Torturas, lesiones y violencia sexual configuran delito: ANAD
Así lo reclamó la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD),
que llamó a que la exigencia de justicia por el homicidio del
fotorreportero del semanario Proceso y la agencia gráfica Cuartoscuro
también se extienda a las cuatro víctimas de feminicidio, entre quienes
está la activista NadiaVera Pérez.
La noche del pasado viernes 31 de julio fueron localizados los cuerpos
de cinco personas en un departamento en la céntrica colonia Narvarte,
en esta ciudad. La PGJDF informó que una de las víctimas es Rubén
Espinosa Becerril, quien se había trasladado recientemente a la capital
del país luego de recibir constantes amenazas derivadas de su trabajo
como corresponsal en el estado de Veracruz.
Los cuerpos de las víctimas –según informó la PGJDF en rueda de prensa–
fueron hallados en las recámaras y el baño del departamento, y
presentaban, cada uno, una herida de bala calibre 9 milímetros en la
cabeza; así como algunas escoriaciones en diversas partes del cuerpo,
presuntamente originadas “por el forcejeo previo al sometimiento al que
fueron expuestas”.
Aunque por la “secrecía de la investigación” la dependencia se reservó
los nombres de las víctimas, ahora se sabe que una de ellas es Yesenia
Quiroz Alfaro, de 18 años de edad, y otra es Nadia Vera Pérez,
activista originaria del estado de Chiapas, quien por muchos años
residió y realizó activismo social en Veracruz.
En entrevista con Cimacnoticias, Karla Micheel Salas Ramírez, directora
de la ANAD, dijo que la organización asumió la representación legal de
la familia de Nadia Vera, licenciada en Antropología Social y quien
residió en Veracruz, donde tuvo un papel muy activo al denunciar la
corrupción gubernamental.
De acuerdo con la información que Salas Ramírez pudo conocer a través
de la madre y hermano de Nadia Vera, la activista abandonó Xalapa, la
capital del estado, aproximadamente seis meses atrás, luego de sufrir
intimidaciones y hostigamiento por su labor de defensa de los Derechos
Humanos (DH).
Vera Pérez formaba parte de diversos colectivos en los que compartía
las mismas posturas que Rubén Espinosa, con quien mantuvo una relación
de amistad desde hacía varios años.
“Cuando Rubén sale huyendo de Veracruz una de las personas a las que
pide ayuda es precisamente a Nadia”, quien vivía –junto con otras dos
víctimas del multihomicidio– en el departamento en donde fueron
localizados los cuerpos, precisó Salas.
A decir de la defensora, en el caso de Nadia hay una línea de
investigación muy clara que tiene que agotarse y se relaciona con las
amenazas y hostigamiento contra la joven en Veracruz.
Karla Micheel Salas enfatizó que “independientemente del móvil de los
asesinatos, que puede ser político o social, los otro cuatro casos
deben ser investigados como feminicidio debido a las circunstancias en
las que fueron encontrados los cuerpos”.
Hasta ahora se sabe que las víctimas presentaban signos de tortura y
estrangulamiento, así como lesiones en el cuerpo, además de que hubo
violencia sexual en dos de los casos, y ésas son características que
constituyen un feminicidio, sostuvo la abogada.
Tal protocolo se activó desde 2011 y mandata investigar todas las muertes de mujeres bajo la hipótesis de un feminicidio.
Los asesinatos del fotoperiodista y de las cuatro mujeres han generado
diversas protestas sociales; la tarde de ayer domingo se realizó una
manifestación frente al Ángel de la Independencia, en esta capital,
para exigir justicia y verdad por los hechos.
En tanto, las consejeras honorarias del Instituto de las Mujeres del
Distrito Federal (Inmujeres-DF) enviaron una carta al jefe de Gobierno
capitalino, Miguel Ángel Mancera, y al procurador local para manifestar
su consternación por los cuatro casos de feminicidio y el asesinato del
fotoperiodista.
En la misiva, las consejeras Magdalena Huerta, Lorena Sosa, Guadalupe
Chapela, Adriana Luna Parra, Gloria Ramírez y Aimée Vega Montiel piden
que se pondere el feminicidio y la libertad de expresión como las
líneas de investigación de los hechos, y al mismo tiempo demandan al
gobierno de la Ciudad de México brindar protección a las familias de
las víctimas.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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