sería independiente de la política.
Después de varias experiencias de alternancia y de tener un sistema de democracia electoral, con separación de poderes, con autonomía en los diversos órdenes de gobierno, la impunidad y la corrupción siguen tan campantes. Diariamente vemos que los delitos quedan sin castigo, que se hace un uso privado y patrimonial de los recursos públicos, que la delincuencia tiene como incentivo no ser molestada por la autoridad, que de los delitos que se comenten más del 98 por ciento quedan impunes, que muchos de los delincuentes salen libres por una deficiente impartición de justicia, que hay acciones y expedientes del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la República que no se apegan a la legalidad, que las cárceles están llenas de pobres que están recluidos por delitos menores.
El mundo de la impartición de justicia se ejemplifica en el documental Presunto culpable y en el hartazgo ciudadano. El caso que derramó el vaso y generó los reclamos entre Ejecutivo y jueces fue el de Néstor Moreno Díaz, “presunto culpable” de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De la misma forma, con el caso del Casino Royale de Monterrey se destapó la cloaca que rodea a esos negocios. No hay sorpresa. Ahora con la estrategia de combate al crimen organizado se ha visibilizado la debilidad institucional al extremo. Felipe Calderón les reclama a los jueces que dejaron ir a Néstor Moreno, pero la respuesta del Poder Judicial es que se actuó conforme a las reglas del derecho.
Lo cierto es que ahora está prófugo. Todos los días suceden casos de impunidad y corrupción. Por ejemplo, la semana pasada fue detenida la estudiante de la Universidad de Guadalajara Rocío Moreno, en un proceso completamente irregular, en donde hubo complicidad entre el gobierno del estado de Jalisco y un invasor de tierras con influencias. Se trata de un viejo litigio de tierras que afecta a la comunidad de Mezcala, ubicada en la ribera del lago de Chapala. El contubernio entre autoridades dio por resultado el uso mafioso de la legalidad. Ahora Rocío salió bajo fianza, pero tendrá que enfrentar un juicio por un delito falso. Esta es una de las peores expresiones de impunidad. Esperemos que el Poder Judicial logre impartir justicia y ponga un alto al uso mafioso de la legalidad.
En una democracia la autonomía entre poderes es completamente necesaria, la distancia entre el espacio político y el campo de la justicia es una condición sin la cual no se puede haber impartición de justicia. Mucho camino hace falta para tener mejor diseño de instrumentos legales, que propicien buenas prácticas, reduzcan la impunidad y se impida el uso mafioso del derecho.
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