Sergio Aguayo Quezada saguayo@colmex.mx
Tanto escándalo ha impedido degustar el pleito de Felipe Calderón con los jueces. La riña entre abogados nos atañe y nos afecta. El 23 de junio Felipe Calderón los puso en la mira. Cuando dialogaba con las víctimas agrupadas en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad reconoció que "Rubí Frayre, la hija de Marisela, perdió la vida" porque un criminal confeso fue liberado por "jueces incompetentes". El tono fue creciendo ("he sabido de jueces que han recibido dinero o que dialogan con criminales, y que liberan a criminales") y culminó el 6 de septiembre cuando, en un intercambio cibernético con ciudadanos, se liberó del yugo del discurso escrito para lanzarse a fondo: "No es que yo la traiga contra los jueces; al contrario, los aprecio y todo. Pero ya también empieza uno a cansarse, mano. Uno los agarra y los agarra y los agarra y los agarra, y los sacan y los sacan y los sacan". Durísimo y deliberado.
La estrategia de comunicación presidencial incluyó entrevistas a los principales noticieros de la televisión y siempre hizo una diferenciación clave entre la "verdad real" y la "verdad legal" que ilustró con el caso de Jorge Hank Rhon al cual liberaron por tecnicismos jurídicos cuando le encontraron un arsenal. Imperó lo "legal" sobre lo "real". Lógicamente pidió al Poder Judicial revisar sus estructuras e integrantes.
Los abogados forman un gremio peculiar. Son formales, conservadores y quienes integran el Poder Judicial son poco autocríticos y se atrincheran tras el silencio y el lenguaje críptico. Once semanas se tragaron la bilis hasta que el 6 de septiembre el Consejo de la Judicatura Federal -encabezado por el presidente de la Suprema Corte- emitió un pronunciamiento con cuatro líneas envenenadas dedicadas a Calderón: "Cuestionar el trabajo de los jueces, sin fundamento, por consigna y más aún, sin pruebas, atenta contra la estabilidad nacional. Rechazamos enérgicamente que se hagan señalamientos en contra de impartidores de justicia, sin que se acompañen de las pruebas que los acrediten debidamente".
Otro abogado, Miguel Carbonell (El Universal, 8 de septiembre) hizo puntualizaciones que me parece reflejan el sentir del dolido Poder Judicial. Tachó de incorrecto "que el jefe de Estado mexicano" acusara sin "aportar inmediatamente los elementos necesarios para activar el sistema de responsabilidades" y luego añadió que "si Calderón sabe con certeza qué jueces están en la nómina del narco, debe revelar sus nombres y ordenar a la Procuraduría General de la República" iniciar las investigaciones para consignarlos. Al igual que los otros analistas, recordó al Ejecutivo que no hizo su tarea, y sus acusaciones, por tanto, podrían ser "una táctica distractora para evitar las críticas tan merecidas por los evidentes y clamorosos fracasos de la PGR bajo su mando".
Después del 6 de septiembre se hizo la calma. Fue un empate entre los gladiadores y una derrota estrepitosa para la sociedad porque lo trágico es que ambos tienen la razón. Calderón acierta en sus críticas pero él y su partido carecen de autoridad moral para denunciar la corrupción y exigir eficiencia. En cuanto al Poder Judicial, da escalofríos la mera posibilidad de tener que lidiar con algún tribunal. Vivimos con la sensación de que las cárceles están llenas de inocentes y las calles atiborradas de criminales.
El convencimiento tiene repercusiones de diverso tipo. Por ejemplo, estoy convencido que las Fuerzas Armadas deben ponerse al día, lo cual requiere corregir el fuero militar. Sin embargo, se entiende su reticencia a ser juzgados por tribunales civiles por la corrupción y desorganización que impera en el mundo de la justicia; nuestros soldados también van al cine y vieron Presunto culpable.
Hace días conversaba con John Carlin, un conocido periodista de El País de España, quien recordaba su estancia en México en los años ochenta. Está convencido de "la decencia de la mayoría de los mexicanos que mantienen relaciones de civilidad pese a que México es un país sin ley". Y lo ilustraba con el caso de Sergio Dorantes, un inocente encarcelado desde hace años a consecuencia de la corrupción e ineficiencia de ministerios públicos y jueces capitalinos. Tiene razón pero sirve de poco quejarse o relatar altercados entre abogados. Mejor exijamos al Presidente y a los jueces que piensen en el bien común.
LA MISCELÁNEA
Greenpeace es al medio ambiente lo que Amnistía Internacional ha sido para el movimiento universal de los derechos humanos: una voz clara, congruente, contundente que nos recuerda un día sí y otro también la necesidad de armonizar nuestra acelerada existencia con el respeto a la naturaleza. ¡Felicidades por sus 40 años! Con información de las páginas de la Presidencia, de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura y de Reforma, Proceso, El Universal y La Jornada. Recopilación: Francisco Lenin Figueroa Guevara. www.sergioaguayo
Tanto escándalo ha impedido degustar el pleito de Felipe Calderón con los jueces. La riña entre abogados nos atañe y nos afecta. El 23 de junio Felipe Calderón los puso en la mira. Cuando dialogaba con las víctimas agrupadas en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad reconoció que "Rubí Frayre, la hija de Marisela, perdió la vida" porque un criminal confeso fue liberado por "jueces incompetentes". El tono fue creciendo ("he sabido de jueces que han recibido dinero o que dialogan con criminales, y que liberan a criminales") y culminó el 6 de septiembre cuando, en un intercambio cibernético con ciudadanos, se liberó del yugo del discurso escrito para lanzarse a fondo: "No es que yo la traiga contra los jueces; al contrario, los aprecio y todo. Pero ya también empieza uno a cansarse, mano. Uno los agarra y los agarra y los agarra y los agarra, y los sacan y los sacan y los sacan". Durísimo y deliberado.
La estrategia de comunicación presidencial incluyó entrevistas a los principales noticieros de la televisión y siempre hizo una diferenciación clave entre la "verdad real" y la "verdad legal" que ilustró con el caso de Jorge Hank Rhon al cual liberaron por tecnicismos jurídicos cuando le encontraron un arsenal. Imperó lo "legal" sobre lo "real". Lógicamente pidió al Poder Judicial revisar sus estructuras e integrantes.
Los abogados forman un gremio peculiar. Son formales, conservadores y quienes integran el Poder Judicial son poco autocríticos y se atrincheran tras el silencio y el lenguaje críptico. Once semanas se tragaron la bilis hasta que el 6 de septiembre el Consejo de la Judicatura Federal -encabezado por el presidente de la Suprema Corte- emitió un pronunciamiento con cuatro líneas envenenadas dedicadas a Calderón: "Cuestionar el trabajo de los jueces, sin fundamento, por consigna y más aún, sin pruebas, atenta contra la estabilidad nacional. Rechazamos enérgicamente que se hagan señalamientos en contra de impartidores de justicia, sin que se acompañen de las pruebas que los acrediten debidamente".
Otro abogado, Miguel Carbonell (El Universal, 8 de septiembre) hizo puntualizaciones que me parece reflejan el sentir del dolido Poder Judicial. Tachó de incorrecto "que el jefe de Estado mexicano" acusara sin "aportar inmediatamente los elementos necesarios para activar el sistema de responsabilidades" y luego añadió que "si Calderón sabe con certeza qué jueces están en la nómina del narco, debe revelar sus nombres y ordenar a la Procuraduría General de la República" iniciar las investigaciones para consignarlos. Al igual que los otros analistas, recordó al Ejecutivo que no hizo su tarea, y sus acusaciones, por tanto, podrían ser "una táctica distractora para evitar las críticas tan merecidas por los evidentes y clamorosos fracasos de la PGR bajo su mando".
Después del 6 de septiembre se hizo la calma. Fue un empate entre los gladiadores y una derrota estrepitosa para la sociedad porque lo trágico es que ambos tienen la razón. Calderón acierta en sus críticas pero él y su partido carecen de autoridad moral para denunciar la corrupción y exigir eficiencia. En cuanto al Poder Judicial, da escalofríos la mera posibilidad de tener que lidiar con algún tribunal. Vivimos con la sensación de que las cárceles están llenas de inocentes y las calles atiborradas de criminales.
El convencimiento tiene repercusiones de diverso tipo. Por ejemplo, estoy convencido que las Fuerzas Armadas deben ponerse al día, lo cual requiere corregir el fuero militar. Sin embargo, se entiende su reticencia a ser juzgados por tribunales civiles por la corrupción y desorganización que impera en el mundo de la justicia; nuestros soldados también van al cine y vieron Presunto culpable.
Hace días conversaba con John Carlin, un conocido periodista de El País de España, quien recordaba su estancia en México en los años ochenta. Está convencido de "la decencia de la mayoría de los mexicanos que mantienen relaciones de civilidad pese a que México es un país sin ley". Y lo ilustraba con el caso de Sergio Dorantes, un inocente encarcelado desde hace años a consecuencia de la corrupción e ineficiencia de ministerios públicos y jueces capitalinos. Tiene razón pero sirve de poco quejarse o relatar altercados entre abogados. Mejor exijamos al Presidente y a los jueces que piensen en el bien común.
LA MISCELÁNEA
Greenpeace es al medio ambiente lo que Amnistía Internacional ha sido para el movimiento universal de los derechos humanos: una voz clara, congruente, contundente que nos recuerda un día sí y otro también la necesidad de armonizar nuestra acelerada existencia con el respeto a la naturaleza. ¡Felicidades por sus 40 años! Con información de las páginas de la Presidencia, de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura y de Reforma, Proceso, El Universal y La Jornada. Recopilación: Francisco Lenin Figueroa Guevara. www.sergioaguayo
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