En las protestas sociales y manifestaciones en las calles, donde hay intervención de agentes policiales o fuerzas de seguridad como las ocurridas esta semana en México, las mujeres se exponen a distintas formas de violencia –incluida el abuso y violación sexual–, alertaron organizaciones sociales y organismos internacionales.
A partir del anunció que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo sobre el aumento en los precios de la gasolina, que ascendió 20 por ciento, desde el 1 de enero de 2017, grupos de la sociedad mexicana manifestaron su descontento y rechazo de estas políticas con diversas protestas, bloqueos de carreteras y tomas simbólicas de gasolineras en varios estados del país.
En medio de estas protestas, organizaciones civiles como el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), expresaron su preocupación por las actuaciones de agentes policiales contra las personas manifestantes.
Se reportaron detenciones arbitrarias, uso de gas lacrimógeno y equipo antimotines, lo cual, de acuerdo con las organizaciones atentan contra la plena garantía de la libertad de expresión.
Aunado a ello, como lo indicó el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en su informe de 2015 “Tortura Sexual en México. Contextos, prácticas e impactos”, la represión y criminalización contra los manifestantes, así como cuando las mujeres son detenidas, la violencia contra ellas tiene rasgos sexuales y discriminatorios relacionados a su género.
El uso de la violencia sexual es una práctica común de represión contra las mujeres que se manifiesta en México, destacó el informe. Este incluye actos específicos contra ellas como intimidar, humillar, castigar, degradar, controlar y hasta la violación sexual.
El informe retomó el caso de San Salvador Atenco en el Estado de México en 2006, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad y ordenó el operativo policiaco contra los habitantes que apoyaban a un grupo de floricultores que fueron desalojados.
Como resultado 26 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual por policías, quienes dijeron que eso sucedía por “no haber permanecido en su casa”, el informe observó que estas expresiones están asociadas con el rol que se atribuye a las mujeres en el hogar.
Las humillaciones y abusos verbales de naturaleza sexual siempre están presentes; en el caso de las mujeres de Atenco a muchas de ellas los policías se referían con frases misóginas y discriminatorias.
En otros casos, durante la represión de las mujeres son obligadas a desnudarse, como otra forma de “disponer de su cuerpo” para demostrar la superioridad de los hombres, señaló el informe.
Por ejemplo, el 20 de noviembre de 2014, en la marcha para exigir la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos ese año, la joven de preparatoria, Liliana Garduño Ortega tomó fotografías y fue detenida al costado de Palacio Nacional por elementos de la policía Federal, quienes la golpearon y trataron de arrancarle la ropa, rompiendo su sostén.
Además el informe sobre “Seguridad Ciudadana y Derecho Humanos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) de 2009, apuntó que es recurrente que las autoridades estatales incumplan la averiguación de los casos de violencia contras las mujeres en protestas, por lo cual, pide a los gobiernos establecer un sistema de sanciones administrativas para las fuerzas policiales con instructores independientes.
La CIDH indicó que, de lo contrario, la impunidad de los delitos cometidos envía un mensaje de que “la violencia contra la mujer es tolerada”. Lo cual favorece la perpetuación y la aceptación social del fenómeno, la inseguridad y la desconfianza hacía las autoridades.
Esta política pública de seguridad ciudadana subraya que los estados tiene la obligación de prevenir y, en su caso, controlar cualquier uso abusivo de la fuerza que vulnere cualquier persona en manifestaciones públicas, y en específico a grupos vulnerables como las mujeres.
Además tienen la obligación de garantizar el derecho a la vida, integridad física o libertad personal de las mujeres.
En el caso de recientes saqueos a tiendas departamentales acontecidos en los municipios de Naucalpan y Nicolás Romero, en el Estado de México, el Centro de Derechos Humanos, Zeferino Ladrillero alertó de la posible intervención de provocadores e infiltrados como parte de una estrategia gubernamental para intimidar las protestas y causar inconformidad en la población.
Por ello, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) hizo un llamado a las autoridades tanto a nivel nacional, estatal y municipal, a cumplir con sus obligaciones y respetar el ejercicio de la libertad de expresión.
Asimismo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enviar personal a su cargo para monitorear y vigilar el desarrollo de las protestas con el fin de evitar cualquier acto u omisión que vaya en contra de la seguridad de los manifestantes.
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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