Reporta Copred 163 denuncias de trabajadoras de 2013 a 2015
El Copred –creado en 2011– presentó hoy en esta capital su primer
informe sobre “Discriminación laboral hacia la mujer en la Ciudad de
México; despido por embarazo”, que abarca las denuncias desde 2013 a lo
que va de 2015.
De acuerdo con el documento, 35.38 por ciento de las denuncias por
discriminación que recibió la instancia en lo que va de 2015 estuvieron
relacionadas con la maternidad.
Esa cifra es 7 por ciento menor respecto a todo 2014, pero 2 por ciento
mayor que en 2013. En total, la cifra de casos de discriminación
relacionados con la maternidad que registró el Copred desde 2013 a la
fecha es de 163.
Jacqueline L’Hoist Tapia, directora general del organismo, dijo en
breve entrevista que al día de hoy ningún empleador o empleadora ha
sido sancionado por esta situación con uno a tres años de prisión, con
25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad, o una multa de 50 a
200 días de salario mínimo, penas establecidas en la Ley Federal del
Trabajo (LFT).
No obstante, adelantó que este año podrían resolverse los nueve casos
que actualmente investiga la Procuraduría General de Justicia del DF
(PGJDF) contra empleadores que cometieron este delito, todos durante
2014, precisó la servidora pública.
L’Hoist Tapia también nombró seis empresas que cometieron esta
discriminación y que, en general, son las que más incurren en conductas
discriminatorias.
Se trata del restaurante Casa Ávila (que obligó a una trabajadora a
firmar que no podía embarazarse); la tienda Coppel (que tiene varias
quejas en curso); la Universidad ICEL (que dijo a una empleada que su
embarazo daba mala imagen); Grupo Cometa (que despidió a una mujer por
presentar embarazo y le ofreció un contrato como “freelance”); la
tienda de equipo de laboratorio Trébol (que dijo a una trabajadora que
su embarazo no le permitía rendir al 100 por ciento); y la empresa de
cosméticos Avon (que despidió a una trabajadora que presentó un
embarazo de alto riesgo por solicitar muchos permisos).
La titular de Copred observó que todos los casos que recibe pueden
derivar en dos situaciones: una es la conciliación –que consiste en
reparación del daño–, y la denuncia penal, a la que se llega si no se
consigue la conciliacióny sólo si la peticionaria lo decide.
No obstante, señaló que durante 2015 todos los casos por discriminación
vinculados con la maternidad que llegaron al Copred lograron
conciliarse, ya que las mujeres obtuvieron el 100 por ciento de su
liquidación, se les restituyó en su trabajo, se brindaron las
capacitaciones requeridas, o se les ofrecieron disculpas públicas.
Y consideró que la restitución del empleo no es la mejor vía para la
reparación del daño, ya que una vez que las mujeres regresan se topan
con un “jefe enojado”.
L’Hoist Tapia criticó que la subcontratación, una práctica laboral que
se hizo legal luego de la reforma a la LFT en 2012, representa un
obstáculo para reparar el daño a las víctimas, ya que en el momento de
buscar responsables no se logra identificar a un empleador.
Mientras, las mujeres sobreviven con el Seguro de Desempleo que brinda
la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del DF, a fin de que
cuenten con recursos económicos mientras se lleva a cabo la
investigación.
La titular del Copred previó que para este año se espera una campaña
“muy fuerte” para motivar la denuncia de las mujeres y, por otro lado,
se buscará “que suene muy fuerte y que le quede claro al empleador” que
si despide a una mujer por estar embarazada está cometiendo un delito.
Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación y
Asesoría Sindical, criticó que “lo más difícil” para las mujeres que
enfrentan esta discriminación es alcanzar la justicia, ya que las
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje tienen cientos de
expedientes rezagados, y no hay suficientes inspectores del trabajo que
evalúen los centros laborales.
En ese tenor, la titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
del DF, Margarita Darlene Rojas Olvera –también presente en el evento–,
señaló que la autoridad laboral capitalina destinó los conflictos
laborales vinculados con la población vulnerable (entre ellos los de
género) a dos juntas especiales que tardan de tres a cuatro años y
medio en resolver un laudo.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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