11/24/2015

El negocio electoral


El centro del problema es que la oferta política se reduce a millones de spots que apelan a la emocionalidad y a la construcción de figuras políticas carismáticas.

lasillarota.com

En mi colaboración del 26 de mayo de este año le comentaba sobre las intenciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para cambiar el actual modelo de comunicación política electoral que prohíbe la compra de espacios en la radio y la televisión para las campañas electorales y regresar al modelo comercial, lo cual constituiría una retroceso, para la equidad en las contiendas.

La razón por la que se determinó la prohibición de comprar espacios en los medios electrónicos en la reforma constitucional en el 2007 para la propaganda política, respondió a la demanda ciudadana de limitar el ingente gasto de los partidos y candidatos en sus campañas, pues baste recordar que 7 de cada 10 pesos del financiamiento público de los partidos era para pagar tiempos en radio y televisión antes de la reforma, además daba a los concesionarios el control sobre la administración de la propaganda política, al manejar a su conveniencia tarifas diferenciadas a los partidos políticos, generando una relación indebida de favores mutuos entre el poder político y el mediático, especialmente el de las televisoras. Ese modelo lastimaba la equidad en las contiendas por el acceso inequitativo a los medios por parte de los partidos, ya que supeditaba su acceso a la capacidad económica.

Desde entonces los empresarios han mantenido una batalla permanente en contra de la prohibición, pues les canceló millonarias ganancias provenientes del erario público, y durante todos estos años han mantenido el argumento de que el actual modelo viola la libertad de expresión, para ello se han valido de múltiples estrategias, entre las últimas está la utilización de personajes como la ex presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, que como parte de la misión de observación de la OEA en las pasadas elecciones expresó que recibió numerosas quejas de los industriales de la radiodifusión porque “temían” ser sancionados por informar sobre las campañas electorales[1].

Además el pasado 19 de mayo, el diputado Tomás Torres Mercado del PVEM presentó ante la Comisión Permanente del Congreso el proyecto de decreto que reforma el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comunicación política para volver al modelo comercial de propaganda política.

Como primer punto la iniciativa plantea la eliminación del acceso gratuito por parte de partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular a los tiempos de radio y televisión administrados por el Instituto Nacional Electoral (INE), dicha eliminación abre la posibilidad de que partidos y candidatos contraten como antaño tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, con cargo al financiamiento público y la posibilidad de que los legisladores de los Poderes Legislativos de todo el país difundan a la ciudadanía, en cualquier momento, sus informes anuales de actividades legislativas.

Resguardándose en la libertad de expresión y en la libertad de los ciudadanos para informarse de la oferta política, el PVEM que ha sido un violador sistemático de la ley electoral, trata de engañarnos, pues no hay diferencia entre un spot de 20 segundos pagado en miles de pesos a los medios que transmitido vía los tiempos oficiales sin afectar al erario público.

De manera más reciente el ahora presidente del PRI Manlio Fabio Beltrones ha declarado que para impedir que liderazgos políticos, como Andrés Manuel López Obrador dirigente de Morena y Ricardo Anaya dirigente del PAN, utilicen los tiempos oficiales para promover sus figuras se debe cambiar el modelo de comunicación política electoral y aceptó que se podría abrir la puerta a la compra de espacios en los medios electrónicos, sin embargo una cosa es impedir los llamados actos anticipados de campaña y otra muy distinta es abrir nuevamente el negocio electoral a la radio y la televisión.

La ley general electoral establece que los actos anticipados de campaña son las expresiones bajo cualquier modalidad, fuera de la etapa de campañas, que llamen al voto o apoyo a una candidatura o a un partido. Esta disposición ha sido muy polémica y ha generado una generosa cantidad de litigios entre los partidos ante el Tribunal Electoral, sin embargo, no veo que hará la diferencia ante esta disputa permitiendo la compra de espacios en los medios. Le falta memoria al político sonorense quien fue uno de los principales defensores de la reforma electoral del 2007, junto con el resto de los partidos políticos, el único que se opuso en su momento fue el PVEM, que en la práctica es el brazo de las televisoras comerciales del país en el Congreso.

Hoy junto con ese partido, el PRI pretende dar marcha atrás a uno de los logros más importantes en nuestra incipiente democracia que fue quitar el dinero de la política y evitar el control, especialmente por parte de las televisoras, a los partidos a través de las tarifas y espacios para las campañas. En todo caso lo que hay que revisar es la lógica de comunicación política de los partidos  pues los ciudadanos estamos hartos de los de millones de spots con promesas vacías e inocuas de la clase política.

El centro del problema es que la oferta política se reduce a millones de spots que apelan  a la emocionalidad y a la construcción de figuras políticas carismáticas, haciendo nula la posibilidad de la deliberación, el debate de los temas sustanciales, vaciando, finalmente, el contenido de la democracia.


[1] http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/20/pide-oea-reformar-modelo-de-comunicacion-politica-3296.html 

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