Carlos Fazio
El
pasado 29 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió
relevar al coronel José Rodríguez Pérez de la comandancia del 27
batallón de infantería en Iguala, Guerrero. Como responsable de la
unidad, el mando castrense firmó las bitácoras con los movimientos de
entradas y salidas de oficiales y tropa los días 26 y 27 de septiembre
de 2014, cuando fueron detenidos-desaparecidos los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
Según la Sedena, el relevo del coronel Rodríguez Pérez forma parte
de la política de rotación de mandos en el Ejército Mexicano. Sin
embargo, la remoción se da en el marco de fuertes presiones de
familiares de las víctimas y misiones internacionales que coadyuvan de
manera oficiosa en la investigación del caso, para que se les permita
conversarcon integrantes del batallón activos la noche de los hechos. La Defensa no informó qué nueva asignación se le daría al coronel, lo que ha alimentado la versión de que podría ser llamado a declarar.
Autoridades estatales y federales han demostrado la comisión de
delitos por policías municipales de Iguala y Cocula. Entre 2011 y 2014,
los jefes de policía de Cocula fueron militares retirados: el teniente
Tomás Bibiano Gallegos (luego ejecutado) y el mayor Salvador Bravo Bárcenas. Ambos habían sido
recomendadospor el general de división Alejandro Saavedra, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo (entonces superior del coronel Rodríguez por la cadena de mando). Un tercer ex militar, César Nava, era subdirector de seguridad pública del ayuntamiento y es señalado como uno de los principales operadores en la desaparición de los normalistas.
De acuerdo con el testimonio de Bravo, los jefes militares de
Guerrero sabían que mandos y tropa bajo sus órdenes estaban
involucrados con grupos criminales. Otras testimoniales señalan que los
coroneles Juan Antonio Aranda y José Rodríguez Pérez, ambos del 27
batallón; el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 batallón
y coordinador del Operativo Guerrero Seguro, así como el almirante José
Rafael Durán, comandante de la octava región naval de Acapulco, habían
recibido denuncias sobre tales nexos. Según obra en los expedientes,
conocían el modus operandi de las policías municipales de Iguala y Cocula y de Guerreros unidos para secuestrar, extorsionar, fabricar metanfetaminas y desaparecer personas en fosas clandestinas.
En ese contexto tampoco se explican las públicas relaciones del ex
alcalde de Iguala José Luis Abarca con los coroneles Juan Aranda y José
Rodríguez, y el capitán José Martínez Crespo. Por acción u omisión, las
huellas de los mandos militares del 27 batallón son evidentes. Pero,
según el ex procurador Murillo Karam, investigar al Ejército –como le
demandaban los padres de las víctimas− era un
absurdo completo.
Documentos desclasificados en virtud de la Ley de Transparencia
demuestran que el Ejército conoció en tiempo real los ataques a los
estudiantes y no hizo nada para evitarlos. Un reporte entregado por la
Sedena a Proceso señala que aproximadamente a las 22:30 horas
arribaron al lugar “tres patrullas (…) de las que bajaron policías
vestidos de negro, encapuchados, los cuales les dijeron a los
estudiantes que se bajaran…” En una edición posterior la revista reveló
que los policías encapuchados formaban parte del grupo de élite Los Bélicos, integrado por policías municipales de Iguala y civiles vinculados con Guerreros unidos,
misteriosamentetolerado por los mandos del 27 batallón. El grupo operaba como una fuerza de acción inmediata y utilizaba un uniforme camuflado gris, similar al del Ejército, pero cuando salían a sus operativos iban encapuchados y vestidos de negro, portando armas de alto poder.
Los
reportes iban dirigidos a la 35 Zona Militar y estaban firmados por el
coronel Rodríguez Pérez. Otro mando citado en los reportes era el
capitán José Martínez Crespo, quien al mando de la Fuerza de Reacción
del 27 batallón patrulló toda la noche y estuvo presente en los
hospitales General y Cristina.
Según el juez Ulises Bernabé García, los normalistas nunca fueron
llevados a la base de la policía municipal de Iguala, como dijo la PGR.
García declaró a Anabel Hernández y Steve Fisher que a la hora señalada
por la procuraduría (23 horas), un militar que se identificó como
capitán Crespollegó a la comandancia con un grupo de 12 soldados y durante 15 minutos realizaron una minuciosa inspección de la base.
En su informe Estado de la investigación del caso Iguala,
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sugirió la comparecencia o
ampliación de la declaración de nueve militares del 27 batallón. Según
la CNDH, cuatro miembros del Ejército recibían diariamente información
de seguridad en el municipio de Iguala y sus testimonios y reportes
serían valiosos para conocer la sucesión de hechos después del ataque a
los estudiantes. También pidió la comparecencia de tres militares que
con posterioridad a las agresiones acudieron a verificar qué estaba
sucediendo en las calles de Iguala, y de otros dos para que declaren
acerca del entorno que imperaba en la ciudad el 26 de septiembre. La
CNDH pidió que se le permita entrevistar directamente a nueve de los 38
soldados que rindieron testimoniales en los expedientes.
El coronel José Rodríguez Pérez sabe mucho y debe declarar. También
se ha solicitado que se investigue a los mayores Raymundo Barrera y
Luis Alberto Rodríguez Chávez, jefes de personal y de información,
respectivamente, del 27 batallón. Según el organigrama de la unidad,
serían los superiores inmediatos de dos oficiales que participaron en
los hechos: el teniente Vicente Barbosa y el capitán Miguel Hernández
Crespo, ambos presuntamente relacionados con la
delincuencia organizada. A raíz de una manta firmada por El cabo Gil, supuesto líder de Guerreros unidos, existe confusión si un tal capitán Crespo, protector del narco, es Miguel Hernández Crespo o José Martínez Crespo; si son la misma persona o ambos están involucrados.
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