El homicidio de este periodista podría estar originado desde el poder político y esta posibilidad la debe esclarecer la autoridad investigadora.
lasillarota.com
El
viernes pasado fue asesinado Rubén Espinosa, periodista que se había
visto obligado a salir de Veracruz a causa de las amenazas del
gobernador Javier Duarte en su contra. En los mismos hechos fueron
asesinadas cuatro mujeres, una de ellas es Nadia Vega, quien fue parte
del Movimiento #Soy132 y vivía en Veracruz.
Estos homicidios son condenables y la autoridad tiene la obligación
de investigar para esclarecer los hechos, lo que significa dar una
explicación creíble y sustentada en evidencias objetivas. Esto que
escribo, es una obviedad, pero la experiencia nos ha mostrado que casos
donde existe una exigencia social para que haya respuestas, la
autoridad privilegia los resultados rápidos aunque a la larga terminen
siendo mentira.
Tanto para la investigación de la muerte del periodista como la de
las cuatro mujeres, se debe asegurar igual diligencia y esmero;
evitando sólo concentrar los esfuerzos en esclarecer la muerte del
periodista para atender al reclamo social, dejando en segundo plano la
muerte de Nadia Vega, Yesenia Quiroz así como de las otras dos mujeres,
de quienes hasta ahora se desconocen sus nombres.
En lo que toca a la investigación de la muerte de Rubén Espinosa,
ésta debe realizarse tomando en cuenta el contexto de la situación en
que se encontraba. En primer lugar que Veracruz, bajo el gobierno de
Duarte, es el estado donde más periodistas han sido asesinados a
consecuencia de su trabajo. Segundo, que el trabajo periodístico de
Rubén molestó al gobernador quien respondió con amenazas, al grado que
Rubén se vio obligado a tener que exiliarse en la ciudad de México. En
otras palabras el homicidio de este periodista podría estar originado
desde el poder político y esta posibilidad la debe esclarecer la
autoridad investigadora.
Hasta el momento la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal es responsable de investigar los cinco homicidios; sin embargo
hay voces que exigen que el asunto se traslade al ámbito de la Fiscalía
Especial Para La Atención De Delitos Cometidos Contra la Libertad de
Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR). La
disyuntiva no es fácil pues de ambas instituciones se desconfía y
ninguna destaca por mostrar resultados espectaculares. La realidad
actual es de una marcada desconfianza de las autoridades encargadas de
investigar y administrar justicia.
En el caso de la FEADLE, de acuerdo con la organización Artículo 19,
hasta julio de 2013 se habían iniciado 469 averiguaciones previas, sólo
se habían consignado 51 y aún no se obtenía ninguna sentencia
condenatoria. Además apenas el 1 de agosto la Procuradora Arely Gómez
nombró a un nuevo encargado de la FEADLE. Es posible entonces que la
esta institución no atraviese por su mejor momento.
Por lo tanto, el esclarecimiento de este homicidio múltiple coloca
de nuevo a las autoridades ante el reto de mostrar que tienen voluntad
política para investigas inclusive al gobernador veracruzano y, un
segundo reto será mostrar que existe capacidad en las instancias
encargadas de esclarecer crímenes.
Estas muertes a la sociedad también nos interpelan. Recordemos que luego de los asesinatos de Regina Martínez y de Gregorio (Goyo)
Jiménez, sucedieron numerosas expresiones públicas de reclamo y
exigencia para resolver ambas muertes. Pero la realidad es que el
reclamo social de justicia no ha sido cumplido. Entonces tenemos que
preguntarnos: ¿Qué más debemos hacer para lograr romper la impunidad?
¿Qué nuevos esfuerzos debemos emprender para que las autoridades enfrenten las consecuencias de su negligencia e incapacidad?
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