Las mineras transnacionales se han lanzado a la colonización del territorio nacional provocando un impacto social y ambiental. Casi el 70% de las concesiones para explotación están en manos extranjeras
73 conflictos sociales se mantienen vivos en todo el país, donde los indígenas pelean contra las mineras
174 proyectos mineros en Puebla se han denunciado por presuntamente atentar contra la salud de la comunidad
5 sanciones de daño ambiental ha emitido la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en lo que va de este año
2,000 hectáreas entregadas a Almaden Mineral correspondientes al suelo comunal
55,990 hectáreas se le entregaron a la minera canadiense en el 2008
El beneficio del usufructo de la riqueza minera de México ha sido entregado
a un pequeño grupo de empresarios
Almaden Mineral tiene presencia en la industria minera de Canadá, Estados
Unidos y México, pero es aquí en donde ha logrado más utilidades
Las
transnacionales mineras se han lanzado a la colonización del territorio
nacional sin importar el impacto social y ambiental que significa la
explotación del subsuelo, principalmente en zonas declaradas reservas
indígenas.
La voracidad de las mineras internacionales se refleja en el número
de concesiones que han logrado para la explotación del subsuelo
mexicano: una cuarta parte del territorio nacional ha sido entregada
para extraer la riqueza minera de México, asegura el investigador de la
Universidad Iberoamericana, Miguel Reyes Hernández.
La entrega de concesiones para la explotación de minas, que se
comenzó a disparar en el periodo de gobierno de Vicente Fox y que
alcanzó el pináculo durante la administración de Felipe Calderón, ha
llegado a niveles desorbitantes.
Hoy la reforma energética, aprobada en la actual administración
federal, representa una oportunidad para los planes de explotación del
subsuelo nacional por parte de estos conglomerados transnacionales.
A la fecha el Gobierno Federal ha entregado 47 mil 862 concesiones
de explotación minera, las que han sido acaparadas por una veintena de
empresas internacionales, algunas con participación de inversionistas
mexicanos.
El territorio nacional entregado en concesión para su explotación a
empresas internacionales llega a 98 millones 682 mil 739 hectáreas.
La mayor parte de la superficie entregada a las mineras está ubicada
en zonas indígenas, lo que ha generado el brote de por lo menos 73
conflictos sociales, donde las comunidades originarias han tenido que
aportar muertos y desplazados.
En la mayoría de los casos de explotación minera, las
transnacionales trabajan sin rostro, sordas a los reclamos de cuidado
ambiental e impacto social que exigen los pobladores naturales,
propiciando casos extremos como el de Michoacán, en donde la Minera
Ternium en Aquila, para poner a salvo sus intereses económicos, creó
sus propios grupos de autodefensa, una vez que ya no pudo negociar con
el crimen organizado la compra de mineral extraído ilegalmente.
En la mayoría de los casos las mineras no respetan los límites
establecidos en las concesiones federales, extendiendo su explotación
minera a radios mayores que llegan a hasta tres veces más de la
superficie entregada en concesión, esto con la finalidad de abarcar
otros yacimientos cercanos a los entregados legalmente.
La extensión arbitraria de los radios de explotación minera, estima
el investigador Miguel Reyes Hernández, obedece al plus que otorga la
reforma energética, impulsada por la actual administración federal, que
autoriza a las mineras -no solo a explotar los yacimientos minerales-
sino también los hidrocarburos que se pudieran encontrar en el subsuelo
de la superficie entregada en concesión.
Y es que la reforma energética le otorga a la minera el estatus de
actividad preponderante al reconocer el uso de suelo preferencial,
incluso por encima de la propia vida, la actividad económica o
productiva de la población natural, lo que avala el desalojo de
comunidades indígenas que obstruyan los procesos de explotación minera.
Proyectos de muerte
La llegada de las mineras a cada una de las regiones entregadas en
usufructo siempre se anuncian como acciones de desarrollo y progreso
para la región, pero no hay una sola localidad en el país en donde las
trasnacionales exploten el subsuelo en armonía con los pobladores
locales y el cuidado al medio ambiente, prueba de ello son los 73
conflictos sociales que se mantienen vivos en todo el país, donde los
indígenas pelean contra las mineras.
Los llamados proyectos de muerte, como los han calificado los
pueblos indígenas a los planes de explotación minera irracional, se han
triplicado desde el año pasado. El estado de Puebla es el líder en la
inconformidad.
Solo en esa entidad se han denunciado 174 proyectos mineros –que a
veces tienen que ver con hidroeléctricas y termoeléctricas- que atentan
contra la salud de la comunidad.
En el estado de Michoacán se registran 18 proyectos de muerte. En
Colima se han denunciado 11 proyectos que atentan contra el medio
ambiente. En Oaxaca son 23 las explotaciones de minas que afectan a los
pobladores. En Durango se registran 10 proyectos de muerte, en tanto
que en Zacatecas, Colima, San Luis Potosí, Chihuahua y Coahuila suman
en total 48 las minas que atentan contra la población.
La mayoría de los proyectos mineros denunciados afectan el medio
ambiente con daños severos e irreversibles a los mantos acuíferos. En
otros como en Colima el daño de las mineras ha sido extremo, al grado
de incrementar los índices de cáncer entre la población aledaña a las
minas; los casos menos graves de proyectos de muerte son los que se
dejan ver con efectos como el de la lluvia ácida.
Frente a este panorama, las instancias federales se manifiestan omisas.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en lo
que va de este año solo ha emitido cinco sanciones de daño ambiental,
pese a que los reclamos de los vecinos aledaños a las minas han
levantado al menos 322 denuncias.
La mayor parte de las miles de concesiones otorgadas en los
gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón fueron a parar a manos de
los grupos empresariales: Peñoles de la familia Bailleres, Grupo México
de Germán Larrea, y Frisco de Carlos Slim, cuyos grupos abanderan los
proyectos de muerte.
La suma de las concesiones de esos tres grupos empresariales
comprende por lo menos el 70 por ciento de la superficie minera del
país, en donde no tienen presencia agrupaciones gremiales o sindicales
que procuren la seguridad laboral de los que son empleados para la
excavación del subsuelo.
Las mineras de Slim, Larrea y Bailleres, favorecidas desmedidamente
en los últimos 12 años, de acuerdo a publicaciones especializadas, son
las más rentables de todo el país, principalmente por los bajos
salarios a los mineros y la condonación de impuestos federales y
locales con que se les privilegia.
Solo la condonación en impuesto predial, servicio de energía
eléctrica, suministro de agua potable y otros servicios locales, además
de derechos federales no declarados, como el pago de cuotas de Seguro
Social, hace que las utilidades de las empresas vayan a la alza bajo la
complacencia de las autoridades federales.
Almaden Mineral, un caso aparte
La minera canadiense Almaden Mineral inició ya la exploración de más
de 2 mil hectáreas de suelo comunal de Ixtacamaxtitlán, Puebla, el que
era utilizado por los pobladores locales para el pastoreo, la siembra
agrícola y la explotación forestal; en ese sitio se inició ya la
barrenación –con el consecuente daño ecológico- para detectar las vetas
de oro que abundan en la zona.
Con las 2 mil hectáreas más que se le han entregado a Almaden
Mineral ya suman 16 hectáreas de suelo sobre las que tiene derecho
preponderante de explotación la empresa canadiense, aun cuando en
realidad viene teniendo dominio sobre casi 20 mil hectáreas de suelo,
de donde decenas de pobladores indígenas ya han sido desplazados.
Almaden Mineral tiene presencia en la industria minera de Canadá,
Estados Unidos y México, pero es aquí en donde ha logrado sus mayores
utilidades al crecer exponencialmente en los último seis años, al
obtener concesiones para explotación de suelo con yacimientos minerales
para los próximos 50 años.
Las concesiones más importantes entregadas a la minera canadiense se
lograron en el año 2008, cuando desde la federación le otorgaron los
permisos para la exploración y explotación de 55 mil 990 hectáreas en
la zona de Ixtacamaxtitlán, principalmente en la comunidad Tulgtic, en
la sierra norte del estado de Puebla, donde lleva a cabo el llamado
proyecto Ixtaca, el más ambicioso a nivel nacional para la extracción
de oro.
Justicia por un tubo
Al ver que la comunidad indígena de Puebla no publicó un amparo por
cuya inserción se cobraban 40 mil pesos, un juez federal determinó
finalizar anticipadamente el juicio de garantías iniciado por los
indígenas como única esperanza para no permitir el proyecto de muerte
en su comunidad.
Con la decisión del juez de no atender la demanda de violación de
garantías de la comunidad Nahua de Cuacuila, en el municipio de
Huauchinango, Puebla, se benefició a las empresas Gasoductos del
Altiplano Termigas S.A. de C.V. y Gasoductos Mexicanos S.A. de C.V.
Estas dos empresas son las que abanderan el proyecto del gasoducto
de Gasomex, que consiste en el transporte por ducto de gas propano
comercial, que va de la terminal de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz,
a la terminal de Atotonilco de Tula, en Hidalgo, con una extensión de
300 kilómetros lineales.
El proyecto del gasoducto que no quiso ser frenado por la justicia
federal cruza por los estados de Hidalgo, México, Puebla y Veracruz, en
donde afecta al entorno ecológico y las condiciones de seguridad de 24
municipios, mil 500 pequeños propietarios y 70 ejidos.
De todos los núcleos poblacionales que afecta el paso del gasoducto,
solo el de la comunidad indígena de Cuacuila fue el que optó por la vía
legal para frenarlo, pero el propio sistema les negó la posibilidad de
defenderse.
Sin embargo, en una rueda de prensa, la abogada Patricia Montaño
Flores explicó que en el Artículo 1 constitucional y los tratados
internacionales amparan a la comunidad indígena para que decidan sobre
los proyectos que se harán en sus territorios.
Este no es el primer caso en donde el sistema judicial se pone del
lado de las empresas. Solo en lo que va del 2015, se estima que al
menos 18 comunidades indígenas de la sierra norte de Puebla han buscado
la protección de la justicia federal para tratar de frenar los
proyectos de explotación del subsuelo, sin que a la fecha se haya
concretado el amparo a favor de las comunidades demandantes.
En la mayoría de los casos los proyectos de amparo ni siquiera son
admitidos en los juzgados al no cumplir con requerimientos técnicos,
principalmente en su estructura de petición, lo que hace más
cuestionable la aplicación de la justicia federal, dijo el maestro Juan
Romero, especialista en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Aseguró que en el país la negativa de los amparos para las
comunidades indígenas es casi general, sobre todo cuando se trata de
proyectos de explotación del subsuelo, porque los jueces buscan fallas
técnicas en la demanda de amparo, en lugar de ver las razones que les
asisten a los demandantes. Por eso se dan casos en donde se suspende el
juicio porque no se cumplió con la publicación de un edicto, que es
algo técnico.
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