El centro del problema es que la oferta política
se reduce a millones de spots que apelan a la emocionalidad y a la
construcción de figuras políticas carismáticas.
lasillarota.com
En mi colaboración del 26 de mayo de este año le comentaba sobre
las intenciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para cambiar el actual modelo
de comunicación política electoral que prohíbe la compra de espacios en
la radio y la televisión para las campañas electorales y regresar al
modelo comercial, lo cual constituiría una retroceso, para la equidad en
las contiendas.
La razón por la que se determinó la prohibición de comprar espacios
en los medios electrónicos en la reforma constitucional en el 2007 para
la propaganda política, respondió a la demanda ciudadana de limitar el
ingente gasto de los partidos y candidatos en sus campañas, pues baste
recordar que 7 de cada 10 pesos del financiamiento público de los
partidos era para pagar tiempos en radio y televisión antes de la
reforma, además daba a los concesionarios el control sobre la
administración de la propaganda política, al manejar a su conveniencia
tarifas diferenciadas a los partidos políticos, generando una relación
indebida de favores mutuos entre el poder político y el mediático,
especialmente el de las televisoras. Ese modelo lastimaba la equidad en
las contiendas por el acceso inequitativo a los medios por parte de los
partidos, ya que supeditaba su acceso a la capacidad económica.
Desde entonces los empresarios han mantenido una batalla permanente
en contra de la prohibición, pues les canceló millonarias ganancias
provenientes del erario público, y durante todos estos años han
mantenido el argumento de que el actual modelo viola la libertad de
expresión, para ello se han valido de múltiples estrategias, entre las
últimas está la utilización de personajes como la ex presidenta de Costa
Rica Laura Chinchilla, que como parte de la misión de observación de la
OEA en las pasadas elecciones expresó que recibió numerosas quejas de
los industriales de la radiodifusión porque “temían” ser sancionados por
informar sobre las campañas electorales[1].
Además el pasado 19 de mayo, el diputado Tomás Torres Mercado del
PVEM presentó ante la Comisión Permanente del Congreso el proyecto de
decreto que reforma el Artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de comunicación política para
volver al modelo comercial de propaganda política.
Como primer punto la iniciativa plantea la eliminación del acceso
gratuito por parte de partidos políticos y candidatos a puestos de
elección popular a los tiempos de radio y televisión administrados por
el Instituto Nacional Electoral (INE), dicha eliminación abre la
posibilidad de que partidos y candidatos contraten como antaño tiempos
en cualquier modalidad de radio y televisión, con cargo al
financiamiento público y la posibilidad de que los legisladores de los
Poderes Legislativos de todo el país difundan a la ciudadanía, en
cualquier momento, sus informes anuales de actividades legislativas.
Resguardándose en la libertad de expresión y en la libertad de los
ciudadanos para informarse de la oferta política, el PVEM que ha sido un
violador sistemático de la ley electoral, trata de engañarnos, pues no
hay diferencia entre un spot de 20 segundos pagado en miles de pesos a
los medios que transmitido vía los tiempos oficiales sin afectar al
erario público.
De manera más reciente el ahora presidente del PRI Manlio Fabio
Beltrones ha declarado que para impedir que liderazgos políticos, como
Andrés Manuel López Obrador dirigente de Morena y Ricardo Anaya
dirigente del PAN, utilicen los tiempos oficiales para promover sus
figuras se debe cambiar el modelo de comunicación política electoral y
aceptó que se podría abrir la puerta a la compra de espacios en los
medios electrónicos, sin embargo una cosa es impedir los llamados actos
anticipados de campaña y otra muy distinta es abrir nuevamente el
negocio electoral a la radio y la televisión.
La ley general electoral establece que los actos anticipados de
campaña son las expresiones bajo cualquier modalidad, fuera de la etapa
de campañas, que llamen al voto o apoyo a una candidatura o a un
partido. Esta disposición ha sido muy polémica y ha generado una
generosa cantidad de litigios entre los partidos ante el Tribunal
Electoral, sin embargo, no veo que hará la diferencia ante esta disputa
permitiendo la compra de espacios en los medios. Le falta memoria al
político sonorense quien fue uno de los principales defensores de la
reforma electoral del 2007, junto con el resto de los partidos
políticos, el único que se opuso en su momento fue el PVEM, que en la
práctica es el brazo de las televisoras comerciales del país en el
Congreso.
Hoy junto con ese partido, el PRI pretende dar marcha atrás a uno de
los logros más importantes en nuestra incipiente democracia que fue
quitar el dinero de la política y evitar el control, especialmente por
parte de las televisoras, a los partidos a través de las tarifas y
espacios para las campañas. En todo caso lo que hay que revisar es la
lógica de comunicación política de los partidos pues los ciudadanos
estamos hartos de los de millones de spots con promesas vacías e inocuas
de la clase política.
El centro del problema es que la oferta política se reduce a millones
de spots que apelan a la emocionalidad y a la construcción de figuras
políticas carismáticas, haciendo nula la posibilidad de la deliberación,
el debate de los temas sustanciales, vaciando, finalmente, el contenido
de la democracia.
[1] http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/20/pide-oea-reformar-modelo-de-comunicacion-politica-3296.html
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