Por: Edgar Rosas
26 de noviembre, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- Para Edmundo del
Pozo, investigador de Fundar-Centro de Análisis e Investigación, la ola
de megaproyectos que se pretenden desarrollar en diversas regiones del
país se inserta en un contexto donde el modelo de neoextractivismo se ha
instalado fuertemente, el cual busca reducir la injerencia del Estado
en esta clase de prácticas.
El investigador manifestó que este neoextractivismo se ha expresado
en México a través de una serie de políticas que modifican el panorama
para dar apertura a los privados. Enfatizó que esta serie de reformas
legales- como al energética de Enrique Peña Nieto – no son algo nuevo,
pues vienen desde los años 90 en que se dieron pasos importantes para
restarle participación al Estado y abrir la puerta al capital.
“Toda la gama de megaproyectos se inserta en un contexto de
neoextractivismo de los recursos naturales, que se aplica bajo lo que
algunos teóricos han mencionado la ‘acumulación por despojo’, donde las
empresas buscan seguir acumulando riqueza, ganancia, extraer recursos
naturales a costa del despojo de las poblaciones que allí habitan.
El neoextractivismo en México se ha expresado en una serie de
políticas, de reformas legales, que no viene de ahora, vienen ya desde
la década de los 90, incluso una década antes, y que han abierto el
territorio, los recursos naturales, al sector e iniciativa privada”,
dijo.
Sobre este antecedente en políticas entreguistas, citó los casos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
así como la reforma al campo durante el salinato. Dijo que estos, entre
otros, son los antecedentes de políticas que hoy en día se han
impulsado como: la reforma energética de Enrique Peña Nieto; la firma
del Acuerdo Transpacífico; así como la iniciativa de las Zonas
Económicas Especiales.
Dijo que todos estos cambios tienen la misma receta: llevar proyectos
de infraestructura e inversión a las zonas donde la pobreza tiene
índices más altos, pero sin consultar a las comunidades, propiciando las
violaciones a sus derechos. “Las Zonas Económicas Especiales, por
ejemplo, que supuestamente es una iniciativa para sacar del rezago a la
población que habita en estados donde hay pobreza: Guerrero; Chiapas,
Oaxaca, pero que la receta es traer más proyectos de infraestructura e
inversión a las comunidades y todo esto sin contar para nada con su
participación, del tipo de desarrollo y la visión de desarrollo que
ellas desean”, dijo.
Del pozo reiteró que en este contexto de neoextracivismo es que se da
la proliferación de los llamados megaproyectos, mismos que “han traído
como consecuencia violaciones generales a todos los derecho humanos
existen”.
“Hablamos desde los derechos civiles y políticos, como puede ser: la
libertad de asociación, porque la gente se organiza para luchar y
defender su territorio y muchas veces son criminalizados; el mismo tema
de la libertad de expresión, porque muchas veces se les impide expresar
su libre opinión sobre las consecuencias de estos megaproyectos en sus
territorios. Al mismo tiempo se da una serie de violaciones a derechos
de los pueblos, en especial su violación al derecho a la libre
autodeterminación, la violación al derecho al territorio de las
comunidades, derecho que tienen del uso preferente de los recursos
naturales. Todos esos derechos son pisoteados cuando vienen todos estos
megaproyectos y además están privilegiados por el marco legal y por las
propias políticas”, enfatizó.
Aunado a lo anterior, dijo que en casos como el de la Sierra Norte de
Puebla se puede observar además la violación a derechos sociales, como
el derecho humano al agua, o el derecho a un ambiente sano. Precisó que
estos derechos son violentados por la presencia de industrias latamente
contaminantes, como la minera, o que privatizan el vital líquido, como
los proyectos hidroeléctricos.
La criminalización y persecución de los pueblos acompaña los megaproyectos
De acuerdo con Edmundo del Pozo, la criminalización de los pueblos
que se oponen a la realización de los megaproyectos ha sido una práctica
que se repite en todo el país. Señaló que la criminalización y
persecución se da en contubernio de gobierno y empresas, con el objetivo
claro de debilitar luchas e imponer las obras.
“El tema de la criminalización se ha dado un contexto que se extiende
a todo el país (…) Las empresas que los promueven y los gobiernos que
acompañan estos proyectos criminalizan sistemáticamente a la población
en México”, dijo.
En este sentido, apuntó que organismos internacionales han dado
cuenta de la persecución que se da contra defensores de la tierra y los
recursos. De manera detallada mencionó los informes que han presentado
los relatores especiales sobre la situación de defensores de derechos
humanos de la ONU, en donde se advierte de las amenazas constantes y el
hostigamiento latente contra esta clase de líderes sociales que se
imponen a proyectos que promueven el despojo en México.
“Me gustaría citarles lo que una de las relatores especiales ha
comentado sobre los principales impactos que han traído estos
megaproyectos. A los relatores les ha resultado preocupante que según la
información recibida, los defensores que trabajan estas cuestiones
(defensa de la tierra) parecen estar muy expuestos a atentados contra su
integridad física”, dijo.
Sobre el tema, dijo que en el informe de 2011 de la relatora de la
ONU se precisa que México está contemplado entre los países donde los
defensores comunitarios de los recursos están más expuestos a sufrir
asesinatos, cualquier tipo de agresión física, amenazas de muerte, o
detenciones y encarcelamiento arbitrario.
“Como vemos México está entre los principales Estados que han sido
señalados a nivel internacional por la violación y la criminalización
contra las comunidades. Sobre todo se ha destacado que en el caso
mexicano, está entre los seis Estados que han recibido el mayor número
de comunicaciones ante la relatora especial de ONU sobre defensores y es
casi la tercera parte de las comunicaciones recibidas han venido del
Estado mexicano sobre todo por denuncias de asesinatos y tentativa de
asesinato”, expuso.
“Lo que se viene es preocupante”
El investigador de Fundar precisó que el panorama que se viene -con
la profundización de la reforma energética- es preocupante. Detalló que
uno de los territorios con mayor amenaza por la proliferación de los
megaproyectos es la Sierra Norte de Puebla.
Enfatizó la necesidad de la organización y de contemplar estrategias
para que las comunidades se mantengan en resistencia ante la embestida
del capital. Sobre todo hizo mención de estrategias para cuidar la vida
de los pobladores en lucha.
Dijo que para desgracia de las comunidades, uno de sus derechos
violados es el de acceso a la justicia. Además que en el contexto
actual, con los cambios legislativos, se otorga una gran ventaja a las
empresas para que lleven a cabo sus megaproyectos, aunque representa
violentar a las comunidades
“Hay una desigualdad de armas: la reforma energética es un ejemplo
claro de cómo al sector privado se le beneficia jurídicamente, con
muchas garantías. La SCJN, por ejemplo, lamentablemente sacó una
resolución reciente, qué lamentable y nefasta, donde reconoce que las
empresas pueden ser titulares de DD.HH., y que el artículo 1 de la
Constitución aplica a las empresas.
“Este es el contexto que existe e implica que pensemos nuestras
estrategias, que nos organicemos mucho más porque lo que se viene esta
durísimo. Las comunidades se están organizado y están resistiendo al
embate. Hay mucha energía y sapiencia en las comunidades para resistir
al capital. Creo que el llamado es para que pensemos nuestras formas de
luchar frente a todo este complejo andamiaje de empresas y gobierno que
es prácticamente ya una mafia organizada para saquear los territorios”,
expresó.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario