Gloria Leticia Díaz
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| Sánchez Cordero, Medina Mora y Silva Meza en la Corte. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO,
DF (apro).- Organizaciones de derechos humanos alertaron sobre las
designaciones de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) en el Senado este martes 24 en fast track, sin un análisis cuidadoso de los perfiles de los candidatos y sin la participación de la sociedad civil.
En conferencia de prensa, defensores recordaron que el viernes 20 de
forma arbitraria la mesa directiva adelantó las comparecencias de los
aspirantes a las dos ternas de las que surgirán los sustitutos de Olga
Sánchez Cordero y Juan Silva Meza para este martes 24, y no a principios
de diciembre, como estaba previsto en un acuerdo validado 24 horas
antes por la Comisión de Justicia del Senado.
Las ternas enviadas
por Enrique Peña Nieto al Senado el 13 de noviembre están compuestas
por Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Judith
Sánchez Valle, así como por Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez
Sánchez y Javier Laynez Potisek.
El director del Centro de
Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez, urgió
a los senadores a “despolitizar el proceso y hacer una designación
técnica para evitar la pérdida de la autonomía y la independencia” de la
SCJN.
Tras señalar que durante el sexenio de Felipe Calderón la
SCJN cumplió un papel muy importante para declarar inconstitucional
“algunas medidas propias de derecho penal del enemigo”, Patrón llamó a
“regular el procedimiento para acotar márgenes de presión y contubernios
políticos en las designaciones”.
Patrón Sánchez alertó que de
las figuras propuestas por Peña Nieto, resalta la de Alejandro Jaime
Gómez Sánchez, extitular de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México (PGJEM), y a quien tocó atender el caso de la masacre
de Tlatlaya en junio del año pasado, y que ameritó que la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enviara una recomendación, la
51/2014, por malos tratos y agresiones sexuales contra tres mujeres
sobrevivientes de los hechos, así como por diversas irregularidades
cometidas durante la integración de la investigación.
Para el
director del Centro Prodh, organización que representa a una de las
sobrevivientes, “quien haya podido tener una vinculación con violaciones
a derechos humanos no puede formar parte del máximo órgano de control
de constitucionalidad del país, no podemos seguir teniendo propuestas
eternas sin motivaciones ni sustentos mínimos para asegurar autonomía
frente al poder formal y poderes no estatales”.
Layda Negrete, de
México Evalúa, resaltó que entre los integrantes de las dos ternas
“ninguno cuenta con trayectoria en derechos humanos siendo un tema tan
importante en México, eso habla de que la protección en derechos humanos
no es prioridad para el presidente”.
Negrete alertó que los
organismos de derechos humanos internacionales de la ONU y del Sistema
Interamericano “tienen los ojos puestos en estas designaciones de la
SCJN, pues hay antecedentes de la debilidad del proceso”.
La muestra clara de ello, dijo, es que “la laxitud y discrecionalidad del Senado” es parte de esa debilidad.
“El jueves teníamos una idea de cómo sería el proceso y 24 horas
después ya lo habían cambiado, eso habla de la falta de garantías de
imparcialidad del proceso, es deficiente, nos preocupa conservar lo que
acordó la Comisión de Justicia, que recoge las opiniones de la sociedad
civil y evitar que haya una designación fast track mañana (martes)”, apuntó.
Iván García Gárate, profesor de Derecho e investigador asociado de
Borde Jurídico, apuntó que los candidatos para relevar a Sánchez Cordero
y Silva Meza “son profesionales del Derecho que han trabajado desde el
lado del Ejecutivo como magistrados en materia fiscal y administrativa, y
en un caso un exprocurador”, lo que deja en duda su imparcialidad y
autonomía.
Miguel Moguel, de Fundar, Centro de Análisis e
Investigación, agregó que “la formulación de las ternas es potestad para
el Ejecutivo sin la necesidad de razonarlas ni justificarlas ni dar
argumentos, es un tema procedimental, ya que lo entrega al Legislativo y
éste hace la designación”.
Moguel destacó que ante esas
deformaciones es urgente “sumar esfuerzos para cambiar el método,
impulsar una iniciativa para garantizar la autonomía e independencia de
la SCJN, y buscar cómo hacemos vinculante las observaciones de la
sociedad civil”.
Otras organizaciones que lanzaron la alerta de
albazo legislativo son Artículo 19, Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de Derechos Humanos, Designaciones Públicas, Fundación para la
Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Grupo de Información en
Reproducción Elegida, Instituto de Justicia Procesal Penal y el
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
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