Elementos del Ejército en Apatzingán. Foto: Miguel Dimayuga |
“Fuimos usados por el Estado mexicano. Se nos capacitó para
una función y se nos ordenó hacer otra muy diferente (…) El señor Felipe
Calderón (Hinojosa), excomandante supremo de las Fuerzas Armadas,
declaró la guerra al narcotráfico y fue un término muy desafortunado”,
escribieron los militares en la misiva enviada hace unos días al
presidente de la República, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial
de la Federación y difundida por el semanario Zeta.
“Fuimos usados por el Estado mexicano en un fallido
experimento donde resultó una cantidad enorme de víctimas colaterales y
decenas de militares de poca graduación en prisión”, añadieron.
Y cuestionaron: “¿Qué opina el Secretario de la Defensa
Nacional? (Que) ‘Estamos haciendo una función para la que no estamos
preparados’, (que) ‘ninguno de nosotros vino a las FFAA para hacer
esto’. Si esto opina el titular de las Fuerzas Armadas, ¿dónde quedamos
nosotros?”.En la carta, escrita en un momento en que en el Congreso de
la Unión se discute delimitar o permitir la participación de las Fuerzas
Armadas en tareas de seguridad pública, los militares citaron
declaraciones del propio secretario de la Defensa Nacional, el general
Salvador Cienfuegos Zepeda, quien declaró el pasado 9 de diciembre que
el Ejército no se siente a gusto persiguiendo delincuentes. “Nuestros
soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos
grupos, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver
con derechos humanos”, afirmó al pedir una ley que regule la presencia
del Ejército en las calles.Tras su llegada al poder, el gobierno de Felipe Calderón
lanzó la “Operación Conjunta Michoacán”, con la cual los militares
salieron de sus cuarteles y asumieron el papel de la policía en varios
estados del País, y en la que participaron casi 7 mil efectivos con
apoyo terrestre y aéreo, indica Zeta.Calderón se apoyó en el artículo 29 de la Constitución, que
permite echar mano del Ejército cuando exista una “perturbación grave de
la paz pública”, con la idea de depurar los cuerpos de seguridad y
prepararlos para combatir a los cárteles del narcotráfico. Esto se vio
reforzado cuando el 30 de junio de 2008, como parte de la Iniciativa
Mérida, Estados Unidos dio a México mil 600 millones de dólares para
apoyar su estrategia frontal contra el crimen organizado.Diez años más tarde, la policía de muchos estados siguen sin
funcionar y la solución momentánea de usar las Fuerzas Armadas se ha
convertido en permanente. En todo este tiempo, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado en decenas de ocasiones torturas,
abusos y asesinatos cometidos por militares. Ni siquiera existe claridad
sobre el impacto de la guerra de Calderón en cifras. Los muertos como
consecuencia de este conflicto podrían ser alrededor de 150 mil, los
desaparecidos casi 30 mil, indica la nota del semanario Zeta.
Según cifras oficiales al menos 106 mil 378 personas fueron
asesinadas en 10 años. En los cuatro años que Peña Nieto lleva como
presidente, la Procuraduría General de la República (PGR) ha registrado
un total de 28 mil 515 homicidios vinculados a la delincuencia
organizada, según detalló un informe elaborado por el Centro Nacional de
Planeación, Análisis e Información (Cenapi).
Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Gobernación (Segob) y
procuradurías locales, que contabilizan el número de homicidios dolosos
sin importar si fueron a causa del crimen organizado, se detalla que
durante ese mismo periodo ocurrieron al menos 63 mil crímenes.
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