PORTADAS:CNDH: en Apatzingán, al menos una ejecución extrajudicial /Tiran a Escobar/PGR va por Escobar; él se separa del cargo/Se hunde llegada de inversión financiera/'Diablitos' y morosos cuestan 85 mil mdp/Escobar: piden su arresto y renuncia/Escobar renuncia a Segob por indagación de la Fepade/Va PGR contra abogados de Preciado por alterar listado nominal/Municipios deberán probar “eficiencia” contra la delincuencia para recibir recursos de seguridad/Escobar renuncia a la Segob; la PGR lo acusa de violar la ley electoral/Consejeros de a millón/Juez tiene 10 días para decidir si Escobar va a la cárcel/Grupos paramilitares con miembros del PVEM, entrenan jóvenes para intimidar a población indígena en Chiapas/Arturo Escobar abandona la Segob, no lo echan; su pasado en el PVEM hace rodar su cabeza/
REFORMA
El ex vocero del Partido Verde Arturo Escobar tuvo que renunciar
anoche a la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de
Gobernación, después de que la Fepade solicitó a un juez una orden de
aprehensión en su contra por violaciones a la ley electoral.La
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicitó
la aprehensión de Escobar, acusado de reparto ilegal de dádivas y
contratar proveedores no autorizados en los comicios de 2015."He
notificado a la Secretaría de Gobernación la decisión de separarme del
cargo que venía desempeñando con el objetivo de facilitar el adecuado
curso de las investigaciones", informó el ex dirigente del PVEM.Escobar
está acusado en su calidad de dirigente del Verde por la entrega ilegal
de 10 mil tarjetas Premia Platino durante la pasada campaña electoral.El
ilícito cometido está previsto en el artículo 15 de la Ley General en
Materia de Delitos Electorales, que sanciona de 5 a 15 años de prisión a
quien destine o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de
algún precandidato, candidato o partido, cuando exista una prohibición
legal para ello.El pliego de consignación, al que tuvo acceso
REFORMA, acredita que el 18 de febrero, Escobar contrató a la empresa
Proyectos Juveniles por un monto de 2.3 millones de pesos, para la
elaboración y entrega indebida de las tarjetas de descuentos Premia
Platino. Lo hizo durante la precampaña y en su calidad de representante
del Verde
La Procuraduría General de la República (PGR), por medio de la Fiscalía Especializada para la Atención de
EL FINANCIERO
En el tercer trimestre de 2015, la inversión en cartera tuvo una caída anual de 79.2 por ciento, su quinto descenso consecutivo y el más bajo en 13 años, de acuerdo con registros de Banxico, esto originado por la volatilidad en diversos mercados.La inversión de cartera en el tercer trimestre de este año
reportó un flujo neto 933 millones de dólares, monto que implicó una
caída anual de 79.2 por ciento.Esta fue su quinta caída consecutiva y además fue el flujo de inversión más bajo en casi 13 años, desde el último trimestre de 2002, de acuerdo con los registros del Banco de México.Los recursos del exterior hacia el mercado de deuda gubernamental
cayeron 74 por ciento, mientras que al mercado de dinero y accionario
privado disminuyeron 81 por ciento.Marco Oviedo, economista en
jefe de Barclays, explicó que esto fue resultado de una mayor aversión
al riesgo que redujo el apetito por activos de mercados emergentes, dado
que estuvo el anuncio de la depreciación del yuan por parte de las
autoridades chinas, que trajo consigo mucha volatilidad y obligó a
algunos inversionistas a retirar fondos de mercados emergentes, incluido
México.
EXCÉLSIOR
La Comisión Federal de Electricidad
(CFE) registra pérdidas que ascienden a 85 mil 321 millones de pesos por
cartera vencida, robo de energía y fugas ocasionadas por fallas
técnicas.En entrevista con Excélsior, el director general de
la compañía, Enrique Ochoa Reza, detalló que, de dicho monto general, 43
mil 321 millones de pesos representan la morosidad de gobiernos en los
estados y municipios y de usuarios principalmente domésticos.Detalló que el resto de las pérdidas, 42 mil millones de pesos, se
deben a los robos del servicio que realizan los particulares, a través
de la colocación de diablitos, y a la fuga de energía en los equipos de
transmisión.Ochoa Reza indicó que los adeudos son un problema para las finanzas
de la CFE, toda vez que al cierre del tercer trimestre de 2015 los
ingresos totales de la empresa por el suministro del servicio fueron de
227 mil 666.2 millones de pesos, lo que representa una reducción de 10%
en comparación con 2014
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitó una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar,
por haber incurrido, presuntamente, en delitos electorales, por lo que
el político renunció ayer mismo a su cargo de subsecretario de
Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.De acuerdo con la FEPADE, Escobar y un grupo de empresarios
son acusados de realizar aportaciones ilegales en dinero y especie
durante la precampaña electoral de 2015.En una entrevista con Carmen Aristegui, el titular de la FEPADE, Santiago
Nieto Castillo, explicó que se solicitó la orden de captura porque
Escobar firmó los contratos para la elaboración y entrega indebida de 10
mil tarjetas Premia Platino, durante la precampaña electoral
reciente, cuandoformaba parte de la dirigencia del Partido Verde
Ecologista de México, en su calidad de vocero nacional.
ADNPOLÍTICO
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(Fepade) pidió este miércoles a un juez federal consignar a Arturo
Escobar y Vega, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de
la Secretaría de Gobernación (Segob), por presuntamente cometer delitos
electorales mientras fue vocero y secretario de procesos electorales
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).Ante esta petición, Escobar anunció a través de su cuenta de Twitter
que se separó de su cargo, a fin de facilitar el curso de las
investigaciones en su contra.El titular de la Fepade, Santiago Nieto, dijo este miércoles en
entrevista con Carmen Aristegui, en CNN en Español, que consignó ante el
Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal
la indagatoria relativa a las tarjetas denominadas "Premia Platino".
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez federal girar una orden de aprehensión contra abogados de Jorge Luis Preciado, candidato del PAN a la gubernatura de Colima en los pasados comicios, por la presunta alteración del listado nominal en la entidad. Al mismo tiempo, también pidió órden de captura contra el ex Secretario de Desarrollo Social de Colima, Rigoberto Salazar, por coaccionar el voto de sus subordinados a favor del PRI. La de Salazar y los abogados de Preciado son dos de las tres
averiguaciones previas consignadas en las últimas horas por la FEPADE,
todas relacionadas con el proceso electoral de este año. El
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección
de Colima luego de que se comprobara que Salazar operó a favor de José
Ignacio Peralta, quien había ganado por 503 votos de diferencia. La FEPADE pidió la captura del colimense por violar el artículo 11 de
la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que persigue a quien
coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos
proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de
votar por un candidato, partido político o coalición.
El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, libró un proceso judicial luego de que en
2009 fuera detenido en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo,
en Chiapa de Corzo, Chiapas, con un bolso Louis Vuitton café, en el cual
llevaba más de un millón de pesos en efectivo.Además, se le responsabiliza por múltiples violaciones a
leyes electorales en el proceso electoral de este año, por las que el
INE impuso multas al PVEM por 597.4 millones de pesos, las que de confirmarse por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Verde Ecologista sería el segundo partido más multado de la historia, sólo por debajo del PRI, al cual el otrora IFE le impuso una sanción por mil millones de pesos debido al Pemexgate.
Aunque las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (soldados y marines) clasificaron como obsoletos los vehículos tácticos Humvee (HMMWVs) y los remplazará con nuevas unidades, para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) todavía son útiles para labores de seguridad y contra grupos criminales, por lo que adquirirá dichas unidades. El Humvee, utilizado por el Ejército y el Cuerpo de Marines
estadunidense, caerá en desuso porque es demasiado ligero para resistir
ataques y demasiado pesado y poco maniobrable si se le blinda para ese
propósito. A pesar de lo anterior, la Sedena registró en julio un nuevo proyecto
de inversión para gastar 941.8 millones de pesos durante 2016 para la
compra de dichos vehículos. Y para 2016 se plantea una partida asignada
de mil 230 millones 546 mil 015 pesos para dicho propósito. El total de la inversión que la Sedena le dará a la adquisición de
vehículos Humvee “versión militar de primera prioridad” asciende a 4 mil
485 millones 080 mil 072 pesos. El gobierno mexicano firmó un contrato para adquirir estos vehículos
de AM General por considerar necesario sustituir el parque vehicular
para tener condiciones de cumplir las misiones que se le asignen. De hecho, en los últimos dos años la Sedena destinó más de 7 mil 200
millones de pesos para adquirir Humvees, mismos que fueron entregados
desde 2014 y hasta 2017. México ocupa el primer lugar en América Latina en la compra de
vehículos y aeronaves militares a Estados Unidos, para lo cual destina
la quinta parte del presupuesto, de acuerdo con la Agencia de
Cooperación en Defensa de Seguridad del Pentágono y la Security
Assistance Monitor México.
ANIMAL POLÍTICO
Aunque cumplió ocho años de operaciones, hasta 2016 los recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) se entregarán sólo después de que las localidades muestren “eficiencia en el combate a la delincuencia”.En el decreto de Presupuesto de Egresos 2016 aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de noviembre pasado por primera vez se incluyó ese requisito en la fórmula para entregar recursos federales.“La
eficiencia en el combate a la delincuencia” se suma a otros elementos
de la fórmula de elegibilidad y distribución de recursos a municipios
tales como: el número de habitantes, el estado de fuerza de los
elementos policiales y la incidencia delictiva.También se
toman cuenta las características asociadas a los municipios como que
sean destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbanos y que estén
afectados por su proximidad geográfica a otros con alta incidencia delictiva.Otro cambio para 2016 es que parte de los recursos podrán destinarse a capacitar a cuerpos policiales en materia de derechos humanos y de igualdad de género; lo que antes no se consideraba.El artículo 8 del decreto indica que 5 mil 952.6 millones de pesos se destinarán el próximo año al subsidio para municipios que ejerzan de manera directa o coordinada con entidades la función de seguridad pública.
“Sólo se permite el acceso al plantel con identificación oficial”,
advierte una cartulina en la puerta de la Secundaria Técnica 117, en la
colonia Simón Bolívar. El guardia de seguridad, contratado por el
gobierno estatal a una empresa privada, hace el primer filtro a través
de una ventanita. Adentro hay dos mensajes más. Uno para los padres de
los 700 muchachos que estudian aquí: “Por motivos de seguridad, se les
informa que el servicio de atención a padres de familia es de 7 a 9
horas. Después de ese horario la puerta permanecerá cerrada”. Otro para
los chicos: un dibujo de un pelón con lentes oscuros, flanqueado por
una pistola y una ametralladora con la señal de prohibido y una frase
garabateada en inglés: Don’t bring any kind of weapon (No traigas ningún tipo de armas).La secundaria es una amplia construcción de dos pisos, notablemente
ordenada y tupida de vegetación. Los escasos recursos que recibe apenas
alcanzan para cubrir las necesidades básicas de 18 grupos de tiempo
completo, con servicio de alimentación y clases técnicas de contaduría y
computación. Está en el límite de las colonias Simón Bolívar y la
Zapata, dos de las más peligrosas de la periferia de Acapulco, el
municipio más violento del país y la tercera ciudad más violenta del
mundo —solo debajo de Caracas y de San Pedro Sula, en Honduras— según el
ranking global que cada año realiza el Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y Justicia Penal.
PROCESO
Acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de ser un
presunto delincuente electoral y de que se solicitara una orden de
aprehensión en su contra, Arturo Escobar renunció esta noche a la
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría
de Gobernación (Segob).“Lo anterior, con el objetivo de
facilitar el adecuado curso de las investigaciones y de contribuir a que
el proceso se conduzca con absoluta transparencia”, justificó Escobar
en una carta que hizo pública a través de su cuenta de Twitter, a las
22:30 horas de este miércoles.Momentos después de que Escobar y
Vega formalizara su renuncia a través de la red social, la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en un
acto sin precedente, confirmó que consignó la averiguación previa
relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por Escobar.En términos de lo dispuesto por el artículo 142, párrafo segundo del
Código Federal de Procedimientos Penales, el juez tiene 10 días,
contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar
la orden de aprehensión.La Fepade, a cargo de Santiago Nieto,
señala a Escobar y Vega como presunto responsable de cometer delitos
electorales mientras fue vocero y secretario de procesos electorales del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló a
elementos de la Policía Federal (PF) como responsables de “violaciones
graves” a los derechos humanos en los hechos ocurridos en Apatzingán,
Michoacán, el pasado 6 de enero, cuando 10 personas murieron y 21
resultaron lesionadas.Aun cuando en ese evento participaron
miembros del Ejército Mexicano, en su recomendación 3VG/2015 el
ombudsman Luis Raúl González Pérez sólo identificó como responsables a
miembros de la corporación.De acuerdo con el documento dado a
conocer este miércoles en conferencia de prensa, en la ejecución
extrajudicial los policías federales hicieron “uso excesivo de la
fuerza” y provocaron la muerte de cinco personas, además de que hubo
“dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica pre
hospitalaria que derivó en cuatro fallecimientos, en tanto que habría
indicios de la responsabilidad de policías federales en una muerte más
por atropellamiento”.Según la CNDH, los agentes federales y
miembros del Ejército que participaron en el operativo policiaco-militar
del 6 de enero para contener a autodefensas y civiles indefensos
también habrían realizado 30 detenciones arbitrarias y en al menos nueve
casos provocaron lesiones e incurrieron en malos tratos, tratos crueles
y degradantes.
REPORTE ÍNDIGO
Hablar del Instituto Nacional Electoral (INE) es referirse no sólo a
uno de los órganos electorales más caros del mundo, sino a una de las
instituciones con los salarios más altos del país.Tan sólo en el pago de asesores de los 11 consejeros electorales, el INE eroga mensualmente 8 millones 471 mil pesos.El séquito de 125 asesores de los consejeros electorales cobra
salarios que van desde los 12 mil –en el caso de algunos asesores
operativos-, hasta 201 mil pesos mensuales.A ellos se suman otros empleados que conforman el equipo de trabajo de cada uno de los consejeros electorales.El presupuesto del INE para el 2015 fue de 18 mil 572 millones 422
mil 236 pesos. De ellos, 13 mil 216 millones fueron destinados sólo a
gasto operativo del Instituto.Además del personal que labora en la estructura del INE, cada uno de
los 11 consejeros electorales tiene la facultad de contratar al personal
que considere necesario para apoyarlo en su labor. La oficina más cara de entre los consejeros es la de Lorenzo Córdova
Vianello, presidente del Instituto, con un gasto mensual de 2 millones
821 mil pesos –contando sólo el gasto en percepciones brutas de los
empleados, sin contar las prestaciones-.Esto es, la operación de la oficina de Córdova cuesta al erario 33 millones 857 mil 220 pesos al año.Sin embargo, Córdova no es el consejero con el mayor número de asesores.Es José Roberto Ruiz Saldaña, el más joven de todos los consejeros
electorales, quien tiene el staff de asesores más numeroso en el INE.Mientras que Córdova tiene a 13 asesores a su servicio, Ruiz tiene a
16 en su oficina, incluyendo a personas afiliadas a un partido político.
ARISTEGUI NOTICIAS
Un juez federal tiene 10 días para decidir si el hasta ayer subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, pisará la cárcel o no.Así lo detalló la Procuraduría General de la República en un
comunicado emitido anoche, sobre el caso, del que apunta: “En términos
de lo dispuesto por el artículo 142, párrafo segundo del Código Federal
de Procedimientos Penales, el Juez tiene diez días, contados a partir de
la radicación del expediente, para ordenar o negar la orden de aprehensión”. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicitó al juez la aprehensión de Escobar, debido a que el ex vocero del Partido Verde firmó contratos para repartir tarjetas Premia Platino, que se distribuyeron por todo el país en la pasada elección, incluso con el nombre de las personas a las que se les otorgó.Al respecto, la PGR indicó que “se consignó la Averiguación Previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido político
y empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe
prohibición legal para ello, contemplado en el artículo 15 de la LGMDE.
Así como por el diverso contemplado en el artículo 7 Fracción XXI,
relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa
(Instituto Nacional Electoral)”.Y agregó: “La Procuraduría General de la República será respetuosa de la resolución que en su momento llegue a determinar el órgano”, en referencia a la decisión que tome el juez.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer su
investigación sobre los dos eventos acaecidos en Apatzingán el 6 de
enero de 2015, Michoacán, en los que “se acreditó” que la Policía
Federal (PF) actuó con “uso excesivo de la fuerza”, lo que provocó la “privación de la vida de cinco personas, así como la ejecución extrajudicial de una más”.En conferencia de prensa, Luis Raúl González Pérez,
presidente de la institución, e Ismael Eslava Pérez, primer visitador
general, informaron que en el segundo hecho, ocurrido en avenida
Constitución a las 7:40 am, se cometieron “violaciones graves de derechos humanos”
por parte de la PF con el saldo de muerte citado, por lo que generaron
la Recomendación 3VG/2015 al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato
Sales Heredia.En la Recomendación, no obstante, no se menciona a Alfredo Castillo,
entonces Comisionado Federal de Seguridad en Michoacán, y actual
presidente de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), señalado por las víctimas como responsable intelectual de los hechos.González Pérez declaró al respecto que “nosotros no estamos deslindando a nadie, se tiene que investigar”.De igual manera, por hechos violatorios que “no se consideraron
violaciones graves a derechos humanos”, la Comisión dirigió dicha
Recomendación al Secretario de la Defensa Nacional
(Sedena), Salvador Cienfuegos; al comisionado nacional de Seguridad,
Renato Sales; y al gobernador michoacano Silvano Aureoles, así como al
presidente municipal de Apatzingán, César Chávez Garibay.
Arturo Escobar fue consignado ante un juez -al que se solicitó girar una orden de aprehensión- porque él fue quien firmó los contratos, en calidad de representante legal del Partido Verde, para repartir, en las pasadas elecciones, las tarjetas Premia Platino, las cuales están prohibidas en la ley que se aprobó el año pasado, indicó Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). En entrevista para Aristegui CNN, detalló que la consignación es un
término técnico-jurídico del sistema de procuración de justicia,
aplicado luego de que la Fiscalía recibió una serie de denuncias por la distribución de las tarjetas Premia Platino, las
cuales fueron presentadas por el PAN, PRD y ciudadanos que recibieron
esa tarjeta y protestaron por el uso de sus datos personales.La fiscalía “encontró que había existido una serie de contrataciones indebidas y de actos indebidos”, por lo que desarrolló la investigación, recabó las pruebas y elaboró un documento, “que se denomina pliego de consignación,
y a esto denominamos consignar, el pliego de consignación es la
resolución, la voz de la fiscalía, los argumentos técnico-jurídicos que
tiene la fiscalía especializada para presentarlo a un juez de
distrito y solicitar que se libren órdenes de aprehensión en contra de
las personas que se ha encontrado responsables de haber cometido
presuntamente una conducta delictiva”.
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
Desde 2012, y a la llegada de Manuel Velasco Coello
a la gubernatura de Chiapas, los ataques en contra de población
indígena y principalmente los adherentes a grupos simpatizantes o
pertenecientes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se ha
agudizado. Han sido hostigados, amenazados y asesinados, calificando
este sexenio como uno de los más “sanguinarios” que ha vivido la
población que ha alzado la voz.
Los pueblos que no han sido amenazados, han sido directamente violentados por los policías, pero principalmente por grupos paramilitares pertenecientes, a decir por los pobladores, al PRI y al PVEM.
Tila, Chiapas en días pasados, padeció una ola de violencia, como
parte de las intimidaciones constantes que han vivido desde ya hace
mucho tiempo.“Estamos siendo amenazados por los tres niveles de gobierno. La
comunidad ha sido asechada por delincuentes, paramilitares,
narcotraficantes y gobierno, por medio de las fuerzas armadas.Por medio de las órdenes del presidente municipal, quien ordena a los
militares cuándo deben y a dónde deben entrar -así como la policía
ministerial, quienes hostigan a la población- somos tratados como
delincuentes y animales. Somos humillados por un gobernador racista que
nos desprecia y usa solamente cuando le es conveniente”, asevera Artemio
López, poblador de la región y activista comunitario.
Con el objetivo de expresar su repudio a la violencia de género y exigir
al gobierno implemente estrategias efectivas que permitan erradicar las
agresiones contra las mujeres, cientos de ciudadanos marcharon este 25
de noviembre en la capital del país, acción contemplada en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres.Entre consignas y pancartas, los ciudadanos que marcharon por Reforma
y Av. Juárez criticaron la inacción del gobierno ante fenómenos como la
desaparición de mujeres y los feminicidios. Además condenaron que
Enrique Peña Nieto ha tenido una actitud pasiva tanto en su era como
gobernador del Estado de México -periodo en que la violencia de género
creció alarmantemente- así como ahora que habita Los Pinos.De igual forma lamentaron que a la fecha las mujeres aún tengan que
desarrollarse en condiciones laborales precarias y desiguales. Además
que sigan siendo discriminadas en diversos ámbitos de la vida.a marcha fue convocada a las 16:00 horas. El Ángel de la
Independencia fue el sitio elegido como el punto de encuentro y salida
de los manifestantes que, debido a las trabas del gobierno, tuvieron que
cambiar el destino de la movilización y llegar al Hemiciclo a Juárez y
no al Zócalo como estaba previsto desde hace un mes.
Para Edmundo del Pozo, investigador de Fundar-Centro de Análisis e
Investigación, la ola de megaproyectos que se pretenden desarrollar en
diversas regiones del país se inserta en un contexto donde el modelo de
neoextractivismo se ha instalado fuertemente, el cual busca reducir la
injerencia del Estado en esta clase de prácticas.El investigador manifestó que este neoextractivismo se ha expresado
en México a través de una serie de políticas que modifican el panorama
para dar apertura a los privados. Enfatizó que esta serie de reformas
legales- como al energética de Enrique Peña Nieto – no son algo nuevo,
pues vienen desde los años 90 en que se dieron pasos importantes para
restarle participación al Estado y abrir la puerta al capital.“Toda la gama de megaproyectos se inserta en un contexto de
neoextractivismo de los recursos naturales, que se aplica bajo lo que
algunos teóricos han mencionado la ‘acumulación por despojo’, donde las
empresas buscan seguir acumulando riqueza, ganancia, extraer recursos
naturales a costa del despojo de las poblaciones que allí habitan.El neoextractivismo en México se ha expresado en una serie de
políticas, de reformas legales, que no viene de ahora, vienen ya desde
la década de los 90, incluso una década antes, y que han abierto el
territorio, los recursos naturales, al sector e iniciativa privada”,
dijo.Sobre este antecedente en políticas entreguistas, citó los casos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
así como la reforma al campo durante el salinato. Dijo que estos, entre
otros, son los antecedentes de políticas que hoy en día se han
impulsado como: la reforma energética de Enrique Peña Nieto; la firma
del Acuerdo Transpacífico; así como la iniciativa de las Zonas
Económicas Especiales.
SIN EMBARGO
El Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Arturo
Escobar y Vega, anunció la noche de este miércoles que deja la
Secretaría de Gobernación (Segob), después de que la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dio a
conocer que pedirá una orden de aprehensión en su contra por delitos
electorales.Grupos de la sociedad civil habían exigido a Miguel Ángel Osorio
Chong, Secretario de Gobernación, que lo despidiera por representar la
cultura de la desobediencia, la falta de transparencia, y la cultura de
la ilegalidad. Eso no valió para Osorio Chong. La Fepade lo tumbó.Escobar fue vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que
en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI), postuló al actual
Presidente Enrique Peña Nieto. El puesto de Subsecretario en la
Secretaría de Gobernación se consideró un pago político del titular,
Miguel Ángel Osorio Chong, a los favores electorales recibidos por el
PRI y por sus candidatos.Escobar informó esta noche a través de un comunicado: “El día de hoy he notificado a la Secretaría de Gobernación la decisión de separarme del cargo que venía desempeñando.“Lo anterior con el objetivo de facilitar el adecuado curso de las
investigaciones y contribuir a que le proceso se conduzca con absoluta
transparencia. Esto no obstante que hasta el momento no he sido
requerido por ninguna autoridad judicial.“Rechazo las imputaciones en mi contra, y expreso mi plena confianza
en que se esclarecerán los hechos y se confirmará mi inocencia”.
Nuevos audios filtrados sugieren que José Andrés de Oteyza,
presidente del Consejo de Administración del Grupo OHL México, acudió a
Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex),
para que gestionara una reunión con el titular de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, en la que se trató el resultado
de una licitación que días después ganó su empresa.“Esto lo arreglé yo en gran medida el jueves en la noche
con [Emilio] Lozoya, y el viernes hablé directamente con [Enrique]
Ochoa. Directamente porque me lo arregló Emilio [...] O sea le pedí a
Emilio, se lo expliqué, Emilio habló y luego hablé yo directamente con
Ochoa. Entonces ya sabía yo que estaba… bueno hasta el último siempre se
puede caer, [...] se puede caer, pero teníamos una gran, pero una
enorme posibilidad de ganar [...] sino, nos mata Iberdrola. Iberdrola en
este terreno es un competidor muy peligroso”, se escucha decir a Oteyza
en una conversación que sostuvo el pasado 31 de marzo con Jesús Campos,
director técnico de OHL.
En el segundo hecho ocurrido durante el operativo de fuerzas
federales en Apatzingán, Michoacán, el pasado mes de enero, cinco
civiles murieron por pérdida de sangre, luego de múltiples heridas
producidas por proyectiles de armas de fuego. De acuerdo con los
testimonios recibidos por elementos de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) los caídos estaban desarmados y se habían
rendido, sólo un arma desabastecida, dentro de una camioneta, estaba
cerca de ellos.A pesar de eso, un total de 63 balas los impactaron, según pruebas periciales y forenses.De acuerdo con balística de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México (PGJEM), 44 balas que no los alcanzaron fueron a dar a
la camioneta Acadia color negro en la que aparentemente se transportaban
los civiles; otros proyectiles fueron a dar a más puntos. La
recomendación de la CNDH refiere que la víctima identificada como V44
recibió 27 lesiones por arma de fuego; V45, siete impactos; V46, igual
siete; V47, ocho; V49; 14 lesiones por arma de fuego.
Catorce meses después de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, las respuestas
oficiales son pocas para la cantidad de dudas que abrió la investigación
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Su investigación evidenció que la “verdad histórica” del ex
Procurador Jesús Murillo Karam, no era tal, y permitió abrir todos los
cabos sueltos.Algunos de estos cabos incluso salen a la luz en el expediente
publico que la Procuraduría General de la República (PGR) puso en línea y
que incluye cientos de páginas tachadas por completo.La versión pública del expediente consiste en alrededor de 54 mil
fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos. Su elaboración tomó más de
siete meses, participaron alrededor de 100 servidores públicos y el
estado de la información clasificada fue verificado por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), para garantizar el derecho a la privacidad, a la
presunción de inocencia y el debido proceso de víctimas, testigos,
ofendidos y presuntos responsables.Sin embargo, la version oficial sigue sin convencer.Éste es un trabajo independiente realizado durante un año, que
explica las distintas versiones y contradiciones sobre. Se publica en SinEmbargo con la autorización de sus autores.
LA JORNADA
"Uso excesivo" de la fuerza de la PF
Acredita transgresiones contra seis de los 10 fallecidos; varios no estaban armados
José Antonio Román
Fotoportada
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, diversas organizaciones civiles marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para denunciar que este tipo de agresiones en México se han generalizado y que una manifestación extrema es el feminicidio. El presidente Enrique Peña Nieto señaló que la violencia de género es "inaceptable en cualquiera de sus manifestaciones, porque atenta contra valores y derechos fundamentales" Foto Alfredo Domínguez
Destacada labor en casos de personas desaparecidas
Refuerzan 10 mil agentes federales patrullajes en la entidad
Advierte que se mantendrá el boicot magisterial contra el proceso
Repudia operativo "policiaco-militar" en zonas donde hay resistencia
Le imputan delitos como dirigente del PVEM al entregar tarjetas a cambio de votos
Rayuela : La confrontación anula al diálogo, al siempre necesario entendimiento, a la negociación. Llámense actores internacionales o maestros de la CNTE. Hay que negociar, siempre.
Controlarán puestos estratégicos figuras ligadas a EU
Patricia Bulrich, vinculada a la CIA, tendrá la cartera de Seguridad
Aranguren, quien trabajó para la petrolera Shell, será ministro de Energía
"Un país no es un negocio", subraya la presidenta Cristina Fernández
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Da posesión como nuevo titular del Bancomext a Alejandro Díaz de León
Hoy tenemos una mayor fortaleza, dice ante concesionarios de radio y tv
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"No podemos acoger a más migrantes. No es posible", expuso el primer ministro francés, Manuel Valls, al advertir que el control de las fronteras de la Unión Europea es "decisivo" para el futuro de la región, según recogió ayer el diario alemán Süddeutsche Zeitung. En la imagen, un iraní realiza una huelga de hambre sobre las vías del tren en la frontera de Grecia, ante la vigilancia de agentes de Macedonia que impiden el paso de más refugiados Foto Reuters
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