La clase política y burócratas de los tres órdenes tienen beneficios que algunos califican de insultantes
Foto: Especial
Mientras
el presidente Enrique Peña Nieto anunciaba una desesperada -y para
muchos ridícula- medida de bajar 10 por ciento el salario de los
funcionarios federales de alto nivel para a fin de reducir el gasto
público, ante un País encendido por las protestas y saqueos tras el
gasolinazo, la élite burocrática nacional no sólo mantiene, sino que
aumenta sus privilegios.
En una desafortunada coincidencia de
agendas, cuando miles de ciudadanos tomaban las calles de muchas
ciudades para manifestarse pacíficamente contra el aumento al precio de
la gasolina, y algunos grupos radicales convertían estos actos en
vandálicos, ayer mismo trascendía el aumento de 15 por ciento al
aguinaldo autorizado para cada consejero del INE, además del incremento
del 3.2 por ciento a su salario que será de 183 mil 398 pesos mensuales.
Pero
además, el Consejo de Judicatura Federal dará al mes 5 mil 600 pesos
¡en vales de gasolina! a cada magistrado y 3 mil pesos a cada juez del
Poder Judicial de la Federación.
Y es que, al anuncio de Peña
Nieto sobre la reducción de sueldos le faltó decir cuánto representaría
de ahorro para el Gobierno Federal, a dónde se destinaría, y clarificar
cuántos burócratas federales estarían dentro de la medica.
Los
ejemplos de los privilegios de la clase política abundan a nivel
federal, estatal y municipal, en los poderes ejecutivos, legislativo y
judicial, así como en diferentes organismos públicos.
El
Congreso de la Unión, compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara
de Senadores, gastó en el 2016 en vales para gasolina de los
legisladores casi 14 millones de pesos, y para este 2017 se espera que
la cantidad ascienda.
Foto: Tomada de Internet
Por
si no fuera poco con recibir boletos de avión, vales de gasolina y una
partida para gastos, los legisladores federales se autoregalaron antes
de finalizar el 2016 un bono navideño de 150 mil pesos, un bono de
atención ciudadana por 141 mil pesos y un bono extra por 109 mil pesos,
todo con cargo al bolsillo de los mexicanos.
Los servidores
públicos federales tienen un seguro de gastos médicos mayores que
representó en el 2016 un gasto de casi 3 mil 500 millones de pesos; esta
prestación es independiente de su servicio médico general en el ISSSTE.
Otro
ejemplo, ahora en los estados, en Chihuahua, la nueva administración
pública pidió la aprobación de un presupuesto de casi 6 millones de
pesos para gasto de telefonía celular de sus servidores públicos en el
2017.
El Instituto Nacional Electoral aprobó, apenas empezando
el año, adquirir 200 teléfonos celulares marca iPhone 7 Plus para sus
consejeros electorales y personal de entidades federativas.
Al
iniciar el 2016, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Coahuila (CDHEC), cuyo presupuesto es escaso, adquirió de contado una
camioneta Acadia GMC Denalli de lujo con un valor de casi 700 mil pesos
para el traslado de su presidente.
Coahuila algunos organismos
públicos tienen fondos para el retiro superiores a los del promedio de
otras instituciones, incluso de los municipios.
En la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, además de los sueldos más altos de todo
el País y de las prestaciones más onerosas en México, también sus gastos
en alimentos para los ministros de manera anual superan los 15 millones
de pesos.
Anoche, cuando el presidente Peña Nieto en su discurso
acusaba a factores del exterior y a sexenios pasados de este gasolinazo y
anunciaba como gran medida recortar el salario de los colaboradores de
alto rango, sin decir lo que esto representará de ahorro, los ataques a
comercios seguían por todo el País.
Foto: Tomada de Internet
Ante
este desesperado anuncio, algunas voces ciudadanas exigen que la
Federación, estados y municipios transparenten los contratos que tienen
con las distintas aseguradoras en todo el País para las coberturas de
gastos médicos mayores, de vida y otros con que se privilegia a los
altos mandos, principalmente de nivel de subdirecciones hacia arriba.
También
que se dé a conocer lo que cuesta a los ciudadanos los apoyos en vales
de gasolina que se da a esa élite que nada tiene que ver con personal
operativo. Que abran esos contratos con las gasolineras.
Se pide
hacer públicos los privilegios de la élite sindical de muchas
paraestatales en general, donde además de apoyos de lujo insultantes
para la realidad salarial de los mexicanos se prodigaron planes de
jubilación con excesos que aún se mantienen.
Los más altos mandos
del Poder Judicial nacional consiguieron hace algunos años exención de
impuestos a sus de por sí altísimos salarios. En cada estado hay
organismos ciudadanos y/o descentralizados con prestaciones
infinitamente superiores a la Ley que deberían también ser
transparentados
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