8/07/2015

Más que cómplices


Colocan altar en el edificio donde asesinaron a Rubén Espinosa, Nadia Vera y otras 3 mujeres. Foto: Miguel Dimayuga
Colocan altar en el edificio donde asesinaron a Rubén Espinosa, Nadia Vera y otras 3 mujeres.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- Cuando en 2005 Vicente Fox, como presidente de la República, arremetió públicamente contra la revista Proceso en apoyo de la demanda civil de su esposa contra el semanario, la agresión quedó circunscrita a una confrontación del poder político con ese medio, sin considerar que se trataba de un ataque del jefe de Estado a la libertad de expresión.
Poco después, cuando al calor del conflicto postelectoral el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador atacaba a la prensa oficialista y algunos de los seguidores agredían a periodistas, tampoco se consideró como una agresión a uno de los derechos humanos que dan fundamento a un Estado democrático.
En esos años, el asesinato, las amenazas y las desapariciones de periodistas empezaban a ser una tendencia. Las propias cifras oficiales ya lo decían. De los 4 homicidios que heredó Fox en el 2000, su sexenio acabó con 27 periodistas asesinados y dos desaparecidos.
Desde entonces, el mensaje oficial era que las víctimas “andaban en malos pasos”. El sexenio de la violencia de Felipe Calderón aplicó ese mismo criterio para las entonces ya alarmantes condiciones para el periodismo en México.
Ese gobierno acabó con 61 periodistas muertos y 17 desaparecidos. Pero también, con periodistas encarcelados, acusados de delincuencia organizada. En un caso, el de Jesús Lemus, director entonces del periódico El Tiempo, de La Piedad, Michoacán, se comprobó después de tres años de prisión en el penal de máxima seguridad de Puente Grande que fue castigado por su trabajo periodístico.
El gobierno de Calderón lo acusó de ser un cabecilla de la Familia Michoacana. El caso pasó también como una desgracia para el periodista y su familia, y no como un ataque a la libertad de expresión desde el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; es decir, desde el Estado.
Las agresiones contra los periodistas se multiplicaron en todo el país. Los gobernadores repitieron el mismo mensaje de “los malos pasos” y “las manzanas podridas”. No investigaron, garantizaron la impunidad y la repetición de los ataques. Debajo de ellos, los presidentes municipales hicieron lo mismo.
Bajo esa conducta de sus jefes políticos, los policías federales, estatales y municipales se sumaron al desprecio hacia los periodistas. Los militares tampoco han sido ajenos a esa realidad.
Con el desdén oficial y sin investigaciones que derivaran en sanciones, los perpetradores de ataques a los periodistas se han perdido en los nebulosos expedientes judiciales.
Forzado por la presión internacional ante esa realidad, el Estado mexicano creó el Mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Empezó con Calderón y lo amplió Peña Nieto.
Pero esa instancia es ante todo una respuesta política a la presión internacional. Y a pesar de que las agresiones no cesan -12 periodistas asesinados y 4 desaparecidos en lo que va del sexenio, según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Eexpresión (Feadle)- Peña Nieto no ha hecho ningún pronunciamiento sobre los ataques a los periodistas.
Tampoco lo hicieron Calderón ni Fox. Más bien al contrario. No lo hicieron por una sencilla razón: no les gusta la prensa que hace su trabajo; sólo la que aplaude. No creen en la prensa como uno de los elementos de la democracia.
Es una posición compartida con gobernadores, presidentes municipales y opositores como López Obrador, quien también arremete contra la prensa que tiene “mala leche”, como lo dijo de Proceso cuando el semanario publicó que José Luis Abarca recibió su apoyo para ser presidente municipal de Iguala.
La muestra más clara de que la clase política mexicana no entiende el papel de la prensa en una sociedad democrática es lo que pasó el miércoles en la Comisión Permanente del Congreso, cuando desecharon un simple punto de acuerdo que más allá del homicidio del fotoreportero colaborador de Proceso, Rubén Espinosa, era un llamado al respeto al derecho humano a la información.
En el fondo, lo que demuestran es su desprecio y temor a una sociedad informada porque cada vez que se ataca a la prensa, se atenta también contra la sociedad que aspira a ser democrática.
Twitter: @jorgecarrascoa

No hay comentarios.:

Publicar un comentario