Samuel Schmidt schmidt@mexico.com
Entre las funciones ineludibles del Estado, o tal vez la prioridad fundamental para el Estado, es la protección de los intereses del individuo. Esta definición deliberadamente amplia incorpora la seguridad, la promoción de la calidad de vida, la eliminación de los riesgos y amenazas que se levantan contra la sociedad en general.
Por supuesto que ahí se encuentra la definición del mal que muchas veces se maneja en contra de la sociedad, por ejemplo cuando se determina que la protesta social es contra la sociedad. El Estado reprime a la sociedad para proteger a la sociedad. En la actual lucha contra el crimen organizado, encontramos excusas y no decisiones políticas que lleven al Estado a cumplir con su función primordial. Se nos repite hasta el cansancio que los criminales tienen mejores armas, más recursos, y aunque no lo dicen, notamos que tienen más y mejor inteligencia (política y personal).
Cuesta trabajo creer que un grupo o grupos criminales, puedan desarrollar capacidades que rebasen por mucho a las que tiene el Estado, a menos, claro está, que componentes fundamentales del Estado estén coludidos con los criminales, en cuyo caso, la esencia del Estado desaparece. Los criminales han desarrollado desde hace mucho tiempo estrategias de crecimiento económico, crean empleos y benefician a las comunidades que los cobijan. Abundan las historias de calles pavimentadas y mejoras a las poblaciones, llegan incluso al nivel de construir y mantener centros de culto.
Fui a un sepelio en Guadalupe, Chihuahua y me aclararon que ahí estaba la iglesia vieja y la nueva que construyó el narco. Aunque vivimos en un sistema de separación entre la religión y el Estado, es obvio que los criminales atienden también las cuestiones de la fe. Este tipo de acción promueve la aceptación social a los criminales, especialmente por el contraste con el Estado que promete pero no cumple. Ambos, el Estado y el crimen organizado generan sistemas clientelares, pero el criminal es más eficiente porque retribuye.
El estado debe cobrar impuestos para financiar sus tareas de administración y protección de la sociedad, y en un sistema federal nadie debe cumplir con esta función, sin embargo, leemos que en varias partes del país los criminales cobran protección o derecho de piso (al 90% de los negocios formales en Ciudad Juárez). Me comentaba un empresario que los criminales ofrecen como parte del pago, resolver los asuntos que pudieran presentar los inspectores del SAT o del municipio: “si se presenta un inspector usted nos llama y nosotros los resolvemos” y cumplen. Hay empresarios que reclaman deducir de sus impuestos el pago de protección y tienen razón, no hay nada que justifique el pago doble de impuestos, y si el Estado no protege a los ciudadanos, entonces debe eximir el pago que se le hace a aquellos que protegen, aunque sea de ellos.
Un empresario me comentaba sobre el costo que tenía para proteger la mercancía que enviaba de una ciudad a otra porque se la robaban en las carreteras, mientras que el Estado debía proveer la seguridad de tránsito. El Estado debe garantizar el libre tránsito, sin embargo, hay territorio exclusivo del crimen donde las autoridades del poder legítimo (policías) no penetran y si los ciudadanos se aventuran por ahí posiblemente no salgan con bien. Alguien definió esta condición como una de las características del Estado fallido.
El crimen es capaz de controlar espacios crecientes del territorio e imponer reglas y leyes. El Estado debe garantizar la libertad, sin embargo los criminales pueden coartarla, ya sea por medio del secuestro y la exigencia de cobro por la liberación. El Estado debe aprobar leyes que normen la convivencia social, sin embargo los criminales han establecido un marco de vigencia de las leyes y de castigo a los que las violan, han impuesto incluso la pena de muerte a los sentenciados por su sistema de castigo. Como vemos, los criminales han suplantado al Estado, le han arrebatado la legitimidad y han impuesto un sistema alternativo de gobierno.
No hay duda que hay un componente perverso en este proceso, cuya capacidad destructiva es ascendente y cuyo efecto será mayor mientras el Estado se tarde en corregir. Por supuesto que esta suplantación ha dado al traste con la democracia, con el sistema legal y está provocando que los procesos electorales se conviertan en una farsa porque no representan más la voluntad de los ciudadanos, sino el acomodo de voluntades facciosas, entre las que se encuentra, tal vez en primerísimo lugar, los intereses de los criminales. Y de ahí en adelante el ciclo del deterioro solamente se agravara.
Entre las funciones ineludibles del Estado, o tal vez la prioridad fundamental para el Estado, es la protección de los intereses del individuo. Esta definición deliberadamente amplia incorpora la seguridad, la promoción de la calidad de vida, la eliminación de los riesgos y amenazas que se levantan contra la sociedad en general.
Por supuesto que ahí se encuentra la definición del mal que muchas veces se maneja en contra de la sociedad, por ejemplo cuando se determina que la protesta social es contra la sociedad. El Estado reprime a la sociedad para proteger a la sociedad. En la actual lucha contra el crimen organizado, encontramos excusas y no decisiones políticas que lleven al Estado a cumplir con su función primordial. Se nos repite hasta el cansancio que los criminales tienen mejores armas, más recursos, y aunque no lo dicen, notamos que tienen más y mejor inteligencia (política y personal).
Cuesta trabajo creer que un grupo o grupos criminales, puedan desarrollar capacidades que rebasen por mucho a las que tiene el Estado, a menos, claro está, que componentes fundamentales del Estado estén coludidos con los criminales, en cuyo caso, la esencia del Estado desaparece. Los criminales han desarrollado desde hace mucho tiempo estrategias de crecimiento económico, crean empleos y benefician a las comunidades que los cobijan. Abundan las historias de calles pavimentadas y mejoras a las poblaciones, llegan incluso al nivel de construir y mantener centros de culto.
Fui a un sepelio en Guadalupe, Chihuahua y me aclararon que ahí estaba la iglesia vieja y la nueva que construyó el narco. Aunque vivimos en un sistema de separación entre la religión y el Estado, es obvio que los criminales atienden también las cuestiones de la fe. Este tipo de acción promueve la aceptación social a los criminales, especialmente por el contraste con el Estado que promete pero no cumple. Ambos, el Estado y el crimen organizado generan sistemas clientelares, pero el criminal es más eficiente porque retribuye.
El estado debe cobrar impuestos para financiar sus tareas de administración y protección de la sociedad, y en un sistema federal nadie debe cumplir con esta función, sin embargo, leemos que en varias partes del país los criminales cobran protección o derecho de piso (al 90% de los negocios formales en Ciudad Juárez). Me comentaba un empresario que los criminales ofrecen como parte del pago, resolver los asuntos que pudieran presentar los inspectores del SAT o del municipio: “si se presenta un inspector usted nos llama y nosotros los resolvemos” y cumplen. Hay empresarios que reclaman deducir de sus impuestos el pago de protección y tienen razón, no hay nada que justifique el pago doble de impuestos, y si el Estado no protege a los ciudadanos, entonces debe eximir el pago que se le hace a aquellos que protegen, aunque sea de ellos.
Un empresario me comentaba sobre el costo que tenía para proteger la mercancía que enviaba de una ciudad a otra porque se la robaban en las carreteras, mientras que el Estado debía proveer la seguridad de tránsito. El Estado debe garantizar el libre tránsito, sin embargo, hay territorio exclusivo del crimen donde las autoridades del poder legítimo (policías) no penetran y si los ciudadanos se aventuran por ahí posiblemente no salgan con bien. Alguien definió esta condición como una de las características del Estado fallido.
El crimen es capaz de controlar espacios crecientes del territorio e imponer reglas y leyes. El Estado debe garantizar la libertad, sin embargo los criminales pueden coartarla, ya sea por medio del secuestro y la exigencia de cobro por la liberación. El Estado debe aprobar leyes que normen la convivencia social, sin embargo los criminales han establecido un marco de vigencia de las leyes y de castigo a los que las violan, han impuesto incluso la pena de muerte a los sentenciados por su sistema de castigo. Como vemos, los criminales han suplantado al Estado, le han arrebatado la legitimidad y han impuesto un sistema alternativo de gobierno.
No hay duda que hay un componente perverso en este proceso, cuya capacidad destructiva es ascendente y cuyo efecto será mayor mientras el Estado se tarde en corregir. Por supuesto que esta suplantación ha dado al traste con la democracia, con el sistema legal y está provocando que los procesos electorales se conviertan en una farsa porque no representan más la voluntad de los ciudadanos, sino el acomodo de voluntades facciosas, entre las que se encuentra, tal vez en primerísimo lugar, los intereses de los criminales. Y de ahí en adelante el ciclo del deterioro solamente se agravara.
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