CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Defensores de los derechos de la infancia advirtieron que 22 millones de niños en condiciones de precariedad económica, de los que 4.7 millones se debaten en la pobreza extrema, sufrirán los efectos del gasolinazo anunciados por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En rueda de prensa para presentar el Balance Anual de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García y Alicia Vargas condenaron la invisibilización de los niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones y en las políticas públicas, por lo que solicitaron un encuentro con Peña Nieto.
Pérez García, secretario ejecutivo de la Redim, sostuvo además que por el discurso emitido el miércoles 4, en el que habló del incremento a los precios de los combustibles, es evidente que para Peña Nieto “los niños son invisibles, no hubo mensaje dirigido a la infancia”.
Luego agregó que todo indica que no se tomó en cuenta que “53% de los niños son pobres, esto es, cerca de 22 millones, de los que 4.7 millones son pobres extremos”, por lo que el impacto de los incrementos a los combustibles, que se verán generalizados en otros productos, a quienes más afectarán será a los menores.
El defensor resaltó que por el artículo cuarto constitucional, que obliga a que toda política pública y decisión de Estado debe tomar en cuenta el interés superior de la niñez, así como por la Ley General para Niños, Niñas y Adolescentes, y por ser Peña Nieto presidente del Sistema Integral de Protección a la infancia, “tiene que demostrarnos con evidencia de cómo esto (el aumento al precio de los combustibles) va a significar una mejora o un mal necesario para niños y niñas”.
Para hablar sobre ese asunto, así como la “crisis de derechos humanos que hay en el país, particularmente cómo está afectando a niñas y niños, y para dialogar sobre cómo el recorte presupuestal está impactando en sus vidas”, es que urgió a una reunión con Peña Nieto.
Tras recordar que, de acuerdo con un estudio de hace tres años realizado por el CIDE y la Copred, sobre la aplicación de los recursos destinados a la infancia donde se encontró que “sólo es posible identificar a 5% de los beneficiarios”, Pérez García puntualizó que es indispensable un encuentro en el primer trimestre del año, con el fin de “hacer los ajustes presupuestales que, de no ocurrir, no vamos a tener mucha perspectiva de que opere el Sistema Nacional de Protección y el cumplimiento de la ley pueda ser efectiva”.
Alicia Vargas, del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y miembro de la Redim, apuntó que la medida gubernamental de incrementar los costos de los energéticos, “tendrá un impacto en el empobrecimiento de la población, y se recurrirán a la estrategia del trabajo infantil como un mecanismo de sobrevivencia”.
La defensora destacó que uno de los efectos de los gasolinazos “se verá reflejado en el incremento en el trabajo infantil, que se va a multiplicar, si ya de por sí para 2015 estábamos hablando de que de los 33 millones de niñas y niños de este país, cerca de 4.7 millones no estaban en la escuela, eso va a representar un incremento, una multiplicación de niños que estarán trabajando en las calles”.
También dijo que, de acuerdo con las cifras del Inegi, en 2015 había 2.5 millones de niños que trabajan, por lo que la cifra no sólo aumentará, sino que “se incrementarán sus horas de trabajo, con ello el cansancio y la disminución en el rendimiento escolar, pues sigue siendo la sobrevivencia cotidiana más importante que la proyección de la educación”.
De acuerdo con el balance de la Redim, son los menores de edad quienes sufren con mayor intensidad las tomas de decisiones equivocadas, como ocurrió con la declaratoria de lucha contra el narcotráfico, que sólo en 2015 arrojó mil homicidios de menores de 17 años, además de que 30% de los 28 mil registros de desaparecidos de este país corresponden a niñas, niños y adolescentes.
Gabriela Escobar, de la Fundación Juconi, denunció que 71% de los menores sufren maltrato en sus hogares, “pero el problema se ha normalizado de tal forma que en la legislación de 15 estados se considera a la violencia contra menores como un método disciplinario”.
La defensora destacó que estudios del UNICEF y del Sistema DIF han encontrado que 51% de los niños sufre violencia física, y 25.9% violencia física grave, “y lo lamentable es que no hay políticas públicas dirigidas a disminuir la violencia hacia la población infantil ni mucho menos que el sistema de salud aborde el problema, que ya es un tema de salud pública”.
Laura Martínez, de la Asociación para el Desarrollo de Personas Violadas, agregó que no hay atención a la violencia sexual, que es invisibilizada pese al incremento de casos.
Al señalar que su organización ha detectado casos de menores de entre 4 y 5 años víctimas de violencia sexual, pero que no son denunciados, además de que no hay “peritos especializados para atender a los menores agredidos”.
Otro de los temas durante la conferencia de prensa tiene que ver con la población callejera, abordado por Nisaly Brito, de Diálogo de Saberes, quien resaltó que en ese sector se encuentran los “pobres de entre los pobres”, que no son contemplados por ninguna legislación.
Los defensores insistieron en la urgencia de que Peña Nieto sostenga una reunión con las agrupaciones que integran la Redim para dar una atención efectiva a 30% de la población en México, que corresponde precisamente a los menores de 17 años.