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Exigen justicia para Rubén Espinosa en Morelia. Foto: Enrique Castro |
MÉXICO,
D.F. (proceso.com.mx).- El martes pasado la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal dio a conocer a la opinión pública un
video de una cámara de vigilancia del llamado C4, según el cual se pudo
identificar a los probables responsables de la muerte del foto
reportero de Proceso y de otras personas. Se trata de una verdad a
medias o de una mentira completa. Veamos.
Primero. A principios de esta semana distintos medios de
comunicación publicaron el video del C4 acompañado de las declaraciones
de la PGJDF que confirmaban la autenticidad del citado video. Al verlo,
solamente se puede distinguir, por la pésima calidad de la resolución,
que se trata de tres personas, aparentemente hombres y en principio
morenos. No se pueden distinguir sus rasgos físicos, que pudieran de
esta forma conducir a la identificación con mayor precisión de quiénes
se puede tratar. Este hecho, de entrada, se convierte en una cortina de
humo para simular que se avanza en las investigaciones, pero sin ningún
paso firme en esa dirección. Y no es para menos. Con los datos que
aparecen en el video lo único que se puede asegurar es que los
presumibles responsables son seres humanos. Y digo presumibles no sólo
por el derecho a la presunción de inocencia, sino porque el video no
muestra, así sea de lejos, que dichas personas estaban in fraganti,
cometiendo los delitos de homicidio de las víctimas. Aun si se hubieran
identificado a las personas que aparecen el video se trataría de un
indicio, no de prueba plena. Pero ni eso aporta la PGJDF con su video.
Segundo. Con la “evidencia” del video del C4 se tiene, en principio,
un universo de 128 millones aproximadamente de personas mayores de 15
años que viven en América Latina. Si esa cifra se amplía a hindúes y
árabes la cifra alcanzaría casi el doble. ¿Quién en su sano juicio
podría creer que esos datos constituyen un avance en la investigación
aunque sea mínimo? ¿Por qué la PGJDF ventila en público una
averiguación previa y sus detalles cuando es sabido que el secreto
inicial es requisito sine qua non para asegurar que los eventuales
responsables no se enteren antes de los pasos del ministerio público?
La única explicación que me llega a la mente es que dada la
explosividad mediática del caso, el GDF quiere presentar a cualquier
costo “muestras” de que está avanzando, de que las cosas se hacen “de
cara a la sociedad” aunque ello mismo viole la ley. En este caso lo más
importante es que se capturen a los responsables de los delitos de
Rubén y de las otras 4 personas, no hacer política. Eso no se va a
lograr si se politiza la investigación como está pasando en estos
momentos de manera irresponsable por la autoridad. Entiendo claramente
que los medios no son juristas y que cualquier información que se les
brinde la harán pública, sobre todo en este caso de gran interés
público, pero la autoridad sólo debe ceñirse a la Constitución y a la
ley.
Tercero. Las formas y modos en que fue muerto Rubén y las otras 4
personas no dejan lugar a dudas para el azar, la mala suerte o el robo
que salió mal. Fue un multihomicidio planeado y con autores
intelectuales revelados por el propio Rubén y confirmado su miedo
razonable por gente cercana a él como el director de Proceso, Rafael
Rodríguez Castañeda y el Director de la Agencia fotográfica Cuarto
Oscuro, Pedro Valtierra. Estas declaraciones y la reacción inusitada de
varios periodistas y medios de distinto color y tendencia hicieron un
frente común que, de entrada, impidieron que funcionara la clásica
estrategia de culpar a las víctimas de su propia muerte y de descartar,
a priori, que hubiese sido un caso de atentado a la libertad de
expresión, como se apresuró a decir el recién designado Fiscal para
delitos contra la libertad de expresión de la PGR, Ricardo Nájera
Herrera, que inicia su labor con el pie izquierdo y es más de lo mismo.
Por otro lado, este lamentabilísimo suceso pone en evidencia que no
hay lugar seguro en México para ejercer la libertad de expresión
crítica. Antes de ello se pensaba, como un reflejo sicológico de
seguridad, que el Distrito Federal era un santuario, un oasis o un
lugar para estar a salvo. Más todavía si se trata de una clásica zona
de clase media como la colonia Narvarte que dificulta que fructifique
la tesis gubernamental de mala zona en mal momento. Cada día que pasa
es un paso hacia la impunidad que a nadie conviene. Por el contrario,
enrarece la convivencia social y da un tiro de gracia a la libertad de
expresión tan necesaria para que las prácticas democráticas puedan
existir. Con la muerte de Rubén y la impunidad que parece ceñirse sobre
este caso perdemos todos. No hay que dejar de exigir que la autoridad
cumpla su deber constitucional de investigar y detener a los culpables.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
www.ernestovillanueva.blogspot.com
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