El informe analiza la carencia durante ese gobierno de un enfoque integral para la atención de situaciones sociales, desde una perspectiva de derechos humanos. Denuncia, por tanto, el tratamiento clientelar que se dio a esos problemas, la asignación discrecional de recursos, la falta de mecanismos de rendición de cuentas y la impunidad como factores sistemáticos que dificultaron el acceso a la justicia e incrementaron la violencia contra colectivos excluidos o discriminados. Políticas que también coinciden con el Dictamen Ciudadano de Observación Electoral, a propósito de los recientes comicios en ese estado, y cuyo informe final será presentado en los próximos días a la Legislatura local.
En el primer capítulo se exponen las deficiencias del sistema de justicia penal. El caso de la criminalización de la protesta social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, reprimido violentamente durante el operativo Atenco 2006, demostró el uso faccioso de las instancias de administración y procuración de justicia. Puso en evidencia la falta de independencia del Poder Judicial, y la contribución que le brindó al Ejecutivo como medio de control del conflicto social. Este apartado presenta, además, cuatro casos de jóvenes víctimas de criminalización por su edad y condición de pobreza. Actualmente tres de ellos se encuentran injustamente presos, mientras que el cuarto fue privado de la vida.
Al analizar los hechos, se concluye que en el estado de México los derechos humanos son suplantados en nombre de una supuesta seguridad, basada en acciones arbitrarias y fuera de la ley. Asimismo, se comprueba el alarmante grado de descomposición institucional que caracterizan a la Agencia de Seguridad Estatal y a la Procuraduría General de Justicia estatal. De acuerdo con Transparencia Mexicana, esa entidad de la República fue evaluada como la más corrupta del país en el periodo 2005-2010.
El segundo capítulo aborda la situación de las mujeres frente a la violencia estructural e institucional, constatando la existencia de un vínculo entre la discriminación de género, la omisión en la impartición de justicia y la violación de los derechos humanos de las mujeres. Factores que permiten que el estado de México sea la entidad con el mayor número de feminicidios a escala nacional. En este rubro se hace referencia a las exigencias de justicia que aún perduran para las mujeres víctimas de tortura sexual durante el operativo de Atenco en 2006. Se señala que a pesar del tiempo transcurrido, la Procuraduría General de Justicia del Estado, actuando de manera parcial, no ha efectuado investigaciones eficientes, ni ha construido el camino de la justicia y la reparación del daño.
El capítulo tres denuncia la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en aquella entidad, en la que 43.7 por ciento de la población vive en situación de pobreza. Según cifras del Coneval, 21.4 por ciento de sus habitantes no tiene acceso a una alimentación adecuada; 18.6 padece rezago educativo; 14.3 carece de espacios y calidad de vivienda, y 16 por ciento no cuenta con servicios básicos en sus hogares.
El informe se concentra también en las violaciones al derecho a la tierra y al territorio. A través de la lucha por el derecho a una vivienda digna y a la salud de los pobladores de Lomas de San Francisco Tepojaco, así como la de los habitantes que protegen el Gran Bosque de Agua por la defensa de la tierra y el territorio, y la de los pobladores que se oponen a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, se constata que la lógica de ese gobierno fue la de privilegiar a empresarios y favorecer sus acciones irregulares y fraudulentas, incluso por encima de los intereses de las propias comunidades.
En el cuarto capítulo se hace un recuento de los hostigamientos y amenazas que los defensores de derechos humanos han sufrido por causa de su labor. En el estado de México existen diversos casos que ponen en evidencia que la promoción y defensa de los derechos humanos tuvieron como consecuencia la represión del gobierno a quienes se oponían a sus políticas. En este sentido, se presentan los casos de la familia Zamora, por la defensa de los bosques, que culminó con el asesinato de Aldo Zamora. Se expone también la lucha de Jorge Arzave, defensor de la vivienda digna y la salud, del conjunto urbano Lomas de Tepojalco, quien ha recibido frecuentes amenazas por parte del gobierno y de presuntos integrantes del crimen organizado.
Por último, este capítulo recuerda también la historia de Santiago Pérez, defensor del derecho al agua y al medio ambiente sano. El informe concluye señalando que el cambio que la ciudadanía y la sociedad civil organizada anhelan está sustentado en una transformación de las políticas económicas y sociales, traducida en una redistribución justa y equitativa de la renta y la riqueza. Pues sólo mediante oportunidades de vida digna para todos se podrán construir instituciones que dejen atrás la impunidad y logren practicar de manera efectiva el acceso a la justicia.
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