Animal Político te presenta algunos de los testimonios vertidos por las víctimas que, durante los últimos seis años, acudieron en busca de auxilio ante los abusos de la autoridad local. Estas son, según el Centro Pro, algunas de las historias escritas durante la era de Enrique Peña Nieto
El centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro presentó el libro Violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, Informe sobre el Estado de México 2005-20011, en el cual recoge historias de supuestos abusos de autoridad y violaciones a garantías individuales durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto, que hoy llega a su fin.
En contraste, el hasta hoy gobernador del Estado de México señalaba en su último informe de gobierno: “La seguridad pública del siglo XXI, debe construirse a partir de objetivos concretos, con estricto respeto a los derechos humanos y nula tolerancia a la impunidad”, lo cual, aseguró, “ha sido la constante de mi gobierno”. De lo anterior, remató confiado, “los mejores testigos son los mexiquenses y sus familias”.
Animal Político te presenta algunos de los testimonios vertidos por las víctimas que, durante los últimos seis años, acudieron en busca de auxilio ante los abusos de la autoridad local. Estas son, según el Centro Pro, algunas de las historias escritas durante la era de Enrique Peña Nieto.
Luis Manuel y la fábrica de delitos
En la noche del 8 de agosto de 2006, Luis Manuel, un joven de 28 años, fue secuestrado por presuntos agentes del Cuerpo Especializado de Investigaciones en Situación de Alto Riesgo (CEISAR), de la Procuraduría de Justicia mexiquense, quienes cerraron el paso al taxi que operaba y, luego de pasarlo al asiento posterior, lo condujeron a un paraje deshabitado, donde fue golpeado y puesto frente a una persona a la que sólo escuchó decir “él no es”.
Luis Manuel fue liberado entonces, no sin advertírsele que sabían quiénes eran sus familiares y dónde vivían. Esa misma noche, el joven conductor intentó denunciar la agresión, pero, según él, el Ministerio Público estatal se negó a atenderlo, así como a que sus lesiones fueran revisadas por un médico legista, aduciendo fallas técnicas en las instalaciones, y le pidió volver luego. No obstante, 48 horas después, cuando intentó regresar para presentar su queja, el taxista nuevamente fue abordado por los policías del CEISAR y consignado ante un juez, por los delitos de “robo a casa-habitación, violación y portación de arma prohibida”, en agravio de una mujer para la cual había trabajado como chofer y quien, cabe destacar, nunca lo señaló como su atacante.
Un año después, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México concluyó que Luis Manuel había sido detenido ilegalmente, sin informársele el delito que le imputaban, así como el nombre de su acusador, además que los agentes encargados no se identificaron, pese a lo cual el joven fue sentenciado a 51 años de cárcel, de los cuales ha cumplido hasta el momento cinco.
El castigo a la pobreza
Víctor tenía 20 años cuando fue abordado, el 23 de octubre de 2007, por supuestos agentes de la PGJEM que le exigieron entregara su dinero, pero Víctor no tenía nada. En castigo, los presuntos policías lo arrestaron y presentaron ante el MP acusado de un homicidio ocurrido seis meses antes y, de pilón, lo inculparon de intentar sobornarlos.
Como prueba, los agentes arguyeron que un peatón desconocido les había señalado a Víctor como homicida y por eso lo capturaron (de dicho “testigo” nunca más se supo nada). Sin embargo, para garantizar que la sentencia fuera condenatoria, elementos del Ministerio Público impusieron como defensor de Víctor a una persona que él ni siquiera conocía, y quien además proporcionó documentación falsa, entre la que estaba una cédula profesional de abogado.
A golpes (que el MP se resistió a que fueran verificados por un legista) y amenazas contra la vida de sus familiares, Víctor fue obligado a declararse culpable del homicidio y el cohecho, por lo que un juez local ordenó que pasara 51 años en la cárcel, donde permanece hasta la fecha.
El pasado 11 de mayo, sin embargo, el ministro Arturo Zaldívar, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atrajo el amparo interpuesto por Víctor contra la condena, tras considerar las anomalías presentes y, de hecho, la resolución que adopte la Corte permitirá determinar no sólo para este juicio, sino para todos los que en adelante se presenten, si es válido fundar una condena con base en la declaración de un testigo único que no se identifica ante el MP ni ratifica sus denuncias ante un tribunal de justicia. En tanto, Víctor seguirá encerrado.
Soluciones arrancadas desde la raíz
En 2006, Aldo y Misael, oriundos de San Juan Atzingo, se sumaron a la lucha que desde hacía una década libraba su padre, Ildefonso Zamora, en defensa del parque nacional Lagunas de Zempoala, depredado por talamontes que, denunció el Centro Pro, son dirigidos por una familia de apellido Encarnación.
A lo largo del año 2006, en distintas ocasiones los integrantes de la familia Zamora recibieron intimidaciones, todas bajo el mismo esquema: los talamontes les cerraban el paso en la carretera, los encañonaban y los sacaban del camino. De hecho, en enero de aquel año, el joven Aldo encaró a sus agresores y éstos le advirtieron que debían dejar de promover proyectos ecoturísticos y obstruir la tala clandestina “o tú mismo la vas a pagar, pinche cabrón”.
La amenaza se cumplió el 15 de mayo de 2007, cuando Aldo (de 21 años) y su hermano Misael (de 16), se dirigían junto con otros familiares al municipio de Ocuilán, “Después de cerrarles el paso en la carretera –señala el informe del Centro Pro–, cuatro personas los obligaron a bajar de su vehículo y dispararon en su contra con armas de alto calibre”. Aldo murió en el momento y su hermano resultó gravemente herido. A pesar que el ataque fue reportado inmediatamente, la Procuraduría de Justicia estatal se tomó 24 horas más para enviar agentes a la zona, lo que dio oportunidad a que dos de los atacantes huyeran y, hasta la fecha, permanecen prófugos.
Dos meses después del asesinato, el 12 de julio, durante la celebración del Día del Árbol, el presidente Calderón se comprometió a hacer justicia, pero ésta aún no ha llegado.
La muerte es una palabra femenina
Entre 2005 y 2010, periodo que abarca cinco años del gobierno de Peña Nieto, en el Estado de México fueron asesinadas 922 mujeres, de las cuales 32% fallecieron a causa de ataques con armas de fuego y 60% por traumatismo craneoencefálico, heridas de arma blanca o asfixia por sofocación.
Según el Centro Pro, estos métodos de asesinato permiten “establecer la crueldad, misoginia y discriminación que plasma el victimario en el cuerpo de las víctimas”, de los cuales, 552 fueron luego abandonados en lugares públicos, con signos de la violencia previa a la muerte, tales como vejación, mutilación, tortura, quemaduras y miembros desprendidos.
Cabe destacar que de estos 922 homicidios, sólo en 15% de los casos han concluido con el encarcelamiento del agresor y, de hecho, en 57% ni siquiera se cuenta con sospechas sobre la identidad del homicida.
No es ésta, sin embargo, la única expresión de la violencia contra las mujeres en el Estado de México (cuya población femenina equivale a 51% del total), ya que, según la Encuesta Nacional de Dinámica de las Relaciones en los Hogares, seis de cada diez mujeres mexiquenses ha sido agredida por su pareja sentimental y, en general, 67% de aquellas mayores de 15 años han padecido agresiones motivadas por su condición de género (40% ejercida por sus vecinos, 30% por sus compañeros de trabajo, 15% por compañeros de escuela y el restante 15% por familiares).
El camino a la depredación
El proyecto carretero Toluca-Naucalpan, denominado eufemísticamente Autopista Verde, es un negocio de 2 mil 200 millones de pesos, que recibió la venia, tanto del gobernador Peña Nieto como del presidente Felipe Calderón, a pesar que, en 2009, la misma Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México concluyó que su construcción dañará la reserva ambiental denominada Áreas Naturales Protegidas Estatales “Parque Otomí-Mexica” y “Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria del Río San Lorenzo”.
Esta obra, concesionada a la empresa Autopistas de Vanguardia SA de CV, se realizará sobre una superficie boscosa de 51 hectáreas, en la que existen 21 mil árboles de pino, oyamel y encino, y en la que habitan o transitan especies de fauna local y migratoria, algunas de las cuales están catalogadas como especies bajo protección especial, en peligro de extinción o bajo amenaza.
Por su parte, la Dirección General de Política Ambiental del Estado de México elaboró un dictamen en el que se concluye que la autopista de 39 kilómetros “cruzará en 65% por áreas catalogadas de fragilidad ambiental máxima y 35% por áreas de fragilidad ambiental alta”; además, “las obras afectarían la captación y escurrimiento de agua, provocarían la pérdida y modificación de ecosistemas, la fragmentación de áreas remanentes de vegetación e, incluso, la muerte de animales”.
“Por si fuera poco –establece el Centro Pro–, el proyecto fue aprobado sin previa consulta con las comunidades afectadas, integradas en su mayoría por pueblos indígenas otomíes que han vivido por siglos en este territorio.” Y cuando éstas han realizado asambleas para votar el plan carretero, “se despliegan cientos de elementos de la Agencia de Seguridad Estatal para boicotear la votación”.
Atenco, la marca imborrable
En materia de violaciones a los derechos humanos, tal vez la más emblemática durante el gobierno de Peña Nieto fue el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, donde un conflicto con floricultores ambulantes generó, primero, un cierre carretero por parte de la organización ejidal Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (que ya había tumbado el proyecto de aeropuerto internacional promovido por el presidente Vicente Fox) y, luego, la intervención de cerca de 3 mil uniformados de la Policía Federal Preventiva y la Agencia de Seguridad Estatal, que liberaron la autopista y luego sitiaron Atenco, para detener a 207 personas.
De los capturados, 47 fueron mujeres que denunciaron haber sido víctimas de violaciones y abusos sexuales, tortura y tratos degradantes relacionados con su condición de género. “Nos hincaron contra la pared, con la camisa tapándonos la cabeza, y empezaron a golpearnos con las macanas en la cabeza –narra una joven que en ese momento tenía 22 años–, a mí me empezaron a hacer tocamientos en ambos senos y nalgas, de pronto sentí que una mano tocaba mis genitales e introducía sus dedos en mí…” No obstante, en ese momento, el propio Peña Nieto aseguró que eran falsas estas denuncias.
A todos los detenidos se les dio tratamiento de “alta peligrosidad”, negándoseles el derecho a saber de qué se les acusaba, muchos fueron sustraídos de casas que la policía invadió sin orden de cateo, se les obligó a rendir declaración aún a aquellas personas que exigieron reservarla; y en el caso de a las mujeres agredidas sexualmente, no se tomó registro médico de sus lesiones ni se levantaron oficialmente las denuncias que ellas presentaron al momento de estar ante el Ministerio Público.
Semanas después la mayoría de los manifestantes encarcelados obtuvo su libertad, salvo en el caso de 12 personas, entre líderes del FPDT, activistas y personas que nada tenían que ver con el movimiento comunal, todos los cuales permanecieron en prisión condenados por el secuestro de policías, delito que cuatro años después la Suprema Corte determinó que nunca había existido, además de que consideró que los jueces mexiquenses torcieron la ley, al obligar a los acusados a probar su inocencia, en vez de que la autoridad estatal probara su culpabilidad, mecanismo a través del cual las autoridades estatales, concluyó la SCJN, “determinó castigar el ejercicio del derecho a la manifestación social”.
Hasta el momento, ningún alto mando de la policía ha sido investigado por las violaciones contra mujeres activistas, ni por las golpizas propinadas al resto de los atenquenses capturados en la razia de 2006.
Por: Paris Martínez (@Paris_Martinez)/Animal Político
En contraste, el hasta hoy gobernador del Estado de México señalaba en su último informe de gobierno: “La seguridad pública del siglo XXI, debe construirse a partir de objetivos concretos, con estricto respeto a los derechos humanos y nula tolerancia a la impunidad”, lo cual, aseguró, “ha sido la constante de mi gobierno”. De lo anterior, remató confiado, “los mejores testigos son los mexiquenses y sus familias”.
Animal Político te presenta algunos de los testimonios vertidos por las víctimas que, durante los últimos seis años, acudieron en busca de auxilio ante los abusos de la autoridad local. Estas son, según el Centro Pro, algunas de las historias escritas durante la era de Enrique Peña Nieto.
Luis Manuel y la fábrica de delitos
En la noche del 8 de agosto de 2006, Luis Manuel, un joven de 28 años, fue secuestrado por presuntos agentes del Cuerpo Especializado de Investigaciones en Situación de Alto Riesgo (CEISAR), de la Procuraduría de Justicia mexiquense, quienes cerraron el paso al taxi que operaba y, luego de pasarlo al asiento posterior, lo condujeron a un paraje deshabitado, donde fue golpeado y puesto frente a una persona a la que sólo escuchó decir “él no es”.
Luis Manuel fue liberado entonces, no sin advertírsele que sabían quiénes eran sus familiares y dónde vivían. Esa misma noche, el joven conductor intentó denunciar la agresión, pero, según él, el Ministerio Público estatal se negó a atenderlo, así como a que sus lesiones fueran revisadas por un médico legista, aduciendo fallas técnicas en las instalaciones, y le pidió volver luego. No obstante, 48 horas después, cuando intentó regresar para presentar su queja, el taxista nuevamente fue abordado por los policías del CEISAR y consignado ante un juez, por los delitos de “robo a casa-habitación, violación y portación de arma prohibida”, en agravio de una mujer para la cual había trabajado como chofer y quien, cabe destacar, nunca lo señaló como su atacante.
Un año después, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México concluyó que Luis Manuel había sido detenido ilegalmente, sin informársele el delito que le imputaban, así como el nombre de su acusador, además que los agentes encargados no se identificaron, pese a lo cual el joven fue sentenciado a 51 años de cárcel, de los cuales ha cumplido hasta el momento cinco.
El castigo a la pobreza
Víctor tenía 20 años cuando fue abordado, el 23 de octubre de 2007, por supuestos agentes de la PGJEM que le exigieron entregara su dinero, pero Víctor no tenía nada. En castigo, los presuntos policías lo arrestaron y presentaron ante el MP acusado de un homicidio ocurrido seis meses antes y, de pilón, lo inculparon de intentar sobornarlos.
Como prueba, los agentes arguyeron que un peatón desconocido les había señalado a Víctor como homicida y por eso lo capturaron (de dicho “testigo” nunca más se supo nada). Sin embargo, para garantizar que la sentencia fuera condenatoria, elementos del Ministerio Público impusieron como defensor de Víctor a una persona que él ni siquiera conocía, y quien además proporcionó documentación falsa, entre la que estaba una cédula profesional de abogado.
A golpes (que el MP se resistió a que fueran verificados por un legista) y amenazas contra la vida de sus familiares, Víctor fue obligado a declararse culpable del homicidio y el cohecho, por lo que un juez local ordenó que pasara 51 años en la cárcel, donde permanece hasta la fecha.
El pasado 11 de mayo, sin embargo, el ministro Arturo Zaldívar, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atrajo el amparo interpuesto por Víctor contra la condena, tras considerar las anomalías presentes y, de hecho, la resolución que adopte la Corte permitirá determinar no sólo para este juicio, sino para todos los que en adelante se presenten, si es válido fundar una condena con base en la declaración de un testigo único que no se identifica ante el MP ni ratifica sus denuncias ante un tribunal de justicia. En tanto, Víctor seguirá encerrado.
Soluciones arrancadas desde la raíz
En 2006, Aldo y Misael, oriundos de San Juan Atzingo, se sumaron a la lucha que desde hacía una década libraba su padre, Ildefonso Zamora, en defensa del parque nacional Lagunas de Zempoala, depredado por talamontes que, denunció el Centro Pro, son dirigidos por una familia de apellido Encarnación.
A lo largo del año 2006, en distintas ocasiones los integrantes de la familia Zamora recibieron intimidaciones, todas bajo el mismo esquema: los talamontes les cerraban el paso en la carretera, los encañonaban y los sacaban del camino. De hecho, en enero de aquel año, el joven Aldo encaró a sus agresores y éstos le advirtieron que debían dejar de promover proyectos ecoturísticos y obstruir la tala clandestina “o tú mismo la vas a pagar, pinche cabrón”.
La amenaza se cumplió el 15 de mayo de 2007, cuando Aldo (de 21 años) y su hermano Misael (de 16), se dirigían junto con otros familiares al municipio de Ocuilán, “Después de cerrarles el paso en la carretera –señala el informe del Centro Pro–, cuatro personas los obligaron a bajar de su vehículo y dispararon en su contra con armas de alto calibre”. Aldo murió en el momento y su hermano resultó gravemente herido. A pesar que el ataque fue reportado inmediatamente, la Procuraduría de Justicia estatal se tomó 24 horas más para enviar agentes a la zona, lo que dio oportunidad a que dos de los atacantes huyeran y, hasta la fecha, permanecen prófugos.
Dos meses después del asesinato, el 12 de julio, durante la celebración del Día del Árbol, el presidente Calderón se comprometió a hacer justicia, pero ésta aún no ha llegado.
La muerte es una palabra femenina
Entre 2005 y 2010, periodo que abarca cinco años del gobierno de Peña Nieto, en el Estado de México fueron asesinadas 922 mujeres, de las cuales 32% fallecieron a causa de ataques con armas de fuego y 60% por traumatismo craneoencefálico, heridas de arma blanca o asfixia por sofocación.
Según el Centro Pro, estos métodos de asesinato permiten “establecer la crueldad, misoginia y discriminación que plasma el victimario en el cuerpo de las víctimas”, de los cuales, 552 fueron luego abandonados en lugares públicos, con signos de la violencia previa a la muerte, tales como vejación, mutilación, tortura, quemaduras y miembros desprendidos.
Cabe destacar que de estos 922 homicidios, sólo en 15% de los casos han concluido con el encarcelamiento del agresor y, de hecho, en 57% ni siquiera se cuenta con sospechas sobre la identidad del homicida.
No es ésta, sin embargo, la única expresión de la violencia contra las mujeres en el Estado de México (cuya población femenina equivale a 51% del total), ya que, según la Encuesta Nacional de Dinámica de las Relaciones en los Hogares, seis de cada diez mujeres mexiquenses ha sido agredida por su pareja sentimental y, en general, 67% de aquellas mayores de 15 años han padecido agresiones motivadas por su condición de género (40% ejercida por sus vecinos, 30% por sus compañeros de trabajo, 15% por compañeros de escuela y el restante 15% por familiares).
El camino a la depredación
El proyecto carretero Toluca-Naucalpan, denominado eufemísticamente Autopista Verde, es un negocio de 2 mil 200 millones de pesos, que recibió la venia, tanto del gobernador Peña Nieto como del presidente Felipe Calderón, a pesar que, en 2009, la misma Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México concluyó que su construcción dañará la reserva ambiental denominada Áreas Naturales Protegidas Estatales “Parque Otomí-Mexica” y “Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria del Río San Lorenzo”.
Esta obra, concesionada a la empresa Autopistas de Vanguardia SA de CV, se realizará sobre una superficie boscosa de 51 hectáreas, en la que existen 21 mil árboles de pino, oyamel y encino, y en la que habitan o transitan especies de fauna local y migratoria, algunas de las cuales están catalogadas como especies bajo protección especial, en peligro de extinción o bajo amenaza.
Por su parte, la Dirección General de Política Ambiental del Estado de México elaboró un dictamen en el que se concluye que la autopista de 39 kilómetros “cruzará en 65% por áreas catalogadas de fragilidad ambiental máxima y 35% por áreas de fragilidad ambiental alta”; además, “las obras afectarían la captación y escurrimiento de agua, provocarían la pérdida y modificación de ecosistemas, la fragmentación de áreas remanentes de vegetación e, incluso, la muerte de animales”.
“Por si fuera poco –establece el Centro Pro–, el proyecto fue aprobado sin previa consulta con las comunidades afectadas, integradas en su mayoría por pueblos indígenas otomíes que han vivido por siglos en este territorio.” Y cuando éstas han realizado asambleas para votar el plan carretero, “se despliegan cientos de elementos de la Agencia de Seguridad Estatal para boicotear la votación”.
Atenco, la marca imborrable
En materia de violaciones a los derechos humanos, tal vez la más emblemática durante el gobierno de Peña Nieto fue el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, donde un conflicto con floricultores ambulantes generó, primero, un cierre carretero por parte de la organización ejidal Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (que ya había tumbado el proyecto de aeropuerto internacional promovido por el presidente Vicente Fox) y, luego, la intervención de cerca de 3 mil uniformados de la Policía Federal Preventiva y la Agencia de Seguridad Estatal, que liberaron la autopista y luego sitiaron Atenco, para detener a 207 personas.
De los capturados, 47 fueron mujeres que denunciaron haber sido víctimas de violaciones y abusos sexuales, tortura y tratos degradantes relacionados con su condición de género. “Nos hincaron contra la pared, con la camisa tapándonos la cabeza, y empezaron a golpearnos con las macanas en la cabeza –narra una joven que en ese momento tenía 22 años–, a mí me empezaron a hacer tocamientos en ambos senos y nalgas, de pronto sentí que una mano tocaba mis genitales e introducía sus dedos en mí…” No obstante, en ese momento, el propio Peña Nieto aseguró que eran falsas estas denuncias.
A todos los detenidos se les dio tratamiento de “alta peligrosidad”, negándoseles el derecho a saber de qué se les acusaba, muchos fueron sustraídos de casas que la policía invadió sin orden de cateo, se les obligó a rendir declaración aún a aquellas personas que exigieron reservarla; y en el caso de a las mujeres agredidas sexualmente, no se tomó registro médico de sus lesiones ni se levantaron oficialmente las denuncias que ellas presentaron al momento de estar ante el Ministerio Público.
Semanas después la mayoría de los manifestantes encarcelados obtuvo su libertad, salvo en el caso de 12 personas, entre líderes del FPDT, activistas y personas que nada tenían que ver con el movimiento comunal, todos los cuales permanecieron en prisión condenados por el secuestro de policías, delito que cuatro años después la Suprema Corte determinó que nunca había existido, además de que consideró que los jueces mexiquenses torcieron la ley, al obligar a los acusados a probar su inocencia, en vez de que la autoridad estatal probara su culpabilidad, mecanismo a través del cual las autoridades estatales, concluyó la SCJN, “determinó castigar el ejercicio del derecho a la manifestación social”.
Hasta el momento, ningún alto mando de la policía ha sido investigado por las violaciones contra mujeres activistas, ni por las golpizas propinadas al resto de los atenquenses capturados en la razia de 2006.
Por: Paris Martínez (@Paris_Martinez)/Animal Político
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