Mathieu Tourliere
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Peña y Robles durante un acto público en abril de 2013. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO,
D.F. (apro).- El 9 de enero de 2014, desde el templete instalado en el
municipio guerrerense de Cochoapa El Grande, el más pobre del país, el
presidente Enrique Peña Nieto declaró que el año que iniciaba debía
“ser un año que nos permita acelerar el paso, especialmente en la
concreción de este objetivo prioritario: abatir la pobreza y la
desigualdad”.
Año y medio más tarde, el pasado jueves 23 de julio, el veredicto de
la medición de pobreza 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de las
Políticas de Desarrollo Social (Coneval) esfumó los deseos del
mandatario: a finales del año pasado, 55.3 millones de mexicanos vivían
en la pobreza, 2 millones –y 200 mil menores de edad– más que en el
inicio de la administración priista.
Pese a la millonaria inyección de recursos al diseño de políticas
públicas enfocadas a revertir la pobreza, durante cada minuto que
transcurrió entre 2012 y 2014 se hundieron dos mexicanos en la pobreza.
Según el Coneval, a finales de 2014 80% de los mexicanos se
encontraba en pobreza o al borde de caer en ella –ya sea por su magro
ingreso o por sufrir carencias sociales–, o sea 95 millones de personas.
Los 24.6 millones restantes obtuvieron ingresos satisfactorios sin
sufrir de carencias. Eso quiere decir que en el segundo país más
desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), solo el 20% de la población se salvó del rezago
social.
En entrevistas por separado, expertos sostienen que la principal
explicación del incremento de la pobreza se encuentra en la caída de
los ya escasos ingresos de millones de mexicanos.
Sin embargo, coinciden en señalar el fracaso de la política social
del gobierno para garantizar sus derechos a todos los ciudadanos, como
establece la Constitución.
De acuerdo con la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc),
la cual monitorea el diseño, el desempeño y la calidad de las políticas
públicas de desarrollo social, el gobierno federal destinó 457 mil
millones de pesos a su política social el año pasado, equivalente al
11.6% del presupuesto programable.
Más de la cuarta parte de este presupuesto, 141 mil millones de
pesos, fue asignada a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el
resto se repartió entre la docena de secretarias involucradas en la
política social, como la Secretaría de Educación Pública (SEP), la
Secretaría de Salud (SSA) o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat).
Con esa asignación, la Sedesol fue la secretaría con el tercer mayor
presupuesto del gabinete de Peña Nieto en 2014, aunque de acuerdo con
el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de
Diputados, realizó un subejercicio de 4 mil 482 millones de pesos.
“Los más pobres”
“Llegamos dónde nadie había llegado; alcanzamos a los más pobres de
los pobres”. Es con ese lema que la titular de la Sedesol, Rosario
Robles, suele presentar a la Cruzada Nacional contra el Hambre durante
los eventos públicos.
A través de los 90 programas que conforman la Cruzada y que operan
distintas secretarias –sobre todo la Sedesol, la Sagarpa, Semarnat,
Salud y Educación–, el gobierno pretende erradicar el hambre en el
país, por lo que le atribuyó cerca de 200 mil millones de pesos el año
pasado.
Sin embargo, al analizar los datos del Coneval, y más
particularmente al comparar la evolución de las carencias sociales con
el nivel de ingreso de la población, se puede observar que la política
social del gobierno peñanietista no mejoró las condiciones de vida de
los más necesitados.
Así, desde 2012 los indicadores de varias carencias sociales se
estancaron para el 10% de los mexicanos más pobres: el rezago educativo
se quedó en 33%, la falta de acceso a los servicios básicos de vivienda
permaneció en 58%, mientras que el 90% de ellos seguía sin contar con
seguridad social.
En cambio, los programas de afiliación al Seguro Popular redujeron
en un 4% la falta de acceso a los servicios de salud del decil de
mexicanos más pobres, mientras que la calidad de sus espacios de
vivienda mejoró en un 1%.
Respecto a la población total de México, las carencias antes
mencionadas disminuyeron entre 2012 y 2014. La única excepción fue el
rezago en el acceso a la alimentación que, además de disminuir de menos
de 1% para el decil más pobre, se agravó en términos generales.
Durante los primeros dos años de gobierno de Peña Nieto y a pesar de
la Cruzada Nacional contra el Hambre, la falta de acceso a la
alimentación pasó de 23.3% a 23.4%. Al terminarse el año pasado, 28
millones de mexicanos sufrían esa carencia; 600 mil más que en 2012.
Es más: de acuerdo con la base de datos de los Logros de la Cruzada
Nacional contra el Hambre, que registra los montos gastados por
municipio y por entidad federal hasta el cierre de 2014, ciertas de las
entidades más beneficiadas por los programas claves de la estrategia,
como Prospera o el programa de pensiones “65 y más”, registraron
incrementos en los niveles de pobreza y de rezago alimentario.
De acuerdo con este documento, cuya copia tiene Proceso,
Chiapas fue una de las entidades más beneficiadas por la Cruzada en
2014. Recibió, por ejemplo, 2 mil 358 millones de pesos del gobierno
federal para Prospera, 2 mil millones en el programa de pensiones “65 y
más”, 319 millones en tarjetas SinHambre y otros 179 millones en
tiendas Diconsa, entre muchos.
No obstante, la tasa de pobreza se incrementó en 4.7%, la de pobreza
extrema aumentó en un 1.5% y el rezago en acceso a la alimentación se
disparó en un 14.2% y la pobreza extrema.
Administrar la pobreza
De mismo modo, el gobierno federal gastó 3 mil 419 millones de pesos
en el estado de México para las pensiones “65 y más”; mil 590 millones
en Prospera; poco más de mil millones de pesos en la dotación de leche
fortificada; o mil 868 millones en las tarjetas SinHambre, entre muchos.
Otra vez, la tasa de pobreza creció de 12.8%, la de pobreza extrema
se disparó en un 27.6% y el rezago en el acceso a la alimentación en un
24.2%.
El Coneval estimó que las tres cuartas partes de la población
indígena se encontraba en situación de pobreza a finales del año
pasado, los cuales sin duda les incluía en los “más pobres de los
pobres”.
Pero tampoco llegó la política social a mejorar sus niveles de vida.
La tasa de pobreza extrema entre los indígenas se incrementó de 1.2% en
dos años y alcanzó el 31.8% de la población, más de cuatro veces la
tasa de extrema pobreza en la población no indígena.
Según el segundo informe de gobierno, que Peña Nieto entregó en
septiembre de 2014, la administración priista destinó 151 mil millones
de pesos al “desarrollo integral de los pueblos indígenas” durante sus
primeros dos años en el poder –un promedio anual de 75 mil millones, 30
mil millones más de lo que invertía su antecesor–.
Según el Coneval, la tasa de pobreza se agravó en 11 entidades
federales –con mayor magnitud en Veracruz, Oaxaca, el estado de México
y Michoacán–, se estancó en siete y mejoró en 14, sobre todo en
Nayarit, Guerrero y Jalisco.
El pasado 27 de julio, las organizaciones reunidas en la Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza estimaron que el gobierno federal comete
un “grave error de enfoque” en el combate a la pobreza, al concentrar
sus esfuerzos a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
“La Cruzada presenta problemas serios de diseño y de rendición de
cuentas, quizá los más importantes son que reduce su objetivo a 7
millones de personas y que pretende resolverla con comedores, tarjetas
y comités”, plantearon, al estimar que en México ya no se necesitan más
programas sociales para “repartir cosas”.
Durante sus primeros dos años a cargo de la dependencia, Rosario
Robles no dejó de elogiar los logros de la “Política Social de Nueva
Generación” emprendida bajo la administración de Peña Nieto. Según
ella, el nuevo enfoque dejó atrás las viejas estrategias
asistencialistas.
“Basar la política social en programas la vuelve asistencialista, ya
que la población, cuando está recibiendo el beneficio desde el
gobierno, se vuelve presa de la idea que si se comportan mal lo pueden
perder”, comenta a esta agencia la socióloga Araceli Damián,
investigadora en el Colegio de México (Colmex). Estima que la política
social en México equivale a “administrar la pobreza”.
Ejercicio de comunicación
En plena crisis de credibilidad tras la evasión espectacular de
Joaquín “El Chapo” Guzmán –que hizo anecdótica la visita de Peña Nieto
a Francia–, y en medio de una delicada situación económica –marcada
entre otros por el hundimiento del peso frente al dólar y del derrumbe
de los precios del petróleo, la decepcionante “Ronda Uno”, y los
recortes presupuestarios –, el gobierno tuvo que rendir cuentas sobre
el fracaso del combate a la pobreza.
La Sedesol fue la primera en reaccionar: la presentación de los
resultados del Coneval aún no terminaba en el Centro Cultural Isidro
Fabela, ubicado en la colonia San Ángel, cuando la dependencia emitió
un “posicionamiento” en el que interpretó las cifras de la pobreza para
presentar un balance positivo de sus acciones, en un intento de
contener las críticas que no tardarían en llover.
En este documento, en lugar de comentar el incremento de la pobreza
general, la Sedesol se felicitó de la reducción de la pobreza extrema,
que según el Coneval disminuyó de 9.8% a 9.5% entre 2012 y 2014. A
finales del año pasado, esa institución consideraba que vivían en
México 11.4 millones de personas en la miseria, 100 mil menos que en
2012.
La Sedesol no mencionó que durante este periodo el número de
mexicanos cuyos ingresos no bastaban para comprar la canasta
alimentaria se incrementó de 0.6%, hasta afectar a 24.6 millones de
personas el año pasado, un millón más que en 2013.
La entidad también se jactó de la reducción de la pobreza extrema en
los menores de edad y las personas mayores de 65 años. Si bien concedió
que “seguimos teniendo una deuda con las personas con discapacidad”, ni
siquiera evocó al incremento de esta condición en la población indígena.
En su comunicado, la Sedesol insistió que a raíz de la “buena
focalización” de los programas sociales, los ingresos del 10% de los
hogares más pobres del país aumentaron. Y no de un 2.1% como lo planteó
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sino de 6.5%
entre 2012 y 2014.
Pero aun tomando en cuenta el Módulo de Condiciones Socioeconómicas
(MCS), que reportó un incremento de 6.5% del ingreso trimestral
promedio de los hogares más pobres del país, la ganancia fue de un peso
por día y por persona. El ingreso de cada ocupante del hogar pasó de
16.8 pesos a 17.9 pesos diarios.
“No es ningún logro, porque este incremento proviene de las
transferencias públicas a través de los programas”, comenta el
economista Gerardo Esquivel, investigador en el Colmex.
Y precisa: “En la medida en que estos individuos no pueden acceder a una canasta, seguirá siendo un mal resultado”.
Robles en frente
El comunicado de la Sedesol no funcionó: las organizaciones civiles,
los periódicos y el sector privado no dejaron de cuestionar al gobierno
y sus políticas social y económica.
La propia Rosario Robles asumió, de manera personal, la defensa del
gobierno federal en el combate a la pobreza e intentó convencer que
“debemos seguir por este camino”.
Así, tanto en una columna que firmó en El Financiero el viernes 24, como durante una conferencia de prensa el lunes siguiente, o en el programa Alebrijes
difundido en Televisa más tarde ese día, Robles reiteró que el
incremento del ingreso de los más pobres y la disminución de la pobreza
extrema eran una “buena noticia”.
Durante sus sucesivas apariciones públicas, la secretaria repitió
que los resultados del Coneval sólo capturaron “una fotografía” de
2014, pero no reflejaron las supuestas mejoras inducidas por las
reformas estructurales a inicios de 2015, ni el rediseño del programa
Prospera.
Entre otros, Robles argumentó que “el contexto económico adverso”
fue uno de los factores que aumentó la pobreza. También lo fue el
crecimiento poblacional: de acuerdo con la funcionaria, parte de la
agravación de la pobreza se explica porque “en los (hogares) más pobres
el promedio de niños nacidos es mayor al promedio nacional”.
Asimismo, sostuvo, “la gente, la más rica como la más pobre, no dice
cuánto está ganando (a los encuestadores)”, lo que genera “un
subregistro en el ingreso”.
Durante su participación a Alebrijes, afirmó que a la
Sedesol le hubiera resultado fácil entregar 2 mil pesos a la gente en
situación de pobreza para que “pasaran la línea” y no fueran
considerados como pobres en la encuesta del Coneval, pero precisó que
eso hubiera sido “irresponsable”.
Y, con un tono cada vez más defensivo, Robles terminó por declarar
que “la Sedesol no es la única secretaria del gobierno que tiene la
responsabilidad de combatir la pobreza”.
“A la Sedesol le toca diseñar los programas sociales que permiten
que quienes están una mayor condición de pobreza puedan enfrentar en
mejores condiciones esta situación de pobreza. Fue la tarea que nos dio
el presidente Enrique Peña Nieto”, aclaró.
Más temprano en el día, el mismo Peña Nieto admitió que le resultaba
“evidente que la política social no ha sido suficiente” aunque,
subrayó, sirvió para “contener el incremento de la pobreza”.
“El día posterior a la publicación de los resultados, el logro
consistía en la mejor focalización de los programas. Y el lunes
siguiente el mensaje cambió: el éxito de la política social fue
contener la pobreza. Si aspiramos como país a que el máximo logro sea
ése, no podemos aspirar a resolver el problema”, planteó Héctor Rubio,
coordinador de iniciativas estratégicas en Gesoc, en entrevista con Proceso.
En el estudio de Alebrijes,Robles perseveró en el
optimismo. Estimó que ciertos aspectos de la economía lucen positivos
para 2015 –“se crearon empleos con una cifra récord, hay inversiones,
hay mayor consumo de las familias, se paga menos por la luz y la
telefonía”, y anticipó que estas mejoras “seguramente” se verán
reflejadas en la próxima medición de la pobreza, en 2017.
El día siguiente, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CELAC) ajustó sus previsiones de crecimiento económico en
México para el año 2015: del 3% que estimó en abril, lo redujo a 2.4%,
por la caida de los precios del petróleo, los bajos salarios, las
escasas inversiones y un consumo interno “modesto”.
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