Al ejercer su derecho expresarían problemas que enfrentan en prisión
Las mujeres privadas de la libertad pierden el derecho a ejercer el
voto, pero la investigadora, Corina Giacomello propone debatir cómo
garantizar los derechos políticos de las personas en reclusión como
parte de los derechos electorales y su reinserción social.
La investigadora argumentó en su estudio “Mujeres privadas de la
libertad y del derecho al voto. De objetos de normas a sujetos de
ciudadanía” publicado en 2016 por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), que la privación de la libertad es ya
la pena y no deberían añadirse otras que despojen a las personas presas
de su estatus como ciudadanas o ciudadanos.
En México se contempla la suspensión del ejercicio de los derechos
políticos a las personas procesadas y condenadas a prisión pero para la
investigadora en un régimen democrático, basado en los Derechos Humanos
(DH), los esfuerzos del Estado mexicano deben estar orientados a
garantizarlos y fomentar “valores de participación y apego a la
comunidad” de las personas en prisión.
Corina Giacomello indicó que las mujeres privadas de la libertad pueden
ser la puerta para comenzar a plantear el tema, pues son un grupo de la
población penitenciaria que es vulnerable y aunque es minoritario
enfrentan violencia específica.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), las mujeres
representan el cinco por ciento de la población penitenciaria total, la
mayoría se encuentran encarceladas por delitos menores como: robo y
posesión de drogas, mencionó la investigadora.
Al representar un porcentaje muy pequeño de la población penitenciaria,
las mujeres son menos vistas y tomadas en cuenta. La autora apuntó que
esto deriva en un número insuficiente de centros de reclusión exclusivos
para mujeres.
A partir de este contexto, Giacomello realizó en marzo de 2016,
entrevistas a 12 mujeres del Centro Femenil de Readaptación Social Santa
Martha Acatitla, sobre la relevancia que tienen los derechos políticos y
particularmente el derecho al voto para ellas.
Las internas expresaron que el voto podría fungir como un medio para
influir en el mejoramiento de las condiciones carcelarias, pues los
políticos se interesarían en “resolver los problemas que enfrentan al
estar en prisión”.
Asimismo concluyeron que el voto podría ser una voz para que las mujeres
privadas de la libertad puedan expresar que “existen” y por tanto que
requieren servicios y atenciones.
La mayoría de las presas entrevistadas (50 por ciento) eran madres con
hijos e hijas menores de edad, el 70 por ciento, laboraba en el comercio
informal antes de ser recluidas, lo que responde a niveles educativos
muy bajos en todas las entrevistas, reportó el estudio.
Para la investigadora, debatir el derecho de las mujeres privadas de la
libertad para votar, también significa considerar y replantear las
condiciones en las que viven en los reclusorios, así como su inserción a
la sociedad.
Sin embargo, estas posibilidades son obstaculizadas por las autoridades
mexicanas, quienes argumentaron que la suspensión de los derechos
políticos de las personas presas está relacionada con la imposibilidad
de “llevar casillas a los centros de reclusión y realizar los
procedimientos que conlleva una elección”.
La investigadora afirmó que esta abdicación del Estado en su función
como defensor y garante de los DH, a partir de un reconocimiento de su
incapacidad para hacer efectivos estos derechos es inadmisible.
Ante la situación la autora elaboró una serie de propuestas, para
implementar los derechos al voto de las personas presas, iniciando con
las mujeres.
Como principio establece que es necesario presentar el tema para
desencadenar el debate; continuar con los cambios al artículo 38 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el
derecho al voto a las personas procesadas. De lograrse, deberían
generarse modificaciones a las leyes secundarias en la materia.
Y por último, discutir cómo garantizar el ejercicio del voto notificado
en lugares donde las personas viven aisladas de los acontecimientos del
mundo exterior. Esto plantearía analizar las condiciones de reclusión y
el acceso restringido a los medios de comunicación en las cárceles. Lo
que abre, según la investigadora, nuevos temas de los derechos en
prisión.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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