Miguel Ángel Mancera tiene la obligación legal y ética de esclarecer el crimen de Rubén Espinosa.
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Vivimos
en un país miserable, no solamente por las recientes cifras que indican
un aumento de la pobreza que alcanza a más de la mitad de la población,
sino también por las condiciones de inseguridad, corrupción, impunidad
e injusticia que vivimos cotidianamente, el blanco de estos flagelos
somos todos, pero desde hace un par de años se ha incrementado la
vulnerabilidad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
En marzo pasado la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 alertó en su Informe Estado de Censura[1],
que en el gobierno de Peña Nieto las agresiones a la prensa aumentaron
un 80 por ciento en comparación con la gestión de Felipe Calderón,
cuando ya diversas organizaciones internacionales como Reporteros Sin
Fronteras, Freedom House, entre otras, habían señalado que México es el
país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente, siendo
Veracruz una de las regiones con mayor número de asesinatos, del año
2000 a la fecha en esa entidad han matado a 18 periodistas, la mayor
parte de ellos se han dado en el gobierno de Javier Duarte, quien el
pasado 1 de julio declaró que periodistas están vinculados con el
crimen organizado y lanzó la advertencia de que deberían de cuidarse.
Si el gobernador sabía de periodistas vinculados con el crimen ¿por qué
no puso las demandas correspondientes?
Periodistas desplazados
Desde hace por lo menos cuatro años inició un amplio desplazamiento
de periodistas de varias partes del país a la Ciudad de México para
salvar su vida e integridad física, pues en sus estados los gobiernos
son incapaces de brindarles seguridad alguna, hasta este pasado fin de
semana la ciudad había sido un lugar de refugio para escapar de la
muerte, pero eso se acabó con el atroz asesinato de Rubén Espinosa, fotoperiodista en el semanario Proceso, la agencia fotográfica Cuartoscuro y de AVC
noticias de Veracruz, así como de la activista Nadia Vera, integrante
del colectivo #YoSoy132 de ese mismo estado y otras tres mujeres en la
colonia Narvarte, en pleno corazón de la Ciudad de México.
De acuerdo a la información noticiosa el multihomicidio fue hecho
con saña, las mujeres presentan signos de violación, todas las víctimas
fueron torturadas, maniatadas y con tiros de gracia provenientes de
armas reservadas para el ejército. Tanto Rubén como Nadia habían
escapado de Veracruz por las amenazas y agresiones en su contra y
claramente acusaban que su origen provenían del gobierno de Duarte que
acumula muchas denuncias de represión en contra de voces críticas.
Ambos alertaron en Rompeviento TV[2]
las intimidaciones que sufrieron y que los obligó a dejar el estado, de
hecho Nadia en una entrevista que le hizo este medio hace 8 meses
responsabilizó al gobierno de Javier Duarte si algo le sucediera a ella
y a su familia.
Hay muchos elementos para que la investigación que tiene que hacer
tanto la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como la
Procuraduría General de la República, apunten como móvil la actividad
periodística y defensa de los derechos humanos por parte de las
víctimas, por eso son francamente desafortunadas, por decir lo menos,
las declaraciones del procurador local, Rodolfo Ríos, el pasado domingo
sosteniendo que Rubén Espinosa estaba en la ciudad para buscar empleo y
que no fue asesinado durante el ejercicio de su actividad periodística,
negando de entrada que sea un hecho en contra de la libertad de
expresión.
La torpeza del procurador no hizo más que exaltar la indignación no
solamente del gremio periodístico, sino también de organizaciones y
activistas que salieron a la calle el pasado domingo para exigir
justicia, mientras la noticia daba vueltas en el mundo y periódicos
extranjeros daban la información, ese mismo día en Poza Rica, Veracruz,
las instalaciones del semanario Presente fueron atacadas a balazos la madrugada y se quemaron tres vehículos del dueño del medio.
La incompetencia y la negligencia de todas las autoridades de todos
los niveles de gobierno ha permitido que casi la totalidad de los
asesinatos, desapariciones y agresiones en contra de periodistas se
mantengan en la impunidad, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera
tiene la obligación legal y ética de esclarecer este atroz crimen, dar
con los culpables materiales e intelectuales junto con la procuradora
general, Arely Gómez, que acaba de nombrar al nuevo Fiscal de Delitos
en contra de la Libertad de Expresión, instancia que junto con el
Comité de Protección a Periodistas y Personas de Defensoras de Derechos
Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobernación han mostrado una
gran ineficacia.
El artero asesinato conmociona, la impunidad nos lacera como
sociedad, apenas a la mitad de la gestión de Enrique Peña Nieto el país
se hunde, no pasa una sola semana sin que haya tragedias y escándalos.
¡Cómo duele este país!
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