Luego de la tragedia de Iguala, el Presidente presentó una serie de propuestas, varias de ellas en materia legislativa para fortalecer las policías locales. Muy pocas se han concretado
Francisco Nieto |
CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Se presentó en Palacio Nacional como un decálogo de seguridad de urgente resolución y, a un año de aquel anuncio del presidente Enrique Peña Nieto, ninguna de las iniciativas propuestas han sido analizada por el Congreso de la Unión.
Él anunció que era una salida a la problemática de seguridad derivada
por la tragedia de Iguala, implicaba el envío de un paquete de
iniciativas al Senado de la República, pero ni los priístas se
convencieron de que eran buenas propuestas y claudicaron en su intento
de impulsarlas.
Ante este escenario, las bancadas del PAN y PRD simplemente se dedicaron a criticarlas, desaprobarlas y a enterrarlas. Hoy cada grupo parlamentario tiene sus propias ideas, pero no existen los consensos para sentarse a conciliar y redactar un documento, es decir, lo que se dijo hace un año dejó de ser prioridad.
Consultados por La Silla Rota, especialistas en materia de seguridad y derechos humanos consideraron que a un año de distancia de aquel anuncio se puede concluir que sólo fue un “pase de responsabilidades al Legislativo”, incluso sostiene que este olvido demuestra que ya no se puede gobernar por decreto.
Bombos y platillos
El 27 de noviembre de 2014, el presidente Peña Nieto dijo ante la clase políticas mexicana que los actos de barbarie ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, conmocionaron a toda la Nación y se evidenció la debilidad institucional en materia de seguridad pública.
En ese sentido, propuso 10 acciones que fortalecerían las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia. Incluía tres nuevas iniciativas constitucionales.
En ese momento, el Presidente de la República adelantó que enviaría una iniciativa de reforma constitucional que facultaría al Congreso a expedir la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales.
“Esta nueva ley establecerá el mecanismo para que la federación asuma el control de los servicios municipales o, en su caso, se disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada, de esta manera se tendrán instrumentos eficaces para intervenir cuando exista colusión del crimen organizado con las autoridades municipales", mencionó hace un año el presidente Peña Nieto.
También hace un año, el Mandatario dijo que esta propuesta legislativa era fundamental para reconstruir el Estado de Derecho en toda la geografía nacional.
Iniciativas fallidas
Otra de las iniciativas de reforma constitucional que se prometió y que no se concretó fue la de establecer las Policías Estatales Únicas.
Según el Mandatario, este cambio de modelo policial permitiría pasar de más de mil 800 policías municipales débiles, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal confiables, profesionales y eficaces, por lo que implicaría un enorme reto presupuestal y se daría prioridad a las entidades con mayor urgencia de atención.
Se dijo que estas policías estarían homologadas en sus niveles de profesionalización, protocolos, equipamiento y tecnologías de la información y comunicación. Incluso, el Presidente de la República adelantó que esta reforma implicaría un enorme reto presupuestal.
Otra iniciativa presidencial que quedó en la congeladora legislativa fue la que redefiniría el sistema de competencias penales, es decir, las responsabilidades de cada autoridad en el combate al delito, tomando en cuenta las fortalezas institucionales de los distintos órdenes de gobierno.
“Cuando la responsabilidad es de todos, en realidad no es de nadie. Desafortunadamente así ocurre con la persecución de varios delitos (…) el ejemplo más evidente es el caso del combate al narcomenudeo, en el que la eficacia del Estado Mexicano ha sido mínima, ya que ningún orden de gobierno ha asumido plenamente su responsabilidad”, reflexionó hace un año el presidente Peña Nieto.
Acción a medias
Lo que sí avanzó fue la propuesta solicitada al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para organizar foros de consulta con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil en materia de justicia ciudadana.
La idea era que el CIDE recabara la información y elaborara un concentrado de propuestas que ya fueron entregadas a la Presidencia de la República para que ésta a su vez propusiera al Congreso de la Unión un paquete de reformas con dichas recomendaciones, situación que tampoco se ha procesado en el Poder Legislativo.
Propuestas equivocadas
Para las bancadas del PAN y PRD en el Senado las propuestas presidenciales fueron calificadas de “ocurrencias” y sostienen que son anticonstitucionales, pues lastima el Pacto Federal.
El senador del PRD, Armando Ríos Piter, reconoció el nulo avance de estas propuestas presidenciales, pues --desde su óptica-- resultaron ser “ocurrencias” sin salida.
“A un año de ese famoso decálogo en el que con bombo y platillo (el presidente Peña Nieto) reunió a toda la clase política, a todas las fuerzas y actores de gobierno, quedó evidenciado que fue una ocurrencia y que fue una respuesta de bote pronto, de coyuntura, sin haber mediado el más profundo interés de verdaderamente transformar cosas”, dijo.
Expuso que las propuestas legislativas son inviables y no resuelven la problemática de seguridad que persiste en varias zonas del país e incluso dijo que desde el gobierno tampoco ya no hubo el intento de negociación: “sólo se intentó negociar en un principio”.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Fernando Yunes Márquez (PAN), explicó que las propuestas presidenciales no generaron simpatías en su grupo parlamentario y que optaron por presentar una propuesta propia en la materia que tampoco se ha analizado.
“Nosotros ya presentamos una alternativa a la propuesta del presidente Peña Nieto y que tiene que ver también con darle facultades al gobierno federal para permitir en algunos caso la intervención, pero manteniendo a las policías municipales con ciertos estándares de profesionalización que permitan que ese cuerpo policiaco se mantenga”.
Pidió al gobierno federal apertura en el tema, pues consideró que un año es mucho tiempo para desatender esta problemática que lastima a toda la sociedad.
El legislador panista consideró necesario alcanzar un acuerdo nacional, sin imponer la agenda en esta materia pues hay muchas formas de alcanzar estándares de seguridad.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos (PRI), reconoció que la propuesta tiene distintos puntos de vista y que los procesos de negociación han sido prolongados, sin embargo aseguró que es un tema de interés para su bancada parlamentaria.
“Se tratan de propuesta de fondo, muy de fondo, porque tienen que ver con varias cosas, como el mando único, la desaparición de las policías municipales y de la intervención de la Federación en aquellos casos donde existan indicios de que la delincuencia organizada ha penetrado alguno de los servicios que constitucionalmente le toca al municipio, por lo que son componentes que hay que ver con mucho detalle”, expuso.
En ese sentido, el senador priísta afirmó que sí hay voluntad política para procesar estos temas y admitió que no se han encontrado los puntos que hagan que este tema entre a otra fase de discusión, por lo que se bancada no dejará que estas propuestas presidenciales queden sepultadas.
Decálogo de bote pronto
El especialista en materia de seguridad nacional, Gerardo Rodríguez, explicó que a un año de aquel anuncio en Palacio Nacional, se puede deducir que ya no se puede gobernar con decálogos.
“El decálogo del Presidente (de la República) sonaba más a un pase de responsabilidades al Legislativo, que a la posibilidad de que asumiera su verdadera responsabilidad en materia de seguridad y justicia”, dijo.
Para este académico y especialista en seguridad, las propuestas presidenciales, como los mandos únicos estatales, son inconstitucionales y no atienden a la realidad que vive el país.
Aseguró que no se puede avanzar a un modelo de policía única cuando existen en el país megalópolis o municipios que son responsables de su seguridad, por lo que habrá serio conflictos político y de autoridad si se quiere delegar esa responsabilidad.
En ese sentido, Gerardo Rodríguez explicó que la experiencia indica que debe haber un modelo mixto de seguridad, donde se delimiten las responsabilidades de las autoridades y donde se mejore las condiciones labores de los policías y fortaleciendo del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional, el cual es inoperante y no tiene capacidad de evaluación.
Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, también elaboró un recuento de lo que ha sucedido en un año, después de aquel anunció presidencial.
Explicó que, de las 10 medidas comunicadas, sólo una se ha cumplido: la sexta, pues se realizó el operativo en la región de tierra caliente, pero no se dispone de información sobre el grado de éxito.
Dos medidas fueron cumplidas parcialmente. La cuarta, que consistía en que hubiera un solo número nacional para llamadas de emergencia (911). Hasta ahora sólo se cuenta el visto bueno por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero la puesta en marcha de ese número está pendiente. Mientras que respecto de la octava medida, consistente en acciones para fortalecer los derechos humanos, se han realizado algunas acciones pero otras están pendientes también de cumplirse como las leyes generales de tortura y de desaparición forzada.
“El anuncio del decálogo fue poco afortunado pues de las medidas anunciadas la mitad consistía en proponer nuevas leyes y lo más paradójico es que teniendo mayoría en el Congreso de su mismo partido las leyes no se han aprobado. Las iniciativas presentadas nunca han sido una prioridad para el PRI”, concluye el análisis.
maaz
Ante este escenario, las bancadas del PAN y PRD simplemente se dedicaron a criticarlas, desaprobarlas y a enterrarlas. Hoy cada grupo parlamentario tiene sus propias ideas, pero no existen los consensos para sentarse a conciliar y redactar un documento, es decir, lo que se dijo hace un año dejó de ser prioridad.
Consultados por La Silla Rota, especialistas en materia de seguridad y derechos humanos consideraron que a un año de distancia de aquel anuncio se puede concluir que sólo fue un “pase de responsabilidades al Legislativo”, incluso sostiene que este olvido demuestra que ya no se puede gobernar por decreto.
Bombos y platillos
El 27 de noviembre de 2014, el presidente Peña Nieto dijo ante la clase políticas mexicana que los actos de barbarie ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, conmocionaron a toda la Nación y se evidenció la debilidad institucional en materia de seguridad pública.
En ese sentido, propuso 10 acciones que fortalecerían las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia. Incluía tres nuevas iniciativas constitucionales.
En ese momento, el Presidente de la República adelantó que enviaría una iniciativa de reforma constitucional que facultaría al Congreso a expedir la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales.
“Esta nueva ley establecerá el mecanismo para que la federación asuma el control de los servicios municipales o, en su caso, se disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada, de esta manera se tendrán instrumentos eficaces para intervenir cuando exista colusión del crimen organizado con las autoridades municipales", mencionó hace un año el presidente Peña Nieto.
También hace un año, el Mandatario dijo que esta propuesta legislativa era fundamental para reconstruir el Estado de Derecho en toda la geografía nacional.
Iniciativas fallidas
Otra de las iniciativas de reforma constitucional que se prometió y que no se concretó fue la de establecer las Policías Estatales Únicas.
Según el Mandatario, este cambio de modelo policial permitiría pasar de más de mil 800 policías municipales débiles, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal confiables, profesionales y eficaces, por lo que implicaría un enorme reto presupuestal y se daría prioridad a las entidades con mayor urgencia de atención.
Se dijo que estas policías estarían homologadas en sus niveles de profesionalización, protocolos, equipamiento y tecnologías de la información y comunicación. Incluso, el Presidente de la República adelantó que esta reforma implicaría un enorme reto presupuestal.
Otra iniciativa presidencial que quedó en la congeladora legislativa fue la que redefiniría el sistema de competencias penales, es decir, las responsabilidades de cada autoridad en el combate al delito, tomando en cuenta las fortalezas institucionales de los distintos órdenes de gobierno.
“Cuando la responsabilidad es de todos, en realidad no es de nadie. Desafortunadamente así ocurre con la persecución de varios delitos (…) el ejemplo más evidente es el caso del combate al narcomenudeo, en el que la eficacia del Estado Mexicano ha sido mínima, ya que ningún orden de gobierno ha asumido plenamente su responsabilidad”, reflexionó hace un año el presidente Peña Nieto.
Acción a medias
Lo que sí avanzó fue la propuesta solicitada al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para organizar foros de consulta con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil en materia de justicia ciudadana.
La idea era que el CIDE recabara la información y elaborara un concentrado de propuestas que ya fueron entregadas a la Presidencia de la República para que ésta a su vez propusiera al Congreso de la Unión un paquete de reformas con dichas recomendaciones, situación que tampoco se ha procesado en el Poder Legislativo.
Propuestas equivocadas
Para las bancadas del PAN y PRD en el Senado las propuestas presidenciales fueron calificadas de “ocurrencias” y sostienen que son anticonstitucionales, pues lastima el Pacto Federal.
El senador del PRD, Armando Ríos Piter, reconoció el nulo avance de estas propuestas presidenciales, pues --desde su óptica-- resultaron ser “ocurrencias” sin salida.
“A un año de ese famoso decálogo en el que con bombo y platillo (el presidente Peña Nieto) reunió a toda la clase política, a todas las fuerzas y actores de gobierno, quedó evidenciado que fue una ocurrencia y que fue una respuesta de bote pronto, de coyuntura, sin haber mediado el más profundo interés de verdaderamente transformar cosas”, dijo.
Expuso que las propuestas legislativas son inviables y no resuelven la problemática de seguridad que persiste en varias zonas del país e incluso dijo que desde el gobierno tampoco ya no hubo el intento de negociación: “sólo se intentó negociar en un principio”.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Fernando Yunes Márquez (PAN), explicó que las propuestas presidenciales no generaron simpatías en su grupo parlamentario y que optaron por presentar una propuesta propia en la materia que tampoco se ha analizado.
“Nosotros ya presentamos una alternativa a la propuesta del presidente Peña Nieto y que tiene que ver también con darle facultades al gobierno federal para permitir en algunos caso la intervención, pero manteniendo a las policías municipales con ciertos estándares de profesionalización que permitan que ese cuerpo policiaco se mantenga”.
Pidió al gobierno federal apertura en el tema, pues consideró que un año es mucho tiempo para desatender esta problemática que lastima a toda la sociedad.
El legislador panista consideró necesario alcanzar un acuerdo nacional, sin imponer la agenda en esta materia pues hay muchas formas de alcanzar estándares de seguridad.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos (PRI), reconoció que la propuesta tiene distintos puntos de vista y que los procesos de negociación han sido prolongados, sin embargo aseguró que es un tema de interés para su bancada parlamentaria.
“Se tratan de propuesta de fondo, muy de fondo, porque tienen que ver con varias cosas, como el mando único, la desaparición de las policías municipales y de la intervención de la Federación en aquellos casos donde existan indicios de que la delincuencia organizada ha penetrado alguno de los servicios que constitucionalmente le toca al municipio, por lo que son componentes que hay que ver con mucho detalle”, expuso.
En ese sentido, el senador priísta afirmó que sí hay voluntad política para procesar estos temas y admitió que no se han encontrado los puntos que hagan que este tema entre a otra fase de discusión, por lo que se bancada no dejará que estas propuestas presidenciales queden sepultadas.
Decálogo de bote pronto
El especialista en materia de seguridad nacional, Gerardo Rodríguez, explicó que a un año de aquel anuncio en Palacio Nacional, se puede deducir que ya no se puede gobernar con decálogos.
“El decálogo del Presidente (de la República) sonaba más a un pase de responsabilidades al Legislativo, que a la posibilidad de que asumiera su verdadera responsabilidad en materia de seguridad y justicia”, dijo.
Para este académico y especialista en seguridad, las propuestas presidenciales, como los mandos únicos estatales, son inconstitucionales y no atienden a la realidad que vive el país.
Aseguró que no se puede avanzar a un modelo de policía única cuando existen en el país megalópolis o municipios que son responsables de su seguridad, por lo que habrá serio conflictos político y de autoridad si se quiere delegar esa responsabilidad.
En ese sentido, Gerardo Rodríguez explicó que la experiencia indica que debe haber un modelo mixto de seguridad, donde se delimiten las responsabilidades de las autoridades y donde se mejore las condiciones labores de los policías y fortaleciendo del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional, el cual es inoperante y no tiene capacidad de evaluación.
Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, también elaboró un recuento de lo que ha sucedido en un año, después de aquel anunció presidencial.
Explicó que, de las 10 medidas comunicadas, sólo una se ha cumplido: la sexta, pues se realizó el operativo en la región de tierra caliente, pero no se dispone de información sobre el grado de éxito.
Dos medidas fueron cumplidas parcialmente. La cuarta, que consistía en que hubiera un solo número nacional para llamadas de emergencia (911). Hasta ahora sólo se cuenta el visto bueno por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero la puesta en marcha de ese número está pendiente. Mientras que respecto de la octava medida, consistente en acciones para fortalecer los derechos humanos, se han realizado algunas acciones pero otras están pendientes también de cumplirse como las leyes generales de tortura y de desaparición forzada.
“El anuncio del decálogo fue poco afortunado pues de las medidas anunciadas la mitad consistía en proponer nuevas leyes y lo más paradójico es que teniendo mayoría en el Congreso de su mismo partido las leyes no se han aprobado. Las iniciativas presentadas nunca han sido una prioridad para el PRI”, concluye el análisis.
Decálogo de EPN, 27 de noviembre de 2014
1. Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales.
2. Redefinición del sistema de competencias en materia penal.
3. Creación obligatoria de Policías Estatales Únicas.
4. Creación de un teléfono único para emergencias, a nivel nacional.
5. Clave Única de Identidad.
6. Operativos especiales para la seguridad y el orden.
7. Derecho humano a la Justicia.
8. Fortalecimiento de los instrumentos para proteger los Derechos Humanos.
9. Combate a la Corrupción.
10. Gobierno Abierto, promotor de la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación.
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