8/04/2015

Impunidad en agresiones a periodistas


Miguel Ángel Mancera tiene la obligación legal y ética de esclarecer el crimen de Rubén Espinosa.

lasillarota.com

Vivimos en un país miserable, no solamente por las recientes cifras que indican un aumento de la pobreza que alcanza a más de la mitad de la población, sino también por las condiciones de inseguridad, corrupción, impunidad e injusticia que vivimos cotidianamente, el blanco de estos flagelos somos todos, pero desde hace un par de años se ha incrementado la vulnerabilidad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

En marzo pasado la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 alertó en su Informe Estado de Censura[1], que en el gobierno de Peña Nieto las agresiones a la prensa aumentaron un 80 por ciento en comparación con la gestión de Felipe Calderón, cuando ya diversas organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, Freedom House, entre otras, habían señalado que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente, siendo Veracruz una de las regiones con mayor número de asesinatos, del año 2000 a la fecha en esa entidad han matado a 18 periodistas, la mayor parte de ellos se han dado en el gobierno de Javier Duarte, quien el pasado 1 de julio declaró que periodistas están vinculados con el crimen organizado y lanzó la advertencia de que deberían de cuidarse. Si el gobernador sabía de periodistas vinculados con el crimen ¿por qué no puso las demandas correspondientes?

Periodistas desplazados

Desde hace por lo menos cuatro años inició un amplio desplazamiento de periodistas de varias partes del país a la Ciudad de México para salvar su vida e integridad física, pues en sus estados los gobiernos son incapaces de brindarles seguridad alguna, hasta este pasado fin de semana la ciudad había sido un lugar de refugio para escapar de la muerte, pero eso se acabó con el atroz asesinato de Rubén Espinosa, fotoperiodista en el semanario Proceso, la agencia fotográfica Cuartoscuro y de AVC noticias de Veracruz, así como de la activista Nadia Vera, integrante del colectivo #YoSoy132 de ese mismo estado y otras tres mujeres en la colonia Narvarte, en pleno corazón de la Ciudad de México.

De acuerdo a la información noticiosa el multihomicidio fue hecho con saña, las mujeres presentan signos de violación, todas las víctimas fueron torturadas, maniatadas y con tiros de gracia provenientes de armas reservadas para el ejército. Tanto Rubén como Nadia habían escapado de Veracruz por las amenazas y agresiones en su contra y claramente acusaban que su origen provenían del gobierno de Duarte que acumula muchas denuncias de represión en contra de voces críticas. Ambos alertaron en Rompeviento TV[2] las intimidaciones que sufrieron y que los obligó a dejar el estado, de hecho Nadia en una entrevista que le hizo este medio hace 8 meses responsabilizó al gobierno de Javier Duarte si algo le sucediera a ella y a su familia.

Hay muchos elementos para que la investigación que tiene que hacer tanto la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como la Procuraduría General de la República, apunten como móvil la actividad periodística y defensa de los derechos humanos por parte de las víctimas, por eso son francamente desafortunadas, por decir lo menos, las declaraciones del procurador local, Rodolfo Ríos, el pasado domingo sosteniendo que Rubén Espinosa estaba en la ciudad para buscar empleo y que no fue asesinado durante el ejercicio de su actividad periodística, negando de entrada que sea un hecho en contra de la libertad de expresión.

La torpeza del procurador no hizo más que exaltar la indignación no solamente del gremio periodístico, sino también de organizaciones y activistas que salieron a la calle el pasado domingo para exigir justicia, mientras la noticia daba vueltas en el mundo y periódicos extranjeros daban la información, ese mismo día en Poza Rica, Veracruz, las instalaciones del semanario Presente fueron atacadas a balazos la madrugada y se quemaron tres vehículos del dueño del medio.

La incompetencia y la negligencia de todas las autoridades de todos los niveles de gobierno ha permitido que casi la totalidad de los asesinatos, desapariciones y agresiones en contra de periodistas se mantengan en la impunidad, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera tiene la obligación legal y ética de esclarecer este atroz crimen, dar con los culpables materiales e intelectuales junto con la procuradora general, Arely Gómez, que acaba de nombrar al nuevo Fiscal de Delitos en contra de la Libertad de Expresión, instancia que junto con el Comité de Protección a Periodistas y Personas de Defensoras de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobernación han mostrado una gran ineficacia.

El artero asesinato conmociona, la impunidad nos lacera como sociedad, apenas a la mitad de la gestión de Enrique Peña Nieto el país se hunde, no pasa una sola semana sin que haya tragedias y escándalos.

¡Cómo duele este país!

No hay comentarios.:

Publicar un comentario