En
la mañana de ayer el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump,
amenazó a la empresa General Motors (GM) con hacerla pagar un impuesto
fronterizo si continuaba produciendo en México uno de sus modelos de
automóvil.
Unas horas más tarde, Ford Motor Company, rival de GM,
anunció su decisión de cancelar inversiones por mil 600 millones de
dólares en una fábrica que había programado construir en el estado de
San Luis Potosí y canalizar tales recursos a la planta que ya posee en
Michigan.
Aunque el presidente de la Ford, Mark Fields, negó que la decisión hubiera obedecido a
un acuerdo con Trump, y afirmó que había sido tomada con el propósito de
mejorar la rentabilidad, lo cierto es que durante su campaña presidencial el magnate neoyorquino amenazó a la empresa en reiteradas ocasiones con fuertes sanciones fiscales si persistía en sus planes de trasladar una parte de su producción a nuestro país.
El episodio, que provocó una fuerte
depreciación del peso mexicano frente al dólar y obligó al gobierno
federal a descartar –por conducto de Alfonso Guajardo, secretario de
Economía– una reacción en cadena de retiros y cancelaciones de inversión
extranjera, particularmente estadunidense, tiene sin embargo un
precedente cercano: a finales de noviembre pasado la empresa Carrier,
fabricante de equipos de aire acondicionado, desistió de trasladar parte
de sus procesos productivos a México –que implicaban unos 2 mil puestos
de trabajo– y, tras un acuerdo con el presidente electo, optó por
mantenerlos en Indiana.
La determinación de
la Ford es indicativa de lo que les espera a las economías de ambos
países: a la del nuestro, una severa disminución de las inversiones
procedentes del país vecino, y a la estadunidense, un notable
encarecimiento de sus procesos de producción.
Si bien es cierto
que Trump difícilmente podrá cumplir en su totalidad con sus amenazas de
deportar a tres millones de migrantes indocumentados en sus primeros
meses de gobierno y de regresar a territorio de Estados Unidos las
fábricas que se han establecido al sur del río Bravo, debe considerarse
que llevará ambos propósitos tan lejos como pueda, lo que va a generar
una dislocación significativa en la economía mexicana.
Es
necesario, en consecuencia, reconocer que el modelo de desarrollo
instaurado en nuestro país a partir del salinato y de la firma del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del que la integración
con Estados Unidos ha sido columna vertebral, se ha quedado sin
fundamento, y es apremiante emprender con urgencia la reconfiguración
económica del país, con la mirada puesta en el mercado interno y en la
diversificación comercial.
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